Jalisco

Templo la Iglesia del Dios Vivo Columna y Apoyo de la Verdad La Luz del Mundo. Foto: Wikipedia.

Redacción.- El Gobierno de Jalisco ha declarado como patrimonio cultural al templo la Iglesia del Dios Vivo Columna y Apoyo de la Verdad La Luz del Mundo, ubicado en Guadalajara a pesar de que su líder actual, Naasón Merarí Joaquín García, cumple una condena por delitos de abuso sexual contra menores, lo cual ha generado controversia. 

Este reconocimiento, anunciado por la Secretaría de Cultura del estado, busca preservar la arquitectura y el legado histórico de este emblemático edificio, que es considerado el templo más grande de América Latina con capacidad para albergar a 15 mil personas sentadas.

Sin embargo, la declaración ha generado controversia debido a los antecedentes legales de su líder, quien cumple una condena de más de 16 años en una prisión de California, Estados Unidos, por delitos de abuso sexual. 

Este hecho ha provocado críticas hacia el reconocimiento otorgado, aunque las autoridades han enfatizado que la decisión se centra en el valor arquitectónico y cultural del templo, y no en los aspectos legales de sus líderes.

A pesar de la polémica, el templo sigue siendo un punto de referencia para miles de fieles y visitantes, quienes destacan su importancia como símbolo de fe y comunidad. Este reconocimiento busca garantizar la preservación del edificio para las futuras generaciones, destacando su relevancia en el panorama cultural de Jalisco.

La Iglesia de La Luz del Mundo, fundada en 1926 por Aarón Joaquín González, es una organización religiosa de origen mexicano con presencia en más de 50 países. Su sede principal, con su diseño elíptico y estructura piramidal de 83 metros de altura, se ha convertido en un ícono arquitectónico y cultural de la región.

La iglesia, ubicada en la ciudad de Guadalajara, es la sede internacional de la organización, está registrada ante la Secretaría de Gobernación con la clave SGAR 7 y se construyó entre 1983 y 1991 con los aportes económicos de sus miembros. Los miembros acuden desde todo el mundo cada 14 de agosto para celebrar la Santa Cena.

Este reconocimiento se suma a una lista de más de 40 inmuebles que forman parte del inventario estatal de patrimonio cultural.

Este martes, el fiscal general Alejandro Gertz informó que finalmente han tomado el control del caso durante la conferencia mañanera. Foto: Captura de pantalla.

Redacción.- El Rancho Izaguirre, señalado como un sitio utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para llevar a cabo secuestros, torturas y asesinatos en Teuchitlán, se ha convertido en el epicentro de una confrontación política entre fiscalías. Mientras las autoridades se deslindan responsabilidades, la investigación permanece estancada.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el lunes que no ofrecería más detalles sobre el caso hasta que la Fiscalía General de la República (FGR) asumiera la indagatoria. Este martes, el fiscal general Alejandro Gertz informó que finalmente han tomado el control del caso, tras una semana de disputas burocráticas y acusaciones cruzadas con el Ministerio Público de Jalisco.

Desde septiembre de 2024, tras un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y sicarios en el rancho, la Fiscalía de Jalisco había encabezado las investigaciones. Sin embargo, la carpeta fue entregada a la FGR el 20 de marzo de 2025, quedando en un limbo mientras se decidía si se atraería oficialmente el caso.

Negligencias e inacción en el Rancho Izaguirre

El rancho, descrito por buscadores y forenses como un “centro de exterminio”, muestra evidencia alarmante: restos calcinados y ropa abandonada. A pesar de la gravedad del hallazgo, las autoridades han sido criticadas por la falta de peritajes oportunos y por un aparente abandono del sitio durante meses.

Mientras tanto, la FGR anunció que su investigación abordará el crimen de delincuencia organizada, algo que excede las competencias de las fiscalías estatales. No obstante, se han señalado omisiones por parte de ambas instituciones. Testimonios de colectivos de búsqueda y antiguos funcionarios subrayan que los indicios debieron haber sido procesados desde septiembre, para evitar la contaminación de pruebas cruciales.

Implicaciones políticas y sociales

La gestión del caso ha evidenciado tensiones políticas entre los gobiernos estatal y federal, especialmente en un contexto donde la crisis de desapariciones en México supera las 125,000 personas, de las cuales Jalisco lidera con más de 15 mil casos. A pesar de las promesas de priorizar el caso, la respuesta ha sido lenta y ha alimentado la frustración de los familiares de víctimas, quienes exigen justicia y transparencia.

Con el control del caso en manos de la FGR, queda por verse si la investigación avanzará de manera más diligente o si continuará enfrentando obstáculos burocráticos y políticos.

El secretario de Seguridad Omar García Harfuch, durante la conferencia mañanera del lunes 24 de marzo. Foto: Captura de Pantalla.

Redacción.- El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha confirmado que el Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, fue utilizado como un centro de reclutamiento forzado, tortura y asesinatos, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este rancho, que operaba como un campo de entrenamiento y exterminio, ha sido el centro de una investigación que ha sacudido a la sociedad mexicana.

Según las declaraciones de Harfuch durante la conferencia mañanera de este lunes, las víctimas eran atraídas mediante ofertas laborales falsas publicadas en redes sociales y páginas web de las cuales ya se han anulado 39. 

Estas promesas de empleo, que ofrecían salarios atractivos, resultaban ser una trampa para llevar a las personas al rancho, donde eran sometidas a un entrenamiento forzado. Durante este proceso, las víctimas eran incomunicadas y en muchos casos, torturadas. Aquellos que intentaban escapar o se resistían al adoctrinamiento eran asesinados.

La información del caso se confirmó luego de la detención y declaraciones de José Gregorio «N», alias «El Lastra», identificado como uno de los principales responsables del reclutamiento y las operaciones en el rancho. 

Su captura, acontecida el 21 de marzo en la ciudad de México, ha permitido a las autoridades obtener información crucial sobre las actividades del CJNG en esta región. Además, se han encontrado restos humanos, prendas de vestir y otros objetos personales en el lugar, lo que confirma la magnitud de los crímenes cometidos.

A pesar de las declaraciones del capturado y las evidencias encontradas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha tratado de evitar el concepto “campo de exterminio” que la prensa nacional ha difundido, argumentando la falta de evidencias científicas que la Fiscalía General de la República (FGR) aún no ha recabado para que se corroboren los hechos acontecidos en dicho predio.

El secretario también destacó las omisiones en las investigaciones iniciales realizadas por las autoridades estatales. Estas fallas han llevado a que la FGR asuma el caso, con el objetivo de garantizar una investigación exhaustiva y transparente, sin embargo; el caso y el predio aún está en manos de la Fiscalía de Jalisco, según declaraciones de Sheinbaum Pardo. 

Por otra parte, la sociedad civil y los colectivos de búsqueda han sido invitados a participar en el proceso, promoviendo la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas.

Este caso ha reavivado el debate sobre la crisis de desapariciones en México y la necesidad de una respuesta coordinada entre los diferentes niveles de gobierno. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, ha enfatizado el compromiso de su administración para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

No obstante, la confirmación del secretario de Seguridad subraya la urgencia de abordar la violencia y la impunidad que afectan a la región, mientras las familias de las víctimas exigen justicia y el fin de estas prácticas atroces.

Seiji Núñez Quirarte y Octavio García Muciño. Foto: Cortesía.

Redacción.- Empresarios de diversos sectores, como el aguacatero, el tequilero y el de maquila, expresaron su preocupación por las posibles consecuencias de la imposición de un arancel del 25% a las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos, una medida anunciada por el presidente Donald Trump. 

La discusión tuvo lugar en el panel “Reacciones empresariales ante aranceles”, organizado por la Escuela de Negocios ITESO, moderado por la académica Carol Salcedo en el ágora de la Biblioteca Dr. Jorge Villalobos Padilla, SJ.

Aunque la implementación de los aranceles fue pospuesta hasta el 2 de abril, la incertidumbre ya ha causado estragos. Según Seiji Núñez Quirarte, especialista en maquila, algunos embarques hacia EE. UU. están detenidos y las empresas acumulan inventarios, lo que incrementa los costos de almacenaje. Núñez advirtió que, si la medida se concreta, se desatará un efecto dominó que impactará sectores como el transporte y los servicios.

El sector aguacatero enfrenta una parálisis productiva. Roberto Herrera Moreno, de la empacadora Avocali, explicó que el 80% de los empacadores de la APEAM detuvieron operaciones debido a la incertidumbre. México es el principal proveedor de aguacates a EE. UU., con el 88% de su consumo proveniente de Michoacán y Jalisco, exportando hasta 25 mil toneladas semanales. Una reducción de exportaciones podría llegar al 30%, afectando tanto a productores como a consumidores estadounidenses.

En el ámbito tequilero, el impacto sería igualmente devastador. Octavio García Muciño, del Consejo Regulador del Tequila, señaló que el 84% del tequila exportado se destina a EE. UU., lo que representaría un costo adicional de más de 836 millones de dólares si los aranceles se aplicarán. Con una producción ya disminuida en un 21% este año, muchas empresas micro y medianas se encuentran sin recursos para mitigar los efectos de esta posible crisis.

Los panelistas concluyeron que, ante este panorama, resulta crucial diversificar mercados, desarrollar la proveeduría nacional y fortalecer las cadenas de suministro, pero reconocieron que estas soluciones requieren tiempo y recursos que muchas empresas no tienen.

El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero durante la conferencia de prensa del 19 de septiembre. Foto: Captura de pantalla.

Redacción.- El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, ha señalado una serie de omisiones graves por parte de la Fiscalía de Jalisco en la investigación del caso del Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco. Este lugar ha sido objeto de atención nacional tras el hallazgo de presuntos campos de exterminio el pasado 5 de marzo.

Entre las irregularidades destacadas, Gertz Manero mencionó que no se realizó una inspección exhaustiva del inmueble ni se identificaron adecuadamente las huellas dactilares encontradas en el sitio. Además, los vehículos incautados no fueron procesados correctamente, y tres de ellos ya han sido reportados como robados. También se criticó la falta de análisis físicos y químicos que pudieran confirmar la existencia de crematorios clandestinos en el lugar.

El fiscal subrayó que, seis meses después del hallazgo de restos humanos, aún no se cuenta con un dictamen pericial definitivo que determine la antigüedad e identidad de los mismos. Además, señaló que no se investigaron los posibles vínculos entre autoridades locales y cárteles delictivos que operan en la región. Declaraciones de víctimas y testigos, que podrían haber sido clave, tampoco fueron integradas adecuadamente en las carpetas de investigación.

Otra de las críticas fue el abandono del inmueble tras las primeras diligencias ministeriales, lo que permitió su posible alteración. Además, no se tomaron declaraciones inmediatas de funcionarios locales clave, como el presidente municipal y el titular de seguridad pública de Teuchitlán.

Ante este panorama, Gertz Manero anunció que la Fiscalía General de la República (FGR) asumirá la investigación de los delitos federales relacionados con el caso. Además, exigió a las autoridades de Jalisco la entrega inmediata de los peritajes definitivos y toda la documentación pertinente.

El caso del Rancho Izaguirre ha generado conmoción en México, no sólo por la gravedad de los hallazgos, sino también por las fallas en el manejo de la investigación. La FGR ha reiterado su compromiso de esclarecer los hechos y garantizar justicia para las víctimas.

María Fernanda Morales Luvián y Juan Jaime López Sáenz, de la Preparatoria de Jocotepec, al lado de su asesor, Paulino García Ramírez. Fotografía: Cortesía SEMS.

Redacción.- Estudiantes de las preparatorias de Jocotepec y la Preparatoria 14 de la Universidad de Guadalajara (UdeG) destacaron al obtener medallas de oro y bronce, respectivamente, en el certamen internacional Infomatrix Sudamérica 2025, llevado a cabo en Quito, Ecuador, gracias a sus proyectos innovadores en ciencia y tecnología.

María Fernanda Morales Luvián y Juan Jaime López Sáenz, de la Preparatoria Regional de Jocotepec, junto con su asesor, Paulino García Ramírez, se llevaron la medalla de oro en la categoría de Ciencia Aplicada con su proyecto titulado “De Bernoulli a Venturi”. A través de experimentos prácticos, lograron explicar el principio de Bernoulli y conectar conceptos teóricos y prácticos mediante ecuaciones innovadoras. Su trabajo compitió contra más de 40 equipos y destacó por su creatividad y precisión.

Por otro lado, Ana Camila López Gómez y Kelly Ximena Verdín Martínez, de la Preparatoria 14, fueron reconocidas con la medalla de bronce por su proyecto “Sunergy”, una máquina de riego impulsada por energía solar, diseñada para ser una solución eficiente en áreas rurales o de difícil acceso a electricidad. Asesoradas por la maestra Yessica Zizumbo Macías, las estudiantes implementaron tecnología que optimiza el riego con beneficios ambientales y económicos.

Infomatrix es un evento que reúne a jóvenes de toda Latinoamérica para exponer proyectos científicos y tecnológicos enfocados en la innovación y el emprendimiento. Según el maestro Paulino García Ramírez, esta competencia fomenta no solo el desarrollo académico de los estudiantes, sino también sus habilidades de comunicación al defender sus proyectos ante jurados internacionales.

Pese a que  las playas permanecían con bandera roja los masculinos se metieron a nadar. Foto: Cortesía. 

Redacción.- El domingo 16 de marzo se reportaron dos ahogados, uno de Chapala y otro de Guadalajara, en playas de Puerto Vallarta, en diferentes hechos.

Un hombre de 46 años con domicilio en Chapala  murió ahogado en la playa de Punta Negra alrededor de las 14:50 horas del 16 de marzo, informó Protección Civil Jalisco.

El incidente fue atendido por Protección Civil municipal, quienes le brindaron RCP sin éxito.

Dos horas más tarde, la dependencia también informó de otro masculino de 56 años originario de Guadalajara, quien también murió ahogado por inmersión, en playa Esmeralda. Recibió servicios de RCP por 25 minutos sin éxito. 

La dependencia señaló que todas las playas permanecían con bandera roja desde el inicio de la jornada del domingo, lo que significa que hay peligro debido a la marea, oleaje u otro factor, pero las advertencias fueron ignoradas por los bañistas.

El incidente fue atendido por Protección Civil municipal, quienes le brindaron RCP sin éxito a una de las víctimas.

Uno de los carros del ejército baleado durante la emboscada por un grupo criminal. Foto: Fiscalía de Jalisco.

Redacción.- La violencia volvió a sacudir los estados de Jalisco y Michoacán el domingo 16 de marzo, cuando una serie de ataques coordinados dejó un saldo de ocho muertos y varios heridos. Los enfrentamientos, atribuidos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), marcaron una jornada de caos y tensión en la región.

Los ataques comenzaron en Jalisco, en el municipio de La Barca, donde elementos de la Guardia Nacional fueron emboscados por comandos armados. Este primer enfrentamiento resultó en la muerte de dos oficiales y dejó varios heridos. Posteriormente, la violencia se extendió hacia Michoacán, específicamente en el municipio de Chilchota, donde tres soldados del Ejército Mexicano perdieron la vida tras ser atacados mientras reparaban su vehículo, que había sido inmovilizado por artefactos ponchallantas colocados por los agresores.

Además de las emboscadas, los criminales bloquearon carreteras clave en ambos estados, incendiando vehículos para obstaculizar el tránsito y dificultar la llegada de refuerzos. Municipios como Zamora, La Piedad y Yurécuaro fueron escenario de estos bloqueos, que paralizaron la región durante horas.

Las autoridades locales y federales respondieron con un operativo interinstitucional que incluyó a la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán. Durante estas acciones, se logró la detención de cuatro presuntos responsables, quienes portaban chalecos tácticos con insignias del CJNG.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que estos actos de violencia podrían estar relacionados con la reciente liberación de un líder criminal conocido como «El Chuy» o «La Hamburguesa», quien habría orquestado los ataques como represalia por su detención previa.

La jornada dejó un saldo oficial de ocho muertos: seis militares y dos elementos de la Guardia Nacional. Además, se reportaron al menos cinco heridos, entre ellos oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Mientras las autoridades trabajan para restablecer el orden y garantizar la seguridad en la región, la población permanece en alerta, temiendo nuevos episodios de violencia.

En total fueron 6 agresiones en distintos municipios de Michoacán 

1.-Yurecuaro

2.- Tanhuato

3.- Tangamandapio 

4.- Chilchota

5.- Chavinda

6.- La piedad

La clausura de los trabajos fue efectuada el 23 de enero por la PROFEPA. Foto: PROFEPA.

Redacción.- El Congreso del Estado aprobó una solicitud dirigida a las procuradurías Estatal (Proepa) y Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a la Comisión Estatal del Agua (CEA) y al Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Jocotepec, para que investiguen los daños ocasionados por el tiradero de escombro en el Lago de Chapala, a la altura de San Juan Cosalá, clausurado el 23 de enero.

El alcalde de Jocotepec, Hugo García, del partido Futuro, fue señalado como responsable del daño ambiental. A pesar de pertenecer al mismo partido político, la coordinadora parlamentaria de Futuro, Tonantzin Cárdenas, junto con su compañera Mariana Casillas, votaron a favor de la solicitud, argumentando congruencia con los principios de su partido.

“Que quede bien claro que desde esta fuerza política siempre hemos estado a favor de la verdad, la justicia, la protección de los derechos humanos y ambientales. Por eso, como desde hace un mes, hoy nos pronunciamos a favor de que las autoridades municipales, estatales y federales en materia medioambiental realicen las investigaciones necesarias para identificar responsables e imponer las sanciones correspondientes sobre cualquier ente responsable de las afectaciones del lago de Chapala que generaron las obras que comenzaron en 2019 en el malecón de San Juan Cosalá”, declaró Cárdenas.

La legisladora también recordó que en 2021 se reportó una de las peores descargas de aguas negras al lago en la delegación de San Juan Cosalá, debido a la falta de mantenimiento de una planta de tratamiento de la CEA. A pesar de que se declararon áreas naturales protegidas en los cerros del norte del lago y parte del anillo verde, estas zonas carecen de personal, consejos de gestión y presupuesto asignado.

El Congreso solicitó a las autoridades involucradas que informen sobre las sanciones aplicadas a los responsables de los daños al lecho del lago de Chapala.

Antonio Cruces Mada, exsecretario de Salud del estado. Foto: Cortesía.

Redacción. – El Tribunal de Enjuiciamiento de Jalisco ratificó la sentencia de nueve años de prisión contra Antonio Cruces Mada, exsecretario de Salud del estado, por los delitos de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades. Este fallo reafirma la condena inicial dictada en octubre de 2022, tras un largo proceso judicial que incluyó la reposición del juicio debido a recursos legales interpuestos por la defensa del exfuncionario.

La investigación, liderada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, reveló que Cruces Mada autorizó la compra irregular de equipos de videovigilancia para hospitales y firmó contratos de servicios hospitalarios con recursos públicos. Estas acciones resultaron en un daño económico significativo al erario público3.

Además de la pena de prisión, el tribunal impuso una multa de 21,931 pesos y ordenó el pago de 5,746,397 pesos como reparación del daño. También se dictaminó la inhabilitación de Cruces Mada para ocupar cargos públicos durante seis años.

El caso se remonta a febrero de 2020, cuando el exsecretario fue vinculado a proceso. A pesar de los esfuerzos de su defensa por anular la condena, el tribunal consideró que las pruebas presentadas eran contundentes y ratificó la sentencia original. Los años que Cruces Mada ha pasado en prisión serán tomados en cuenta para el cumplimiento de su condena.

Este fallo marca un precedente importante en la lucha contra la corrupción en Jalisco, destacando el compromiso de las autoridades por combatir la impunidad y garantizar la transparencia en la gestión pública. La Fiscalía Anticorrupción calificó la resolución como una victoria significativa en su labor.

Aunque la defensa de Cruces Mada aún podría interponer nuevos recursos legales, el proceso judicial parece haber llegado a su conclusión. La sociedad y las instituciones estarán atentas a cualquier intento de revertir la decisión, mientras el exsecretario cumple su condena en prisión.