Síndico municipal, Gamaliel Soto Pérez y la secretaria general, Lilia Alvarado Macías, durante la rueda de prensa del pasado viernes 29 de julio. Foto: Sofía Medeles.

Sofía Medeles.- El gobierno municipal de Chapala dio su versión respecto a la polémica clausura y desalojo de S.O.S. Chapala Rescue Solutions A.C. mediante una rueda de prensa, donde el síndico municipal, Gamaliel Soto Pérez y la secretaria general, Lilia Alvarado Macías, mostraron documentación sobre la situación del predio y del refugio que estaba ubicado en Ajijic.

El pasado 29 de julio los funcionarios mostraron los diferentes convenios de dación en pago al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), desde el año 2012, un requerimiento de posesión, además de distintos citatorios para hablar con la fundadora de S.O.S. y la ex representante de la Jefatura de Protección Animal, Ana Luisa Maldonado.

Clausura en el antiguo refugio administrado por SOS Chapala Rescue Solutions A.C. Foto: Sofía Medeles.

A lo largo de la rueda de prensa, se explicó la situación del predio, iniciando desde el convenio de dación del 2012, la rectificación y restructuración de este mismo en el año 2018, acordando pagar casi 39 millones de pesos que el municipio debía al Ipejal, otorgando tres predios del municipio, donde se incluyó el terreno ocupado por el refugio.

También se habló de la instalación de S.O.S. Los funcionarios presentaron un oficio fechado en agosto del 2021, en el cual la dirección de Ecología y la Jefatura de Protección Animal, expiden el documento como un permiso municipal para hacer eventos para la procuración de recursos, para el mantenimiento del centro de rescate, donde se menciona un convenio, el cual aseguraron Soto Pérez y Alvarado Macías, no cuentan con copia de este en los archivos del ayuntamiento.

Según la línea del tiempo que expusieron, fue a finales del 2021 cuando se acercaron al gobierno municipal los vecinos de la zona, para expresar su descontento con el refugio por el ruido excesivo, denuncia que llegó hasta la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. A inicios del 2022 fue cuando Ipejal les requirió el predio. 

Requerimiento de IPEJAL presentado durante rueda de prensa. Foto: Sofía Medeles.

En los primeros meses de este año, el síndico y la secretaria general se acercaron con las personas a cargo de S.O.S. para negociar un espacio nuevo para el refugio. Según refirieron, se les mostraron varios predios en el municipio, los cuales la asociación rechazó porque no cumplían con sus especificaciones.

El 7 de marzo, reciben a representantes de la asociación para hacer un compromiso de desocupación, donde ellos mismos proponen un plazo de 30 días para desalojar y, después de eso, se les brinda una prórroga de “unos cuantos días” para terminar de mudarse, explicó Gamaliel Soto.

A un mes del vencimiento del plazo, se citó a Ana Luisa Maldonado, el día 21 de julio para solicitar el predio, y el día 22, para invitarla a hablar sobre el nuevo albergue. Finalmente, la clausura se realizó el pasado día 27.

En la rueda de prensa poco se habló sobre el nuevo refugio, ubicado en la agencia municipal Hacienda de la Labor, donde el síndico afirmó que actualmente tiene espacio para 40 perros, de los cuales seis ya fueron ocupados. Por otro lado, Lilia mencionó que el refugio ya está funcionando para los caninos que se recogieron.

En contexto, el anterior refugio tenía un gasto mensual promedio de 70 mil pesos. Al cuestionar a los funcionarios si ellos asumirán el gasto, comentaron que sí tienen la responsabilidad, pero que también se han acercado personas dispuestas a donar para el mantenimiento.

“El gobierno hace el gasto porque corresponde a Salud Pública, y se estará haciendo ese esfuerzo. Se tratará de llegar a un cupo con los que el gobierno pueda lidiar, y convenios con asociaciones para sobrellevar los gastos, aunque los servicios públicos son la prioridad del municipio, primero es la obligación con los humanos, sin dejar de lado a los animales”, añadió Soto Pérez.

El contrato de arrendamiento solo abarca dos años, ya que es el tiempo que la administración se puede obligar a rentar, pero esperan que el gobierno siguiente continúe con la labor, ya que afirmaron “es un esquema que funciona”. Sobre el pago que aportarían los vecinos del refugio pasado, en condición de que se reubicara, aseguraron que aún es un tema por definir el cómo se gestionará este recurso.