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Comienza el periodo escolar sin poder asistir a las aulas debido a la pandemia. Miles de niños tendrán acceso a las clases televisadas. Pero en comunidades originarias la falta de luz y de caminos sigue dificultando el acceso a la educación.

Abigail Angélica Correa Cisneros (Ciudad de México) . – El sistema educativo atraviesa en el mundo un cambio drástico a causa del coronavirus. En México mostró los huecos que la enseñanza tiene en zonas marginadas, aunque tampoco eran desconocidas. Es difícil seguir el ritmo de los programas de estudio para niños y jóvenes que viven en lugares donde desde hace décadas el acceso a la educación es limitado. Para la era en que vivimos estas necesidades deberían estar cubiertas tanto en ciudades como en zonas rurales.

Con las escuelas cerradas la educación a distancia es la solución que se dio para no perder los ciclos escolares. Resulta complicado para muchos estudiantes ponerse al día por medio de una laptop y la Internet. Es imposible, si además la infraestructura necesaria no llega a zonas de escasos recursos, donde ni siquiera hay red eléctrica, simplemente no hay manera de sumarse a la iniciativa que, aunque es positiva, no ayuda a todos.

Por otra parte, los encargados de la enseñanza se quedan también a la deriva por la falta de acceso a redes o no cuentan con la preparación adecuada para impartir estas clases a distancia. Al pensar en el futuro, nos damos cuenta de que muchos países se enfrentarán a una crisis no solamente financiera o de salud; también hay que resolver los retos que implican regresar a una normalidad que dejó de ser y que no podrá recuperarse, tampoco en el tema educativo.

La educación en México es un derecho constitucional. El desarrollo de herramientas modernas es urgente para no rezagarnos en comparación a otras naciones. En medio de la pandemia de coronavirus, la solución de las autoridades es la educación televisada. A partir del 24 de agosto se transmitirán clases desde preescolar hasta secundaria a través de los canales de Televisa, TV Azteca, Canal Once, entre otros.

De esta manera la educación gratuita seguirá garantizada. De acuerdo con el titular de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, al regresar a las aulas se medirá el avance o rezago de cada alumno en una atención personalizada. Se establecerá un periodo de tres semanas cuando se restablezcan las clases presenciales para que maestras

y maestros hagan una evaluación diagnóstica y conozcan los casos de retraso, pero también de avances superiores a los esperados.

Sin embargo, hay un atraso latente desde hace décadas en México que tiene que ver con la educación indígena. En estas zonas, donde la población sigue marginada, el derecho a la educación sigue siendo inalcanzable. A falta de escuelas y maestros se toman clases televisadas desde hace años, lo cual es una broma porque en muchos de estos lugares, los gobiernos anteriores donaron televisiones para cubrir esta demanda, pero no hay luz ni llega la transmisión.

En estas zonas, desde que comenzó la pandemia se respondió con clases por medio de la radio. El secretario de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, está consciente de que los infantes no cuentan con computadoras, tablets o celulares en sus comunidades, con los que puedan acceder a Internet para unirse a grupos de clases en línea o por televisión.

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Red de Radiodifusoras Comunitarias e Indígenas se sumaron desde abril a esta tarea. La duda es cómo lo hacían antes de la pandemia si en muchas zonas rurales no hay salones ni profesores. Es un avance que en este sexenio se cuente con programas radiofónicos donde se incluyen contenidos propios de las comunidades y se haga en lenguas indígenas.

Este año el Programa de Apoyo a la Educación Indígena tiene un presupuesto de poco más de un millón 590 mil pesos. Este Programa contempla cinco modalidades de apoyo a estudiantes indígenas de distintos niveles: hospedaje (Casas de la Niñez Indígena); alimentación balanceada y culturalmente adecuada; becas para nivel superior y apoyo a titulación; seguro contra accidentes, y; actividades complementarias social, lingüística y culturalmente pertinentes. Según reportan, durante la actual contingencia sanitaria se ha apoyado a 73,732 niños, niñas y adolescentes.

Pero para el acceso a la educación no solamente es necesaria una escuela, salones, material educativo. También se requiere de acceso a la salud, a la buena alimentación, a carreteras.

En un artículo de Pie de Página, abordaron la visión de algunos profesores que impartían clases en estas zonas. “Lo primero es arreglar la carretera. Si no la arreglan no se puede llegar. Si se va la luz en toda la comunidad, tampoco se puede llegar para arreglarlo. Les escribí (a la SEP) que son necesarios cubrebocas, gel antibacterial, asistencia de médicos en la clínica de la comunidad, porque la atención la dan dos enfermeras. También creo que es importante explicar a fondo lo que pasa con la enfermedad, pero en lengua, en audios y carteles, para que lo sepa toda la comunidad. Perifoneo para avisar los días de clases”, contó una maestra.

La enseñanza en los pueblos indígenas mexicanos es catalogada como intercultural, comunitaria, respetuosa de la diversidad e incluyente, pero la realidad es que está

limitada, tiene contrastes y rezagos. Desde el siglo pasado se pretende incluir a estas comunidades en los programas educativos. Sin embargo, los resultados son el desinterés y la deserción, el analfabetismo sigue en índices muy altos.

Desde el mismo punto de vista de los pueblos indígenas, durante décadas el proyecto de educación es “etnocida”, pretendieron “castellanizarlos”. A partir de la década de los 70 se pensó en una educación diferenciada, mediante lengua y cultura, promovida e impulsada por la Alianza Nacional de Profesionistas Indígenas Bilingües, A.C. (ANPIBAC), una organización indígena que cuestionó a la educación escolarizada en estas regiones y logró sentar las bases de la educación bilingüe y bicultural, la primera política pública educativa para indígenas.

Faltó interés de parte de las autoridades y la propuesta no rindió frutos, aunque hoy se siga hablando de que existe esta integración de las comunidades a la educación. Todavía hacen falta profesores que enseñen el español como segunda lengua y no como la única que se hable en México. Es prácticamente inexistente un sistema educativo bilingüe intercultural, en el que se capacite a los docentes. Todavía hacen falta materiales bilingües y textos pedagógicos con este enfoque.

En este sentido, pareciera que el gobierno sigue marginando a estas comunidades. Por otra parte, problemas como la migración debido a la falta de oportunidades hacen que estos grupos pierdan interés en asistir a escuelas y por lo mismo, estos programas bilingües no pueden tener éxito porque no hay quien se beneficie.

Al contrario, hay comunidades que se aferran a su identidad. Bruno Baronnet, autor de una investigación realizada en territorio zapatista, habla de una educación autónoma, distanciada de los programas oficiales, en la que estos pueblos se organizan y sostienen la educación con sus propios recursos.

Por lo pronto, la siguiente semana comenzará en nuestro país el ciclo escolar 2020-2021. Es cierto que la mayoría de las familias mexicanas cuenta con un televisor. Estará cubierto ese requisito para aprender. Pero hay huecos que se irán llenando conforme avance este programa nombrado Aprende en casa II, que producirá y transmitirá 4,550 programas de televisión y 640 de radio en 20 lenguas indígenas.

DESDE EL CENTRO

Grupos armados mantienen sitiados a por lo menos siete comunidades tzotziles de Aldama, Chiapas. El presidente municipal, Adolfo López Gómez, envió un mensaje desesperado al gobierno federal para que intervenga ante las agresiones de las que son víctimas desde hace más de 72 horas, sin que La Guardia Nacional, Ejército Mexicano y policías estatales logren todavía restablecer la paz y el estado de derecho… Incrementan hasta 35 por ciento productos de la canasta básica: limón (35.71 por ciento), jitomate (20.78), frijol (20.26), naranja (19.8), tomate (17.82), lentejas (10.92), café soluble (3.08),

arroz (2.24), avena (1.32 por ciento), entre otros, reporta la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec)… El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pretende cobrar una tarifa a los automovilistas que crucen desde México hacia su país. Así pagarían los mexicanos la construcción del muro fronterizo, dice. abicorrea79@hotmail.com

Modelo de producción agrícola actual es insostenible desde la perspectiva económica y ambiental.

Ernesto Perea (CDMX) – La polémica en torno al glifosato en México abre la oportunidad de plantear la urgente necesidad de cambiar el modelo de producción agrícola actual, basado en el uso de agroquímicos, que ya es insostenible, por una agricultura más eficiente, rentable y sustentable, recurriendo a prácticas como la reutilización de residuos de cosecha enriquecidos con bioinsumos e incursionar en procesos de desarrollo que plantea la economía circular.

En nuestro país cada año se generan alrededor de 45 millones de toneladas (mt) de esquilmos en los diez principales cultivos, maíz, sorgo, trigo, frijol, arroz, cebada, soya, algodón, cártamo y ajonjolí; el rastrojo y olote de maíz aportan 25 mil 500 mt, las pajas de sorgo, 6 mil 600 mt y de trigo, 4 mil 500 mt, lo cual representa poco más del 81% de los residuos de cultivos, según datos del Colegio de Postgraduados.

De estos esquilmos 20% se destina a alimento animal, en promedio, y el resto no tiene un uso adecuado y se convierte en un problema. Diversos estudios han validado que de la producción de maíz que se obtiene en una hectárea 46% es grano y 54% rastrojo; en pajas de sorgo, trigo y cebada, el porcentaje de grano representa 47% y 53% de materia seca. De los derivados de la caña de azúcar sólo alrededor del 20% de las puntas de caña y 10% del bagazo se usan para alimento pecuario y el resto es una alternativa viable para aprovecharlos con la adición de bioinsumos.

El director de la empresa de base biotecnológica Biofábrica Siglo XXI, Marcel Morales Ibarra, expone que en el contexto actual la “economía circular” está siendo revalorada en el mundo, el reúso de materiales en diversos sectores y de desechos agropecuarios para el campo y su combinación con otros bioinsumos, como el caso de los biofertilizantes, puede convertirse en una opción rentable y sustentable para la producción agrícola, que permita incrementar rendimientos, disminuir el uso de agroquímicos y bajar costos, respetando los recursos naturales y el medio ambiente.

Una tendencia que se está fortaleciendo en el ámbito global es el reciclaje de residuos agrícolas en los cultivos, como es el caso de la caña de azúcar, café o maíz; así como desechos pecuarios de la producción ganadera. Estos materiales pueden ser reutilizados en la agricultura, como aportación de materia orgánica a los suelos, pero, además, se les puede dar un valor agregado si se le incorporan bioinsumos que ya han probado su eficacia en campo.

Morales Ibarra subraya que en México miles de toneladas de residuos orgánicos de distintas industrias como la agrícola o la ganadera podrían ser reincorporadas al suelo adicionándoles biofertilizantes, lo que generaría un círculo virtuoso: primero, al disminuir el uso de agroquímicos altamente contaminantes por bioinsumos amigables con el medio ambiente; segundo, al aprovechar desechos orgánicos que hoy no tienen un tratamiento útil; y tercero, propiciaría la recuperación de la diversidad y actividad microbiológica de los suelos agrícolas, regresando la fertilidad a los mismos.

Para el experto en temas agrícolas, uno de los principales retos que representa el aprovechamiento de estos residuos, es el alto volumen que demanda su uso. Las compostas en general requieren aplicar de 15 a 20 toneladas por hectárea, lo que eleva mucho los costos y complica su manejo. En cambio, si se enriquecen con productos biológicos como los biofertilizantes microbianos (productos hechos a base de bacterias y hongos benéficos para las plagas), su nivel de eficiencia se multiplica, logrando disminuir significativamente los volúmenes requeridos de aplicación e incrementando la producción, lo que se traduce en aumento de rentabilidad.

Alto potencial en compostas enriquecidas con microorganismos

En algunos ingenios del país, se utiliza la práctica del composteo de la cachaza para su aplicación en el cultivo de la caña de azúcar, sin embargo, la aplicación requerida de esta composta es del orden de 20 toneladas por hectárea, lo que significa altos costos de transporte y aplicación, por lo que dicha práctica no se ha extendido entre los productores de este cultivo.

La cachaza es un residuo que se produce durante el proceso de producción del azúcar de caña, particularmente del proceso de clarificación del jugo. Durante la zafra se producen miles de toneladas de cachaza, las cuales frecuentemente se consideran un desecho y una fuente de contaminación. Empero, la cachaza tiene un alto contenido de carbono (fuente de energía), fósforo, nitrógeno y calcio (nutrientes esenciales para las plantas), por lo que, procesada adecuadamente, se convierte en un valioso recurso para la fertilización de cultivos y mejoramiento de suelos.

Tenemos experiencias que ya tienen un proceso de evaluación y validación, por ejemplo, “cuando enriquecemos la composta con los biofertilizantes, su volumen de aplicación disminuye a máximo cuatro toneladas por hectárea, teniendo rendimientos muy superiores que con la aplicación de las 20 toneladas de la composta únicamente. Esto se traduce en una disminución de los costos de aplicación, haciendo más sencillo su manejo por parte del agricultor”, subraya el especialista.

Con esta combinación, además, se reduce la aplicación del fertilizante químico de 30% a 50%, con respuestas en la producción superiores a las obtenidas con la aplicación del 100% del fertilizante químico. En este sentido, en diversas regiones cañeras en las que se ha trabajado con este bioinsumo se han incrementado los rendimientos hasta en un 40%, disminuyendo la fertilización química hasta en un 50%, puntualiza Morales Ibarra.

El 20 por ciento de la población mexicana tendrá más de 65 años en el 2030. Es necesaria una reforma que además incentive el ahorro para el retiro.

Abigail Angélica Correa Cisneros |

Acceder a una pensión digna será complicado en el futuro si la seguridad social no se actualiza. La proyección en América Latina se inclina al aumento del envejecimiento poblacional. Sumado a esto, el ahorro y las aportaciones actuales son insuficientes en nuestro país, además de que son pocos los que tienen acceso a una pensión.

La Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) indicó que más del 72 por ciento de las personas no han ideado un plan para su jubilación.

 Desde 1997, cuando la Ley del Seguro Social cambió, cada trabajador es responsable de ahorrar un porcentaje de su salario, cercano a cinco por ciento. Sin embargo, gran parte de la población, más del 60 por ciento, no contará con este ahorro porque están en la informalidad y la cultura del ahorro para el retiro sigue vaga en la consciencia de los mexicanos. Para 2030 se calcula que casi el 20 por ciento de la población mexicana tendrá más de 65 años. Comenzaremos a ver los problemas del sistema de pensiones de 1997.

 Hasta hace un par de años, 71 millones 700 mil mexicanos no contaban con seguridad social, es decir, seis de cada 10 personas, de las cuales aproximadamente 48 millones viven en zonas urbanas.

 El gobierno actual propuso la semana pasada una reforma al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) con la finalidad de que los trabajadores puedan elevar el monto que reciben de pensión y se reduzcan los requisitos mínimos para acceder a esta.

 De acuerdo con el INEGI, la población mayor de 60 años en México es de 15.4 millones de personas. En 2017 se reportó que del total de los pensionados 55.1 por ciento son hombres y las mujeres el 44.9 por ciento. La institución que concentró el mayor porcentaje de pensionados en el país es el IMSS con 72.9 por ciento en dicho año, le sigue el ISSSTE con 19.7 por ciento y otras instituciones con el 7.4 por ciento.

 Lo que propone el gobierno es que más personas puedan acceder a este beneficio que corresponde hoy a 34 por ciento de los trabajadores y de aprobarse la reforma subiría a alrededor de 82 por ciento. También pretende reducir el requisito mínimo para acceder a una pensión garantizada. Bajará de las 1,250 semanas de cotización actuales, que representan unos 25 años, a 750 semanas, que equivalen a 15 años, para después subir paulatinamente.

 Esta pensión garantizada se refiere a un complemento otorgado a las personas que cumplan con los requisitos de edad y 1250 semanas cotizadas pero que los recursos de su cuenta Afore no le alcancen para contratar una Renta Vitalicia o un Retiro Programado.

 Además, contempla el aumento de las cuotas patronales para lograr una pensión que se acerque más al salario percibido, porque con la reforma actual los trabajadores recibirían menos de la mitad de su salario.

 El mayor problema al que se enfrenta México es la pobreza, significa un obstáculo para un envejecimiento decente y seguro. El promedio de las personas adultas mayores que viven así en nuestro país representa el 27 por ciento. Aquellos que no cuenten con ahorro para el retiro serán vulnerables ante enfermedades, porque tampoco cuentan con seguridad social, que entre otras cosas ofrece atención médica. Esto implica gastos severos que recaen en familiares que estarían asumiendo los riegos sociales de la población en vejez, mismos que le corresponderían al Estado.

 Por lo mismo, muchos adultos mayores siguen trabajando, a pesar de que para los 65 años ya deberían estar gozando de una pensión digna. Según los datos de la Encuesta Intercensal 2015, 20.8 por ciento de la población de 65 años o más es económicamente activa, y de esta 1.7 millones se encuentran todavía trabajando, principalmente en actividades en la informalidad, como trabajos por cuenta propia, trabajo doméstico, agricultura o elaboración de artesanías.

 Se estima que 85 por ciento de las personas mayores que aún trabajan no cuentan con ningún tipo de pensión ni con asistencias mediante programas de ayudas estatales y federales destinados a personas de edad avanzada.

 Las mujeres siguen siendo las más afectadas debido a que el mercado laboral les cierra las puertas. Estudios determinaron en años recientes que 78 por ciento no recibe pensión por parte de algún instituto de seguridad social, 53 por ciento no recibe pensión ni beneficios de programas de asistencia social. El 58 por ciento de esa población dependiente son del sexo femenino.

 La reforma que propone el presidente López Obrador es necesaria. Sin embargo, como señaló la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, es insuficiente, pues no incluye a los trabajadores que carecen de seguridad social. Como ejemplo, los jornaleros agrícolas, de los que sólo 13 de cada cien cuentan con cobertura de seguridad social por el trabajo en el campo.

 El sexto reporte del Observatorio de Trabajo Digno basado en datos del primer trimestre de 2020 indicó que el 99.9 por ciento (12.4 millones) de quienes trabajan “por su cuenta” carecen de seguridad social; de estos, el 74 por ciento (8.2 millones) no puede adquirir dos canastas básicas (para mantenerse a sí mismos y a una persona más).

 El Estado de México lidera desde hace una década la lista de estados con el mayor número de población sin acceso a la seguridad social. Siguen Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla las que presentan los mayores índices y están muy por arriba de la media nacional, ubicada entre 60 y 55 por ciento. En esas regiones hasta el 85 por ciento de la población no tiene asegurado ese derecho.

 La OCDE señala que hay tres elementos básicos para garantizar que la población de adultos mayores de un país tenga una vejez o una pensión dignas: acceso a un empleo formal con ingresos superiores al costo de vida mensual, control de ingresos y gastos, así como un plan de jubilación o de retiro (ahorro).

 Los datos preocupan, solamente el 4 por ciento de la población mexicana que cotizó a partir de 1997, logrará cumplir con el total de semanas para alcanzar una pensión mínima garantizada, de acuerdo con estimaciones de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

 DESDE EL CENTRO

 El exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, fue vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso de Agro Nitrogenados, luego de que la defensa declarara que pedirá un acercamiento de oportunidad con la Fiscalía General de la República (FGR)… La crisis económica que dejará la pandemia de Covid-19 alcanzará a varias regiones. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya analiza con empresarios la estrategia a seguir para que el golpe a la economía nacional no sea tan grave… En las tiendas de autoservicio ya comienza a verse el etiquetado en productos, alertando de exceso de grasas o azúcar. Hay que recordar que siete por ciento del total de las muertes en México durante 2018, aproximadamente 40 mil, estaban relacionadas al consumo de refrescos, causantes de enfermedades cardio-metabólicas, obesidad y diabetes, entre otras… El presidente estadunidense, Donald Trump, recurre a estrategias sucias para posicionarse en las próximas elecciones, pero ya pocos creen en él. Continúa reprimiendo y desacreditando a los manifestantes que buscan el respeto a los derechos humanos en su país y siguió con las mentiras respecto a la enfermedad que aqueja hoy al mundo, minimizando la relevancia en estrategias de salud pública y asegurando que gran parte del país ya está libre de coronavirus. Prometió nuevamente que eliminará el programa de legalización temporal (DACA) para inmigrantes que llegaron como menores de edad, conocidos como Dreamers. Se preguntó por qué nadie lo quiere… En el Partido Revolucionario Institucional, se dice de Eduardo “bebé Orihuela” Estefan, que es un diputado producto de la imposición, gris y sin liderazgo.

Por: Luis Tovar

• En un extraño lugar retacado de nopales había unos tipos muy raros llamados intelectuales
• La ciudadanía necesita de la consolidación de colectivos y organizaciones

La semana pasada leí con atención el desplegado firmado por intelectuales en los que manifiestan lo imperativo de corregir el rumbo y recuperar el pluralismo político para lograr el equilibrio de poderes. Para ellos, los intelectuales que suscriben, la vía para corregir el rumbo es la consolidación de una amplia alianza ciudadana con los partidos de oposición, que logre una representación importante en la cámara de diputados para la siguiente legislatura.

¡Caray! Ofrezco disculpas, pero la lectura del desplegado me hizo recordar aquella canción del profeta del nopal nacido en Tampico, Rockdrigo González:

En lejano lugar retacado de nopales había unos tipos extraños llamados intelectuales / Se la pasaban leyendo para ser sabios y doctos pues no querían seguir siendo vulgares tipos autóctonos / Los veías en los cafés llenos de libros profundos y en eventos culturales olía a conciertos Rotundos / constantemente escribían poemas y cuentos cortos y aunque no los comprendían se quedaban como absortos / Si veías tal escritura te sentías medio agotado
Porque con tal estructura te ibas bien apantallado / No sabías si eran marcianos, mexicanos o europeos, ángeles, diablos o enanos, cardiacos o prometeos / Y así estos tipos extraños
Siempre estaban cavilando y hasta cuando iban al baño se la pasaban pensando /
Pensaban cuando comían en la esquina en el avión / pensaban cuando dormían, pensaban en el camión y entre tanto pensamiento análisis y estructura

Decían conocer la neta y hasta también la locura.

Difiero de la opinión de los intelectuales. En este país, con los graves problemas y crisis que atravesamos, lo que menos requiere la ciudadanía es una alianza meramente electoral que beneficie a una desdibujada oposición. La ciudadanía lo que requiere es la consolidación de colectivos y organizaciones en las que se vean representados los intereses comunes con miras a la solución de sus demandas. Por esa razón y dadas las condiciones actuales, más que alianzas, distintos frentes y colectivos de intelectuales, nos pronunciamos por lograr acuerdos nacionales que conlleven a un nuevo pacto social. Por cierto, consideramos que puede lograrse por una vía alterna que incluya a los más amplios sectores de la sociedad con una fórmula muy sencilla: erradicar los errores, reforzar los aciertos y organizarnos, no para confrontarnos, sino para alcanzar los objetivos de la colectividad.

Por eso he señalado de manera reiterada que uno de los principales obstáculos a los que nos enfrentamos todos los mexicanos es la polarización política que crece y se desborda a diario en el acontecer político, polarización de la que también han sido parte los intelectuales o al menos una parte. Podría entenderse de aquellos que perdieron el poder o los privilegios de los que gozaban, pero me es difícil entenderlo de los llamados o reconocidos cómo intelectuales.

Quisiera retomar una frase del Ing. Heberto Castillo que señalaba la responsabilidad que tienen los intelectuales de participar activamente con soluciones tangibles:

“A los intelectuales de mi patria les quedan dos caminos: dedicar su esfuerzo y actividad al desarrollo de las ciencias, de las artes, de la cultura con el propósito de darse nombre y brillo intelectual, o bien entregar toda su capacidad creadora y toda su voluntad para establecer las bases técnicas y científicas de un amplio y sano desarrollo de México. La primera posición proporciona honores, distinciones y pingües beneficios económicos, pero da la espalda a la historia. La otra, de frente al futuro, sólo ofrece riesgos y privaciones, pero allá en lontananza, permite vislumbrar la verdadera libertad de nuestros pueblos y con ellos su salvación definitiva”

El pensamiento de Heberto Castillo sigue vigente, estoy convencido de ello. Hoy, los firmantes del desplegado, quizá salvo una rarísima excepción, viven en ese supuesto que mencionaba el ingeniero, le dan la espalda a la historia por las distinciones, honores y sobre todo los pingües beneficios económicos. Pero a pesar de ello tengo claro que la ciudadanía, más que el electorado, contarán con alternativas reales de participación ya que actualmente ni la oposición ni estos intelectuales los representan.

<atlanteleonj@gmail.com>

Empresas como Monsanto son un peligro para la humanidad, uno de sus plaguicidas más utilizados se relaciona con cáncer y otras enfermedades crónicas.

Abigail Angélica Correa Cisneros. – (Ciudad de México) La soberanía alimentaria del país depende de acciones contra grandes empresas que se aferran como Monsanto (recién fusionada a la alemana Bayer), a seguir afectando al campo y a los trabajadores agrícolas del mundo. A pesar de diversas demandas, esta empresa pretende seguir envenenando a la población mundial.

Nuestro gobierno comienza a frenar las acciones que atentan contra la salud de los mexicanos. Por fin se comienza a bloquear a uno de los plaguicidas más peligrosos para los humanos y la naturaleza, el glifosato. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) prohibirá totalmente su uso para 2024.

Muchos estudios han demostrado cómo se degradó la salud de la gente que estuvo expuesta a este agrotóxico. No sólo en nuestro país, en diversas partes del mundo incluso se ganaron demandas contra Monsanto-Bayer; pues se demostró que provoca cáncer, malformaciones, encefalopatía, autismo y párkinson.

Estudios comprobaron que la tortilla, alimento primordial de las familias mexicanas, que se preparaba con harina de maíz blanco y amarillo de la marca Maseca, contenía maíz transgénico, así como altos niveles de glifosato. La empresa defendió su producto, obviamente, bajo las regulaciones existentes y aseguró que su harina de maíz cumplía con todas las normas.

Falta mucho por avanzar en contra de este agroquímico, clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como potencial cancerígeno. Pero vale la pena decir que desde 2019 la Semarnat tomó medidas precautorias para que este y otros 40 plaguicidas dejen de usarse en nuestro país. Organismos como el Consejo Nacional Agropecuario respondieron en contra y pretenden que se dé marcha atrás a la eventual transformación del sistema agroalimentario, basado en un modelo agroecológico, respetuoso de la naturaleza y de la salud humana.

El campo mexicano ha sido afectado desde hace décadas con el uso de este agrotóxico y transgénicos de maíz, soya y algodón, que también serán prohibidos eventualmente.

La pandemia de covid-19 nos recordó, entre otras cosas, la importancia de una buena alimentación. Repetiré que nuestro país tiene el número más alto en casos de obesidad,

seguido de diabetes, padecimientos que se relacionan con el alto consumo de comida chatarra y bebidas azucaradas, que son las responsables de más de 24 mil muertes cada año en México, de acuerdo con el Instituto Nacional De Salud Pública.

Hace diez años 7 de cada 10 adultos tenían diabetes y 3 de cada 10 niños sobrepeso u obesidad. El costo de estas enfermedades era de más de 85 mil millones de pesos al año en tratamiento y más de 400 millones de horas laborales perdidas por diabetes asociadas al sobrepeso y obesidad.

En octubre entra en vigor el etiquetado de alimentos, para que la gente se informe de manera sencilla qué es lo que consume. La industria dedicada a estos alimentos buscará estrategias para que sus pérdidas no sean grandes, como lo hicieron las empresas refresqueras luego del incremento de 1 peso por litro en 2014, que intensificaron promociones de venta y estrategias publicitarias para conservar sus números a pesar de la medida recaudatoria.

La población mexicana sigue desinformada, el gran reto es romper con la cadena de alimentos con los que la publicidad nos bombardea. Para dar el paso al consumo de comida sana, derivada de una producción con sistemas agroecológicos, es decir, una agricultura, ganadería y pesca ecológicamente adecuados, para empezar el gobierno tiene que incentivar esta revolución agrícola con la que se pueda dar batalla a las enfermedades derivadas de la mala alimentación.

Víctor M. Toledo, titular de la Semarnat refiere que para esto ya se trabaja en una estrategia nacional con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que deberá implementarse en los próximos meses. “Los alimentos, además, deben circular por medio de mercados justos, orgánicos, solidarios y de corta distancia, multiplicando los tianguis y las ferias de semillas y productos diversos. Finalmente, se deben de crear miles de cooperativas que conecten la producción agroecológica con los amplios sectores de consumidores de las ciudades: edificios, barrios, escuelas, sindicatos, universidades, fábricas, hospitales, etcétera. Sólo así el gobierno de la 4T logrará purificar la sangre de los mexicanos hoy todavía contaminada por refrescos, plaguicidas, hormonas, antibióticos y otros tóxicos, luego de tres décadas de gobiernos neoliberales”, escribió recientemente.

El año pasado, esta dependencia autorizó la importación de 86 mil 449 toneladas de glifosato. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), informó que sólo se importaron 21 mil 147 toneladas del herbicida. Gradualmente se ha impedido la entrada de este veneno, pero las empresas interesadas en su uso siguen presionando al gobierno mexicano para que se retracte.

Estas compañías han lastimado a la humanidad en una gran medida. Monsanto-Bayer son responsables de que miles de humanos padezcan de encefalopatía, autismo, parkinsonismo, linfoma No Hodgkin, teratogénesis, estrés oxidativo, mutagenicidad,

genotoxicidad, trastornos en el sistema endocrino, toxicidad en el sistema reproductivo, sistema inmunológico (de suma importancia en tiempos de la pandemia del COVID-19), sistema nervioso y sistema renal, entre otras enfermedades. Además, el uso del glifosato tiene que ver con toxicidad en peces, anfibios, tortugas, crustáceos, moluscos, fitoplancton, zooplancton, organismos polinizadores y otros insectos benéficos, y en aves y reptiles.

La multinacional alemana Bayer compró Monsanto en 2018 por 66.000 millones de dólares. Se transformó así en la mayor empresa de semillas transgénicas y agrotóxicos del mundo. Esta semana se hizo público el acuerdo extrajudicial de Bayer-Monsanto con casi 100 mil denunciantes de Estados Unidos. La multinacional almena ofertó casi 11.000 millones de dólares para frenar demandas por las consecuencias en la salud del agrotóxico.

El glifosato una vez que llega a la tierra pasa al aire al agua, se expande como una plaga. Estudios recientes realizados por la Universidad de Guadalajara (UDG) y Ciesas Occidente, encontraron el agrotóxico en orina de niños y niñas de comunidades cercanas a cultivos de Jalisco, “gigante agroalimentario”. Todos mostraron síntomas como dolores de cabeza, vómitos y náuseas.

Para corroborar los resultados acudió una supuesta asociación civil, Proccyt, que en realidad resultó una fachada de las empresas que envenenaron a los niños, (sus miembros son Syngenta, Bayer-Monsanto, Corteva, FMC, Basf y otras). Dieron talleres y determinaron que solamente bebiendo el glifosato antes de tomar la muestra a los niños, podrían aparecer residuos en la orina. Aunque las autoridades fueron parte del engaño durante mucho tiempo, la gente ya no cree estás mentiras y se frenará el uso de estos agrotóxicos en los siguientes años.

Además de Estados Unidos, Argentina también sufre las consecuencias del uso de este herbicida que hoy alcanza 28 millones de hectáreas en aquel país. Nada que no sea soja, maíz y algodón transgénicos puede crecer en esos campos. También se utiliza en cítricos, frutales de pepita (manzana, pera, membrillo), vid, yerba mate, girasol, pasturas, pinos y trigo. A partir del avance transgénico, aumentó geométricamente el uso del glifosato, desarrollado y comercializado inicialmente por Monsanto desde la década del 70.

En nuestro país, comunidades mayas luchan desde 2012 contra varias empresas multinacionales que obtuvieron licencia para plantar soya transgénica en sus territorios, afectando principalmente a los apicultores, debido a la deforestación y al uso de pesticidas y plaguicidas a cargo de los grandes productores de soya.

DESDE EL CENTRO

El 1 de julio entra en vigor el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC o USMCA por sus siglas en inglés), tras varios meses de negociaciones con el fin de mejorar

el TLCAN, acuerdo que duró 26 años. Se añadieron 10 capítulos y mejoraron 24, entre los principales cambios se habla de derechos laborales y salarios. Los nuevos capítulos tienen que ver con comercio digital, medio ambiente, competitividad, anticorrupción, buenas prácticas regulatorias, y pequeñas y medianas empresas… Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), aceptó ser entregado de manera voluntaria a las autoridades mexicanas y dio su consentimiento de ser trasladado a territorio nacional. Colaborará en el esclarecimiento de los hechos que se investigan por actos corrupción en la petrolera… abicorrea79@hotmail.com

 Foto: Cortesía.

Ernesto Perea (Ciudad de México) . – Investigadores del INIFAP documentaron el registro de 42 variedades de arroz y frijol, que como institución han desarrollado, con lo que refutaron los dichos del diputado federal Eraclio Rodríguez, quien para justificar la iniciativa de Ley Federal de Variedades Vegetales, -que él promueve- ha señalado que en México se tiene de 15 a 30 años de no generar estas tecnologías.

De acuerdo con el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales 2019, del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), el INIFAP cuenta con 35 variedades de frijol registradas ante este organismo, de las cuales 18 tienen Títulos de Obtentor, cuya vigencia va desde los años 2010 o 2019 hasta 2027 o 2033.

El documento indica que de 2011 al 2016, el INIFAP (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias) también ha registrado siete variedades de arroz, de las cuales seis tienen Título de Obtentor, con vigencias que van desde 2011 o 2016 hasta el 2031 o 2033.

Entre las variedades de frijol están Albicampo, Sangre Maya, Mayomex, Bayo Azteca, Negro Comapa, Pinto Bravo, Pinto Libertad, Flor De Mayo Dolores, Azufrasin, Primavera 28, Rarámuri, Negro Tacaná, Frailescano y Altiplanomex. En las variedades de arroz están Morelos A- 2016 , Choca A05Aztecas, Iniflar, Pacifico Fl15 y Golfo Fl16. Todas cuentan con su número de inscripción y cumplen los requisitos del SNICS, además que están adaptadas a diferentes condiciones de clima, suelo y temperatura para diversas regiones del país.

Cabe recordar que el legislador por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) defendió la iniciativa de Ley Federal de Variedades Vegetales y señaló, el 22 de junio pasado en Aristegui Noticias, que: “en el caso del arroz tenemos 30 años que no se genera ninguna semilla, según estudios que ha hecho, incluso, el Estado mexicano tenemos un disminución del 46% en la capacidad productiva de las semilla de arroz; en el caso del frijol tenemos más de 15 años que no se genera ninguna nueva variedad, lo cual nos hace totalmente inviables y nos posiciona ante el mercado internacional en una total desventaja, porque tenemos tecnologías mucho más atrasadas”.

El secretario general del SIIINIFAP, Ramón Garza García, refutó lo dicho por el diputado, ya que los datos del SNICS ahí están, son públicos y refieren lo contrario.

Hizo hincapié en que a pesar del desmantelamiento institucional que se vino haciendo por los gobiernos neoliberales, las bajas presupuestales, el escaso apoyo a la investigación y las limitaciones tecnológicas, “es un gran mérito que los investigadores del INIFAP sigan desarrollando semillas para los agricultores mexicanos, las cuales no se han multiplicado y desarrollado aún más debido a los factores mencionados”.

Los investigadores nacionales –subrayó– requerimos el apoyo de los diputados y senadores para promover mayor presupuesto para la  investigación agropecuaria y forestal, con miras a hacer un país autosuficiente en alimentos y otras tecnologías e insumos para el campo.

Diversos sectores, productores, investigadores, legisladores y hasta funcionarios públicos han criticado severamente a Eraclio Rodríguez porque argumentan que la iniciativa del diputado responde a los intereses de las grandes corporaciones, a lo establecido en la firma del T-MEC y, además, “criminaliza” a los campesinos, que tienen prácticas ancestrales con el intercambio de semillas, lo cual el legislador rechaza.

En abril, la Sader registró 28,033 fuentes de empleo más que en el mismo periodo del año anterior.

Abigail Correa. – El aumento de desempleo a nivel mundial alcanza puntos críticos. Debido a la pandemia de coronavirus, en México se perdieron más de un millón de plazas. Las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) muestran que en mayo quedaron sin empleo 344,526 personas, además de 130,593 en marzo y 555,247 en abril.

Hablamos sólo de empleo formal, pero la covid-19 también afectó el trabajo informal. Las Naciones Unidas advirtieron sobre el aumento de la pobreza, la cifra podría alcanzar hasta 400 millones de personas en el mundo las que subsistan con menos de 1.90 dólares al día.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) indicó que la subocupación fue en el primer trimestre de 2020 de 8.5 por ciento, el trabajo informal fue de 56.1 por ciento mientras que la ocupación en sector informal fue de 27.6 por ciento.

Uno de los grupos más vulnerables ante la pérdida de empleos son los adultos mayores. El Inegi informó que, durante 2019, 23 por ciento de esta población dijo tener un empleo y recibir un salario por dicha actividad, se trata de alrededor de un millón 700 mil ciudadanos. Otro 79 por ciento lo hace en la informalidad y un 21 por ciento cuenta con trabajo formal.

Se augura un panorama desalentador para los mexicanos. Según análisis de expertos, el país no podrá recuperarse del golpe este año y difícilmente lo hará el siguiente. Las entidades del Sur son las más afectadas en México. Un estudio realizado por Banxico registró que en abril pasado la inflación de la región Sur fue de 2.8 por ciento, frente al 1.4 por ciento de las entidades del Norte. En mayo fue 2.5 y 2.4, respectivamente.

Sin empleo la sociedad corre más riesgo ante la delincuencia organizada. Aumentan los asaltos, las extorsiones y demás delitos. Sin embargo, hay otras proyecciones positivas

como las del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos Arámbula. El sector agricultura y pesca muestra un ritmo de contratación con tendencia positiva de 1 por ciento para el tercer trimestre del 2020, comentó Villalobos en entrevista con medios.

Además, recalca que en su administración se impulsa el mejoramiento de la productividad agrícola en la superficie destinada para ello –sin ampliar la frontera agrícola–, echando mano de la tecnología; promover la sustentabilidad, con el uso responsable de los recursos naturales, como agua y suelo, y establecer la inclusión como un componente fundamental de justicia social.

Este sector no ha parado pues es una actividad esencial que, hasta abril de este año, tiene un registro de 697,914 trabajadores; cifra que es superior en 4.18 por ciento en su comparación anual; es decir, reportó 28,033 fuentes de empleo más con registro en el IMSS. Villalobos Arámbula estimó que en 10 años serán 137 millones de personas que alimentar en el país, y una alternativa viable para atender esta demanda es voltear la atención hacia el sur del país.

En este sentido también los programas que impulsa el gobierno han logrado resultados positivos, como Canasta Básica, que beneficia a cerca de 25 millones de mexicanos en situación vulnerable, 5.5 millones de familias, la mayoría del sector rural. La alimentación de los mexicanos no es la ideal pues sabemos que predominan enfermedades como diabetes y obesidad, derivadas de una escasa educación alimentaria.

Las viejas políticas en el sector agroalimentario provocaron estas epidemias de sobrepeso y malnutrición en México, incluso dañaron el medio ambiente, afectaron a los pequeños productores y el resultado fue una dependencia alimentaria, entre otras cosas.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), advirtieron que los 21.7 millones de personas en pobreza extrema en México corren riesgo de sufrir una crisis alimentaria.

El apoyo a los pequeños productores y dirigir los recursos públicos hacia la apertura de mercados de comercio justo y medios de distribución de producción local, son el primer paso para dejar de depender de las importaciones, que actualmente son el 43 por ciento de nuestros alimentos y según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), un país que importa más del 25 por ciento de los alimentos que consume está en grandes problemas.

Por otra parte, dirigirnos hacia una agricultura ecológica, podría reducir la contaminación y preservar la biodiversidad, con lo que también estaríamos cumpliendo el Acuerdo de París, cuyo objetivo es reducir el calentamiento global.

DESDE EL CENTRO

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), informó que este mes llegará a nuestro país el primer embarque de ganado bovino certificado proveniente de territorio guatemalteco, el cual está conformado por 272 cabezas. Por su parte, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) se encargó de constatar —a través de los modelos de certificado enviados por la parte guatemalteca— que existen las condiciones sanitarias, técnicas y operativas para dar inicio al intercambio comercial… El sábado 20 de junio se celebrará el Día Mundial de los Refugiados. Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en 2019 había más de 70 millones de personas que habían tenido que huir para sobrevivir. Era el número más alto de personas desplazadas registrado por ACNUR hasta la fecha. De ellos, más de 25 millones son personas refugiadas… Entre 2001 y 2018, la deforestación en México fue de 280 mil hectáreas en promedio al año, 34 por ciento ocurrió en selvas cálido-húmedas; 25 por ciento en selvas cálido secas y 17 por ciento en sierras templadas, indicó el director general de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), León Jorge Castaños Martínez… Cientos de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia marcharon este fin de semana para exigir aumento salarial y la libertad de sus compañeros recluidos por presuntamente agredir a una adolescente en Polanco.

abicorrea79@hotmail.com

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Cornelia M. P. (Guadalajara Jalisco)- No fue el estado, es el país entero. No fue uno, somos todos; no fue la autoridad, es el sistema corrompido; no es la víctima ni el victimario, son las circunstancias; no es una carpeta por investigar, son los nombres. La hora de salida y la incertidumbre de si habrá un regreso, el momento y el lugar que nos convierte en posibles actores de una obra escrita con el título de “desaparecido”, el resultado de una mala estrategia en busca de lograr un México mejor. Es la rabia, es la angustia, la desesperación y el motivo para convocar una marcha. 

Una voz que se alza y emite un discurso que reza “nos amenazaron…”. Las imágenes de los hechos, la prepotencia de la humillación y el miedo a la fuerza bruta. Un hecho que cada vez se vuelve más y más cotidiano: la muerte de un inocente -o mejor dicho, el asesinato-. La acusación que se presentó un mes después o en el momento exacto para exigir justicia y señalar culpables. 

No es el desacato de las normas, son los opresores, el mal gobierno, los políticos corruptos, el crimen “ordenado” -y su sinónimo-, el abuso de poder, la baja calidad educativa de un alto número, la tasa de desempleo, la ruptura de la democracia, el país entero, es el México en el que vivimos, somos todos.

Un asesinato más añadido a una larga lista, esa es la chispa que enciende el fuego de la preparada antorcha que empuña una sociedad cansada de muertes con motivos dudosos y participantes pocas veces expuestos. Una que reconoce su poder y se organiza para manifestarse y entiende que entre más voces se sumen mayor posibilidad habrá de ser escuchados.

Resuena el grito: ¡Justicia! Por los tantos que no regresaron. Y poco a poco fueron llegando las noticias de los medios que comunicaban lo ya sabido. ¡Justicia! Pero la exigencia pocas veces es escuchada. ¡Justicia! Y la marcha fue justificada y el fuego de la rebelión avivado. El daño causado a uno, con anterioridad a unas y a un sin número en todo el país. La obra se repite en distintos escenarios, con múltiples actores, el título pasa a ser “asesinado”.

La catarsis provocada se encapsuló en un enunciado, un hashtag bien planteado que evoca el espíritu social, que engloba el sentimiento de solidaridad, que reafirma la idea de unidad, que nos hace saber que donde se alce un grupo de poder que ponga en riesgo lo que se sabe y considera bueno, que apague vidas y silencie voces -sin importar el nombre con el que se le conozca-, uno más se alzará para pelear en contra, uno que no se acobarde y sea capaz de hacer lo que deba hacer para lograr justicia, incluso si debe arriesgar su vida para vencer.

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En días pasados AMLO dio a conocer un documento titulado “La nueva política económica en los tiempos del coronavirus”, texto que se hace necesario revisar con detenimiento. No porque el contenido proponga una alternativa con acciones medibles y verificables para mejorar nuestra endeble economía sino por el trasfondo de las líneas escritas por el presidente.

López Obrador acierta cuando señala que el fracaso de la política neoliberal ha quedado de manifiesto desde el salinismo donde la acumulación de la riqueza en unos cuantos incrementó la desigualdad y la pobreza a pesar del crecimiento económico en la tasa promedio anual. También acierta al señalar que, desde la implementación de ese modelo, los centros del poder económico y financiero (curiosamente olvidó señalar el político) definían los parámetros de evaluación a conveniencia del capital cuya máxima es la acumulación de la riqueza sin que esta considere a quienes la producen.

Si bien esos dos elementos coinciden con la visión crítica de los economistas respecto a que, en los parámetros de evaluación no se consideraba las características propias de la cultura y la idiosincrasia mexicana, el documento señala antecedentes que integran o significan uno de los principales argumentos del lopezobradorismo ante los problemas actuales: todo es culpa de las administraciones anteriores. Y sí, no es responsabilidad del presidente actual que se haya instaurado el neoliberalismo a finales de los ochenta, pero sí es su responsabilidad erradicarlo o cuando menos impulsar un modelo alternativo a partir de que asumió la presidencia de la república. Bien podría comenzar reflexionando que nuestra nación, dada su cercanía a la unión americana, requiere implementar una política económica más regional y sobre todo más encaminada hacia el sur. Es decir, como nación periférica, no se elude o desconoce el contexto global, pero se obliga más a mirar hacia dentro, a la casa.

No es el texto del presidente un plan de acción. Propios y extraños pueden coincidir en esa aseveración. Por más que se analice o discuta el documento, no describe alguna alternativa o planteamiento económico, para nadie es un secreto que el presidente ignora principios básicos de economía. Por eso en las páginas de su nueva política, es claro que nuevamente basa su visión moral (sólo la suya) respecto a lo que considera correcto y no plantea la adopción de medidas de contención o reactivación económica. En ese texto el mensaje es claro, va a continuar implementando su visión, la única que conoce y acepta, o sea la propia.

Ahora bien, ante el fracaso del modelo neoliberal, existe una clave en la que no se entiende la razón por la cual el presidente no anuncia o implementa en el mediano y largo plazo: la soberanía alimentaria.

Muy a menudo legisladores y hasta los propios funcionarios de la SADER, confunden el término seguridad alimentaria con soberanía alimentaria. Brevemente hay que señalar que la seguridad alimentaria de acuerdo a la definición de la FAO, existe cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico y económico a suficientes alimentos, inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana. Por otra parte, la soberanía alimentaria comprende seis ejes centrales:

1.     Se centra en alimentos para los pueblos.
2.     Pone en valor a los proveedores de alimentos.
3.     Localiza los sistemas alimentarios.
4.     Sitúa el control a nivel local.
5.     Promueve el conocimiento y las habilidades.
6.     Es compatible con la naturaleza.

Alcanzar la soberanía alimentaria obedece a un proceso de transformación profunda en el agro mexicano, en primera instancia se debe modificar el artículo 27 constitucional como se ha demandado por los sectores organizados. La política actual no acaba con los privilegios de los principales acaparadores de la producción aglutinados en el Consejo Nacional Agropecuario. El combate a la corrupción de la que tanto habla AMLO, implica acabar con el clientelismo histórico y el que se sigue fomentado en esta nueva administración por viejos conocidos de la clase política, baste ver la coordinación general de ganadería de la SADER. Adicionalmente se deben ajustar las recientemente publicadas reglas de Operación para apoyos a los sectores agropecuario, forestal, pesquero, alimentario y rural donde las tasas de interés no son las más aptas para el pequeño productor. Los precios de garantía deben estipularse no sólo en los granos, o la leche, sino ampliarse a verduras, frutas y legumbres. Un dato importante en este rubro: aún en la 4T, los precios de garantía continúan beneficiando a los grandes acaparadores. En el caso del maíz, son los acaparadores quienes tienen condiciones para cumplir con los grados de humedad requeridos por la norma, lo que les permite justificar cientos de toneladas de esta gramínea. Es por ello que las evidentes deficiencias en los precios de garantía, nuevamente protegen al CNA y, en consecuencia, ponen al pequeño productor en desventaja.

Dice Andrés Manuel que el mal del coronavirus vino a recordarnos lo frágil y que resulta un modelo excluyente, sin dimensión democrática y social. Claro que sí, pero no solo el COVID-19 nos recuerda esa fragilidad. También nos demuestra lo frágil que puede ser un gobierno sin orientación económica empecinado en transmutar los preceptos morales de un solo personaje en la planeación económica de un país. Los resultados están a la vista, a la postre se incrementará la pobreza y la desigualdad como ha sido desde hace más de 30 años. A pesar del discurso moral, de mantener este rumbo, solo se continuará beneficiado a los ricos de siempre, entonces ¿no se suponía que, por el bien de todos, primero los pobres?

Texto de: Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas, CODUC A.C.

Es necesario pensar en un empleo formal que contribuya a frenar la pobreza.

Jorge Martínez Cedillo (Ciudad de México) .– El Centro de Estudio para la Promoción y Difusión del Empleo Formal (CEEF) califica como ’falacia’ el planteamiento del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de crear 2 millones 93 mil 364 empleos para estabilizar la pérdida de puestos laborales, producto del impacto económico por el Covid-19.

“La única manera de frenar y cambiar la pobreza en México, agudizada por la pandemia, es crear empleo formal. El presidente habla de ocupaciones, en las que no hay garantía de prestaciones de ley como la seguridad social”, afirma Armando Leñero, presidente del CEEF. 

La propuesta del mandatario “omite” la realidad de un mercado laboral mexicano “en crisis sistemática”, señala Leñero. 

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Empleo, 31 millones 41 mil 234 personas están en la población informal, sin ningún derecho laboral. En tanto el Coneval refiere que las personas en situación de pobreza por ingreso, a las que no les alcanza para cubrir una canasta alimentaria, bienes y servicios básicos aumenta entre 7.2 y 7.9 puntos en el país, lo que equivale alrededor de 9.8 millones de personas. 

Sin garantías no hay mejora 

Para el presidente del CEEF, la crisis sanitaria desplomó la empleabilidad, pero es transitoria, lo que no es pasajero es la “cicatriz” que puede generar la reacción del gobierno al no garantizar que los empleados creados sean formales.

Armando Leñero agrega que para que los más de 2 millones de empleos creados hagan una diferencia en la población, se necesita pensar en un empleo formal que contribuya a frenar la pobreza, potenciada por una pandemia que dejó al descubierto que los mexicanos no cuentan ni con lo suficiente para alimentarse o tener un seguro social para recibir atención médica. 

De acuerdo con lo establecido por la Ley Federal del Trabajo, y la Organización Internacional del Trabajo, un empleo formal implica tener un contrato de trabajo firmado, aguinaldo, vacaciones, prima de vacaciones, derecho a la PTU, estar registrado en INFONAVIT y en el IMSS, tener acceso a la capacitación y a la seguridad en el trabajo. 

“La reactivación del empleo debe estar ligada a la formalidad, y por tanto, a disminuir pobreza. Sumar créditos de INFONAVIT es una medida clientelar, no una solución a largo plazo, que es urgente tomar, en particular porque la crisis tomó al país en un momento donde ni siquiera había claridad sobre cierta recuperación del empleo”, puntualiza Armando Leñero.