Por Guillermo Corre Bárcenas
Pretende madruguetes en el Senado y en la Cámara de Diputados
Con el arranque oficial de las campañas presidenciales sus tres principales protagonistas sólo dejan en claro lo mal que está el país y que, al parecer, no hay remedio en el corto plazo. Sus promesas pintan una nación convulsionada, enferma y a punto de colapsar. Un sistema lleno de enfermedades con diagnósticos cada vez más alarmantes y una ciudadanía convocada a votar con miedo a un fraude mayor por parte de quienes tienen el poder y no han sabido ejercerlo en bien de las mayorías sino únicamente en el propio.
Lo más grave de nuestra situación es que mientras el PRI y sus partidos cómplices hablan de falsas promesas en los medios electrónicos e insisten en un futuro que de seguir ellos en la presidencia es inmejorable, como ha sido desde hace 80 años de su existencia.
En los hechos, los priistas siguen asestando puñaladas a la población, ahora con reformas a la ley laboral, retrocediéndola a tiempos casi similares del porfiriato; y a la Ley General de Biodiversidad, que va en contra de pueblos, comunidades y organizaciones campesinas.
En el primer caso es el Senado de la República –donde se viola a diario la ley, según confirmó el priista Emilio Gamboa Patrón–, se conspira a toda máquina para cambiar la Ley Federal del Trabajo con la finalidad de reglamentar la reforma constitucional que sufrió hace un año. Las actuaciones de los legisladores oficialistas van encaminadas a traicionar una vez más a la Constitución y a servir a las instrucciones dictadas por trasnacionales y el sector empresarial del país.
Arturo Alcalde Justiniani, el especialista en los temas que tienen que ver con los trabajadores, no se ha cansado de advertir sobre lo que intenta el priismo, que con descaro parece no importarle ya el voto a su favor sino a ofrecer el país como si fuera pastel para los que, a través de reformas llamadas estructurales aprobadas desde el inicio del sexenio, se han apoderado de minas, petróleo, selvas y playas mexicanas.
Prueba de ello es el dictamen que podría ser votado en estos días y que consta de 339 páginas elaboradas desde el gabinete presidencial, sin hacer caso –denuncia AAJ— de múltiples reuniones para debatir las modificaciones ni las posturas en contra de otros partidos políticos ni siquiera compromisos internacionales que tiene que ver con la Organización Internacional del Trabajo. Tampoco las condiciones establecidas por Estadios Unidos en torno a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El asunto es que a la administración de Enrique Peña Nieto le urge dejar establecido en la ley una condena para la clase trabajadora a fin de impedirle la libertad de asociación y de negociación colectiva, además de mantener salarios bajos e indefensión laboral.
Arturo Alcalde Justiniani nos dice también que el PRI decidió hacer nula la reforma constitucional de un año antes sin importarle el país ni el futuro de José Antonio Meade, su candidato presidencial quien, asegura el abogado laboral, no está exento de formar parte de este brutal golpe a las y los trabajadores mexicanos.
Hay que tomar en cuenta, agrega, que en un mes termina el periodo de sesiones, que el propio calcula que perderá la elección y que le queda poco tiempo para cumplir promesas y compartir negocios. Con ese objetivo el PRI está dispuesto a todo y muestra su verdadera cara de traición a los que en propaganda dice defender.
En síntesis y siempre con referencia a lo explicado por Arturo Alcalde, el PRI quiere imponer contratos colectivos de protección patronal sin chance alguno a que los trabajadores se organicen democráticamente, lo que en otras palabras significa esclavitud pues la primera y última palabra será siempre la del patrón en lo que se refiere a salarios y mejores condiciones de vida. Esta imposición va acompañada de otra que frena cualquier gestión de cambio.
Para ello “el gobierno propone que los órganos creados por la Constitución para impulsar la conciliación, se conviertan en una especie de tribunal administrativo, que sin sujetarse al debido proceso, controlará los aspectos esenciales en el ejercicio de los derechos colectivos: registros sindicales, firmas de contratos colectivos, emplazamientos a huelga o intentos por cambiar al sindicato impuesto.
Para remate, el nuevo monstruo será controlado por los sindicatos corporativos y los abogados empresariales que se han especializado por acabar con el derecho laboral…” Con razón, Arturo Alcalde Justiniani advierte que sólo presionando electoralmente al gobierno evitaremos que se consume el más duro golpe en la historia laboral. Bueno, ¿y los sindicatos llamados democráticos dónde están?
La otra amenaza es para los indígenas y el país. Ya se trabaja en contrarrestar la reforma legislativa. Dicen los afectados que la iniciativa de la Ley General de Biodiversidad es omisa al no consultar a los integrantes de pueblos y comunidades indígenas, tal como lo establecen el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de la ONU sobre el tema: las normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos nativos. Este atentado va también sobre conocimiento tradicional que es parte esencial para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica.
Como es obvio, lo que se busca es el saqueo de los recursos naturales, estratégicos, el agua y genéticos. Señalan las víctimas de este golpe legislativo que seguramente se usará la fuerza letal contra las dirigencias por defender su territorio, la vida que es el futuro del Planeta y los sicarios rara vez serán llevados ante la justicia. Pero como señala Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial para los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): “Puedes seguir disparando al mensajero, pero te quedarás sin balas antes de que nos quedemos sin mensajeros y, al final del día, se escuchará el mensaje”.
La iniciativa ya fue aprobada por el Senado y ahora deberá hacerlo la Cámara de Diputados, lo que ha provocado la protesta de asociaciones conservacionistas del país e internacionales.
Se teme, como con la ley laboral, un madrugete del PRI y su aliado, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). No hay que olvidar que Ninfa Salinas, la de TV Azteca, es autora del proyecto que pone en riesgo grandes áreas del país, entre las que destacan las áreas naturales protegidas, espacios donde, explican grupos ambientalistas, hay condiciones para respetar a las especies nativas y los ecosistemas vírgenes del país, mismas que quedarían sujetas a explotación minera y energética, poniendo en riesgo estos territorios.
Esta iniciativa modificaría totalmente la percepción de las leyes acerca de los recursos naturales del territorio mexicano. De acuerdo con Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, la extinción masiva de especies en el país es alarmante y hay quejas en varios estados contra empresas mineras que son un riesgo latente para el capital natural nacional.
El Centro para la Diversidad Biológica entró en acción al detectar que, en el área natural protegida de Sierra de La Laguna, entre el municipio de Los Cabos y La Paz en Baja California Sur, ahí se pretende instalar una empresa minera. «Este tipo de industria es sumamente invasiva, el nivel de contaminación que genera y el daño a largo plazo en mantos freáticos, suelos y especies es casi irreversible», apuntó Oliver. La minera es de origen mexicano con capital canadiense y busca extraer oro de esa zona del desierto sudcaliforniano. Su explotación llevaría alrededor de 10 años. «México es un país que tiene una reglamentación muy laxa con las mineras, y esta nueva ley hace totalmente vulnerable a espacios protegidos».
Nuestro país tiene reconocidas más de 28 millones de hectáreas como Área Natural Protegida. Contra ellas va el PRI y el PVEM para entregarlas a inversionistas del país y el extranjero. Son territorios de indígenas, a los que nunca se les ha consultado.
Y así quieren ganar la Presidencia…
DESDE EL CENTRO
Un ex secretario de Hacienda que no sabe de dónde provienen los ingresos de su competidor para la Presidencia de la República sólo trasmite que su desempeño como el responsable del gabinete temido por lo que sabe fue un fracaso. Y todavía JAM le pide al PEJER que debata… Qué tal, que con las Afores se construye parte del Nuevo Aeropuerto de la CDMX… El Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno se solidarizaron con la comunidad de San Dionisio del Mar, Oaxaca, donde la presidenta municipal, Teresita de Jesús Luis Ojeda, mandó a atacar a los pobladores de Ikoot y Binnizá por resistir desde la invasión de la empresa Mareña Renovables, despojadora de tierras apoyada por el PRI.
Por Guillermo Correa Bárcera.
-A escoger: Seguir en la dictadura perfecta o votar por el retroceso
Y qué decir de lo expresado por el Nobel Mario Vargas Llosa desde España sobre México y el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Pues simple y sencillamente lo mismo que dijo el peruano de origen respecto a los nacionalistas catalanes al recordar recientemente en entrevista con Marcela Valdés del New York Times, que eran considerados “unos viejecitos reaccionarios”. Puede ser que, sin quererlo, el escritor se autodefinió en su comportamiento político. Recordemos que fue candidato en las elecciones presidenciales de su país natal en 1990 y que perdió al defender su bandera neoliberal, cuando en su juventud fue marxista y admirador de Jean Paul Sartre. No sólo eso, en 1959 apoyó la revolución de Fidel Castro en Cuba, y, según la entrevista, por esos tiempos alojó a la madre del Che Guevara en su apartamento.
Pero el autor de grandes obras literarias se fue transformando en su actuar político y a sus 82 años, que cumplirá a finales de mes, intenta acabar con las corrientes nacionalistas y populistas con su libro La Llamada de la Tribu, y con sus declaraciones recientes en relación a nuestro país: “Tengo la esperanza de que haya lucidez en México ante el populismo, la demagogia y las recetas fracasadas…”, dijo al presentar el libro. Remató con un “yo espero que no gane López Obrador, creo que sería un retroceso para el país. Da la impresión de que esta última frase fue dictada al novelista por José Antonio Meade Kuribreña, el candidato presidencial oficial que no se cansa de decir lo mismo en su hasta ahora fracasada andanada.
Fue en 1990 cuando Mario Vargas Llosa puso al PRI de ejemplo en América Latina al definirlo como “una dictadura perfecta”. En aquella ocasión abundó: “México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo. No es la URSS. No es Fidel Castro. La dictadura perfecta es México… es la dictadura camuflada… Tiene las características de la dictadura: la permanencia, no de un hombre, pero sí de un partido. Y de un partido que es inamovible”.
Han pasado casi 30 años de esa intervención que sorprendió a sus anfitriones, un grupo de intelectuales mexicanos encabezados por Octavio Paz, quien posteriormente también sería reconocido con el Premio Nobel de Literatura. Ante ellos el español por adopción dijo no creer, refiriéndose al Partido Revolucionario Institucional “que haya en América Latina ningún caso de sistema de dictadura que haya reclutado tan eficientemente al medio intelectual, sobornándole de una de una manera muy sutil.
De acuerdo con lo publicado entonces por El País, Vargas Llosa detalló los trabajos, nombramientos de cargos públicos y espacios para la crítica que el régimen priista acostumbra a conceder. Es más, dijo: “es una dictadura sui generis, que muchos otros en América Latina han tratado de emular… Tan es dictadura la mexicana, que todas las dictaduras latinoamericanas desde que yo tengo uso de razón han tratado de crear algo equivalente al PRI”. En su edición del 1 de septiembre de 1990, El país mencionó que del sistema político mexicano Vargas Llosa elogió la revolución de principios del siglo XX y la reivindicación de la tradición prehispánica. No obstante, acusó al PRI de haber utilizado la lucha revolucionaria y la retórica demagógica para eternizarse.
Todo esto es importante rescatarlo porque el PRI cumplió el domingo pasado 89 años de existencia y el gran dinosaurio da signos de cansancio, además de que muestra los efectos del terrible cáncer llamado corrupción. Tan lo está que su máximo dirigente, el presidente Enrique Peña Nieto, ni siquiera asistió al evento conmemorativo que tuvo como líder principal a un no Priista, el candidato presidencial “ciudadano” Pepe Meade Kuribreña en un escenario rodeado de simpatizantes vestidos con los distintos trajes típicos rurales recordando a los indígenas y campesinos que hace poco más de cien años lucharon contra una dictadura, la de Porfirio Díaz, y, traicionados, padecen ahora otra mucho más cruel con una población mayoritaria en la pobreza y, como dijo Meade, todavía con hambre y sed de justicia, igual que lo sentenció en 1994 Luis Donaldo Colosio, el otro candidato presidencial asesinado.
La ceremonia cumpleañera realizada en el estacionamiento de la sede del priismo sirve de reflexión. Primero, que el acarreo no fue como en los mejores tiempos y en segundo lugar la confirmación de que al liderazgo priista ha llegado un grupo para desbancar a los auténticos políticos. Y luego, que el propio discurso del candidato provocó más reclamos que entusiasmo. Por ejemplo, dice el comunicado oficial, manifestó su repudio a toda forma de corrupción y exigió castigo a quienes han violado la ley, sean del partido político que sean. Advirtió que no va a permitir que regresemos a un México de caudillo ni de mesías. Subrayó que ningún candidato debe dejar de explicar de qué ha vivido y tampoco puede usar la contienda para lavar sus culpas y dinero.
Colocado en encuestas en el tercer lugar de las preferencias, el candidato ciudadano debe comprender que la sociedad le reclama no haber actuado contra la corrupción cuando fue Secretario de Hacienda y nunca señaló a los gobernadores que actualmente se encuentran bajo proceso o en huida fuera del país, la mayor parte priistas que gozaron de impunidad.
Enfatizó Meade: “El que la hace, debe pagarla. Marcamos distancia y exigimos castigo a los que incumplen la ley, pintamos nuestra raya con los que se han aprovechado para llenar sus bolsillos a costa del esfuerzo de los demás”. Al candidato se le recuerda que eso es precisamente lo que demanda la población contra una clase gobernante, principalmente del PRI, que no se cansa de robar.
DESDE EL CENTRO
Tras dos años del crimen cometido contra la ambientalista Berta Cáceres, capturan al sospechoso de ser autor intelectual del asesinato: Roberto Castillo, entonces presidente ejecutivo de la Empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA)… En México sigue la violencia y la injusticia. Asesinan a la activista María Luisa Ortiz Arenas, que luchaba contra la violencia de género. Los Cabos es, según un informe, la ciudad más violenta del mundo… En Estados Unidos, vuelven a dar la espalda al presidente Donald Trump, renunció el director del Consejo Económico Nacional, Gary Cohn. Se opuso a los aranceles que Trump planea imponer al acero y aluminio, a los que el presidente de EE.UU. sigue aferrado…
Por: B. Manuel Villagómez R.
El diputado del PRI José Ignacio Pichardo propone la Ley General de Aguas para legalizar los trasvases de una cuenca a otra, como es el caso del río Verde a León; trasvase que con recursos jurídicos y valentía de los ganaderos de Los Altos y ONG solidarias, lo tenemos suspendido.
La propuesta de la Ley General de Agua que propone el diputado Pichardo, a cambio de la Ley de Agua Nacionales que está vigente, es un intento más para privatizar el agua a nivel nacional por medio de las Asociaciones Público Privadas (APP) y dejar legalizados los trasvases por lo siguiente:
En su Art. 2 XIX expresa: “El trasvase por excepción de aguas nacionales de una cuenca o acuífero hacia otros, para destinarla preferentemente para garantizar el derecho humano al agua y saneamiento”.
Art. 4º XI “Autorización: Los títulos que otorga el Ejecutivo Federal para el trasvase de aguas nacionales de una cuenca o acuífero hacia otros…” LV “Trasvase: El uso, explotación o aprovechamiento de aguas nacionales trasladadas de una cuenca o acuífero hacia otros con los que no haya conexión natural, que realiza el Estado, así como los asignatarios y concesionarios, de manera excepcional, mediante obras de infraestructura hidráulica, para destinarla preferentemente para garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento;…”
Art. 8º: “Son facultades de los municipios: I. La formulación, conducción y evaluación de la política hídrica municipal, en congruencia con la política hídrica estatal y nacional…” ¡Qué bueno que reconoce la facultad Constitucional del municipio!
En el Art. 14 X. “Autorizar, por excepción, el trasvase de aguas nacionales de una cuenca o acuífero a otros, a propuesta de la Comisión…”
Art. 16 XV. “Proponer a la Secretaría el trasvase de aguas nacionales de una cuenca o acuífero a otros, acompañado del razonamiento y de los motivos que los justifiquen…”
En el Art. 72 indica “El trasvase de aguas nacionales de una cuenca o acuífero hacia otros requiere autorización otorgada excepcionalmente por la Secretaría”.
En el Art. 74, párrafo uno dice: “las solicitudes de autorización deberán incluir, cuando menos, los documentos siguientes: I. La copia del escrito por el que el municipio o los municipios correspondientes solicitan el apoyo de la Comisión para el trasvase…” En el mismo artículo párrafo tres indica: “… y las razones que motivan la decisión de optar excepcionalmente por el trasvase de aguas nacionales de una cuenca o acuífero hacia otros…” Mismo artículo V “…generación de energía eléctrica, industria o turismo del trasvase, así como su viabilidad en estos aspectos…” VI “… conflictos ambientales, sociales o con otras entidades federativas o municipios por el trasvase…” VII. “La viabilidad económica y financiera del trasvase…”
En el Art. 76 “Para el otorgamiento de las autorizaciones para el trasvase de aguas nacionales de una cuenca o acuífero hacia otros, la Secretaría se sujetará a las disposiciones contenidas en la presente Ley…” En esta entrega hacemos un resumen de esta Ley del “Trasvase” de Aguas Nacionales (LTAN) y no como opina su autor “Ley General de Aguas”, lo hacemos en virtud de que, el pueblo de Jalisco ha sufrido 13 años de presión por la exigencia del gobierno federal y estatal que están necios en realizar el trasvase de las aguas del río Verde a León.
La oposición en contra de los trasvases en nuestro país está científicamente soportada y sustentada con experiencias de otros países y muy concretamente por el científico Dr. Pedro Arrojo Agudo de la Universidad de Zaragoza. Este proyecto del diputado Pichardo, trae un mensaje muy concreto por lo que está pasando aquí en Jalisco.
GUILLEMO CORREA BÁRCENAS
No hace mucho que el gobierno presumió que en esta administración los trabajadores han recuperado el 40 por ciento de su poder adquisitivo, fantasía que en cualquier parte de la República se desmiente. Hoy el kilo de carne de res se cotiza al consumidor en un promedio de 140 pesos, el kilo de huevo se ofrece en la capital del país hasta en 40 pesos y en algunas entidades norteñas ha llegado casi al doble. La leche, necesaria para los niños, cuesta unos 18 pesos el litro, si bien es cierto que LICONSA la regala a peso en regiones marginadas con el objetivo de cambiar el alimento por votos para el PRI, como sucedió en mejores tiempos para el institucional con los llamados Tortibonos.
Lo anterior viene a cuento debido a que hoy el sistema neoliberal festeja con ganas de quedarse con lo poco que ganan quienes viven sobre todo en las grandes ciudades. Para ello se aprovecha del Día de la Amistad que nada de amistoso tiene por parte de quienes gobiernan y mienten al decir que se vive mejor que antes, cuando no cesan los aumentos de precio a la gasolina, la energía eléctrica, el gas, el diésel –básico para las actividades agropecuarias y pesqueras—; en servicios y demás artículos cada vez más lejos de la mayor parte de la población que gana apenas el salario mínimo de 88.36 pesos diarios, lo que va acompañado de más despojos a los derechos de los trabajadores del campo y de la ciudad.
Según el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la UNAM, la perspectiva de los trabajadores asalariados en México, de entre los 101 millones de pobres que considera el investigador Julio Boltvinik en sus diferentes niveles de pobreza, es morir de hambre, pues el nivel de vida continuará descendiendo hasta límites sobrecogedores.
El Reporte de Investigación 128 que se dio a conocer el pasado 31 de enero, resalta que en las últimas décadas más de seis millones de campesinos han sido despojados de su tierra y de su relativa tranquilidad. Han sido arrojados al camino de la miseria y la violencia, de la migración forzada, a la delincuencia, o en el mejor de los casos, a diferentes actividades económicas, con cada vez más empleo precario informal o formal.
La economía mexicana ha enfrentado un crónico, raquítico e insuficiente crecimiento económico durante las tres últimas décadas y las perspectivas y proyecciones económicas, políticas y sociales del Estado, para los próximos años amenazan con no dar para más. El partido político actualmente en el gobierno (PRI) junto con su candidato a la Presidencia de la República –José Antonio Meade Kuribreña— impulsa, como siempre, una política dogmática basada en la absoluta sumisión y la continuidad, garantizada por un probado, disciplinado y sumiso tecnócrata egresado del ITAM.
Por otro lado, en los círculos cercanos y en las propuestas de gabinete de todos los otros partidos políticos, incluyendo aquellos que se llaman de izquierda, proliferan también los funcionarios que están en contra de las clases trabajadoras, van desde aquellos viejos priistas hoy disfrazados de la “esperanza de México” –Andrés Manuel López Obrador– hasta abiertos entusiastas en favor de la depredación del campo mexicano por trasnacionales como Monsanto.
Los especialistas de la Facultad de Economía de la UNAM dicen también que todo ese espectro de los partidos políticos que durante 2018 estarán volteando al pueblo sólo para pedir votos y luego olvidarse de sus promesas vacías y lemas de campaña. Y advierten que sea cual sea el que gane, habrá seis años más de lo mismo para el pueblo mexicano. Más pobreza, inseguridad, impunidad, corrupción, represión y despojo. No obstante, los académicos universitarios reconocen que todo lo enumerado no es el fin y que de alguna manera tendrá que llegar el cambio.
Mientras tanto, se refieren al salario mínimo en México y lo califican de inconstitucional ya que claramente, exponen, no es suficiente para satisfacer las necesidades materiales, sociales y culturales de un jefe de familia, ni para proveer de educación obligatoria a sus hijos.
Al contrario, acusan, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) sólo ha servido para quitar alimentos de la mesa de los trabajadores y negar el acceso a la educación a sus hijos. La pérdida acumulada del poder adquisitivo en treinta años, del 16 de diciembre de 1987 al 26 de octubre del 2017, es del 80.08%, medida de acuerdo a la Canasta Alimenticia Recomendable (CAR).
De acuerdo con su reporte titulado Otra derrota social y política de las clases trabajadoras: los aumentos salariales que nacieron muertos, hace tres meses el salario mínimo era de 80.04 pesos diarios, mientras que el precio de la CAR llegó a 245.34 pesos diarios, es decir con el salario mínimo únicamente se podía adquirir el 32.62 por ciento de la canasta. A esto se suma el hecho del poco control que ha tenido el Estado sobre el incremento de precios de los bienes indispensables, incurriendo en el incumplimiento del artículo 28 constitucional, párrafo tercero, donde se indica que “Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses”.
Con gráficas los economistas de la UNAM sostienen que sólo ha existido un momento en la historia reciente donde el salario permitía adquirir los alimentos recomendables y después de ello tener un sobrante. Las fijan el 16 de diciembre de 1987, hace 30 años, fecha en la que con un salario mínimo alcanzaba para comer y hasta un poco más, desde entonces no ha existido la posibilidad de recuperar el poder adquisitivo. Prueba de ello es que de 2015 a estos días la Canasta aumentó 44,33 pesos, pero los minisalarios ni siquiera 10 pesos.
Detallan además que para poder comprar la Canasta Alimentaria en 1987 eran necesarias 4 horas y 53 minutos, por lo que le restaban al trabajador 19 horas y 7 minutos para transportarse, comer, asearse, convivir con su familia, salir a pasear, dormir, etcétera. Sin embargo, en enero de 2013 el tiempo de trabajo necesario para adquirirla ya era de 21 horas con 13 minutos. Y tres años después, el 16 de octubre de 2016, únicamente le quedaban 7 minutos, en total, para realizar el resto de sus actividades, debido a que el tiempo necesario que había que laborar para alcanzar la CAR era de 23 horas con 53 minutos. Al 26 de octubre de 2017 el tiempo de trabajo necesario para comprar la CAR ha sobrepasado un día completo llegando por primera vez a las ¡24 horas con 31 minutos!
Finalmente, a menos de un año de terminar el sexenio de Enrique Peña Nieto, aseguran los del CAM de la UNAM que se ha registrado una de las mayores pérdidas del poder adquisitivo de las últimas décadas. Y recuerdan aquél discurso presidencial relacionado con el último incremento salarial de 80.04 a 88.36 pesos diarios: “Con este aumento, en los últimos cinco años, el salario mínimo ha tenido una recuperación de 20 por ciento en términos reales; esto es, 45 por ciento en términos nominales, lo cual no había ocurrido hace más de 30 años”.
Una declaración totalmente fuera de la realidad, comprobada a diario por más de 100 millones, según Boltvinik, de miserables. Feliz Día de la Amistad.
DESDE EL CENTRO
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Por: Pascacio Taboada Cortina.
En los últimos días han causado revuelo las declaraciones en distintos medios de comunicación, “a título personal”, del secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, en torno de la legalización del uso de la marihuana con fines no teparéuticos, sino con toda la intención de convertir al enervante en una fuente de recursos monetarios en los centros turísticos mexicanos visitados por millones de turistas de todo el mundo. Habló en específico de Cancún y Los Cabos.
Ante la presión de que fuera una “declaración oficial” por la condición de secretario de Estado del Gobierno Federal, de la Madrid tuvo que afirmar que “era una declaración estrictamente personal”. Y sí, así fue aceptado públicamente. En tiempos recientes, muchos personajes se han referido a “esa necesidad” de dar a la marihuana uso medicinal, incluido en este caso el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, sobre todo para personas con padecimientos endémicos.
Pero también hay personajes de la política y de gobiernos recientemente pasados, que se han referido al uso “lúdico”, fundamentalmente de la marihuana, por representar una fuente de riqueza de grandes dimensiones e inagotable. Los valores monetarios que se manejan son en miles de millones de dólares, de euros o de libras esterlinas.
El expresidente Vicente Fox Quesada encabeza la lista de los que están a favor de que se legisle y la marihuana se utilice para uso común. El exmandatario ha referido que ese dinero que manejan en grandes cantidades los narcotraficantes debería ser captado por el fisco federal e incluso se ha atrevido a darle uso como alternativa de capitalización del sector empresarial. No es raro que se hayan realizado “seminarios” sobre el tema en su “Centro Fox”.
También el destacado el médico especialista en psiquiatría, exrector de la UNAM y exsecretario de Salud, José Ramón de la Fuente, quien se pronunció por el uso común de la marihuana, y le siguió su colega, también exrector de la UNAM y actualmente secretario de Salud, el doctor José Narro, en el mismo sentido.
Hay que señalar que en medios de comunicación se ha promovido el uso de la marihuana no precisamente como calmante en casos de enfermedades. De los participantes del programa “La hora de opinar” en Televisa, al menos Héctor Aguilar Camín se ha manifestado a favor del uso recreativo de la marihuana.
Sí, en gran parte de los países del mundo existe mucha gente que estaría dispuesta a hacer lo imposible por conseguir fácilmente el enervante. En Europa y en Estados Unidos es público y notorio que circula la marihuana ya respaldada por leyes e instituciones gubernamentales, sea para uso medicinal o para recreación. En varias ciudades de EU hay expendios abiertos al público donde se comercializan enervantes, principalmente marihuana en distintas presentaciones.
A todas aquellas personas que pregonan que la marihuana es la “mejor medicina para la recreación”, primero tendrían que responder si serían capaces de convivir y soportar la conducta de un adicto. Si no tienen hijos, pues como decían las abuelas “cada quien su churria”, pero si los tienen, obviamente serían un mal ejemplo que trasciende a las escuelas de los niños y jóvenes.
Una persona adicta —no hay que olvidar que la marihuana causa adicción— no tiene cabida en los diferentes círculos sociales, laborales o profesionales. Tarde o temprano, la expulsan. No es confiable ni tiene la responsabilidad que una persona normal no usuaria de enervantes.
Los habitantes de grandes conglomerados urbanos, como es la vida cotidiana de las ciudades medianas y grandes, viven y conviven con mucha gente en edificios de hasta diez o quince pisos. Si en las colindancias entre departamentos hay consumidores de marihuana, inmediatamente se huele. Empieza el “estira y afloja”.
Para gente que no acostumbra los enervantes, es muy desagradable que frente a su puerta o al lado esté saliendo constante o frecuentemente el clásico aroma de la marihuana, o que en la madrugada llegue el vecino “que se las truena”, y empiece a ser motivo de escarnio por virtud de que, en su concepto, “está en su derecho de hacer lo que le venga en gana y hasta fumarse uno o dos carrujos en ‘su departamento’”, sin reflexionar que, su techo es el piso del vecino de arriba, y que su piso es el techo del vecino de abajo.
Tener un familiar cercano que le guste la “recreación”, o a dos o a tres, es un gran problema para la familia. Primero porque se debe tener cuidado con bienes y dinero. Las personas adictas no son de confiar. Les urge la necesidad de conseguir dinero a como dé lugar, con engaños, con patrañas o, de plano, robar lo que esté al alcance de la mano.
Por otra parte, entre más cercana es la persona adicta, invariablemente causa preocupación para los familiares. Obviamente que sus amistades son de la misma “calaña”. Y a su vez, los adictos no llegan a comprender que sus familiares viven con la angustia de qué les pueda ocurrir en esas andanzas, o algún accidente.
Estas son las premisas que deben saber, conocer y reflexionar aquellos que, al momento de decir, entre socarronas y en serio, “que se debe liberar el comercio y consumo de drogas”, para que sus ‘sugerencias’ se las guarden para los tontos que desean conocer otros mundos y otras experiencias alucinantes, a costa de la paz y tranquilidad de los demás. No tienen derecho de crear angustias y preocupaciones a sus seres, queridos o no, más cercanos.
POR GUILLERMO CORREA BÁRCENAS
Los cambios estructurales en la Constitución y la pendiente Reforma Profunda al Campo
A 101 años de promulgarse la Constitución Política de México ha habido varios cambios en la Carta Magna, buenos y malos. Los que según el gobierno de Peña Nieto se pueden ver como “avances”, en realidad son invisibles para la mayoría de los mexicanos.
Este texto fundamental que rige la vida de los mexicanos ha sido modificado más de 600 veces desde que se promulgó el 5 de febrero de 2017. Y de todas estas, las que más llaman la atención son las conocidas reformas estructurales aplicadas por el actual gobierno.
A ellas se refirió el presidente Enrique Peña Nieto durante la conmemoración cívica. Su último acto público en este aniversario constitucional pues debe entregar el poder el próximo primero de diciembre. Empezó reconociendo la obligación de dejar un mejor país para luego recordar el Pacto por México con el que estrenó su administración, mediante el cual se ganó el apoyo de todos los partidos políticos representados en el Poder Legislativo. Sin ellos no se habría dado la Reforma Educativa, que sigue cuestionada y con evidencias de que poco se ha avanzado en esa revolución pedagógica que los propios gobernantes se empeñan en reprobar, al grado de que son objeto de burlas por su modo de conjugar verbos y expresarse mal.
Siguió con la Reforma Político-Electoral que, a decir de Peña Nieto, dio instituciones políticas más democráticas y equitativas. El Instituto Nacional Electoral es prueba de que eso no es cierto. Lo dicen los politólogos, dirigentes de partidos políticos y los hechos. Como los sucedidos en los pasados comicios del Estado de México.
Con respecto a la Reforma Hacendaria y la Reforma Energética, la población se queja de que las promesas de contar con gasolina, gas y electricidad más baratos en realidad se han convertido en una carestía insoportable. Cierto es que crecen las inversiones de compañías extranjeras en este sector, y cómo no, si les ofrece la riqueza del subsuelo mexicano, apenas expropiada a casi las mismas corporaciones en 1938 por el general Lázaro Cárdenas.
Criticas semejantes, sobre todo de investigadores universitarios y extranjeros, son lanzadas contra los supuestos beneficios de las Reformas en Telecomunicaciones y Financiera. Acciones presumidas por la administración, difíciles de creer, como el que se han reducido todas las carencias sociales en el país; que dos millones de personas dejaron de vivir en la pobreza extrema; que se ha creado la mayor cifra de empleos en los más recientes gobiernos y de que al mismo tiempo se ha logrado la mayor recuperación del poder de compra del salario mínimo. Basta señalar que un kilo de carne de res vale en promedio 160 pesos, el doble de lo que se percibe por una jornada de 8 horas de trabajo pagada con el minisalario.
Hay que tomar en cuenta que, como estamos en el marco de un aniversario más de la Constitución, en 1992, o sea hace un cuarto de siglo, se realizó quizás la reforma constitucional más grave en la era neoliberal. Se trata de los cambios al artículo 27 que dieron por concluido el reparto de la tierra e inició la privatización de la misma, tocando el espíritu mayor de la lucha revolucionaria llevada a cabo por indígenas y campesinos principalmente, a fin de quitarse el yugo que los oprimió hasta el colmo en la época porfirista.
Pues bien. Hace una semana en Tala, Jalisco, José Antonio Meade Kuribreña, candidato del PRI a la Presidencia de la República, prometió que de ganar en los comicios del 1 de julio próximo su compromiso es lograr la Reforma Profunda al Campo. Y la detalló en cinco puntos fundamentales: Seguridad frente a la violencia y los desastres naturales; Seguridad Alimentaria con Presupuestos multianuales a cinco años y la consolidación de 10 productos alimenticos básicos; Seguridad Social y Servicios de Salud para los productores del sector agropecuario; así como Empleo, buena infraestructura y acceso a la tecnología.
La Reforma Profunda al Campo es una demanda de la Confederación Nacional Campesina desde la dirigencia del senador Gerardo Sánchez García —hoy candidato del PRI al gobierno de Guanajuato—. Felipe Calderón Hinojosa gobernaba el país y la CNC era oposición. Ya recuperado el poder por el tricolor la propuesta fue enarbolada por Enrique Peña Nieto al grado de que en el primer trienio se realizaron foros para concretarla en toda la República.
Ya bajo el liderazgo del senador Manuel Cota Jiménez y luego del congreso cenecista efectuado en el estado de Durango se entregó a las autoridades —SAGARPA— el documento titulado “Transformando el Campo de México” para hacerlo un sector fuerte y competitivo.
De acuerdo con el texto, el sector rural mexicano requiere de una serie de políticas públicas que puedan integrarse a una Ley de Seguridad y Competitividad Agroalimentaria o incorporarse a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable que le den certidumbre a los campesinos mexicanos sobre qué producir, a qué precios vender y quién les va a comprar con un horizonte de largo plazo y no, como todavía sucede, que ciclo con ciclo la incertidumbre lastima el esfuerzo de los productores.
Se destaca que tanto las políticas públicas como los presupuestos que las apoyan deben ser de carácter multianual, considerando la diversidad en el entorno agroecológico, climático y sociocultural que prevalece en el país. También que en el sector rural mexicano existen diferentes estratos de productores, por lo que es fundamental que las políticas públicas sean diferenciadas y respondan y atiendan adecuadamente a cada uno de ellos, pues “si queremos que los resultados sean diferentes en el futuro, debemos evitar seguir haciendo más de lo mismo”.
Lo anterior, según el documento, se puede lograr dando un enfoque territorial a las políticas para promover un desarrollo rural más justo y equitativo. Se debe de buscar dar más competitividad a esas regiones marginadas, canalizando apoyos y servicios que respondan a una buena planeación, que permitan impulsar proyectos productivos integrales y sustentables, donde se incluyan inversiones en infraestructura y equipamiento, asistencia técnica, capacitación; la promoción y adopción de innovaciones tecnológicas y el impulso de asociaciones en participación con todos los actores de cadenas prioritarias de cada región.
El caso es que la Reforma Profunda al Campo sigue pendiente, aunque foros, congresos y campañas no han faltado para con la promesa de hacerla realidad se ganen votos con la finalidad de conservar el poder y después que todo siga igual. Ojalá que en esta ocasión no se otra vez así, quien sea el triunfador.
DESDE EL CENTRO
A 101 años de la Constitución mexicana se reconoce el valor del trabajo agrícola no remunerado que realizan las mujeres rurales y campesinas que en México representan el 50,3 por ciento de la población, por lo que uno de los retos que tiene el país es consolidar su importancia para el desarrollo económico y social nacional, consideró Héctor Padilla Gutiérrez, expresidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Rural (AMSDA)… Investigadores de la Universidad Autónoma de Chapingo buscan aprovechar que las mujeres tienen presencia en las casi 30 mil ejidos del país e impulsar el Programa para Dignificar a la Mujer Rural con la instalación de módulos de captación de agua de lluvia donde se incluyen lavaderos comunitarios que ya funcionan, aseguró Rafael Sánchez Bravo, en algunos lugares de Puebla, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo y Estado de México…Juan Pablo Rojas Pérez, líder la Confederación Nacional de Productores de Maíz de México, propuso a los industriales de la masa y la tortilla firmar acuerdos directos de compra con los productores de maíz blanco a fin de evitar el intermediarismo y así disminuir el precio del kilogramo de tortilla para ubicarlo a por lo menos 10 pesos al consumidor… Lamentables las precampañas políticas para obtener la Presidencia de la República, pues sólo se exhibe corruptelas por parte de los tres aspirantes.
Por: B. Manuel Villagómez R.
La ley que dejó el israelita David Korenfeld, ex director de la CONAGUA para privatizar el agua está en el Congreso y ya se aprobó en el Estado de México, con esa aprobación, Miguel Mancera ya recibió 10 mil mdp del BID para invertir en el proyecto hidráulico de Iztapalapa con el compromiso de privatizar el agua y darle el negocio a cualquier presta-nombres de la mafia del poder financiero y concesionarlo lógico, al amigo de Korenfeld que redactó esa ley privatizadora. Es claro que estos grandes intereses cuentan con la asesoría total del ITAM de Alberto Baillères, como se demostró en las concesiones que otorgó y sigue otorgando Peña Nieto del petróleo y de todos los energéticos a los poderes fácticos económicos que hoy le ordenan lo que tiene qué hacer. La reforma hidráulica y la reforma energética van unidas porque tienen enfrente un negocio de miles de millones de dólares que es el franking, porque nosotros tenemos la tercera reserva mundial de ese gas y petróleo a 5000 metros de profundidad y la única forma de extraerlo es, quebrando las rocas con la presión del agua, tan es así que han pensado llevar agua del sureste a Nuevo León y Tamaulipas para hacer este anti-ecológico negocio; así, los E.U. nos han tomado como su conejillo de Indias pues, mientras ellos pueden tomar agua del río Colorado mediante acuerdo, Canadá jamás ha aceptado darle una gota de agua a E.U. porque en Canadá, la sociedad civil apoya a su gobierno para que no ceda a las presiones del imperio yanqui. Nosotros ya construimos un oleoducto para llevar petróleo del sureste hasta Reynosa y ahora ya están proyectando el acueducto del sureste para el negocio del franking. El proyecto Monterrey VI que consiste en desviar el río Pánuco para llevar agua a Monterrey, no era para apagar la sed de los regiomontanos, lo usaron como pretexto ya que esa era para romper las rocas y extraer el gas y esa agua queda contaminada porque se le agregan productos químicos que son un secreto por ser cancerígenos. La privatización del agua es tan anti-social que la ley prevé privatizar el agua de lluvia tal y como la empresa española Abengoa lo intentó en Bolivia, en donde la sociedad civil, encabezada por el entonces diputado Evo Morales, logró sacarla del país y derogar la ley que la privatizaba, hoy Bolivia está creciendo a un 10%, gracias a la defensa de su soberanía hidráulica y energética, mientras que aquí estamos actuando al revés. La privatización del agua está fracasando en los países, estados y municipios en donde se ha hecho, pues es como el empresario cuando obtiene una concesión oficial, piensa solamente en hacer negocio y han existido incrementos hasta del 400% en el precio. En Jalisco, ya se inició la aplicación del incremento al agua en el AMG, como un mensaje a las empresas privatizadoras del agua como lo es Renova Atlatec, S.A. de C.V. que cobra aproximadamente 25 mdp por tratar las aguas. Hay que insistir ante la sociedad civil, los diputados locales y federales, presidentes municipales y regidores de que no la chiflen, que es cantada, ya que al autorizar un incremento al agua en la ley de ingresos municipales, como lo hicieron el año pasado, es hacerle el caldo gordo a estos grandes intereses fácticos del agua, que van a tomar el negocio cuando vean que ya es negocio por el discurso de que, el agua hay qué cobrarla a su costo real, como lo propusieron Dau Flores y César Coll y ¿la corrupción es parte de ese costo real?
Por Guillermo Correa Bárceras
Al campo mexicano le iría mejor sin el TLCAN
Terminó la sexta ronda de negociaciones para actualizar el TLCAN con la incertidumbre plena que provocan los constantes cambios de humor de Donald Trump, que anoche rindió su primer informe como presidente de Estados Unidos. Seguro que siguen sus amenazas de acabar con el acuerdo si a cambio el gobierno de México no paga la construcción de un muro que se levanta para dividir aún más a los dos países. Hay quienes dicen que sin Tratado de Libre Comercio de América del Norte al imperio le iría mal, pero a la nación azteca peor. Habría que ver.
Por lo pronto crecen las voces que consideran lo contrario. Importantes organizaciones relacionadas con el agro, uno de los sectores que más se han beneficiado en cuanto al ramo empresarial y que no deja de presumir la administración que se va, consideran que al campo mexicano le iría mejor sin el TLCAN.
Sus argumentos son contundentes. Por ejemplo, la Unión Regional Agrícola del Norte coincide con muchas otras al señalar que el agro nacional retrocedió en estos 24 años de relación comercial con los productores yanquis y los de Canadá. De hecho nunca se han dado condiciones para competir con ellos. Es más, si los granos como el maíz .sorgo y trigo dejan de estar comprendidos sería lo mejor porque se venderían al precio mexicano y no al internacional que fijan los estadounidenses, porque allá –dijo a Noticentro de Tamaulipas Agustín Hernández Cardona, líder de la URAN—los apapachan con generosos subsidios mientras que aquí el gobierno castiga a los productores con diésel y gasolina carísimos, fertilizantes y semillas igual.
En otras palabras: los costos de producción aquí son muy altos y allá casi regalados. Tan lo sabe el gobierno mexicano que prefiere importar la comida básica y de esta forma impulsar a los agricultores gringos. Lo peor, establece el dirigente tamaulipeco, es que ante las amenazas de Trump se busca ahora acudir a Brasil y Argentina, en lugar de apoyar a la agricultura mexicana.
Tan cierto es lo que se describe que por enésima vez marcharon ayer grupos numerosos de campesinos en recuerdo de que hace 15 años se firmó el Acuerdo Nacional para el Campo. Su presencia se hizo patente por Paseo de la Reforma desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la capital. También en Gobernación y en la sede de la SAGARPA donde se instalaron mesas de diálogo que se repitieron en Economía, SEDATU y SEDESOL. Y como el ANC no se cumplió cabalmente la principal demanda es el rescate del campo tras 24 años de la entrada en vigor del TLCAN.
El rechazo a seguir en el acuerdo comercial se dio incluso antes de que iniciara las pláticas para su modernización. No en nuestro nombre gritaron cientos de organizaciones, ya que ha significado la profundización del fracasado modelo del libre comercio a la vez que se pronunciaron por otra instancia de cooperación y complementación entre los pueblos de Estados Unidos, Canadá y México. Advirtieron que una negociación acelerada del TLCAN impuesta principalmente por Trump es, de parte de México, una claudicación.
Pero los negociadores mexicanos están obsesionados en mantenerlo y aprobar su actualización antes de entrar de lleno en la coyuntura electoral, al grado de que están dispuestos a ceder a cualquier demanda del gobierno de Estados Unidos y de las corporaciones trasnacionales. Desde la visión de los opositores, si se terminara nada cambiaría de la noche a la mañana; habría tiempo para replantear el modelo de relación que México realmente necesita. Lo único que terminaría son los súper-privilegios que actualmente tienen las empresas corporativas multinacionales y aun sin estos privilegios, para ellas seguirá siendo un buen negocio su relación con México y por ello no se irán. Sin el TLCAN, consideran que se quitarían las trabas que impiden regular estas relaciones a fin de que haya más beneficios aquí mientras se va transitando a un modelo económico menos dependiente del exterior.
Argumentan además que la baja aceptación que tiene el gobierno de Enrique Peña Nieto le quita cualquier respaldo a las pláticas que, por si fuera poco, se realizan en secreto. En todo caso exigen que los acuerdos sean públicos y la aprobación final no se realice sin una amplia discusión de todos los sectores de la población, porque a la actual administración solo le ha interesado oír la opinión de los beneficiaros del TLCAN que son unos cuantos grandes empresarios a los que se ha hecho copartícipes de la negociación.
El colmo es que se ha consultado e invitado a estar cerca de la negociación a representantes empresariales extranjeros con inversiones en México que pudieran resultar afectados por los resultados. El excluido principal es el pueblo mexicano y sus organizaciones y también el grueso del empresariado nacional. Y no olvidan que lo pactado en caso de que exista debe ser aprobado por el Senado de la República.
Las organizaciones que firmaron desde hace casi un año la postura que es vigente ante el anuncio del secretario de Economía de que el nuevo TLCAN será firmado a más tardar en marzo próximo llaman la atención de que ello representan un gran peligro para México cuyo gobierno se ha mostrado sumiso y servil.
DESDE EL CENTRO
Gerardo Sánchez García, senador y exdirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) es seguro precandidato del PRI al gobierno de Guanajuato en poder del PAN desde hace u cuarto de siglo. No hay duda de que triunfará como lo ha hecho en toda su carrera política, sobre todo porque sus paisanos están hartos de las administraciones panistas…Por cierto, otro que tiene asegurado el triunfo es Rafael García del Horno que va también por el tricolor hacia la diputación local de Uriangato…Tan duro pega el frío a los capitalinos que hoy no habrá clases en cinco delegaciones. Bien por la SEP…Condenamos lo sucedido a Marco Antonio Sánchez estudiante de la preparatoria 8 a manos de elementos de la policía capitalina, hecho que se suma a miles más de la administración que encabeza Miguel Ángel Mancera…y la carestía galopante, tan real como falsos los informes de Eviel Pérez Magañal, hábil oaxaqueño en eso de aprovechar la pobreza de millones a favor del partido en el gobierno federal-
Por: B. Manuel Villagómez R.
Juan Sandoval Iñiguez, Cardenal emérito de Guadalajara, se ha distinguido por su defensa a la familia y en contra de la desintegración familiar que, por diversas leyes ha promovido el gobierno; así recordamos aquella declaración fuerte que “los ministros están maiceados” a raíz de la promoción que hizo Marcelo Ebrard acerca del matrimonio igualitario, después vendría la legalización para que los grupos, con todo respeto, de la diversidad sexual, adoptaran niños. En 2016 Peña Nieto envió al Congreso la iniciativa para que, a nivel nacional, quede legalizado el matrimonio igualitario, que va en contra de la naturaleza humana y se le pueda llamar unión, asociación o cualquier nombre, porque no es matrimonio para procrear hijos. Afortunadamente la iglesia y la sociedad organizada, lograron que el Congreso frenara esa ley peñanietista. Ahora, el 11 de enero, Peña Nieto acaba de darle otro golpe a la familia, porque presentó el nuevo formato de las actas de nacimiento de los niños y, de acuerdo al documento que el Pbro. José Manuel Suazo Reyes publica en las redes, en la nueva acta de nacimiento ya no aparecen los nombres de la madre, el padre y tampoco el de los abuelos, este es un golpe de Peña Nieto a la familia, porque ahora solo aparece la expresión “datos de filiación”. Esto se dio a conocer a la misma hora en que le aceptó la renuncia a Osorio Chong, quien por cierto fue como Secretario de Gobernación el que obtuvo las 32 firmas del mismo número de gobernadores. En honor a Don Benito Juárez, este acuerdo anti-familiar de Peña Nieto hay que echarlo al pozo, con valor demostremos que este tipo de acuerdos son humillantes para los padres de familia y los abuelos, son medidas para perder la identidad individual, así como están desapareciendo el Estado Nacional Mexicano, porque a diario perdemos la soberanía nacional en todo, la aérea, marítima, territorial, financiera, alimentaria, religiosa; están acabando con nuestros valores morales, familiares y ahora, con actas de nacimiento sin ningún valor, porque el valor de este documento se lo da la información que contiene. Peña Nieto se va el 1 de diciembre y desde ahora turnemos la defensa por lo más sagrado que tenemos, que son los niños, a los diputados federales, locales así como a los senadores solicitando que ese acuerdo no se aplique, a los padres de familia que rechacen ese formato virtual de acta, a las autoridades que en los trámites no acepten ese documento por faltarle información. El sistema neoliberal está obligando a los gobernantes a cambiar hasta estos documentos. Esperamos que los candidatos se opongan a estos cambios en el documento base de los niños, porque ahora Peña Nieto quiere niños sin madre, ni padre ¿quién le pidió esa insensatez?, tenemos que aceptar que el nuevo orden mundial tiene adeptos como es el Señor de Los Pinos, que están obedeciendo sus órdenes con cambios legales que tienen el objetivo de acabar con la identidad familiar como principio y fin y, al final, tener un solo gobierno como lo expresó George Bush padre, que un día los E.U. sea el único país que gobierne al mundo. Todo un sueño guajiro pero hay quienes están en esta línea anti-humana, anti-religiosa y anti-nacional.
POR GUILLERMO CORREA BÁRCENAS
Hace años que los bosques de México tienen olor a muerte. Por su envidiable riqueza, conocido como el “oro verde”, desde hace años el botín de empresas trasnacionales, de políticos y de tala montes que forman parte del crimen organizado. Todos se han ensañado contra los indígenas, auténticos dueños de lo que también se conoce como los pulmones del país que cada vez son menos.
Guadalupe Campanur Tapia, purépecha de Cherán, Michoacán, fue asesinada y su cuerpo encontrado la semana pasada. El Congreso Nacional Indígena la recuerda como una incansable defensora de los recursos naturales y su territorio comunal. Responsabilizó de la muerte al mal gobierno, porque sin la descarada corrupción y complicidad con los cárteles de la delincuencia organizada la compañera Lupita seguiría entre los suyos, defendiendo lo colectivo por encima de todo.
El Consejo Indígena de Gobierno demandó justicia y denunció el despojo permanente que han padecido los pueblos nativos del país. Hay que tomar en cuenta que del total de los asesinatos a ecologistas en todo el mundo, 185 en 2015, un 66 por ciento se dio en América Latina y que 33 de ellos fueron en México.
Un año antes le tocó a Isidro Baldenegro, igual que en 1986 sucedió con su padre. A balazos, por su lucha en preservar la tierras ancestrales de su comunidad tarahumara, situada en el vasto territorio del estado de Chihuahua. Sus compañeros recuerdan que el defensor de los bosques había optado por esconderse en una lejana casa de la sierra ante las múltiples amenazas de muerte recibidas. En 1985, Baldenegro fue reconocido con el Premio Goldman, presea mundial que se entrega a líderes ecologistas. Su actividad ambientalista se conocía sobre todo en el Continente por su lucha contra los madereros que ansían acabar con los bosques de pino y roble de la Sierra Madre Occidental que atraviesa el territorio chihuahuense. Así ha pasado con otros indígenas de Chiapas, Quintana Roo, Campeche, Oaxaca, Guerrero, Estado de México, la zona rural de la capital de la República, Durango y muchas entidades más.
Otros han caído presos. El caso de Idelfonso Zamora que estuvo encarcelado nueve meses fue detallado en su momento por Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Greenpeace. En junio de 2016 el defensor indígena ambientalista obtuvo un amparo tras casi un año de haber estado recluido. El líder indígena tlahuica ha luchado por años contra la tala ilegal en el Estado de México. Otros presos de conciencia deben encontrar también su libertad.
Con estos antecedentes lo que no tiene nombre es el crimen que cometieron sigilosamente nuestros flamantes legisladores en el último trimestre del año pasado. Las notas periodísticas del 27 de septiembre relataron cómo en tan sólo 12 minutos, aprovechando la desgracia de los sismos de una semana anterior, senadores del PRI y del PVEM –institutos enfrentados hoy por la disputa del gobierno de Chiapas– integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales aprobaron los dictámenes de la Ley General de Biodiversidad y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, pese a las protestas en contra de organizaciones campesinas, indígenas, ambientalistas y hasta científicos.
La iniciativa original fue del Partido Verde Ecologista de México, particularmente de la diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso, aunque en realidad el partido aliado del PRI responde a los intereses poderosos del Grupo Salinas. El señalamiento es de la organización internacional Greenpeace, la mayor ambientalista del mundo que el 19 de diciembre de 2017 manifestó su preocupación junto con organizaciones de la Sociedad Civil que acusaron directamente a la senadora Ninfa Salinas del PVEM, directiva del corporativo mencionado.
En un escrito firmado por organismos y personas se detalló que dicha aprobación se llevó a cabo de manera sorpresiva y sin la amplia consulta exigida por la sociedad, tal como lo mandatan los estándares de derechos humanos.
En el documento se narró entonces que la iniciativa fue presentada originalmente para ser aprobada de forma expedita en el marco de la COP13 del Convenio sobre Diversidad Biológica en diciembre de 2016 en Cancún. Sin embargo, dadas sus deficiencias fue frenada en aquel momento. El dictamen actual fue negociado sin una discusión abierta y aprobado en el Senado el 14 de diciembre con 89 votos, para ser enviado a la Cámara de Diputados.
La aprobación de la nueva propuesta de Ley se llevó a cabo sin la consulta de un sector amplio y representativo de la sociedad civil y sin el aporte de quienes se verán afectados por su aplicación, principalmente las comunidades y los pueblos indígenas. De esta manera se vulneran los derechos a la consulta previa y al consentimiento libre e informado establecidos en el Convenio 169 de la OIT.
Además de la forma en que fue aprobada, las organizaciones y personas firmantes también expresaron su condena en torno a varios puntos críticos incluidos en la Ley propuesta, como la escasa protección de los recursos genéticos y su mercantilización, que podría agudizar conflictos asociados al acceso y reparto de beneficios a comunidades locales o pueblos indígenas; la falta de claridad en materia de consulta y participación ciudadana, pues los espacios que se proponen en este sentido están mal diseñados y no cumplen la función de ser mecanismos reales de deliberación; y el que en sus artículos transitorios se establecen excepciones que abren la posibilidad al uso comercial de mamíferos marinos. No sólo eso. En el escrito se acusó que no se establece la prohibición de actividades de alto impacto, como la minería y la generación eléctrica, en áreas naturales protegidas, con lo que la nueva Ley en lugar de proteger a la biodiversidad protege los intereses de sus proponentes.
Ante eso, las organizaciones y personas firmantes exigieron la discusión de la que todavía era una propuesta y que el Congreso de la Unión cumpliera con el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa y al consentimiento libre e informado de la medida legislativa.
¿Saben cuándo se cumplió con esto?
DESDE EL CENTRO
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