Seis meses con AMLO. Recuento de daños.
Por: Santiago Baeza.
A poco más de seis meses de haber tomado posesión como presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, quien por cierto goza aún de altísimos índices de aprobación, se ha dado el lujo de derrochar simpatías debido a su protagonismo desmedido, sus errores pocas veces remendados, su necedad, sus verdades a medias, sus mentiras, sus dobles agendas y sus pobres resultados.
La lista de atrocidades y aberraciones legales y políticas de AMLO, su gabinete y sus bloques parlamentarios es tan larga, que por razones de espacio tan solo enumeraré las que a mi juicio son las más escandalosas.
En materia económica, este nuevo gobierno comenzó con el pie izquierdo al cancelar, contra toda lógica, la construcción ya en proceso del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, capricho que costó a los mexicanos nada más doscientos setenta mil millones de pesos, recurso que será solventado por nosotros y nuestra descendencia, a través de un nuevo FOBAPROA.
Además, tomó la decisión inverosímil de eliminar el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, acción que provocó que en tan solo tres meses, México brincara del puesto número seis al puesto número siete del ranking mundial. Esto muy a pesar de que este sector es uno de los que más aportan a la economía del país (Solo detrás de las remesas).
Por si fuera poco, la política anacrónica e ideologizada de AMLO con respecto al sector energético pone en riesgo la inversión de capitales privados, incluye la imposición de refinerías caras y poco viables según los expertos, además de una inyección millonaria de recursos para el “rescate” de un obsoleto PEMEX.
Todo lo anterior ha puesto en aprietos al Banco de México y en riesgo la economía del país. El resultado es una caída de los bonos de la paraestatal petrolera según las calificadoras de valores más prestigiosas del mundo y la posibilidad de que el peso mexicano también sea calificado a la baja.
En materia política, destaca su afán por controlarlo todo desde su escritorio, al grado de ahogar en todos los sentidos, sobre todo financieramente, cualquier órgano de gobierno independiente a su poder unipersonal, comenzando por el poder judicial y siguiendo por las instituciones autónomas, las cuales al parecer le producen urticaria: el Instituto Nacional Electoral, el Consejo Regulador Energético, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, así como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, figuran entre sus principales víctimas.
En el tema educativo las cosas no pintan mejor. su impresentable alianza con los sectores más corruptos y reaccionarios de este sector derivará en la cancelación de la denominada reforma educativa, por lo que se prevé la eliminación de la evaluación docente y el retorno de prácticas patrimonialistas por parte de los sindicatos de profesores. Esto sin contar con la creación de cien universidades “gansito” en las que no habrá examen de admisión y se podrán estudiar carreras tan necesarias para la comunidad como lo es la licenciatura en béisbol, mientras se acota el presupuesto y la autonomía de las universidades públicas existentes.
A pesar de sus promesas de campaña, los índices de inseguridad pública, lejos de invertirse o por lo menos detenerse, siguen aumentando hasta llevarnos a récords históricos. Símplemente en la Ciudad de México, donde la presencia del crimen organizado se había logrado contener, en el primer trimestre de este año el delito de secuestro creció un quinientos cincuenta por ciento y la extorsión un ciento veintisiete. El resto del país está por el estilo. Mientras, López Obrador nos pide paciencia (¿!).
El cambio de leyes para imponer funcionarios que no reúnen requisitos pero que son afines, como es el caso de Paco Ignacio Taibo II y Ana Gabriela Guevara; los despidos masivos, injustificados y sin indemnización en el SAT y el IMSS; el hostigamiento y hasta persecución política y hacendaria a la prensa crítica; el clientelismo electoral que se avecina a través de dádivas; el desabasto de gasolina que no fue derivado de una supuesta lucha contra el “guachicol”, sino producto de malas decisiones tomadas por funcionarios sin experiencia y que derivó en la muy lamentable explosión de Tlahuelilpan; la militarización de las fuerzas públicas del país; la cancelación de los programas de estancias infantiles, refugios para mujeres víctimas de violencia y para la detección del cáncer cérvico-uterino; las consultas amañadas e ilegales; los constantes aumentos de la gasolina y el diesel; la inminente construcción de obras faraónicas sin contar con mínimos estudios de impacto ambiental o de otro tipo; y en fin…
Las últimas encuestas, independientemente de las diferencias que marcan sus números, todas coinciden en una caída en la percepción de este gobierno, en un aproximado del diez por ciento en estos seis meses de gobierno. Un porcentaje que a mi me parece discreto, tomando en cuenta la capacidad que tiene este gobierno para autosabotearse.
Estos índices de aprobación todavía les dan para ganar holgadamente elecciones, y eso lo acabamos de constatar en estados como Puebla y Baja California. Sin embargo, ya no tienen los números con los que contaron en la pasada elección federal. Mientras, el presidente insiste en salir todos los días a su tradicional conferencia “mañanera” a confrontar, a dividir y a distorsionar la realidad con el argumento de que él tiene “otros datos”. Veamos con cuánto margen de aprobación llega a la elección intermedia de 2021.
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