La falta de respuestas por parte de las autoridades en la búsqueda de los desaparecidos, hacen sentir a sus familiares ignorados.
La manifestación recorrió la avenida Francisco I. Madero de la cabecera municipal, desde el Campo Municipal de Chapala hasta la parroquia de San Francisco de Asís. Foto: Jazmín Stengel.
Jazmín Stengel.- El colectivo “Guerreras de Chapala”, organización que busca a sus familiares desaparecidos, sigue siendo ignorado por las autoridades en un municipio que supera los 300 desaparecidos desde el 2018 y cuenta con más de 25 carpetas de investigación abiertas en Fiscalía, además de nueve quejas presentadas ante la Defensoría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ).
«Hemos pedido que se humanicen con nosotros, no nos interesa quiénes fueron, sino dónde quedaron», exclamó Silvia Alejandra Selis González, líder del colectivo Guerreras de Chapala, durante su última marcha pacífica realizada el pasado sábado 18 de diciembre en la que participaron alrededor de 30 personas.
Al respecto, durante la conferencia con alegoría al Día Internacional de los Derechos Humanos, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco (CEDHJ), Alfonso Hernández Barrón, señaló: «Nos hace falta un Centro de Identificación humana como el que ya está en Coahuila. La cantidad de personas es extraordinaria, requiere un programa emergente, amplio, que ayude a que las familias no sufran la sobre victimización. Porque, por una parte, les desaparecen a sus hijas y a sus hijos, y luego cuando los encuentran y están en las instituciones se los vuelven a desaparecer dos o tres años, es una constante de la falta de oportunidad en los dictámenes periciales».
Ejemplo de ello son las más de 25 carpetas de investigación que se tienen abiertas en la Fiscalía Regional (V Distrito) de Chapala, aún sin respuestas, según aseguró Selis González. «La Fiscalía Chapala no ha servido de nada, ni ha sido tan útil como se pretendía», se quejó la entrevistada.
La organizadora comentó que esperó un año y medio para recibir los restos de su hijo, por fin, en mayo de 2021 le fueron entregados; tras haber sido localizado por el colectivo. Mientras que el cuerpo de su esposo aún sigue en el proceso de identificación por ADN, y 18 de los otros 25 casos están en la misma situación, indicó.
«En Jalisco se ha visibilizado más porque se están buscando y encontrando muchas fosas clandestinas, y esto ha presentado un reto para los servicios forenses que no tienen las capacidades suficientes para identificar y hacer los expedientes básicos de las personas», aclaró el presidente de la CEDHJ, Hernández Barrón.
El número de los desaparecidos en el municipio se calcula sea mucho mayor, ya que en muchos de los casos la gente no denuncian debido al miedo de estar bajo amenaza. «Han sido golpeados dentro de sus casas», y es por eso que muchos continúan en el anonimato, pero no dejan de buscar a sus familiares, dijo Silvia Selis quien apoya algunos de estos casos.
En este sentido, las autoridades de la pasada administración 2018-2021, también hicieron caso omiso a las denuncias sobre amenazas a familiares directos de los desaparecidos ya que, «se ha hecho el reporte y la policía siempre llega al último». Razón por la que el colectivo “Guerreras de Chapala” ha optado por levantar nueve quejas individuales ante la CEDHJ exigiendo respuestas.
Debido a que, «todos los casos tienen como común la inconformidad de las víctimas en contra de la institución del Ministerio Público y sus representantes, agentes y policías investigadores, así como del personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), pues denuncian diversas irregularidades que han impedido localizar a las personas desaparecidas; o en su caso, los familiares de las que han sido localizadas sin vida en fosas clandestinas y segmentados», según el boletín de prensa número 99/21 del 15 de septiembre del 2021.
En el mismo comunicado, la CEDHJ emitió varias observaciones entre las que destacan: «Una multiplicidad de violaciones de derechos humanos, entre ellos a la integridad, seguridad y libertad personal, a la vida, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la legalidad y seguridad jurídica por parte de agentes del Ministerio Público, policías investigadores de la Fiscalía del Estado (FE) y del personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCFJ) que no cumplieron con los principios, procedimientos y protocolos que dictan los estándares legales y que de forma concurrente tienen la obligación de atender y garantizar”.
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