Al regidor Jesús Palos Vaca le pareció “increíble” que el ayuntamiento tenga que liquidar a muchos de los directores y empleados de confianza que decidieron demandar al ayuntamiento
El secretario general, Juan José Ramírez Campos, el alcalde de Jocotepec, Manuel Haro, el síndico municipal, Arcadio Cornejo. Foto: Laguna.
Miguel Cerna. – Luego de las recientes destituciones y vinculaciones a proceso que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a funcionarios públicos por desacato, el cabildo municipal revisó el número de multas y amonestaciones correspondientes al ayuntamiento para conocer “en dónde están parados”.
El informe presentado por Arcadio Cornejo Gutiérrez, síndico municipal, se enfocó en los asuntos laborales, o también conocidos como laudos. Desde noviembre de 2011, el ayuntamiento de Jocotepec se ha hecho acreedor de 31 multas por nueve casos de laudos no pagados, es decir demandas ganadas por el funcionario al Ayuntamiento, alcanzando un monto de 2 mil 307 días de salario mínimo de sanción; es decir, 203 mil 846 pesos con 52 centavos, considerando que el salario actual es de 88.36 pesos.
La entidad más sancionada es el Ayuntamiento en su conjunto, que contempla a los 11 integrantes de pleno con 17 multas equivalentes a mil 250 días de salario mínimo; es decir, 110 mil 450 pesos. De acuerdo con la explicación del síndico, la cantidad se divide en el número de miembros del cabildo, por lo que a cada uno le corresponde pagar 10 mil 40 pesos con 91 centavos.
Después, con cinco multas cada uno, le sigue el presidente municipal, Héctor Manuel Haro, Pérez y el propio síndico Cornejo; el primero multado con 400 días de salario mínimo y el segundo con 450. La cantidad a pagar es de 35 mil 344 pesos y 39 mil 762 pesos correspondientemente.
De forma individual, los integrantes del pleno se hicieron acreedores a tres amonestaciones equivalentes a 200 días de salario mínimo, por lo que cada uno debe saldar 17 mil 672 pesos. Por último, el juez menor recibió siete días de salario mínimo como multa, es decir, 618 pesos.
Arcadio Cornejo explicó que a su parecer, la aplicación de multas a funcionarios es injusta debido a que todo se deriva de que el municipio no cuenta con el dinero en las arcas para pagar las amonestaciones, pues si lo hiciera en tiempo conforme a la orden del tribunal, tendría que sacrificar otros aspectos, como la prestación de servicios.
“El no pago de laudos en tiempo conforme a la orden del tribunal, genera una multa personal para cada servidor público, pero ese cumplimiento de sentencia no depende del funcionario al que le impone la multa, que somos todos nosotros, por eso la injusticia de que nos multen a nosotros” (sic), expresó en la sesión ordinara del pasado viernes dos de febrero.
Al regidor Jesús Palos Vaca le pareció “increíble” que el ayuntamiento tenga que liquidar a muchos de los directores y empleados de confianza que decidieron demandar al ayuntamiento. “Nomás ‘pa’ que vean qué gente teníamos. Sinceramente se los digo, me da tristeza”, apuntó el edil.
El síndico municipal tranquilizó a los miembros del pleno argumentando que no había ningún riesgo de responsabilidad penal o destitución porque los asuntos se han atendido cuando vienen de jueces de distrito, pues con sus sentencias “no tenemos para donde hacernos”, por lo que se paga la multa. Las 31 amonestaciones vigentes las dictó el Tribunal de Arbitraje y Escalafón de Jalisco.
El informe de las multas y amonestaciones fue solicitado por el regidor del PAN, Felipe de Jesús Rangel Vargas, en la primera sesión ordinaria celebrada el martes 30 de enero. El funcionario se dijo preocupado por las resoluciones recientes de la SCJN de destituir y vincular a proceso a servidores públicos por desacato. Sin embargo, Rangel Vargas no asistió a la sesión extraordinaria donde se presentó el informe sin que justificara su falta.
En contexto, en enero pasado, la SCJN destituyó a 20 funcionarios de Coacalco en el Estado de México y Tlacotepec, Puebla, desintegrando sus cabildos por desacato.
Arcadio Cornejo explicó que tesorería no puede soportar el pago de las multas personales impuestas a los funcionarios, por lo que el pleno aprobó la contracción de un despacho de abogados en materia administrativa para lograr que las multas queden sin efecto o encontrar una medida para cubrir el gasto de las amonestaciones.
Por su parte, Héctor Manuel Haro Pérez, presidente municipal, consideró que la irresponsabilidad y la falta de moral de los servidores públicos han generado que los ayuntamientos se saturen de laudos, por lo que se mostró optimista exhortando a los funcionarios a contribuir a erradicar esa práctica.
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