Cifras oficiales en Estados Unidos indican que alrededor del 50 por ciento de los trabajadores del campo no tienen estatus migratorio, pero en realidad son más del 70 por ciento; la mayoría son inmigrantes que a pesar del miedo a contagiarse o a ser detenidos siguen trabajando en los campos de cultivo, sin mínimas medidas de seguridad.
Abigail A. Correa Cisneros. – Con el objetivo de frenar la caída en sus economías, países como Estados Unidos y Brasil, instan a sus ciudadanos a continuar en sus trabajos. Especialmente en el país que gobierna Donald Trump, se registran más casos de infectados por covid-19 en el mundo. Hasta este martes se confirmaron 823,081 personas con la enfermedad y más de 45 mil muertes.
Pese al incremento de la epidemia, muchos ciudadanos insisten en salir a laborar, incluso hubo manifestaciones para romper la cuarentena en Wisconsin, Michigan, Meryland, Texas, Ohio e Indiana, el propio presidente estadunidense insta a la sociedad a seguir acudiendo a sus trabajos pese al virus.
En Estados Unidos miles de migrantes continúan trabajando en el campo y otros más detenidos en las estaciones migratorias. Los apoyos económicos que ofrece el gobierno estadunidense no incluyen a los que laboran en el campo, ellos continúan arriesgándose hasta con horas extra. Respecto a los detenidos, ni siquiera cinco mil menores de edad han logrado ser liberados.
En medio de la pandemia, quienes trabajan para que no falte la comida, laboran sin protección mínima, no cuentan con seguro médico y si no trabajan no ganan.
Armando Elenes, secretario-tesorero de la Unión de Campesinos (UFW) comentó a medios de comunicación, que oficialmente más del 50 por ciento de los trabajadores del campo no tienen estatus migratorio, pero en realidad son más del 70 por ciento. “Para ellos no hay ninguna ayuda dentro del paquete de alivio financiero para lidiar con el impacto económico del coronavirus. Ni tienen derecho a solicitar la ayuda para el desempleo”, recalcó.
Activistas que abogan por los derechos de inmigrantes hicieron un llamado para que no se olviden de los hispanos que continúan laborando en los campos para que no falte el alimento en las mesas de millones de estadounidenses.
Isaret Jeffers, líder de Colectivo Árbol lamentó que se niegue apoyo a “gente que está levantando ahora la economía”. “Si no hay campesinos, no hay vegetales en
nuestras mesas, en las tiendas”, advirtió. “Gracias a ellos encuentras todavía vegetales. A donde quiera que vayas hay vegetales frescos y de calidad”, puntualizó Jeffers, quien está recolectando alimentos para poner comida en las mesas de familias indocumentadas.
A los campesinos se les complica llevar a cabo medidas como el distanciamiento social por lo que implica su propia labor, cada mañana abordan autobuses llenos y trabajan codo con codo en la recolección sin la protección adecuada. Si se enferman, por las condiciones en las que viven también les resultará difícil aislarse.
Únicamente los inmigrantes con números válidos de Seguro Social y personas que cumplan los requisitos de “extranjeros residentes” pueden recibir los cheques de apoyo.
Asimismo, Marielena Hincapié, directora ejecutiva del National Immigration Law Center, expresó en un comunicado de prensa: “Los trabajadores inmigrantes y las familias que pagan impuestos han sido excluidos de recibir un solo dólar… El proyecto de ley excluye vergonzosamente a millones de inmigrantes y sus familias de la cobertura para pruebas y tratamiento de covid-19 o asistencia económica, incluso cuando muchos están en la línea del frente trabajando para enfrentar la pandemia”.
Los inmigrantes arriesgan su vida y no es únicamente por la reciente crisis de salud. Se enfrentan a cobros ilícitos por visado, transporte y alojamiento; a la explotación laboral, a la falta de acceso a servicios básicos y vivienda insalubre.
Estados Unidos requiere de los trabajadores migrantes. Muchos mexicanos viajan en esta temporada para laborar con permisos temporales como la visa H2A. La agencia de noticias IPS publicó que México y Estados Unidos podrían estar negociando contratar a gente proveniente de Michoacán, Oaxaca, Zacatecas y los estados fronterizos para evitar que se pierdan sus cosechas durante la pandemia.
Sin embargo, el problema sigue siendo la falta de medidas de protección ante el coronavirus y no contar con seguro médico. Hay zonas donde ni siquiera hay hospitales, obligándolos a desplazarse a otras ciudades en caso de enfermarse.
La inmigración a los Estados Unidos ha aumentado considerablemente desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) en 1994, un acuerdo que provocó que dos millones de agricultores mexicanos se quedaran sin trabajo.
A los trabajadores agrícolas de Estados Unidos frecuentemente se les paga por cada cubeta que cosechan. En algunos estados sólo ganan aproximadamente 40 centavos de dólar por cada cubeta de tomates o camotes. Con ese pago, deben cosechar dos toneladas de productos alimenticios (125 cubetas) para ganar 50 dólares, según datos del Departamento del Trabajo de EE.UU.
En promedio, los hijos de los trabajadores agrícolas migrantes podrían asistir a tres diferentes escuelas en un año. A muchos de estos niños les toma aproximadamente tres años para avanzar al siguiente grado. Para cuando los menores cumplan los 12 años, es posible que trabajen en los campos de 16 a 18 horas a la semana, dejando poco tiempo para sus estudios.
La agricultura sistemáticamente ha sido clasificada como una de las tres ocupaciones más peligrosas en los Estados Unidos. Los empleados agrícolas tienen unas de las tasas más altas de accidentes causados por sustancias químicas tóxicas y enfermedades de la piel en comparación con otros trabajadores en el país, así como un alto índice de heridas a los ojos. Tienen mayor incidencia en comparación con otros grupos de trabajadores de insolación, dermatitis, infecciones de las vías urinarias, infecciones parasitarias y tuberculosis.
Las condiciones de vivienda inadecuadas llevan al número cada vez mayor de intoxicación por plomo, enfermedades de las vías respiratorias, infecciones del oído y diarrea. Los niños tienen un mayor índice de exposición a pesticidas, desnutrición y problemas dentales que el resto de la población. Los hijos de los trabajadores agrícolas migrantes también tienen una menor probabilidad de haber recibido todas las vacunas necesarias que otros niños.
DESDE EL CENTRO
El segundo hombre más rico de México, Ricardo Salinas Pliego, se niega a seguir las medidas sanitarias para evitar que aumenten los contagios de covid-19. Sus 70 mil trabajadores acuden a sus trabajos con el temor de contagiarse o de perder el empleo si faltan… Más de 190 agrupaciones civiles, colectivos y comunidades, así como medio centenar de académicos y defensores ambientales expresaron su rechazo a que se continúe la construcción del Tren Maya en medio de la crisis sanitaria por el covid-19… La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que a través del programa Producción para el Bienestar (PpB) entregará en Quintana Roo, durante abril y la primera semana de mayo, 199 millones 349 mil pesos en apoyos directos en favor de más de 40 mil productores de maíz, frijol y otros granos, así como de caña de azúcar, y de un grupo de productores de pueblos indígenas de maíz y/o milpa de la zona maya del estado…La mezcla mexicana de petróleo subió este martes a 7.12 dólares por barril, luego de que este lunes cerró en -2.37 dólares, de acuerdo con datos de Petróleos Mexicanos (Pemex). De acuerdo con reportes de El Financiero, el WTI cerró en 11.57 dólares por barril… México entró a la fase 3 de la epidemia de coronavirus, se prepara para la mayor cantidad de contagios entre la población. Hugo López Gatelll detalló que en las cuatro regiones que tiene consideradas el Consejo de Salubridad General ya se superaron los mil casos. abicorrea79@hotmail.com
El gobierno actual intenta defenderse por todos los flancos, un día son los transportistas, otro son los que exigen la paz del país con varita mágica, o los cuidadores del orden público; pero justo el día en que se conmemoran 109 años de la Revolución mexicana, son los campesinos, o más bien, los líderes de éstos, quienes amenazan con paralizar el país si les siguen negando los “apoyos” a los que están acostumbrados.
Organizaciones como la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas que dirige Álvaro López Ríos, anunciaron que irrumpirán en el desfile de este 20 de Noviembre, para probar si el Gobierno Federal es respetuoso de sus derechos. Para ellos nada cambió con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia del país: “Es muy lamentable porque fuimos y participamos en la decisión de hacer ganar un proyecto que hoy nos da la espalda, cuando el campo fue uno de los más afectados por las políticas neoliberales”, dijo el líder de la UNTA que lleva más de medio siglo al frente de la misma.
Mientras tanto, ayer por la noche todavía seguía en suspenso la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 y los campesinos del Frente Auténtico del Campo (FAC), que sostenían un diálogo con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, prefirieron parar la plática pues los legisladores atajaron en no otorgarles más recursos económicos.
Los del FAC aseguraron que solo la fuerza pública los hará moverse de las puertas de San Lázaro, es decir, ahí se quedarán un buen rato porque luego de todas las manifestaciones actuales en el orbe que han sido reprimidas y en las que militares y policías han dejados ciegos, heridos y hasta muertos, en Bolivia y Chile, por ejemplo, creen que si el gobierno de AMLO decide disipar a los aglomerados podría ser interpretado como imitación a esas acciones, lo que mancharía su gestión, tanto como la de sus antecesores o incluso más.
También los de Antorcha campesino andan buscando la tajada que les daban los gobiernos anteriores, su vocero, Homero Aguirre, anunció que alrededor de 10 mil integrantes de la agrupación, integrada al PRI, bloquearán este miércoles las puertas de la Cámara de Diputados y exigirán recursos para la realización de mil 567 obras en comunidades del país donde tiene presencia.
Pero ya se dijo que no habrá más subsidios para el campo, porque se reasignarán 12 mil 500 millones de pesos a programas sociales. En lugar de los apoyos que se daban al sector campesino, ahora se otorgará financiamiento a través de Finagro, una Sociedad Nacional de Crédito que fusionará todos los fondos para el gremio a fin de seguir ayudando a los trabajadores del agro.
Esta Sociedad agruparía fondos y fideicomisos ya existentes como Financiera Federal, Agroasemex, Firco y otros. Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, sostiene que hay que cambiar la entrega de recursos a la actividad agrícola a fin de consolidar reformas a favor de los más pobres del país.
En contraste, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala dice que el cambio perjudicará la producción y como ejemplo mencionó que tendrían que importarse 24 millones de toneladas de maíz al año de Estados Unidos, al reducirse hasta 40.6 por ciento los recursos al agro nacional.
Según el vocero de la coordinadora, Jesús Gutiérrez Valencia, de seguir la política asistencialista de López Obrador, se condena al campo mexicano al abandono y a la pérdida de su capacidad productiva a mediano plazo. Sin embargo, esos programas asistencialistas que menciona son los mismos que los dirigentes recibían, miles de millones de pesos, de los que sólo entregaban migajas a los campesinos que continúan en la miseria.
Cínicos y descarados, los líderes campesinos amenazan con desquiciar a la CDMX. Hace un mes presionaron con una supuesta huelga de hambre frente a la Secretaría de Gobernación. Pero a los cabecillas del FAC, integrado por la UNTA, la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), el Movimiento Social por la Tierra (MST) y la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), se les descubrió comiendo en el Café La Habana, a unos pasos de la Segob, como no lo hacen millones de quienes producen los alimentos que requieren todos los mexicanos.
Ya se dijo en este espacio que en los años neoliberales que castigaron a México, el campo, aunque fue uno de los sectores más golpeados, recibió un presupuesto de más de 300 mil millones de pesos al año, en los últimos sexenios, de los que en promedio le tocaba exclusivamente a la Secretaría de Agricultura más de 70 mil millones de pesos, dinero que sólo enriqueció a unos cuantos y que nunca logró que México se colocara en el top agrícola mundial de productos básicos.
Aún peor, los campesinos e indígenas que realmente trabajan nunca fueron beneficiados; sin embargo, los agroempresarios y líderes campesinos sí tenían para sus trocas, ganado y para generar más ganancias a expensas de los otros.
El presidente AMLO tiene que sacar este sector adelante, el campo enfrenta uno de los retos más grandes de la historia, es un gran avance direccionar el apoyo y asegurase de que llegue a los que les hace falta, y que las riquezas del país, en tierra y mar no sean parte de las propiedades de los que han concentrado durante décadas el dinero que se destina al crecimiento de la Nación. La tarea es convencer a los productores de que es verdad esta ayuda, que los apoyos ya no se quedarán en sus líderes y que llegará a los campesinos, ganaderos, pescadores e indígenas sin intermediarios.
Es necesario que el sector rural se integre en una verdadera unidad entre aquellos que tienen que ver con la generación de alimentos en México y seguir con el desarrollo equitativo en el campo, acabar en un par de años con el estrecho que divide a los ricos de los jodidos.
Que no se olvide el “Plan de Ayala Siglo XXI 2.0” que a principio de este año emitió una proclama política donde señala que para alcanzar un nuevo campo mexicano se debe contemplar un Proyecto Alternativo de Nación a la política neoliberal. Por ello es necesario tener como ejes la soberanía alimentaria; la política de Estado; la reorientación del gasto público hacia las pequeñas unidades de producción; el comercio con una agenda de desarrollo; la agroecología; el Ejido, las Comunidades; el Derecho a la Agroalimentación Nutricional y a la vida libre de violencia, entre otros puntos. Documento que firmaron las cabezas de las organizaciones mencionadas, además de la Central Campesina Cardenista (CCC), la CIOAC en todas sus versiones y la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (COCyP), entre muchas otras, sin olvidar a la Confederación Nacional Campesina (CNC), la CCI, ALCANO, UGOCM, UGOCP y muchas más, cuyos líderes reclaman se les entregue para multiplicar sus mansiones, ranchos, estaciones de radio y un ritmo de vida al estilo de los dirigentes obreros del país.
Ya no será así sostiene y repite el presidente Andrés Manuel López Obrador. Finagro brindará oportunidades financieras a más de 5 millones de personas en México que no tienen acceso al crédito formal. El último Censo General de Población y Vivienda, arrojó que alrededor del 23% de la población económicamente activa del país se dedica a las actividades agropecuarias, las cuales generan poco más del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
Esta nueva institución tendrá una sola ventanilla de atención, que ofrecerá́ productos de financiamiento tales como: capital semilla, capital emprendedor, crédito y administración de riesgos, enfocados al sector rural del país. El nuevo modelo de financiamiento para el sector rural del país, y su Programa de Inclusión Financiera, impulsará la productividad y apoyará a los que no han sido beneficiados con créditos o programas sociales. De esta manera más productores tendrán acceso a los apoyos financieros en su beneficio y el del país.
DESDE EL CENTRO
Ojalá que este 20 de Noviembre se conmemore sin la violencia que pueden provocar dirigentes cerrados al diálogo para seguir gozando de privilegios.
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