POR GUILLERMO CORREA BÁRCENAS
Los cambios estructurales en la Constitución y la pendiente Reforma Profunda al Campo
A 101 años de promulgarse la Constitución Política de México ha habido varios cambios en la Carta Magna, buenos y malos. Los que según el gobierno de Peña Nieto se pueden ver como “avances”, en realidad son invisibles para la mayoría de los mexicanos.
Este texto fundamental que rige la vida de los mexicanos ha sido modificado más de 600 veces desde que se promulgó el 5 de febrero de 2017. Y de todas estas, las que más llaman la atención son las conocidas reformas estructurales aplicadas por el actual gobierno.
A ellas se refirió el presidente Enrique Peña Nieto durante la conmemoración cívica. Su último acto público en este aniversario constitucional pues debe entregar el poder el próximo primero de diciembre. Empezó reconociendo la obligación de dejar un mejor país para luego recordar el Pacto por México con el que estrenó su administración, mediante el cual se ganó el apoyo de todos los partidos políticos representados en el Poder Legislativo. Sin ellos no se habría dado la Reforma Educativa, que sigue cuestionada y con evidencias de que poco se ha avanzado en esa revolución pedagógica que los propios gobernantes se empeñan en reprobar, al grado de que son objeto de burlas por su modo de conjugar verbos y expresarse mal.
Siguió con la Reforma Político-Electoral que, a decir de Peña Nieto, dio instituciones políticas más democráticas y equitativas. El Instituto Nacional Electoral es prueba de que eso no es cierto. Lo dicen los politólogos, dirigentes de partidos políticos y los hechos. Como los sucedidos en los pasados comicios del Estado de México.
Con respecto a la Reforma Hacendaria y la Reforma Energética, la población se queja de que las promesas de contar con gasolina, gas y electricidad más baratos en realidad se han convertido en una carestía insoportable. Cierto es que crecen las inversiones de compañías extranjeras en este sector, y cómo no, si les ofrece la riqueza del subsuelo mexicano, apenas expropiada a casi las mismas corporaciones en 1938 por el general Lázaro Cárdenas.
Criticas semejantes, sobre todo de investigadores universitarios y extranjeros, son lanzadas contra los supuestos beneficios de las Reformas en Telecomunicaciones y Financiera. Acciones presumidas por la administración, difíciles de creer, como el que se han reducido todas las carencias sociales en el país; que dos millones de personas dejaron de vivir en la pobreza extrema; que se ha creado la mayor cifra de empleos en los más recientes gobiernos y de que al mismo tiempo se ha logrado la mayor recuperación del poder de compra del salario mínimo. Basta señalar que un kilo de carne de res vale en promedio 160 pesos, el doble de lo que se percibe por una jornada de 8 horas de trabajo pagada con el minisalario.
Hay que tomar en cuenta que, como estamos en el marco de un aniversario más de la Constitución, en 1992, o sea hace un cuarto de siglo, se realizó quizás la reforma constitucional más grave en la era neoliberal. Se trata de los cambios al artículo 27 que dieron por concluido el reparto de la tierra e inició la privatización de la misma, tocando el espíritu mayor de la lucha revolucionaria llevada a cabo por indígenas y campesinos principalmente, a fin de quitarse el yugo que los oprimió hasta el colmo en la época porfirista.
Pues bien. Hace una semana en Tala, Jalisco, José Antonio Meade Kuribreña, candidato del PRI a la Presidencia de la República, prometió que de ganar en los comicios del 1 de julio próximo su compromiso es lograr la Reforma Profunda al Campo. Y la detalló en cinco puntos fundamentales: Seguridad frente a la violencia y los desastres naturales; Seguridad Alimentaria con Presupuestos multianuales a cinco años y la consolidación de 10 productos alimenticos básicos; Seguridad Social y Servicios de Salud para los productores del sector agropecuario; así como Empleo, buena infraestructura y acceso a la tecnología.
La Reforma Profunda al Campo es una demanda de la Confederación Nacional Campesina desde la dirigencia del senador Gerardo Sánchez García —hoy candidato del PRI al gobierno de Guanajuato—. Felipe Calderón Hinojosa gobernaba el país y la CNC era oposición. Ya recuperado el poder por el tricolor la propuesta fue enarbolada por Enrique Peña Nieto al grado de que en el primer trienio se realizaron foros para concretarla en toda la República.
Ya bajo el liderazgo del senador Manuel Cota Jiménez y luego del congreso cenecista efectuado en el estado de Durango se entregó a las autoridades —SAGARPA— el documento titulado “Transformando el Campo de México” para hacerlo un sector fuerte y competitivo.
De acuerdo con el texto, el sector rural mexicano requiere de una serie de políticas públicas que puedan integrarse a una Ley de Seguridad y Competitividad Agroalimentaria o incorporarse a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable que le den certidumbre a los campesinos mexicanos sobre qué producir, a qué precios vender y quién les va a comprar con un horizonte de largo plazo y no, como todavía sucede, que ciclo con ciclo la incertidumbre lastima el esfuerzo de los productores.
Se destaca que tanto las políticas públicas como los presupuestos que las apoyan deben ser de carácter multianual, considerando la diversidad en el entorno agroecológico, climático y sociocultural que prevalece en el país. También que en el sector rural mexicano existen diferentes estratos de productores, por lo que es fundamental que las políticas públicas sean diferenciadas y respondan y atiendan adecuadamente a cada uno de ellos, pues “si queremos que los resultados sean diferentes en el futuro, debemos evitar seguir haciendo más de lo mismo”.
Lo anterior, según el documento, se puede lograr dando un enfoque territorial a las políticas para promover un desarrollo rural más justo y equitativo. Se debe de buscar dar más competitividad a esas regiones marginadas, canalizando apoyos y servicios que respondan a una buena planeación, que permitan impulsar proyectos productivos integrales y sustentables, donde se incluyan inversiones en infraestructura y equipamiento, asistencia técnica, capacitación; la promoción y adopción de innovaciones tecnológicas y el impulso de asociaciones en participación con todos los actores de cadenas prioritarias de cada región.
El caso es que la Reforma Profunda al Campo sigue pendiente, aunque foros, congresos y campañas no han faltado para con la promesa de hacerla realidad se ganen votos con la finalidad de conservar el poder y después que todo siga igual. Ojalá que en esta ocasión no se otra vez así, quien sea el triunfador.
DESDE EL CENTRO
A 101 años de la Constitución mexicana se reconoce el valor del trabajo agrícola no remunerado que realizan las mujeres rurales y campesinas que en México representan el 50,3 por ciento de la población, por lo que uno de los retos que tiene el país es consolidar su importancia para el desarrollo económico y social nacional, consideró Héctor Padilla Gutiérrez, expresidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Rural (AMSDA)… Investigadores de la Universidad Autónoma de Chapingo buscan aprovechar que las mujeres tienen presencia en las casi 30 mil ejidos del país e impulsar el Programa para Dignificar a la Mujer Rural con la instalación de módulos de captación de agua de lluvia donde se incluyen lavaderos comunitarios que ya funcionan, aseguró Rafael Sánchez Bravo, en algunos lugares de Puebla, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo y Estado de México…Juan Pablo Rojas Pérez, líder la Confederación Nacional de Productores de Maíz de México, propuso a los industriales de la masa y la tortilla firmar acuerdos directos de compra con los productores de maíz blanco a fin de evitar el intermediarismo y así disminuir el precio del kilogramo de tortilla para ubicarlo a por lo menos 10 pesos al consumidor… Lamentables las precampañas políticas para obtener la Presidencia de la República, pues sólo se exhibe corruptelas por parte de los tres aspirantes.
Por: B. Manuel Villagómez R.
La ley que dejó el israelita David Korenfeld, exdirector de la CONAGUA, para privatizar el agua está en el Congreso y ya se aprobó en el Estado de México. Con esa aprobación, Miguel Mancera ya recibió 10 mil millones de pesos del BID para invertir en el proyecto hidráulico de Iztapalapa con el compromiso de privatizar el agua y darle el negocio a cualquier prestanombres de la mafia del poder financiero y concesionarlo lógico, al amigo de Korenfeld que redactó esa ley privatizadora.
Es claro que estos grandes intereses cuentan con la asesoría total del ITAM de Alberto Baillères, como se demostró en las concesiones que otorgó y sigue otorgando Peña Nieto del petróleo y de todos los energéticos a los poderes fácticos económicos que hoy le ordenan lo que tiene qué hacer. La reforma hidráulica y la reforma energética van unidas, porque tienen enfrente un negocio de miles de millones de dólares que es el fracking, porque nosotros tenemos la tercera reserva mundial de ese gas y petróleo a 5mil metros de profundidad y la única forma de extraerlo es quebrando las rocas con la presión del agua. Tan es así que han pensado llevar agua del sureste a Nuevo León y Tamaulipas para hacer este antiecológico negocio. Así, los E.U. nos han tomado como su conejillo de indias, pues mientras ellos pueden tomar agua del río Colorado mediante acuerdo, Canadá jamás ha aceptado darle una gota de agua a E.U., porque en Canadá la sociedad civil apoya a su gobierno para que no ceda a las presiones del imperio yanqui. Nosotros ya construimos un oleoducto para llevar petróleo del sureste hasta Reynosa y ahora ya están proyectando el acueducto del sureste para el negocio del fracking.
El proyecto Monterrey VI, que consiste en desviar el río Pánuco para llevar agua a Monterrey, no era para apagar la sed de los regiomontanos. Lo usaron como pretexto ya que esa era para romper las rocas y extraer el gas, y esa agua queda contaminada porque se le agregan productos químicos que son un secreto por ser cancerígenos.
La privatización del agua es tan antisocial que la ley prevé privatizar el agua de lluvia tal y como la empresa española Abengoa lo intentó en Bolivia, en donde la sociedad civil, encabezada por el entonces diputado Evo Morales, logró sacarla del país y derogar la ley que la privatizaba. Hoy Bolivia está creciendo a un 10 por ciento gracias a la defensa de su soberanía hidráulica y energética, mientras que aquí estamos actuando al revés. La privatización del agua está fracasando en los países, estados y municipios en donde se ha hecho, pues es como el empresario cuando obtiene una concesión oficial piensa solamente en hacer negocio y han existido incrementos hasta del 400% en el precio.
En Jalisco, ya se inició la aplicación del incremento al agua en la ZMG, como un mensaje a las empresas privatizadoras del agua como lo es Renova Atlatec, S.A. de C.V. que cobra aproximadamente 25 millones de pesos por tratar las aguas.
Hay que insistir ante la sociedad civil, los diputados locales y federales, presidentes municipales y regidores de que no la chiflen, que es cantada, ya que al autorizar un incremento al agua en la ley de ingresos municipales, como lo hicieron el año pasado, es hacerle el caldo gordo a estos grandes intereses fácticos del agua, que van a tomar el negocio cuando vean que ya es negocio por el discurso de que, el agua hay qué cobrarla a su costo real, como lo propusieron Dau Flores y César Coll y ¿la corrupción es parte de ese costo real?
Por Guillermo Correa Bárceras
Al campo mexicano le iría mejor sin el TLCAN
Terminó la sexta ronda de negociaciones para actualizar el TLCAN con la incertidumbre plena que provocan los constantes cambios de humor de Donald Trump, que anoche rindió su primer informe como presidente de Estados Unidos. Seguro que siguen sus amenazas de acabar con el acuerdo si a cambio el gobierno de México no paga la construcción de un muro que se levanta para dividir aún más a los dos países. Hay quienes dicen que sin Tratado de Libre Comercio de América del Norte al imperio le iría mal, pero a la nación azteca peor. Habría que ver.
Por lo pronto crecen las voces que consideran lo contrario. Importantes organizaciones relacionadas con el agro, uno de los sectores que más se han beneficiado en cuanto al ramo empresarial y que no deja de presumir la administración que se va, consideran que al campo mexicano le iría mejor sin el TLCAN.
Sus argumentos son contundentes. Por ejemplo, la Unión Regional Agrícola del Norte coincide con muchas otras al señalar que el agro nacional retrocedió en estos 24 años de relación comercial con los productores yanquis y los de Canadá. De hecho nunca se han dado condiciones para competir con ellos. Es más, si los granos como el maíz .sorgo y trigo dejan de estar comprendidos sería lo mejor porque se venderían al precio mexicano y no al internacional que fijan los estadounidenses, porque allá –dijo a Noticentro de Tamaulipas Agustín Hernández Cardona, líder de la URAN—los apapachan con generosos subsidios mientras que aquí el gobierno castiga a los productores con diésel y gasolina carísimos, fertilizantes y semillas igual.
En otras palabras: los costos de producción aquí son muy altos y allá casi regalados. Tan lo sabe el gobierno mexicano que prefiere importar la comida básica y de esta forma impulsar a los agricultores gringos. Lo peor, establece el dirigente tamaulipeco, es que ante las amenazas de Trump se busca ahora acudir a Brasil y Argentina, en lugar de apoyar a la agricultura mexicana.
Tan cierto es lo que se describe que por enésima vez marcharon ayer grupos numerosos de campesinos en recuerdo de que hace 15 años se firmó el Acuerdo Nacional para el Campo. Su presencia se hizo patente por Paseo de la Reforma desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la capital. También en Gobernación y en la sede de la SAGARPA donde se instalaron mesas de diálogo que se repitieron en Economía, SEDATU y SEDESOL. Y como el ANC no se cumplió cabalmente la principal demanda es el rescate del campo tras 24 años de la entrada en vigor del TLCAN.
El rechazo a seguir en el acuerdo comercial se dio incluso antes de que iniciara las pláticas para su modernización. No en nuestro nombre gritaron cientos de organizaciones, ya que ha significado la profundización del fracasado modelo del libre comercio a la vez que se pronunciaron por otra instancia de cooperación y complementación entre los pueblos de Estados Unidos, Canadá y México. Advirtieron que una negociación acelerada del TLCAN impuesta principalmente por Trump es, de parte de México, una claudicación.
Pero los negociadores mexicanos están obsesionados en mantenerlo y aprobar su actualización antes de entrar de lleno en la coyuntura electoral, al grado de que están dispuestos a ceder a cualquier demanda del gobierno de Estados Unidos y de las corporaciones trasnacionales. Desde la visión de los opositores, si se terminara nada cambiaría de la noche a la mañana; habría tiempo para replantear el modelo de relación que México realmente necesita. Lo único que terminaría son los súper-privilegios que actualmente tienen las empresas corporativas multinacionales y aun sin estos privilegios, para ellas seguirá siendo un buen negocio su relación con México y por ello no se irán. Sin el TLCAN, consideran que se quitarían las trabas que impiden regular estas relaciones a fin de que haya más beneficios aquí mientras se va transitando a un modelo económico menos dependiente del exterior.
Argumentan además que la baja aceptación que tiene el gobierno de Enrique Peña Nieto le quita cualquier respaldo a las pláticas que, por si fuera poco, se realizan en secreto. En todo caso exigen que los acuerdos sean públicos y la aprobación final no se realice sin una amplia discusión de todos los sectores de la población, porque a la actual administración solo le ha interesado oír la opinión de los beneficiaros del TLCAN que son unos cuantos grandes empresarios a los que se ha hecho copartícipes de la negociación.
El colmo es que se ha consultado e invitado a estar cerca de la negociación a representantes empresariales extranjeros con inversiones en México que pudieran resultar afectados por los resultados. El excluido principal es el pueblo mexicano y sus organizaciones y también el grueso del empresariado nacional. Y no olvidan que lo pactado en caso de que exista debe ser aprobado por el Senado de la República.
Las organizaciones que firmaron desde hace casi un año la postura que es vigente ante el anuncio del secretario de Economía de que el nuevo TLCAN será firmado a más tardar en marzo próximo llaman la atención de que ello representan un gran peligro para México cuyo gobierno se ha mostrado sumiso y servil.
DESDE EL CENTRO
Gerardo Sánchez García, senador y exdirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) es seguro precandidato del PRI al gobierno de Guanajuato en poder del PAN desde hace u cuarto de siglo. No hay duda de que triunfará como lo ha hecho en toda su carrera política, sobre todo porque sus paisanos están hartos de las administraciones panistas…Por cierto, otro que tiene asegurado el triunfo es Rafael García del Horno que va también por el tricolor hacia la diputación local de Uriangato…Tan duro pega el frío a los capitalinos que hoy no habrá clases en cinco delegaciones. Bien por la SEP…Condenamos lo sucedido a Marco Antonio Sánchez estudiante de la preparatoria 8 a manos de elementos de la policía capitalina, hecho que se suma a miles más de la administración que encabeza Miguel Ángel Mancera…y la carestía galopante, tan real como falsos los informes de Eviel Pérez Magañal, hábil oaxaqueño en eso de aprovechar la pobreza de millones a favor del partido en el gobierno federal-
Por: B. Manuel Villagómez R.
Juan Sandoval Iñiguez, Cardenal emérito de Guadalajara, se ha distinguido por su defensa a la familia y en contra de la desintegración familiar que, por diversas leyes ha promovido el gobierno; así recordamos aquella declaración fuerte que “los ministros están maiceados” a raíz de la promoción que hizo Marcelo Ebrard acerca del matrimonio igualitario, después vendría la legalización para que los grupos, con todo respeto, de la diversidad sexual, adoptaran niños. En 2016 Peña Nieto envió al Congreso la iniciativa para que, a nivel nacional, quede legalizado el matrimonio igualitario, que va en contra de la naturaleza humana y se le pueda llamar unión, asociación o cualquier nombre, porque no es matrimonio para procrear hijos. Afortunadamente la iglesia y la sociedad organizada, lograron que el Congreso frenara esa ley peñanietista. Ahora, el 11 de enero, Peña Nieto acaba de darle otro golpe a la familia, porque presentó el nuevo formato de las actas de nacimiento de los niños y, de acuerdo al documento que el Pbro. José Manuel Suazo Reyes publica en las redes, en la nueva acta de nacimiento ya no aparecen los nombres de la madre, el padre y tampoco el de los abuelos, este es un golpe de Peña Nieto a la familia, porque ahora solo aparece la expresión “datos de filiación”. Esto se dio a conocer a la misma hora en que le aceptó la renuncia a Osorio Chong, quien por cierto fue como Secretario de Gobernación el que obtuvo las 32 firmas del mismo número de gobernadores. En honor a Don Benito Juárez, este acuerdo anti-familiar de Peña Nieto hay que echarlo al pozo, con valor demostremos que este tipo de acuerdos son humillantes para los padres de familia y los abuelos, son medidas para perder la identidad individual, así como están desapareciendo el Estado Nacional Mexicano, porque a diario perdemos la soberanía nacional en todo, la aérea, marítima, territorial, financiera, alimentaria, religiosa; están acabando con nuestros valores morales, familiares y ahora, con actas de nacimiento sin ningún valor, porque el valor de este documento se lo da la información que contiene. Peña Nieto se va el 1 de diciembre y desde ahora turnemos la defensa por lo más sagrado que tenemos, que son los niños, a los diputados federales, locales así como a los senadores solicitando que ese acuerdo no se aplique, a los padres de familia que rechacen ese formato virtual de acta, a las autoridades que en los trámites no acepten ese documento por faltarle información. El sistema neoliberal está obligando a los gobernantes a cambiar hasta estos documentos. Esperamos que los candidatos se opongan a estos cambios en el documento base de los niños, porque ahora Peña Nieto quiere niños sin madre, ni padre ¿quién le pidió esa insensatez?, tenemos que aceptar que el nuevo orden mundial tiene adeptos como es el Señor de Los Pinos, que están obedeciendo sus órdenes con cambios legales que tienen el objetivo de acabar con la identidad familiar como principio y fin y, al final, tener un solo gobierno como lo expresó George Bush padre, que un día los E.U. sea el único país que gobierne al mundo. Todo un sueño guajiro pero hay quienes están en esta línea anti-humana, anti-religiosa y anti-nacional.
POR GUILLERMO CORREA BÁRCENAS
Hace años que los bosques de México tienen olor a muerte. Por su envidiable riqueza, conocido como el “oro verde”, desde hace años el botín de empresas trasnacionales, de políticos y de tala montes que forman parte del crimen organizado. Todos se han ensañado contra los indígenas, auténticos dueños de lo que también se conoce como los pulmones del país que cada vez son menos.
Guadalupe Campanur Tapia, purépecha de Cherán, Michoacán, fue asesinada y su cuerpo encontrado la semana pasada. El Congreso Nacional Indígena la recuerda como una incansable defensora de los recursos naturales y su territorio comunal. Responsabilizó de la muerte al mal gobierno, porque sin la descarada corrupción y complicidad con los cárteles de la delincuencia organizada la compañera Lupita seguiría entre los suyos, defendiendo lo colectivo por encima de todo.
El Consejo Indígena de Gobierno demandó justicia y denunció el despojo permanente que han padecido los pueblos nativos del país. Hay que tomar en cuenta que del total de los asesinatos a ecologistas en todo el mundo, 185 en 2015, un 66 por ciento se dio en América Latina y que 33 de ellos fueron en México.
Un año antes le tocó a Isidro Baldenegro, igual que en 1986 sucedió con su padre. A balazos, por su lucha en preservar la tierras ancestrales de su comunidad tarahumara, situada en el vasto territorio del estado de Chihuahua. Sus compañeros recuerdan que el defensor de los bosques había optado por esconderse en una lejana casa de la sierra ante las múltiples amenazas de muerte recibidas. En 1985, Baldenegro fue reconocido con el Premio Goldman, presea mundial que se entrega a líderes ecologistas. Su actividad ambientalista se conocía sobre todo en el Continente por su lucha contra los madereros que ansían acabar con los bosques de pino y roble de la Sierra Madre Occidental que atraviesa el territorio chihuahuense. Así ha pasado con otros indígenas de Chiapas, Quintana Roo, Campeche, Oaxaca, Guerrero, Estado de México, la zona rural de la capital de la República, Durango y muchas entidades más.
Otros han caído presos. El caso de Idelfonso Zamora que estuvo encarcelado nueve meses fue detallado en su momento por Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Greenpeace. En junio de 2016 el defensor indígena ambientalista obtuvo un amparo tras casi un año de haber estado recluido. El líder indígena tlahuica ha luchado por años contra la tala ilegal en el Estado de México. Otros presos de conciencia deben encontrar también su libertad.
Con estos antecedentes lo que no tiene nombre es el crimen que cometieron sigilosamente nuestros flamantes legisladores en el último trimestre del año pasado. Las notas periodísticas del 27 de septiembre relataron cómo en tan sólo 12 minutos, aprovechando la desgracia de los sismos de una semana anterior, senadores del PRI y del PVEM –institutos enfrentados hoy por la disputa del gobierno de Chiapas– integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales aprobaron los dictámenes de la Ley General de Biodiversidad y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, pese a las protestas en contra de organizaciones campesinas, indígenas, ambientalistas y hasta científicos.
La iniciativa original fue del Partido Verde Ecologista de México, particularmente de la diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso, aunque en realidad el partido aliado del PRI responde a los intereses poderosos del Grupo Salinas. El señalamiento es de la organización internacional Greenpeace, la mayor ambientalista del mundo que el 19 de diciembre de 2017 manifestó su preocupación junto con organizaciones de la Sociedad Civil que acusaron directamente a la senadora Ninfa Salinas del PVEM, directiva del corporativo mencionado.
En un escrito firmado por organismos y personas se detalló que dicha aprobación se llevó a cabo de manera sorpresiva y sin la amplia consulta exigida por la sociedad, tal como lo mandatan los estándares de derechos humanos.
En el documento se narró entonces que la iniciativa fue presentada originalmente para ser aprobada de forma expedita en el marco de la COP13 del Convenio sobre Diversidad Biológica en diciembre de 2016 en Cancún. Sin embargo, dadas sus deficiencias fue frenada en aquel momento. El dictamen actual fue negociado sin una discusión abierta y aprobado en el Senado el 14 de diciembre con 89 votos, para ser enviado a la Cámara de Diputados.
La aprobación de la nueva propuesta de Ley se llevó a cabo sin la consulta de un sector amplio y representativo de la sociedad civil y sin el aporte de quienes se verán afectados por su aplicación, principalmente las comunidades y los pueblos indígenas. De esta manera se vulneran los derechos a la consulta previa y al consentimiento libre e informado establecidos en el Convenio 169 de la OIT.
Además de la forma en que fue aprobada, las organizaciones y personas firmantes también expresaron su condena en torno a varios puntos críticos incluidos en la Ley propuesta, como la escasa protección de los recursos genéticos y su mercantilización, que podría agudizar conflictos asociados al acceso y reparto de beneficios a comunidades locales o pueblos indígenas; la falta de claridad en materia de consulta y participación ciudadana, pues los espacios que se proponen en este sentido están mal diseñados y no cumplen la función de ser mecanismos reales de deliberación; y el que en sus artículos transitorios se establecen excepciones que abren la posibilidad al uso comercial de mamíferos marinos. No sólo eso. En el escrito se acusó que no se establece la prohibición de actividades de alto impacto, como la minería y la generación eléctrica, en áreas naturales protegidas, con lo que la nueva Ley en lugar de proteger a la biodiversidad protege los intereses de sus proponentes.
Ante eso, las organizaciones y personas firmantes exigieron la discusión de la que todavía era una propuesta y que el Congreso de la Unión cumpliera con el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa y al consentimiento libre e informado de la medida legislativa.
¿Saben cuándo se cumplió con esto?
DESDE EL CENTRO
|
||||||||
POR GUILLERMO CORREA BÁRCENAS
Por estos días las secretarías de Gobernación y de Agricultura deben rendir un informe sobre la violencia que se padece en el campo mexicano. Así lo dictaminó la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 11 de enero pasado. El asunto es preocupante porque el sector agropecuario es el que más crecimiento económico ha registrado en la actual administración, más que el petróleo y el turismo. Riqueza que ya se disputa el crimen organizado, atraído por la plusvalía que reciben los grandes agricultores y las compañías trasnacionales de alimentos, porque los campesinos e indígenas –mano de obra barata— siguen tan pobres como siempre. Pero también son víctimas y como prueba están los 35 mil desplazados por conflictos de tierras, despojos y miedo a los narcotraficantes.
La violencia en el campo es el motivo de que los legisladores hayan dado diez días hábiles de plazo a las dependencias mencionadas para que digan cuál es la realidad. La iniciativa fue del senador David Monreal Ávila. Busca reforzar las acciones de combate a la delincuencia organizada a fin de garantizar la seguridad de los trabajadores del agro.
El Consejo Nacional Agropecuario, que representa a las grandes empresas del ramo, asegura que cada año el quebranto supera los 2 mil 220 millones de pesos en granos, maquinaria, equipos, fertilizantes, camiones y otros insumos, pérdidas que significan el 0.5 por ciento de la producción nacional, aunque no existen cifras exactas de los robos. Se estima que es muchísimo más.
El senador zacatecano, que pertenece al Partido del Trabajo (PT), nos dice que históricamente el campo mexicano ha sido el sustento de millones de familias y una de las actividades fundamentales para la economía nacional. Es de los sectores más importantes del país, herencia milenaria de las culturas prehispánicas, cultura e identidad nacional.
Basado en la SAGARPA destaca que la participación de la agricultura en el Producto Interno Bruto (PIB) es de 4 por ciento, aunque su incidencia es mayor. Fácil supera el 9 por ciento. Refiere que en el país hay más de 5.5 millones de trabajadores agrícolas. La mitad son realmente productores, el resto peones o jornaleros que se distribuyen en todo el territorio nacional. Su escolaridad promedio es la primaria. Sus salarios son miserables y de ellos depende su salud, la comida y la sobrevivencia de sus familias. Ahora con los gobiernos neoliberales de los últimos 40 años a sus penas han debido sumar la falta de seguridad en sus regiones, pueblos y rancherías. Son víctimas de la extorsión, el secuestro y el robo del crimen organizado. Miles sólo cultivan para el autoconsumo y aun así está en riesgo su vida.
David Monreal afirma en su exposición que los grupos criminales han impuesto el pago de cuotas, controlado el precio de diversos productos, el pago de cosechas y hasta manipulan la comercialización. Los jornaleros llevan años entregando el 25 por ciento de su salario diario. Los que tienen tierra 120 pesos mensuales por cada hectárea de cultivo –los que se dedican al aguacate y otros productos de exportación entregan mayor cantidad–; mil pesos por hectárea de maíz y los encargados de las bodegas no menos de 100 pesos por cada tonelada de grano. Cuenta Monreal que esto sucede en toda la República, al grado de que comunidades enteras se están desbaratando por la violencia. Sostiene que es una realidad que está afectando quizá todavía más que los desastres naturales en términos de su impacto a largo plazo. Lamentablemente, expresa, la falta de instrumentos confiables impide conocer la situación real de la afectación del crimen organizado al campo mexicano. La situación de los campesinos en sí misma es difícil en razón de la falta de apoyos gubernamentales para la producción y comercialización de sus productos.
Una vez el obispo –ahora emérito- de Tehuantepec, Oaxaca, Arturo Lona Reyes dijo al ser entrevistado para PROCESO que la violencia indígena es legítima defensa. Hoy, lo primero se ha ensañado contra los nativos ya que el crimen mayor, el de las trasnacionales, ha vuelto sus ojos hacia los grandes y ricos recursos naturales del país, alentadas por las llamadas reformas estructurales. Van con todo y por todo, principalmente contra los defensores del territorio nacional, hartos de los saqueos de minerales, de bosques, de los energéticos del subsuelo, porque también se roban el viento, el aire que alimenta a sus empresas eólicas. En consecuencia se han multiplicado las muertes de dirigentes y autoridades de las más de 60 etnias que existen en el país con millones de hablantes de lenguas originales. De ello da cuenta con frecuencia la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Como se observa, la violencia de la delincuencia organizada pasa cada vez más del ámbito urbano al rural o tal vez siempre ha sido así y hasta ahora nos damos cuenta. Una crónica ilustradora narra que en determinada ocasión “Los delincuentes no pretendían robarse la traqueteada camioneta de redilas porque la abandonaron cinco kilómetros adelante. Querían la ‘mercancía´ que iba en la parte trasera, cuyo valor fue estimado por su dueño en 70 mil pesos. Iban por los tres becerros y el borrego que su criador cuidó y engordó durante dos años y medio. Carlos es ganadero desde su adolescencia, cuando su abuelo le heredó el negocio familiar de cría y venta de becerros. ´Pero ser ganadero ya no deja nada bueno. Uno la piensa porque ahora te cuesta la vida´”.
En todos los estados ha repuntado el abigeato clásico de las películas de vaqueros. Sólo que en la actualidad el robo de caballos, vacas, borregos y becerros –entre otros— se ha modernizado. Se estima que el delito ha crecido hasta en un 50 por ciento porque también ha aumentado el valor de los animales. Lo practican grandes bandas como delincuentes comunes y ocasionales que, según los ganaderos, se aprovechan del clima de inseguridad que hay en el país. Muchos caen y rápido salen libres. Los dueños no denuncian por temor a ser secuestrados. Al parecer ninguna autoridad lleva registro de los robos y lo que antes se hacía de noche ahora se ejecuta en pleno día: con armas de fuego, se amordaza a los dueños o cuidadores y se les amenaza o mata si se oponen. La crónica establece que el producto de los robos se comercializa en rastros clandestinos y también en negocios legales. El delito se comete en las carreteras principales, pero también en los caminos serranos poco transitados. Si antes se robaban una o dos cabezas, ahora son 20 o 30. Bandas bien organizadas asaltan los ranchos a punta de pistola y apoyados con camiones o tráileres se llevan vacas, toros y borregos y la mayoría de ellos son animales de engorda, listos para ser sacrificados y vendidos en las carnicerías o rastros. De cada tres asaltos, dos no son denunciados.
Tan lucrativo es el negocio que, de acuerdo con Reforma, el ex Gobernador del PRI de Chihuahua, César Duarte Jáquez, también resultó cuatrero. Al menos 900 reses que fueron compradas para apoyar a pequeños productores afectados por la sequía, terminaron en ranchos del cenecista y de funcionarios de su Gobierno, como el ex titular de la Comisión de Vivienda Raúl Javalera o de familiares del ex Gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval. Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que a mediados de 2014, el gobernador norteño implementó un programa especial de «repoblamiento de cría» al cruzar reses extranjeras con locales. El plan fue importar mil 48 cabezas de ganado Hereford y Angus, por las que se pagaron 700 mil dólares.
El barco proveniente de Nueva Zelanda, que llegó en junio de 2015 a Mazatlán, era un edificio flotante de ocho pisos, cargado de vacas y borregos. Los borregos se fueron al Estado de México. Las reses se dividieron entre Hidalgo y Chihuahua. Sólo 145 animales llegaron a productores de esa entidad, por lo que muchos más se quedaron sin vacas. Además, perdieron una parte de los 20 mil pesos que tenían que pagar por cada res. En documentos oficiales consta que el valor total de los animales superó los 700 mil dólares, unos 11 millones de pesos, según el tipo de cambio vigente entonces. Las vaquillas llegaron a México como «vientres», es decir eran hembras y venían cargadas, así que la esperanza para los pequeños productores era mayor: obtenían la vaca y una cría de las razas Hereford y Angus, destinadas a la producción de carne. Pero casi 900 de esos animales fueron a parar a ranchos a nombre del político prófugo.
Mención obligada en el tema es el del ferrocarril. Como se sabe sus años de gloria de este transporte se dieron durante el porfiriato y la época revolucionaria. Su importancia se mantuvo hasta que otro presidente neoliberal, Ernesto Zedillo Ponce de Léon, acabó con la transportación de pasajeros sobre rieles. Únicamente respeto el traslado de grandes volúmenes de mercancías a costos bajos. Y si en 1980 se compendió a 60 millones de toneladas, la cifra actual casi se ha duplicado. Su crecimiento anual ha sido del 4.3 por ciento en los últimos 30 años ya que este medio es vital para el comercio interno y el que va al extranjero.
Reportes de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario indican que en los últimos tres meses de 2016 se registraron 508 robos. En el primer trimestre de 2017 se reportaron 125 asaltos más, principalmente en el Bajío que abarca los estados de Guanajuato, Querétaro y Jalisco. En el período siguiente el dato aportado es de 331 robos a ferrocarriles en territorio nacional. Los indicadores dicen que en el año que pasó fueron robadas más de 5, 900 toneladas de granos, 95 por ciento importadas de los Estados Unidos.
De regreso al exhorto del senador David Monreal Ávila que hicieron suyo los demás legisladores de la Comisión Permanente, se reconoce que la SAGARPA –Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación—se encuentra en uno de sus mejores momentos con una balanza comercial agroalimentaria de superávit, prueba de que el sector es uno de los motores principales del país. Crece al doble en comparación con la economía nacional y pronto México ocupará el onceavo lugar entre los países productores del mundo. Es claro, y esto no lo dicen los legisladores, que las ganancias de esta actividad no la ven los campesinos que obligados por la pobreza ceden la tierra y se convierten en peones y jornaleros de la misma.
Lo que sí dice parte del dictamen legislativo es que si la situación del campo y de los campesinos mexicanos por sí misma es complicada y si bien no existe la voluntad política para sacar de la pobreza a este sector de la economía, lo mínimo que el Gobierno Federal puede hacer es garantizarles las condiciones necesarias que les brinden seguridad y tranquilidad para que al menos puedan vivir en paz.
DESDE EL CENTRO
El plantón de esta semana en la SAGARPA fue de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA-MN)…Difícil se anuncia la nueva ronda de negociaciones para modernizar el TLCAN, esta vez en Montreal, Canadá…Sin freno la carestía de alimentos y gasolina…Expertos en cuestiones electorales renombraron la alianza conformada por el PRI, el Verde y el Panal como Todos Contra México. Al menos así lo llama ahora la ciudadanía opositora.
Por PASCACIO TABOADA CORTINA
Si bien en México se estima que hay alrededor de 26 millones de habitantes calificados en estado de pobreza extrema, lo cual deriva en desnutrición por alimentación deficitaria. Por otra parte, estudios del Banco Mundial dan fe del desperdicio de por lo menos 20.4 millones de toneladas anuales de alimentos, prácticamente en manos de las centrales de abasto y de consumidores intermedios, que los desechan por deterioro debido a malos sistemas de conservación.
Estas pérdidas, no solamente se reflejan en volúmenes de alimentos ya producidos, sino en un trabajo extraordinario de productores en varios frentes: preparación de tierras de cultivo, uso de agua agrícola, semillas, insumos como abonos naturales, fertilizantes foliares y radiculares, combate y control de plagas, mano de obra en todo el proceso productivo, desde la siembra, el desarrollo, cosecha, transporte, distribución y comercio al mayoreo y menudeo. Esto es una paradoja.
En un país donde hay familias pobres que padecen hambre –sí, ya estamos llegando a ese grado—donde la gente no consume los mínimos nutricionales, es infame que se desperdicien cantidades extraordinarias de alimentos. Ah, pero estas pérdidas, no son las únicas!. Se estima que en granos alimenticios almacenados y en cultivos en pie; es decir, en desarrollo, este índice de daños puede llegar al 30 y 40 por ciento. Las causas son las plagas y enfermedades.
Entre las plagas, podemos citar a toda clase de insectos dañinos (sí, porque también hay insectos benéficos. Son aquellos que se alimentan de insectos nocivos adultos, en estado larvario o en huevecillos). También la rata de campo –las de cuatro patas y cola—y otros vertebrados como coyotes (también de cuatro patas y cola) tuzas, tejones, aves silvestres, entre ellas los tordos, gorriones y otros ‘pájaros de cuenta’.
En el maíz es común que en la milpa las mariposas pongan sus huevecillos en la punta del elote, donde surge el ‘pelo de elote’, de los cuales surge una pequeña larva que se alimenta de los primeros granos tiernos, hasta que, llegado el tiempo, emerge un nuevo adulto, que es otra mariposa. Esta planta padece también otras plagas que se hospedan en el tallo y en las raíces.
El azote del trigo, desde hace miles de años, es la llamada “roya”. Es un hongo que se hospeda en el envés de las hojas, las cuales se amarillentan y caen. La cosecha se reduce o se pierde en su totalidad.
De acuerdo con la información proporcionada por el Banco Mundial, esa cantidad de alimentos que se desperdician, servirían para alimentar a una población de más de 7 millones de habitantes; posiblemente muchos más, pero es un mundo de gente necesitada de alimentos y que no tiene al alcance de la mano.
El cálculo de esa institución bancaria mundial –en otros tiempos y para otros fines, se denominó Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento—es de un valor de más de 490 mil millones de pesos.
El desperdicio de 20.4 millones de toneladas de alimentos, se refiere a productos perecederos todos, los cuales arrojados o depositados a la intemperie, como basura, genera otro tipo de problemas, como es el hecho de que arrojan al medio ambiente una cantidad extraordinaria de Bióxido de Carbono, volumen similar al que despiden emisiones del mismo producto (Co2) 15 millones de vehículos anualmente.
El problema de estos desechos orgánicos, se presenta en su mayor parte en el último eslabón de la cadena productiva, que es el de la comercialización.
Ese es otro problema, analiza el BM, porque en México escasamente operan alrededor de 66 Centrales de Abasto de Alimentos, mientras que en todo nuestro territorio existen más de 300 ciudades, cada una con una población de entre 50 mil y 100 mil habitantes; otras de 100 mil a 500 mil y así no es raro que existan urbes de 800 mil y un millón de habitantes.
Se supone que en México las reservas de alimentos son mínimas, sobre todo en productos perecederos. En granos básicos, como maíz, frijol, arroz y trigo, se manejan inventarios por tres meses de consumo. En perecederos se cosechan y de uno a dos días, ya están a la venta en los mercados.
En frutas y hortalizas, se da el caso del “turismo de alimentos”. Es increíble que el 50 por ciento del abasto nacional de alimentos, se comercialicen desde la Central de Abasto de la Ciudad de México. Así, las frutas, por decir el plátano, se cosecha en Chiapas, Veracruz y Tabasco, llegan cargamentos a la Ciudad de México y regresan a los centros turísticos del sur sureste, por tierra, para su consumo.
Simplemente se requiere cambiar totalmente el sistema productivo, el sistema de distribución y consumo de alimentos.
Por GUILLERMO CORREA BÁRCENAS
Entre las fechas emblemáticas del historial moderno mexicano destaca la del 6 de enero porque marcó la Promulgación de la Primera Ley Agraria en 1915, con Venustiano Carranza. Recién habían muerto más de un millón de campesinos durante la Revolución que provocaron al rebelarse contra los latifundistas, la esclavitud en las tierras de labor, las tiendas de raya, la discriminación y el hambre. Dos años después a esa gesta surgió la Constitución que buscó dar justicia y luego con el gobierno institucionalizado empezó a conmemorarse cada año principalmente por la central oficial creada por Lázaro Cárdenas en 1938 con el nombre de Confederación Nacional Campesina mejor conocida como la CNC, usada más que nada para legitimar al gobierno en turno o al candidato postulado por el PRI sobre todo cuando se encuentra en apuros, que es el caso de José Antonio Mead Kuribreña, el cinco veces secretario de Estado que no prende en su campaña hacia la Presidencia de la República.
Tradicionalmente el evento se lleva a cabo en el puerto de Veracruz donde la ley se promulgó. De todas partes del país acuden delgados cenecistas al evento siempre masivo. Ahora la sede de la conmemoración será, como en otras ocasiones ha sucedido, la Casa del Agrarista ubicada por la Santa María la Ribera en la Ciudad de México, donde se calcula que los asistentes serán miles gracias al campesinado, convencido o no, que brindará su apoyo al exdirector de la Financiara Rural y más propiamente a quien en su carácter de Secretario de Hacienda siempre recortó el presupuesto destinado a los productores rurales, del que, menguado por la burocracia, de cada peso destinado llegan apenas 20 centavos al campo.
Sin lugar a dudas que el escenario se prestará al gran discurso de Meade que acudirá a los resultados obtenidos durante esta administración por los agroempresarios: Ventas al mundo por 1,600 millones de pesos diarios, lo que prueba un crecimiento sostenible anual del 12 por ciento en las exportaciones, porcentaje que duplica el crecimiento de la economía nacional –según la SAGARPA–. Solo en 2017 se vendieron productos por más de 33 mil millones de dólares y se registró un superávit en la balanza comercial agroalimentaria superior a los 4 mil millones de dólares. Logros que se aplauden porque han colocado a México entre los países principales del planeta en lo que se refiere a la agroexportación y que con seguridad el candidato presidencial ciudadano pues no pertenece al PRI agradecerá a los siete millones de campesinos que de esos beneficios nada ven, debido a que todo se lo guardan trasnacionales y empresarios agrícolas que de nacionalistas poco tienen.
Si así no fuera entonces mienten estudios realizados por el INEGI y el CONEVAL instituciones autónomas dedicadas a medir la pobreza que, con todo y maquillaje, afecta a más de la mitad de la población que no gana para bien comer. No obstante, en la Casa del Agrarista estarán los representantes cenecistas disputándose el saludo y la foto con el candidato, azuzados por los dirigentes que sí son del PRI con la finalidad de recibir a cambio posiciones políticas y el poder. Sonrientes todos aplaudirán cualquier gesto de Meade en un acto que colmará el también Día de Reyes para tratar de demostrar la máxima del veracruzano Oscar Brauer Herrera, quien como secretario de Agricultura sostuvo que los campesinos no estaban organizados para sembrar, sino para votar.
Pero eran otros tiempos. El PRI conducido por políticos se sostenía en el poder gracias a sus tres sectores –obrero, campesino y popular–. Todavía con José López Portillo se reconocía el invencible voto verde que se ha ido diluyendo desde la llegada de presidentes tecnócratas. Los neoliberales que a partir de Miguel de la Madrid Hurtado empezaron a rematar instituciones ligadas al campo como la CONASUPO y FERTIMEX. Con Carlos Salinas de Gortari hasta la misma CNC sufrió por no desaparecer y ser sustituida por otra central más del agrado de los globalizadores.
No se pudo. El salinismo acabó definitivamente con el reparto agrario y en 1992 modificó el artículo 27 Constitucional, fruto revolucionario, para privatizar la tierra e impulsar la renta de la misma convirtiendo en todo caso a sus verdaderos dueños en esclavos de la misma. Aparte de que convirtió a millones de campesinos e indígenas en golondrinos porque van de un lado a otro ofreciendo su trabajo en los grandes campos de cultivo, lugares en que como en el porfiriato han regresado las tienda de raya y los enormes galerones que son dormitorios para ni siquiera pensar en cómo escapar de la dramática realidad.
Tal es el México agrario del siglo XXI. Muy atrás se quedaron los tiempos en que cada presidente se peleaba el primer lugar en el reparto de la tierra. Demagogia en la que los observadores no dejaron de mencionar que si hubiera sido cierto el país se habría repartido varias veces. Lo que hoy sí es verdad es que la mayor parte del territorio nacional se encuentra concesionado a extranjeros. Basta ver a las compañías mineras canadienses o a las españoles que han sembrado de infraestructura eólica la región del istmo y las múltiples empresas foráneas turísticas que se han apoderado de nuestras playas. Y eso que, como dice el senador y líder cenecista Ismael Hernández Deras, nadie quiere ver que las reformas estructurales ya están dando resultados en el campo.
Un sector que el PRI gobierno ha abandonado quizá no tanto como sucedió con en tiempos de la decena trágica que encabezó el PAN. Por muchos esfuerzos que hace la CNC, lo cierto es que la SAGARPA fue, después de la Secretaría de Gobernación, la dependencia que más protestas campesinas enfrentó. La denuncia recurrente fue, y es, la promesa incumplida de entregar recursos para programas agropecuarios. Hay casos en que se adeudan hasta de años anteriores. Las quejas por la ausencia de apoyos a la vivienda rural es una constante que se agravará por los daños que causaron los sismos en el sureste, lugares donde también se sufre de megaproyectos que nunca han sido consultados a los indígenas.
Sin embargo, el PRI confía más que nunca en el voto campesino a su favor y la CNC recurre a un estudio del INE para asegurar que son las familias rurales las que mayor votan en comparación con las urbanas, 55.4 por ciento contra 44.9 en los comicios de 2015. Advierte por ello de la necesidad de estar en contacto con esa población, consciente está de redoblar el paso enfocándose hacia los jóvenes y las mujeres. Sostiene que en ellos está el destino de México y pide a todos los candidatos priistas recorrer todos los distritos campestres. Acude a las trayectorias de los ungidos cuando en todos lados el priismo es sinónimo de corrupción e impunidad. Falta medio año para saber si el voto rural le será fiel. Por si las dudas, los observadores políticos replican con más frecuencia que prepara aplicar un magno fraude electoral.
DESDE EL CENTRO
Con la cuesta de enero sube de precio la gasolina, la tortilla y todo lo demás. Daño a los consumidores que en las urnas pagará el partido oficial…La vocera indígena Marichuy sigue limpia en su afán por ser candidata independiente a la Presidencia de la República. Sabe que no lo logrará y que su lucha muchas semillas habrá de dejar…Y en la CDMX MORENA va sin rival.
Por Guillermo Correa Bárcenas.
Cifras oficiales aseguran que en este diciembre hay por lo menos en números redondos 53 millones 400 mil mexicanos –de una población total de 120 millones – en pobreza y que de esta cantidad existen en condición extrema más de 7 millones. Obviamente que con la inflación de este año y otros problemas económicos la cifra es mucho mayor y va en aumento.
Según la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos será hasta el 2043 cuando el minisalario alcance el máximo histórico que registró en 1972, esto es, que a valor presente son 253.6 pesos diarios muy lejanos a los 88.36 pesos que regirán el año entrante. Además, los comicios del primero de junio de 2018, cuando se elegirá a un nuevo Presidente de la República, tendrán un costo público –pagado con nuestros impuestos— de 18 mil 256 millones de pesos, a los que ya se suman 6 mil 700 millones destinados a los partidos políticos y sus campañas, cantidad que hace de estas las más costosas de la historia, lo cual es un gran despilfarro que pinta de negro el futuro del país.
Como establece la sabiduría popular nos espera una amarga Navidad y nada de prosperidad para los años venideros en lo que corresponde a la mayoría de la población. De acuerdo con Roberto Candela Ramírez –economista e investigador de la UNAM–, en un análisis publicado en junio pasado por la Cámara de Diputados, dos son los escenarios posibles que esperan a México con rumbo a las elecciones de 2018. Uno es el camino hacia un país colapsado; el otro, posible, es el cambio hacia un México en transición y con viabilidad. Sus consideraciones se dieron a conocer por el Centro de Estudios sobre la Opinión Pública, que no representan postura alguna del órgano legislativo, pero por su interés destacamos lo principal.
Dice: El país continúa sumido en un escenario de creciente conflictividad social, México continúa siendo uno de los países más violentos del mundo. El sistema político sigue adentrándose en un clima convulsionado y cada vez más extremo, pues no hay voluntad política para expandir los canales de democratización electoral y dar cauce cierto a la institucionalización democrática –al contrario, ejemplo de ello son las votaciones recientes en el Estado de México y Coahuila–. Los organismos electorales permanecen desfasados de la realidad electoral y no cumplen cabalmente con su función de actuar como árbitros imparciales.
En consecuencia –agrega– el desencanto por la democracia aumenta a la par que crece la propensión a impulsar, desde el poder, nuevas prácticas autoritarias. Los partidos políticos siguen inmersos en disputas internas intestinas; continúa en franco declive el ejercicio de sus funciones como órganos de representación política. El tejido social colapsa. Inseguridad y violencia se desbordan aún más, nuevas regiones del país se convierten en zonas de conflicto.
Para el otro escenario –cada vez más lejano– Candela Ramírez describe: La transición política se emprende bajo una agenda que plantea pasar de un viejo sistema a implantar uno nuevo, contempla la decisión de parte de la sociedad por asumir una nueva vocación de exigencia, participación, solidaridad y corresponsabilidad. El gobierno, por su parte, muestra vocación para garantizar permanentemente el ejercicio de una democracia basada en la pluralidad, la libertad, la paz social, la consolidación y vigencia de un estado de Derecho y el desarrollo pleno de una economía de mercado que promueve la libre iniciativa, la creación de empresas, la productividad, la competitividad internacional, la definición y defensa de los derechos de propiedad, así como la formación de una cultura empresarial que base su actuación en la responsabilidad social y una nueva cultura laboral que propugne y concilie los intereses de los factores de producción.
Pero el gobierno de Trump se afianza en el poder y decide unilateralmente la cancelación del TLCAN y este hecho se convierte en un factor perturbador más para México, puesto que los agentes económicos optan por asumir posiciones de cobertura frente a un mayor riesgo. El país continúa regido por una política económica conservadora que busca como prioridad, dar continuidad y consolidar los avances y metas, hasta ahora logrados, en el ámbito macroeconómico. Se asume que el camino hacia el desarrollo nacional sigue estribando en aprovechar las ventajas de ser una de las economías más abiertas del mundo privilegiando “el crecimiento hacia afuera”; en contraparte, se evita instrumentar políticas explicitas y deliberadas para inducir las transformaciones que el país requiere para fortalecer el “crecimiento hacia adentro”, esto genera limitaciones severas en la calidad de vida, como consecuencia de la caída en los niveles el ingreso personal disponible.
El investigador asienta en su análisis que la corrupción reinante en diversas esferas de la vida pública nacional alcanzó en 2015 la cifra de 32 millones 921 mil actos corruptos –INEGI– lo que traducido en costos equivale al 8 por ciento del PIB y sigue con su escenario de que no existe un marco institucional que permita abatir este mal, por lo que la aceptación hacia el gobierno toca fondo. El clamor social por un cambio de régimen se generaliza. No se logra consolidar el pleno desarrollo de un estado de Derecho; se prolonga la vigencia de un período de inseguridad colectiva; permanece débil el aparato de impartición de justicia lo que pospone el anhelo de contar con un modo de vida sustentado en la equidad y la inclusión social.
Por lo que respecta a los temas de la transición menciona que la sociedad mexicana se activa para exigir a las autoridades aplicar y sumar voluntades a fin de hacer un cambio político efectivo y profundo. Efectivo, explica, en tanto que conduzca a la conformación de un gobierno plural e incluyente en el que tenga cabida la participación ciudadana. Profundo, al grado de que arribará en un cambio de régimen político y promoverá una reforma integral del aparato estatal.
En el plano de la conducción económica, la diversificación de las fuentes de ingreso presupuestales del gobierno rinde buenos frutos. Los ingresos fiscales ya no mantienen una dependencia excesiva de los ingresos provenientes de las exportaciones de la mezcla mexicana de petróleo. El gobierno fundamenta su gestión fiscal en la eficacia de sus fuentes de recaudación de impuestos y de ingresos no tributarios, así como en el mantenimiento permanente de una restricción racional en el gasto público.
Ello contribuye a que la transición de poderes federales de 2018, coexista en un clima de estabilidad macroeconómica. Desde la esfera política se definen nuevas rutas económicas sustentadas en un acuerdo social amplio; se pone el énfasis en aplicar un programa económico para el desarrollo social que reconozca la diversidad de ideas, cultura, tradiciones y preferencias política de la población. Así, en el período 2017-2018, el país se posiciona en el umbral de la transición política deseada y ésta logra avances sustantivos, porque desde el poder se tiene interés y voluntad política para lograr los acuerdos y consensos necesarios en todos y cada uno de los frentes de la agenda por renovar el régimen político y la forma de gobierno.
Tales son los escenarios de cara a las elecciones de 2018, a los que cada quien podrá agregar o quitar conforme a una realidad que, en opinión propia, se encamina más hacia lo peor.
DESDE EL CENTRO
Rumbo al 2018 se observa un candidato presidencial del PRI –José Antonio Meade Kuribreña– que por más esfuerzos de sus impulsores no muestra lo que se esperaba; otro del PAN constituido en Frente con el PRD –Ricardo Anaya— que a nadie engaña; y el de MORENA que provoca polémica con sus declaraciones, pero sigue arriba en las encuestas perversas de los profesionales de la mentira… A los que buscan la candidatura independiente se les ve con desconfianza y sólo Marichuy, representante indígena, sigue con la dignidad triunfante… Insuficientes los 13 candidatos indígenas “amarrados” a una posición legislativa… Sin la real ayuda ofrecida por el gobierno federal y los estatales – incluye a la CDMX— miles de damnificados por los sismos de septiembre esperan con tristeza la llegada del año nuevo… Hoy, Héctor Padilla Gutiérrez, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural de Jalisco y presidente de la AMSDA –Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario— firmará a nombre del gobierno que representa un convenio con la Asociación Rainforest Alliance, que es una organización no gubernamental internacional que trabaja para conservar la biodiversidad y asegurar medios de vida sostenible. En este acuerdo figura también la Asociación de Productores Exportadores de Aguacate jalisciense, reconocido en el mundo por su calidad.
Por: Guillermo Correa Bárcenas.
El 12 de diciembre es un día especial para la mayoría de los mexicanos fieles a la Virgen de Guadalupe. En todo el país hay fiestas y peregrinaciones en su honor y se le reza con la petición de que a todos nos vaya mejor. Es una fecha especial dedicada a “la morenita”. Y MORENA son las siglas del instituto político creado por Andrés Manuel López Obrador que precisamente este 12 de diciembre se registró como precandidato a la Presidencia de la República, ante las cuestionadas autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE).
Resulta ser su tercer y último —según prometió— intento por llegar al poder que, sostiene, le han robado en dos ocasiones. Tan cierto que uno de sus contrincantes reconoció que le ganó “haiga sido como haiga sido”. El otro, todavía en la silla presidencial, pretende magnificar un fraude anunciado a menos de siete meses de las elecciones de julio 2018.
Pero el político tabasqueño que lleva alrededor de 15 años recorriendo el país con la finalidad de conseguir su objetivo se encuentra ya muy a la defensiva, aunque no deja de tropezar en ocasiones; además de que el apoyo a su favor se ha multiplicado en la medida de que se hunde el prestigio de quienes representan al Partido Revolucionario Institucional que en esta ocasión, carente de valores, ha recurrido a un candidato virtual, que no es del PRI, surgido de la llamada tecnocracia que tanto daño ha hecho a México al entregar las riquezas de la Nación a compañías trasnacionales, mientras que al pueblo da poco pan y mucho circo. Quienes sostengan lo contrario cuenten los onerosos sueldos y bienes que disfrutan, compárenlos con lo que tienen sus paisanos y sigan cultivando su macroeconomía.
En esa realidad, de la que se han alejado la mayoría de los partidos políticos que ahora se han unido en contra del Peje, es donde radica la fuerza que dice su abanderado principal, lucha por un cambio en lo político, económico y social, porque de los resultados del neoliberalismo se ha llegado al hartazgo. De ahí que con todo y sus defectos vale la pena analizar el Proyecto Alternativo de Nación del Movimiento de Reconstrucción Nacional (MORENA) con el que se quiere realizar un nuevo milagro para los mexicanos.
El documento consta de casi 500 cuartillas y fue elaborado por 200 especialistas en los temas que toca con el objetivo de transformar el país. Muchos críticos lo han calificado como más de lo mismo que ha hecho el PRI en los últimos 36 años y el PAN durante la llamada docena trágica. De ser así se disipa entonces el arma política utilizada sin descanso contra AMLO, acusado de que “es un peligro para México”. Lo cierto es que no lo fue cuando se desempeñó como Jefe de Gobierno del Distrito Federal, al grado de que muchas de sus prácticas gubernamentales han sido tomadas por los gobiernos rivales a MORENA y las han sabido utilizar como freno a la rebeldía social que provoca la pobreza.
Al Peje lo acusan de populista, aunque en la práctica hasta el indigno Vicente Fox Quezada se sirvió de ese populismo, que en el fondo ni lo es, si se considera que la calificadora de riesgo Standard & Poor’s —estadounidense— recién aseguró que aun sin TLCAN y con López Obrador como eventual Presidente de la República, habrá estabilidad económica en el país, al tiempo de que poco a poco los empresarios se van convenciendo, y algunos lo demuestran colaborando con el que nació en Macuspana.
Presume el Peje de que su movimiento cuenta con una organización social ciudadana y política que se ha convertido en la gran esperanza para enfrentar el principal problema de México que es la corrupción política, y de inmediato sus adversarios le recuerdan el caso de “las ligas” que protagonizó Bejarano sorprendido, y atrapado, por canal televisivo para difundir un video en el que se le observó recibiendo grandes cantidades de dinero. Al escándalo siguieron otros de militantes del PRD que ahora se han refugiado en MORENA, convirtiéndose en asilo de cientos de tránsfugas partidistas. No obstante, López Obrador insiste en que la fuerza principal del instituto que encabeza es su autoridad moral, lo que es verdad si se le compara con lo que ha sucedido en el PRI, el PAN y el actual PRD, que a diario sorprenden más porque nadan en la impunidad.
Gracias a ello se valora la petición de construir un acuerdo nacional para hacer de la honestidad una forma de vida y de gobierno. El terco aspirante a la Presidencia se ha comprometido a que si gana gobernará con rectitud, actuará con austeridad y todo lo que se ahorre será para financiar el desarrollo del país. Y con aire de misticismo religioso expresa que con esta mueva forma de hacer política se logrará el bienestar material y del alma para la felicidad de todos.
Entre sus principios rectores se encuentra sacar al Estado del secuestro en que se encuentra por unos cuantos, hacer que la República sea verdadera y no falsa; que los poderes constitucionales dejen de estar confiscados por un grupo; combatir la ilegalidad y el influyentismo político y la riqueza mal habida, de la corrupción que ha dado al traste con todo y es la causa principal de la desigualdad social y económica; atacar a pobreza. También una consulta nacional para determinar el futuro de las reformas estructurales con la aclaración pejista de que no benefician al pueblo, sino que lo perjudican, regresar a la diplomacia alejada de las posiciones protagónicas, con el gobierno de Estados Unidos, respeto y beneficio mutuo; convencer al vecino de que es mejor una política de cooperación para el desarrollo, en lugar de la policíaca y militar.
Crear empleos como alternativa a la inseguridad y violencia. No al muro, redadas y deportaciones de migrantes. Auténtico Estado de Derecho. Nuevo federalismo. Libre manifestación de las ideas. Diálogo ante todo. Respeto a los Derechos Humanos. Auténtica democracia, o sea, no más compra de votos, autoridades electorales realmente autónomas, fin a la demagogia, nada ni nadie por encima de la voluntad soberana del pueblo. Erradicar la corrupción con el fin, entre otros, de no aumentar impuestos y seguir endeudando al país.
En su Plan Alternativo de Gobierno, Andrés destaca los puntos anteriores y muchos más donde se observa que esos compromisos requieren de varios sexenios para cumplirse. En algunos falta la forma en cómo se concretarán. Y, por ejemplo, expresa en forma categórica que cuando triunfe MORENA en 2018 no habrá impunidad. Se eliminarán los fueros al Presidente y a los altos funcionarios públicos. En todo caso, se les juzgará previa reforma al 108 constitucional. Bonito, pues. Sólo que AMLO propuso en 2016 “perdón” y que no se actuará en contra de los señalados, además de que hace unos días advirtió que si las víctimas lo piden tampoco habrá castigo para el crimen organizado.
Por eso es que, con seguridad, hoy millones de guadalupanos rezan porque no sea así y a la morenita le pedirán el milagro de que con o sin MORENA, se componga el país
DESDE EL CENTRO
Continúa Donald J. Trump desestabilizando al mundo. Ahora provocó otra crisis en el Medio Oriente al declarar a Jerusalén capital de Israel… E insiste con la construcción del Muro para dividir a México de Estados Unidos… Al final de cuentas, Miguel Ángel Mancera se tuvo que resignar. El candidato a la Presidencia de la República del Frente Unido por la Corrupción y en contra de AMLO será el panista Ricardo Anaya… Claudia Sheinbaum, exdelegada de Tlalpan, se declara lista a contender por el gobierno de la Ciudad de México con la bandera de Morena.
tigrebilly@hotmail.com
Guillermo Correa Bárcenas
044 (55) 3190-0982
© 2016. Todos los derechos reservados. Semanario de la Ribera de Chapala