Ambas se encuentran incorporadas al Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación
La ejidal de Santa Cruz de la Soledad. Foto: Archivo.
Manuel Jacobo (Santa Cruz de la Soledad).- Mediante redes sociales, se compartió información que, avalada por su asesor legal, Pedro León Corrales, en la que se señalaba que “por segunda ocasión pretenden secuestrar y desaparecer a las compañeras Martha Rodríguez y María de Jesús, su hija. Previas amenazadas telefónica, los dos últimos días en un vehículo a las afueras de su casa en Santa Cruz de la Soledad” (sic), los actos se realizaron el día 30 de mayo a las diez de la noche.
Al intentar contactar a las afectadas, no se tuvo éxito. Sin embargo, el día 1 de junio convocaron a rueda de prensa en la ciudad de Guadalajara en la que señalaban los motivos: “Amenazas contra la vida e integridad de los defensores del territorio de Santa Cruz de la Soledad”.
Después de que ofrecieran la rueda de prensa, hicieron llegar un boletín en el que señalaban que los representantes y apoderados legales “del Ejido de Santa Cruz de la Soledad han sufrido una estrategia sistemática de amenazas y daños que se ha reforzado por diversas acciones en los últimos días de mayo, a través, de la intervención de personas desconocidas. Esto debido a la defensa de sus derechos humanos sobre su territorio reconocido, y que constituye propiedad colectiva de esa comunidad”, señaló.
En dicho documento se menciona que esto se ha derivado de un proyecto/negocio de desarrollo habitacional y turístico sobre 160 hectáreas de sus tierras. También señalan que están involucradas distintas autoridades de los tres niveles de gobierno entre las que se encuentra el presidente municipal de Chapala e instituciones.
La primera señalada fue la Delegación en Jalisco de la Procuraduría Agraria. En segundo lugar, la Delegación en Jalisco del Registro Agrario Nacional. En tercer lugar, Gobierno del Estado de Jalisco, a través, de la Dirección General de Asuntos Agrarios y su Titular Mario Vladimir Avilés Márquez, así como, La Fiscalía del Estado y su titular Jesús Eduardo Almaguer Ramírez. En cuarto lugar se señaló al Ayuntamiento Municipal de Chapala, siendo las que intervienen directamente las autoridades del Ayuntamiento de Chapala, entre ellos el Presidente Municipal Javier Degollado González, Subcontralor Carlos Hernández del Toro, y Delegada de Santa Cruz Ema Sandoval López. En quinto lugar al Tribunal Unitario Agrario Distrito XV. Finalmente se señaló al Notario Público Juan José Rodríguez Avilés en su carácter de Notario Público Titular Número 4to con jurisdicción en el municipio de Chapala, Jalisco.
Así mismo se hace un señalamiento de que las autoridades fracasaron en el intento de comprar voluntades de los representantes, motivo por el cual empezaron una serie de represalias entre la que se encuentra el intento de remoción de sus cargo, amenazas de muerte y desaparición, criminalización y detenciones arbitrarias.
Por dichas amenazas, las representantes del Ejido han sido incorporadas al Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación bajo el expediente MEC/CEN/033/D/O/2017. Acompañados del amparo 515/2017 radicado en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en Zapopan, Jalisco.
El predio en disputa y al que se oponen las ejidatarias, se encuentra en el cerro conocido como El Junco y El Cántaro, donde el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL) y particulares, pretenden invertir -mediante un fideicomiso- 390 millones de pesos en una inmobiliaria.
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