Autoridades de Chapala explicando a los medios de comunicación la resolución a favor de Led Lumina.

Redacción.- Desde que se diera a conocer que el pleno del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco condenó al Ayuntamiento de Chapala al pago de 29 millones de pesos, a la empresa Led Lumina, S.A. de C.V. concesionaria del servicio de alumbrado público en el municipio desde julio del 2012. Esto al resolver la causa del expediente número 1326/2015.

El gobierno municipal dio a conocer que es cierto que el gobierno municipal de Chapala “podría” pagar a la empresa que instaló las luminarias en la ciudad, tras haber perdido la demanda que ésta presentó por incumplimiento de contrato, informó el director Jurídico del Ayuntamiento, Rodolfo Sergio García Trujillo, “pero aún nos queda el Juicio de Amparo Directo, en donde la Justicia Federal podría darle un vuelco de 180 grados a dicha sentencia ilegal”, aseguró.

“Con este juicio de Amparo Directo defenderemos los intereses de la sociedad, salvaguardando la economía y los recursos públicos de ésta, evitando con ello que la sentencia se ejecute en nuestro perjuicio”, mencionó García Trujillo.

En caso de perder la demanda con Led Lumina, S.A. de C.V., también deberá pagar los intereses moratorios a razón del 3 por ciento mensual sobre saldos insolutos establecidos en la cláusula 5.5 del contrato de concesión, así como la pena convencional establecida en la cláusula 7 desde el mes de julio del 2012 y hasta el cumplimiento de la sentencia, señala el reportero Gilberto Padilla en uno de sus publicaciones en una conocida red social.

Caso similar acontece con los laudos, procesos en juicio y qué decir de la empresa a la que se le concesionó los parquímetros MK IDEAS TECH C.A. de C.V. y COMERS, S.A. de C.V., que son asuntos en los cuales estamos pagando, resultantes de una inadecuada gestión legal; cuyos resultados afectan severamente al presupuesto anual, en grave lesión de los recursos municipales que deberían ser destinados a obras y servicios que beneficien a la población en general.

Cabe mencionar que el sistema fue puesto en marcha en gobiernos pasados; sin embargo, el servicio dejó de ser pagado por no cumplir con la instalación de dichos dispositivos que obligaba el contrato, por lo que la empresa procedió a la demanda.

“Le hacemos saber a la ciudadanía que es un asunto heredado de la mala defensa jurídica de la pasada administración”, enfatizaron el Secretario General, Miguel Ángel Mendoza y el director jurídico, Rodolfo García.