Oponión

DE NORTE A SUR

Las deportaciones masivas de Donald Trump afectan la economía de su país. La agricultura en California, por ejemplo, tiene pérdidas millonarias debido a la caída de empleos en hasta 20 por ciento. Pasa lo mismo en el rubro de la construcción y el procesamiento de alimentos. Según expertos, la persecución de inmigrantes indocumentados podría reducir entre 4.2 y 6.8 por ciento el PIB de Estados Unidos. 

Para menguar los efectos negativos el gobierno estadounidense ofrece mejores salarios a sus trabajadores nacionales, lo que podría generar inflación en algunos sectores, asimismo, otra solución es invertir en tecnología, pero para ver resultados tendrían que esperar y esto podría tardar. Los expertos dicen que la pérdida de trabajadores inmigrantes podría desacelerar el crecimiento económico y afectar la competitividad, no es suficiente mejorar los salarios ni las condiciones de trabajo. 

El gobierno estadounidense pretende cubrir estos empleos con mano de obra infantil, como propone el gobernador de Florida, Ron DeSantis, con la ley SB 918 que pretende revertir las protecciones de derechos laborales y con la que adolescentes de entre 14 y 17 años tendrían permiso para trabajar jornadas de hasta 30 horas a la semana, dejando la decisión a los padres de los menores con el argumento de que son derechos parentales. Esto abre la puerta para la explotación laboral y limitar el derecho a la educación. Esta ley, impulsada por el senador republicano Jay Collins y que se discute en la legislatura de Florida, permite interferir con su educación, seguridad y salud. Los menores de 16 y 17 años deberán trabajar más de cuatro horas consecutivas sin descanso de al menos 30 minutos, dejándolos sin un momento para comer en este lapso, esto vulnera a los menores y permite el abuso de los empleadores. 

Mientras las Naciones Unidas hablan sobre los derechos de los mejores, el gobierno de Donald Trump se ve indiferente y permite el avance de estas leyes con el fin de proteger las ganancias de las empresas que afecta con el rechazo de los inmigrantes que durante años han aportado a la economía estadounidense. El trabajo infantil pone en riesgo la salud y el bienestar de los menores, lejos de incentivar el crecimiento perjudica y empobrece más a las familias, engrosando la desigualdad social, ejemplo de esto son países en vías de desarrollo que en la actualidad tienen a aproximadamente 160 millones de niños y niñas atrapados en trabajos peligrosos, según la UNICEF. En América Latina y el Caribe la cifra es de 8.2 millones. 

Uno de los motivos para que se impulse el trabajo de menores de edad es la falta de empleos bien remunerados, las familias buscan cualquier medio para subsistir y esto incluye emplear a sus hijos. En Estados Unidos pretenden exponer a jóvenes a situaciones de explotación, lo cual no es nuevo porque se permitía por debajo del agua a inmigrantes. Es en países en vías de desarrollo donde la falta de recursos obliga a los niños y niñas a trabajar, y este no es el caso de los estadounidenses, lo hacen más bien para proteger sus empresas, en lugar de promover leyes en las que se permita el trabajo de extranjeros en edad laboral, lo cual en los últimos días es totalmente rechazado por el gobierno de Trump. 

La explotación infantil es una realidad en muchas partes del mundo, en Estados Unidos hace un par de años se reportó que 4 mil niños trabajaban ilegalmente. La Ley SB 918 no es la única, el Instituto de Política Económica en EE. UU. encontró que en los últimos años 15 de sus 50 estados han discutido leyes locales que reducen las barreras a la explotación laboral infantil, y en ocho se han aprobado. Permiten, por ejemplo, que menores de 16 años se dediquen a actividades de riesgo o físicamente exigentes, como demoliciones o mataderos o incluso servir alcohol en bares (aunque es ilegal beber antes de los 21 años en el país). Algunos de los proyectos de ley también prevén que se les pague la mitad que a los adultos.

Hay estados donde los menores pueden trabajar en la fabricación y almacenamiento de fuegos artificiales, otras leyes se analizan para que menores de 16 años trabajen en el sector de la construcción, no existen cifras oficiales, los datos que recaban los inspectores y los afectados hace unos años eran menores inmigrantes. Las leyes para proteger a los jóvenes que hasta 2022 viajaban precisamente para trabajar en estos puestos mal pagados y sin derechos no existen, en ese año se registraron 128 mil menores de 17 años que cruzaron la frontera. Ahora el objetivo del gobierno es permitir que se vulnere a sus ciudadanos menores de edad solamente para proteger los intereses de las corporaciones que están perdiendo dinero con las deportaciones masivas. 

DESDE EL CENTRO

Los aranceles que anunció Estados Unidos al jitomate mexicano afectarán a productores de México. Sinaloa, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán y Baja California Sur son los más importantes en la producción de jitomate tanto para el mercado nacional como de exportación. Donald Trump canceló un acuerdo que tenía 30 años con el argumento de que los productores estadounidenses pierden; pero el 70 por ciento que se consume en su país es de México. ¿Cómo van a cubrir la demanda si no cuentan ni con la fuerza, ni las instalaciones, ni la capacidad para hacerlo?

Opinión: De Norte a Sur

Foto: Internet.

Por Abigaíl A. Correa Cisneros.

El 21 de febrero es el Día Internacional de la Lengua Materna y como cada año hay que hablar de la importancia de preservar las raíces de los pueblos originarios. Porque el que sigan vivas es reconocer el legado del pasado que permanece en muchas regiones del mundo, su aporte en cultura, conocimientos y valores. Sigue representando la resistencia de comunidades que han sido relegadas desde hace siglos.

El tema de este año es “Educación multilingüe: un pilar del aprendizaje intergeneracional”, que destaca la importancia de que las políticas públicas reconozcan y valoren la diversidad lingüística, además de a las comunidades, para que sean incluidas en los modelos educativos.

De acuerdo con la UNESCO, en promedio una lengua desaparece cada dos semanas, lo que orilla a la extinción al patrimonio cultural e intelectual de diversas culturas. El 40 por ciento de la población mundial no tiene acceso a una educación en una lengua que hable o entienda y esto no sólo condena a la desaparición de estas, sino que también excluye de la educación a miles de niños.

“En la actualidad, 250 millones de niños y niñas y jóvenes siguen sin asistir a la escuela y 763 millones de adultos no dominan las competencias básicas de lectura y escritura. La educación en la lengua materna apoya el aprendizaje, la alfabetización y la adquisición de idiomas adicionales”, dice el estudio. 

En México hay entre 69 y 70 lenguas indígenas, y son más de 360 variantes lingüísticas. El etnólogo José Manuel del Val Blanco, refirió hace unos años que “falta una alfabetización para que los propios integrantes de estas comunidades, y todos los mexicanos, podamos leer y comunicarnos en lenguas originarias, de acuerdo con las diversas regiones de nuestro territorio”.  

Destacó que “los miembros de las comunidades indígenas no están alfabetizados en su lengua. No hay todavía una lógica en la construcción del carácter pluricultural de la sociedad mexicana”. Y estas palabras siguen teniendo validez. Aunque el nuevo sistema educativo reconoce la importancia del uso y preservación de las lenguas originarias, todavía hay un sesgo que retrasa la integración a la educación en estas comunidades. 

“Las lenguas indígenas se deben enseñar en las escuelas oficiales: en las regiones maya, zapoteca, purépecha, náhuatl, huichol… cada una la que corresponda a su comunidad. La sociedad mexicana y las instituciones del Estado aún no han comprendido la responsabilidad que se tiene al respecto”, decía Manuel de Val. 

La Organización de Naciones Unidas (ONU) destacó que los malos resultados en el aprendizaje pueden estar vinculados con políticas inadecuadas en cuanto a la lengua en que se imparte la educación, pues en algunos países más de 90 por ciento de los estudiantes no reciben enseñanza en su lengua materna.

Por otra parte, la pandemia de COVID-19 produjo un retroceso en la educación básica mundial, ya que el porcentaje de niños incapaces de tener una comprensión lectora mínima aumentó 13 por ciento en 2022. Actualmente 70 por ciento de los niños que viven en países de ingresos bajos y medianos no pueden leer ni comprender un cuento sencillo al final de su educación primaria, cuando antes del cierre de las escuelas por la emergencia sanitaria, este indicador estaba en 57 por ciento.

Según el INEGI, en México 7.4 millones de personas de tres años y más de edad hablan alguna lengua indígena, lo que representa el seis por ciento de la población total. Las más habladas son: Náhuatl, Maya y Tseltal. Las entidades con mayor porcentaje de hablantes de lengua indígena son: Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Guerrero, Hidalgo, Quintana Roo y Campeche.

Pero estas lenguas están por desaparecer, el 60 por ciento de estas son habladas por poca población. Las que están más en riesgo son ku’ahl y kiliwa de Baja California, awakateko de Campeche, mocho’ de Chiapas, ayapaneco de Tabasco, ixil nebajeño y kaqchikel de Quintana Roo, zapoteco de Mixtepec, e ixcateco y zapoteco de San Felipe Tejalápam de Oaxaca.

“La mayor parte de quienes aún los hablan son gente que vive en situaciones de marginación y pobreza, muchas veces extrema. Ellos mismos y el destino de sus lenguas dependen en gran parte de otros. Sólo unos pocos, que han logrado escapar de la precariedad y formarse profesionalmente, luchan hoy al lado de compatriotas no indígenas, que comparten la preocupación por el destino de las lenguas originarias”, señaló Miguel León-Portilla en su texto El destino de las lenguas amerindias.

 

DESDE EL CENTRO

Una vez más salieron a demostrar racismo y xenofobia los de la derecha. El domingo pasado, muchos acarreados pero también simpatizantes del PRIAN acudieron al zócalo disque en demanda de democracia, los mismos que durante años la pisaron sin vergüenza, ni preocupación, porque robaron a manos llenas. Cómo creer en sus pancartas donde se leía #NarcopresidenteAMLO, cuando fue su partido político (PAN), el que protegió a delincuentes como Genaro García Luna, secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, quien fue acusado de nexos con el narcotráfico, luego de un juicio en Estados Unidos.

 

Inseguridad y empleos son el “talón de Aquiles” de Chapala, dice regidor de MORENA

Gerardo Degollado, regidor de MORENA y ex presidente priísta.

Manuel Jacobo (Chapala, Jal).- Según la conclusión  del regidor de MORENA en el cabildo de Chapala, Gerardo Degollado González, por lo lo que le cuentan los habitantes de Chapala, son dos pendientes los que tiene que resolver la actual administración encabezada por el alcalde Moisés Alejandro Anaya Aguilar: inseguridad y generación de empleos.

Aunque el entrevistado considera que la actual administración está bien en diversos temas, “hay pendientes que debe solucionar, que es el tema de inseguridad”, además de que “no ha habido fuentes de empleo que se estén creando”.

Las estadísticas le dan la razón, ya que que acuerdo a datos de  la Fiscalía del Estado de Jalisco, en los 10 meses del 2019 (de enero a octubre) se han cometido 54 robos a casa habitación, es decir 5.4 cada semana, casi uno a diario, esto sin contar los que no son reportados a la autoridad competente. Tan sólo en octubre se reportaron 12 delitos de este tipo y otros  47 delitos de alto impacto. 

Pero Degollado González también entiende que la violencia es un tema que atañe a todo el país y a los municipios, incluidos los vecinos. 

Para finalizar insistió en que la policía municipal no puede con los delitos por ser preventiva y no como otras corporaciones que tienen mayores facultades, por lo apoya la creación de la Guardia Nacional (GN).