Santiago Baeza. 

Por Santiago Baeza.- El gobierno federal, con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza, impulsó una absurda y costosa consulta popular, en la que se incluyó una ambigua pregunta, supuestamente para determinar si los ciudadanos estamos de acuerdo en que la autoridad investigue presuntos crímenes cometidos por los expresidentes Salinas de Gortari, Zedillo, Calderón, Fox y Peña Nieto.

Resultó ser un fiasco. De entrada, la Suprema Corte de Justicia de La Nación cambió la redacción original, pues dicha consulta no podía ser dirigida a ningún individuo en particular, así que finalmente se determinó cuestionar al elector si estaba de acuerdo en que se lleven a cabo acciones legales, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones tomadas por “actores políticos” en el pasado (¿?). En pocas palabras, el gobierno federal puso a consideración de los ciudadanos la aplicación de la ley y la justicia.

A pesar de las enormes restricciones presupuestales y de la dificultad para conseguir los suficientes funcionarios de casilla debido al desinterés social, el Instituto Nacional Electoral logró llevar el proceso con éxito. Por ejemplo, en el distrito 17 que tiene su cabecera en Jocotepec y en el que se incluye el municipio de Chapala, logró instalar ciento sesenta y nueve casillas, las cuales recibieron a los electores que sí decidieron participar.

Sin embargo, esta consulta basada en el resentimiento y la aplicación selectiva de la ley resultó muy poco atractiva. Apenas participó un siete por ciento del electorado nacional y en este distrito, poco más del cuatro por ciento. Y aunque el muy obvio “sí” arrasó, el nivel de participación quedó lejísimos del porcentaje mínimo requerido para hacer vinculante el resultado, es decir hacerlo obligatorio.

López Obrador se quedó como novia de rancho, vestido y alborotado con la celebración de su consulta. Rencoroso como es, entonces arremetió contra la prensa y los partidos políticos de oposición, pero en especial contra el INE, organismo al que detesta debido a su independencia e imparcialidad frente al poder.

Una vez más, azuza a sus seguidores y utiliza a sus más aguerridos personeros para amenazar a los consejeros electorales con someterlos a un juicio político por no estar con él, mientras que utiliza el púlpito mañanero para anunciar reformas que modifiquen la ley, con miras a crear un instituto electoral a modo y sumiso a sus muy particulares intereses políticos.

No hay nada más peligroso para nuestra democracia en vías de desarrollo y consolidación, que un porro, un agitador, un embustero, utilice el poder que le confiere el Estado y su capacidad de manipulación de hordas de fanáticos que confían ciegamente en él, para erosionar las instituciones autónomas del país con el fin de apropiarse de ellas. Si el INE cae en sus manos, caerá el sistema de partidos, el equilibrio de poderes y el derecho ciudadano a elegir en libertad.

Nos corresponde a los ciudadanos defender nuestra democracia y sus instituciones. Alzar la voz y hacernos escuchar desde aquí y hasta Palacio Nacional para que allá entiendan que no estamos dispuestos a entregar de nueva cuenta nuestro país a un solo grupo político, mucho menos a un solo hombre.