Entrada a Tahawi, ubicado en Riberas del Pilar, sobre la calle Paseo del Lago. Foto: Google.
Redacción.- Otro más. El hotel y salón de eventos “Tahawi”, ubicado en la agencia de Riberas del Pilar, sobre la calle Paseo del Lago, fue denunciado en redes sociales debido a que presuntamente la construcción se encuentra sobre zona federal.
En una publicación de Ajijic Observatorio Ciudadano, un vecino denunció que no hace mucho tiempo que un hombre, inició trabajos para construir lo que ahora es un hotel y salón de eventos.
De igual manera, el denunciante comentó que antes de que iniciaran con la edificación, esa zona era uno de los pocos sitios en Riberas del Pilar que los vecinos utilizaban como parque y punto de acceso al Lago de Chapala, para actividades acuáticas como el uso de kayak y lancha.
Tres vecinos entrevistados -que optaron por mantenerse anónimos- confirmaron esta información, agregando que no solo se desarrolló en terreno federal, sino que también se realizaron trabajos de rellenos, o terraplenes con escombro.
“Si bien, sí hay invasión en varias residencias que colindan con las playas, que ya han colocado malla ciclónica, no es común que salgan del lindero. Este hotel, además de haber invadido completamente el terreno federal, sale unos metros sobre un relleno”, añadió uno de los consultados.
Por su parte, el síndico municipal, Gamaliel Soto Pérez, compartió que en estos casos donde ya existe una construcción, la responsabilidad recae en que actúen las instancias federales correspondientes, por ejemplo, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), o la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), recibiendo la queja y, posteriormente, haciendo los trabajos de remoción de lo que se haya construído en terreno federal o fuera de las normas que implica una concesión.
Mientras que el municipio lo único que puede hacer es recibir la denuncia y remitirla a las autoridades correspondientes.
Manta de advertencia para abandonar el predio invadido por el político José de Jesús Arambul Solorio. Foto: Facebook.
Sofía Medeles.- Durante la ratificación del exhorto que se le hizo al ayuntamiento de Chapala por parte del Congreso de Jalisco, misma que se dialogó en la última sesión de cabildo el pasado 28 de junio, se habló de la necesidad de tener más autoridad en cuestiones de zona federal, más allá de la petición que se les impuso de mantener la vigilancia, sobre todo en el predio presuntamente trató de invadir Jesús Arambul Solorio.
El presidente municipal, Alejandro de Jesús Aguirre Curiel, declaró que la situación se tornó como “andar al gato y al ratón”, aunque aseguró que se sumarán a la petición, pidió la intervención de la diputada local Erika Lizbeth Ramírez Pérez, quien promovió el exhorto, para que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) realice sus inspecciones y sanciones correspondientes, o en caso contrario, que la comisión realice un convenio para que el municipio tenga las facultades necesarias para resolver estas cuestiones.
Tras exponer el punto, los regidores discutieron sobre las acciones que ya han tomado en cuestiones de invasión, las cuales han sido mínimas por las limitantes territoriales que tienen en estos casos, por ejemplo, las clausuras que se han realizado cuando existe construcción, y la denuncia a instancias como la CONAGUA, y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
Por su parte, el síndico municipal, Gamaliel De Jesús Soto Pérez agregó: “Ya hemos hecho denuncias de ese y otros inmuebles a la orilla del lago. Lo que propuso en su momento CONAGUA, fue realizar un convenio donde responsabilizan al municipio con la inspección, mientras ellos siguen con las atribuciones legales para actuar sancionando, por lo que no se ha aceptado […] el exhorto a lo mejor ya llego tarde a las acciones que hemos implementado”.
El exhorto fue propuesto por la diputada Erika Ramírez y tras ser aprobada por 37 votos a favor en el Congreso local, se corrió la petición al Gobierno de Chapala para implementar mecanismos de vigilancia y coordinación para promover juicios correspondientes a invasiones en zonas federales -especialmente en el predio invadido por Arambul, ubicado en la calle Colón de San Antonio Tlayacapan-, donde estarían involucradas las dependencias de Jurídico, Reglamentos, Desarrollo y Planeación Urbana y Seguridad Pública.
Restaurante ubicado a un costado del muelle de Ajijic. Foto: Sofía Medeles.
Sofía Medeles.- El presidente municipal, Alejandro de Jesús Aguirre Curiel, informó que buscarán impugnar la decisión de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco que compromete al ayuntamiento de Chapala a renovar las licencias correspondientes para la operación del restaurante “Barrio de Quilmes”, ubicado a un costado del muelle de Ajijic.
Tras la resolución favorable a la demanda de Héctor Fabio Rizzo, en una entrevista con Aguirre Curiel tras la décima sesión de cabildo realizada el pasado 28 de junio, explicó que no han acatado la orden y piensan recurrir al recurso de apelación, para que se le pueda dar una mejor resolución al caso.
“Lamentablemente son casos en los que los magistrados dan resoluciones rápidas y tajantes, es algo que no vamos a permitir”, mencionó el edil, quien también aseguró que trabajarán en que se revoque la decisión del tribunal.
El munícipe agregó que el motivo por el cual esta administración no ha cumplido con la renovación de las licencias que necesita el restaurant-bar para operar, es porque se encuentra en terreno federal del Lago de Chapala, además de que le parece que se interpone con lo atractivo del lado izquierdo del malecón.
Pese a la disputa legal, el restaurante ya ofrece vacantes de empleo y, aunque no tiene fecha de apertura, las labores de remodelación del recinto no han parado desde hace más de un mes.
Fue la semana pasada cuando el Tribunal de Justicia Administrativa, mediante el oficio marcado con el número de expediente 48/2008, obligó al Ayuntamiento de Chapala a otorgar la licencia municipal correspondiente al refrendo de giro de restaurante-bar; de lo contrario, funcionarios públicos como el alcalde, el síndico Gamaliel de Jesús Soto Pérez; la secretario general, Lilia Alvarado Macías, así como el tesorero José Guadalupe Dueñas Acosta, por mencionar algunos, serán acreedores a un arresto domiciliario de 36 horas.
La apertura de un nuevo restaurante en este sitio, resulta polémico ya que, desde su colocación en 1988, no ha sido bien aceptado por una parte de los habitantes de Ajijic, quienes aseguran que es una invasión y está fuera de cualquier tipo de concesión.
Por su parte, el dueño del local y de la concesión, Fabio Rizzo Jasso, quien ya ha declarado múltiples veces que cuenta con el permiso por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por 50 años, y abarca un área de tres mil 362 metros, que no solo abarcan el malecón, si no, una parte del parque de la Amistad.
El restaurante ubicado a un costado del muelle de Ajijic sobre la zona federal contará con la licencia municipal para operar como restaurante-bar. Foto: Archivo.
Redacción.- La Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco obligó al Ayuntamiento de Chapala a otorgar la licencia municipal correspondiente al refrendo de giro de restaurante-bar a Héctor Fabio Rizzo Jasso, para el restaurante ubicado a un costado del muelle de Ajijic.
El oficio marcado con el número de expediente 48/2008 informa que de no ser así los funcionarios públicos como el alcalde, Alejandro de Jesús Aguirre Curiel; el síndico Gamaliel de Jesús Soto Pérez; la secretario general, Lilia Alvarado Macías, así como el tesorero José Guadalupe Dueñas Acosta, por mencionar algunos, serán acreedores a un arresto domiciliario de 36 horas.
Dicho oficio también refiere que el restaurante, que por mucho tiempo ha generado polémica y rechazo por parte de los pobladores de la delegación, se ubica en el número 22 de la calle Morelos, cuando el local está a un costado del muelle sobre la zona federal, amparado por un título de concesión a nombre de Rizzo Jasso.
La sentencia con carácter de definitivo asegura que no ve causa legal alguna ante la negativa para la entrega del refrendo de la licencia por parte del Ayuntamiento, la cual se ha negado desde el mes de mayo del 2013.
Sellos de clausura en el portón principal del predio invadido presuntamente por Alfredo Ríos Becerra. Foto: Cortesía.
Redacción.- Se clausuró por tercera ocasión las obras en el predio que se encuentra en terreno federal en Riberas del Pilar, el cual ha sido denunciado en múltiples ocasiones, y que las obras están a cargo de “El Torero” retirado, Alfredo Ríos Becerra.
La clausura ocurrió el lunes 20 de junio, donde vecinos de la invasión informaron que el portón principal contaba con tres sellos de clausuras del Ayuntamiento de Chapala, y aunque cuentan con diferentes folios, habrían sido por “movimiento de tierras”, según la dirección de Comunicación Social.
Este caso, según testigos, ha sido denunciado a diferentes instancias municipales y federales desde el 2017, y anterior a esta ocasión, ya se había clausurado en dos más. Sin embargo, ciudadanos comentaron que “no duran” y las cuales, según estos testimonios, están desaparecidas del archivo de clausuras, ya que no dan razón de estas en el Ayuntamiento.
Aunque los denunciantes felicitan y celebran las acciones tomadas por el Gobierno de Chapala, siguen solicitando a instancias federales como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), o la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) a intervenir y dar una solución permanente a esta problemática.
Tras las múltiples denuncias, el Ayuntamiento de Chapala brindó el número telefónico 33 3446 4362 para reportar de manera inmediata este tipo de invasiones y trabajos irregulares en zona federal.
La crisis hídrica ha propiciado la venta del agua en diferentes partes del país. Foto: Cuartoscuro / Gabriela López.
Por: Abigail A. Correa Cisneros
En medio de la crisis hídrica que se vive en el país, vale la pena resaltar que hay ciudadanos que se aprovechan de los huecos que todavía hay en la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
La corrupción que ha tratado de eliminarse desde que comenzó el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, permitió la existencia de pozos ilegales y desvío del recurso más importante para la vida, el agua.
Apenas surgieron a la luz nombres de algunos particulares, Fernando González Treviño y Luis González Treviño, que desviaron agua a sus ranchos en Nuevo León, y que hoy equivaldría al suministro de 140 mil habitantes. El Gobierno del Estado informó en días pasados la existencia de tomas clandestinas de agua en distintos municipios rurales. Uno de ellos corresponde a un rancho-hotel que tomaba agua del Río San Fernando, el segundo se trata de una propiedad de Hualahuises que mediante compuertas y una represa limitaba el paso del agua y lo desviaba a riego.
Asimismo, encontró y clausuró una represa al interior de un rancho, en el cual se extraía de manera ilegal agua de un ducto que conectaba con la presa El Cuchillo.
El agua dejó de ser un bien de la nación, ya lo acaparan empresas y uno que otro que impunemente la saquea dejando a los más necesitados sin la misma, ya sea para hacer negocio o simplemente apropiársela. Desde 1992, el sistema de concesiones permite las fugas, y los gobiernos que fueron llegado al poder se hicieron de oídos sordos. Este sistema no registra de manera exacta cuánta agua se extrae y para qué se usa.
Existen miles de títulos de concesión para uso agrícola, pero se destina a otros fines, lo que significa un desvío del subsidio y por lo tanto un delito. Además, la ley excluye de pago a aquellos que tienen concesiones para uso agrícola. Asimismo, se señala a grandes empresas, mineras, refresqueras, cerveceras, entre otras, como las que despojan del agua a comunidades. Varias de esas corporaciones son beneficiadas con condonaciones de impuestos y subsidios para el campo.
La denuncia de pozos ilegales se ha hecho desde hace años, pero parece no importar. Tan solo en Chihuahua ejidatarios, agricultores y miembros de la organización El Barzón han denunciado esta actividad desde por lo menos, hace una década. Los afectados hicieron su propio conteo, ya que Conagua no mostró interés, y descubrieron cerca de mil 500 pozos ilegales en el estado.
Cuando se hizo la denuncia durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, de pronto Conagua había entregado 395 constancias de registro a productores de los municipios de Cuauhtémoc, Riva Palacio y Namiquipa, (acuíferos de Cuauhtémoc y Santa Clara) zonas en donde se habían encontrado los pozos ilegales.
Lo peor es que cuando los campesinos denuncian o buscan respetar sus derechos, son tratados como alborotadores, delincuentes e incluso se enfrentan a la amenaza de muerte. Por ejemplo, en el caso de Chihuahua, desde que se hizo la denuncia, hace algunas décadas, las autoridades en lugar de defender a los ciudadanos permitieron la aprehensión de una veintena de personas por oponerse a la electrificación de los pozos ilegales que están abatiendo los mantos acuíferos.
Desde el 2012 varios productores agrícolas, con concesiones legales para extraer el agua del subsuelo de la Cuenca Hidrológica del Río del Carmen, notaron que sus cosechas disminuían por el abatimiento de los acuíferos. Iniciaron un movimiento para exigir a las autoridades que cancelaran los más de 400 pozos ilegales en la Cuenca. La sobreexplotación ilegal, no sólo afecta a las familias que cuentan con concesiones para sembrar sus parcelas y producir alimentos, sino que está provocando un daño irreversible a los recursos naturales.
En 2012, Ismael Solorio y Manuela Solís fueron asesinados por defender el derecho al agua. Desde entonces y hasta 2019, se contabilizaron 83 asesinatos de defensores del ambiente y del territorio, que en su mayoría lucharon por el acceso al agua para sus comunidades.
DESDE EL CENTRO
Finalizó la Cumbre de las Américas y, entre otros temas, se habló de la migración incontrolable en la región. Entre acciones como destinar más presupuesto para países centroamericanos, destacó el programa Sting (aguijón) que tiene por objetivo desmantelar las caravanas de migrantes. El plan puede ser ampliamente criticado en cuanto a los derechos humanos. Si bien combate a los coyotes o polleros (traficantes de humanos), también trata como criminales a los migrantes. En entrevista con CNN, el secretario de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, se refirió al programa que desplegará cientos de agentes en América Latina para desarticular y desmantelar la red de “contrabando de personas” que se dedican a organizar las caravanas de miles de migrantes que se han convertido en un quebradero de cabeza para Estados Unidos y otros gobiernos de la región, México incluido… Entraron al país las primeras seis mil 700 toneladas de sulfato de amonio con que se podrá atender la demanda de la agricultura comercial a precios competitivos y al mismo tiempo se incrementará la productividad agroalimentaria del país para hacer frente a la crisis global propiciada por el conflicto en Europa del Este. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula dijo se están tomando medidas a tiempo, concretas y prácticas que instruyó el presidente Andrés Manuel López Obrador para proveer de fertilizante a los agricultores mexicanos, y que forman parte del Plan contra la inflación y la carestía (Pacic), que en sus medidas de producción establece la eliminación de cuota compensatoria del sulfato de amonio.
Camiones de relleno saliendo del predio invadido. Foto: Cortesía.
Redacción.- Vecinos de Riberas del Pilar volvieron a denunciar rellenos con escombro en terreno federal, en la zona presuntamente invadida y terraplenada por Alfredo Ríos Becerra “El Torero”.
Se reportaron camiones de escombro entrando al predio -que ya está cercado con un muro de piedra- durante el mediodía del pasado martes 14 de junio. Rápidamente algunos vecinos se dedicaron a grabar y difundir el video, ya que, aseveran que las denuncias ante la policía no han servido de nada. Al final, el presunto responsable y los camiones salieron del lugar.
Uno de los vecinos recordó que lleva desde el 2017 denunciando esta acción, así como los trabajos que se han realizado dentro del mismo lote. Además, comentó que ese espacio ubicado en la calle Paseo del Lago, entre las calles San Mateo y San Pablo, era el único en todo Riberas del Pilar donde no existía invasión hasta la llegada de Alfredo Ríos, por lo que han tenido un largo historial de denuncias, que incluso logró dos clausuras y la visita de inspectores de la Comisión Nacional del Agua (Conagua); sin embargo, esto no evitó que se siguiera con los trabajos de construcción del muro, caballerizas y se le proveyeran los servicios básicos.
“Si vas y pides en transparencia la razón por la cual las clausuras se removieron, con todo y el número de expediente que se colocó, no dan razón, no existe ningún documento. Ya se le reportó a Conagua y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), y no proceden. Vinieron inspectores de Conagua cuando estaba el agua arriba, y se fueron diciendo que estaba inundado, que no había nada que hacer, aunque ya estaba cercado y ya empezaba levantando el muro “El Torero”, dijo el denunciante.
El ciudadano también se quejó de la falta de atención de las autoridades municipales, en las dos administraciones anteriores a la actual (2015-2018 encabezada por Javier Degollado González; y 2018-2021 por Moisés Alejandro Anaya Aguilar) por permitirle al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIMAPA) tener una toma de agua; y primero robar luz de los postes municipales, para después colocar su propio servicio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). “Con todo esto, no quedan ganas de seguir denunciando ante las nuevas administraciones”.
Otro vecino inconforme compartió la situación que guarda el terreno señalado con la comunidad indígena de San Antonio Tlayacapan, quien actualmente tiene la concesión de ese espacio. Se trata de una concesión de uso agrícola, que poseía un poblador de la delegación, con una extensión de 100 metros de frente por 50 de profundidad. Según el testimonio, Alfredo Ríos lo habría amenazado y amedrentado tanto, que el poseedor, decidió entregar la concesión a la comunidad, para que ellos se hicieran cargo del terreno.
Cuando se les brindó la concesión, “El Torero” ya estaba ejecutando trabajos en la zona y sólo pudieron rescatar poco más de una tercera parte, aproximadamente 35 metros de frente, dejándole al presunto invasor 75 metros de frente. “En Conagua no resolvieron la situación denunciada por el concesionado por un error de redacción en la denuncia y no se ha trabajado sembrando, porque el nivel del agua aun es elevado”, mencionó.
Por su parte, el departamento de Comunicación Social del Gobierno de Chapala se dio por enterado de la situación y comunicó que la gente que denuncia, necesita hacerlo inmediatamente para poder llegar e interceptar a los infractores, y así iniciar con el proceso correspondiente. Finalmente, brindaron el siguiente número, exclusivo para este tipo de denuncias: 33 3446 4362.
Predio cercado y con muro; este se encuentra dentro del Lago, en Riberas del Pilar. Foto: Cortesía.
Redacción.- Tanto vecinos de la zona, como grupos activistas en pro de la liberación del terreno federal, han denunciado la falta de atención de las autoridades hacía una de las invasiones al lago en la población de Riberas del Pilar.
Este predio se encuentra en la calle Paseo del Lago, entre San Pablo y San Mateo y, según testigos, planea construir una casa. Las medidas del espacio invadido son 75 metros de frente, y de 20 a 25 metros de largo hacia el Lago.
En este caso en particular, no solo se encuentra en terreno federal, sino que el supuesto propietario está realizando rellenos con material ahora que bajó el nivel del Lago, para poder construir, es decir, este predio está dentro del territorio del Lago de Chapala, por lo que, cuando sube el nivel, el espacio es cubierto por agua.
Algunos testigos entrevistados, quienes prefieren mantenerse en el anonimato, aseguraron que ya existen denuncias tanto en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), como en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), en las cuales, las autoridades competentes no han actuado.
Por otro lado, según estos testimonios, han clausurado por parte del Gobierno de Chapala al menos en dos ocasiones; sin embargo, los sellos han sido removidos, además de que se le ha brindado servicios como agua potable y electricidad.
El hombre señalado es conocido entre los denunciantes como “El Torero”, los cuales señalan que se trata de una persona muy agresiva, y que poco le importan las cuestiones de invasión. Actualmente, en el terreno se encuentra una caballeriza. Uno de los activistas fue a hablar con la mujer que le cuida los establos, quien afirmó que el acusado si está en planes de construir una finca ahí, de la cual, hasta ahora, tiene construido el muro de la fachada.
Tanto es así la molestia, que la Comunidad Indígena de San Antonio Tlayacapan se vio envuelta en el caso, actuando para reducir el terreno que se estaba apropiando, cercando al menos un tercio de este y colocando señalamientos que avisan que pertenece al polígono de la comunidad.
Actualmente, el terreno que contiene el relleno se encuentra sin ningún tipo de clausura. Por su parte, el presidente municipal, Alejandro Aguirre Curiel, comentó que recientemente se reunió con el secretario general del Gobierno de Jalisco, Enrique Ibarra Pedroza, para pedirle apoyo para poder intervenir y actuar en zonas federales, ya que, al ser cuestión federal, “no depende de ellos”.
“Ha habido varias reuniones con el director de la Conagua, que mandó una propuesta, pero está muy lejos de lo que necesitamos; entonces buscamos replantearla […] ofrecieron acercamiento, asesoría y disposición de venir, pero buscamos autoridad y facultad para intervenir y accionar”, aseguró el edil.
Ciudadanos de San Antonio Tlayacapan cortaron los alambres que impedían el libre tránsito. Foto: Armando Esquivel.
Armando Esquivel.- Por considerar una clara invasión a zona federal y poner en riesgo a las personas, pobladores de San Antonio Tlayacapan quitaron postes y retiraron alambres de púas, que algún particular, colocó a la orilla del Lago de Chapala. Durante la acción realizada el 20 de mayo, los activistas fueron recibidos con insultos, gritos y hasta amenazas.
Fue el malecón de la delegación chapalense el lugar en el que los activistas, también conocidos como “tumba-rejas”, se dieron cita durante la tarde del viernes, contagiados de las acciones de sus vecinos, los ciudadanos de Ajijic y con el fin de poner alto a las invasiones. Poco a poco los inconformes fueron llegando, encontrándose mujeres, hombres y personas de la tercera edad, todos dispuestos a defender sus playas.
La primera actividad fue el retirar plásticos negros que cubrían la construcción de una barda ya terminada, misma en la que se encuentran sellos de clausura por parte del Gobierno de Chapala y en la cual una persona salió para videograbar a los inconformes, por lo que luego de un rato, decidieron caminar rumbo al este, donde encontraron varios postes con alambres sobre las orillas del Lago.
Los postes con alambres impedían el paso de las personas por la playa, mientras que algunos de los cercos han sido tragados poco a poco por el agua, por lo que no se pudieron remover. Los “tumba-rejas” se dijeron molestos ante el alambrado que particulares han colocado, pues el riesgo de que alguna persona ingrese al Lago y quede atorado en los alambres, es más que evidente, considerando las víctimas que ha dejado del vaso lacustre.
En una de las propiedades cercanas, dos hombres se asomaron desde su terraza para pegar de gritos a los ciudadanos que quitaban los postes. “Deja de hacer esas cosas, ¿qué no escuchaste?”, “esto es un delito”, “vamos a llamarle a la policía”, fue parte de lo que se escuchó gritar a los enfurecidos hombres, que al final no les quedó más que tomar fotografías y esperar a que los pobladores se retiraran.
Fueron alrededor de 15 postes los removidos, más el corte del alambre de púas, acción que ahora permite el libre tránsito de la ciudadanía por la orilla del Lago. Los “tumba-rejas” de San Antonio Tlayacapan dijeron que continuarán con sus actividades y seguirán en pie de lucha contra las invasiones en zona federal.
En el lugar se colocó cinta preventiva, misma que fue removida. Foto: Armando Esquivel.
Armando Esquivel.- El caso del terreno a un costado del malecón de San Antonio Tlayacapan, en el que un particular busca construir un coto privado, ha llegado al Congreso de Jalisco, donde se aprobó un exhorto a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y al Gobierno de Chapala, mientras que los señalados de invasores ya retiraron el remolque, pero también han dejado una advertencia de proceso legal.
La iniciativa de acuerdo legislativo generó un exhorto, tanto a la dependencia federal como al municipio, para que informen respecto a la situación que guarda el terreno ubicado al fondo de calle Colón en la delegación de San Antonio Tlayacapan y fue propuesta por la diputada Erika Lizbeth Ramírez Pérez, de la fracción del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aprobándose por 37 votos a favor, sin abstenciones o negativas, durante el 12 de mayo. Habitantes de la delegación, fueron quienes se acercaron a la legisladora para pedir su intervención ante lo que consideran una invasión federal, según se lee en su exposición de motivos.
Mientras tanto, la tarde del 20 de mayo, pobladores de San Antonio Tlayacapan llegaron al punto ubicado al fondo de calle Colón, a las orillas del Lago, con el fin de remover un remolque que servía de oficina para los constructores, pero para su sorpresa, la unidad ya había sido removida, además, el lugar se encontraba rodeado de cinta preventiva y una lona con logotipos de la Fiscalía de Jalisco, advirtiendo que el lugar se encontraba proceso judicial, bajo el expediente 155/2022, con una camioneta de modelo atrasado en el interior del predio.
“Llévatela para que tapes a tus gallinas”, dijo un hombre a otro que quitaba la lona de advertencia, mientras que otro removía la cinta preventiva dando paso nuevamente a la población. Según vendedores del malecón, el remolque fue sacado por la madrugada y la cinta y la lona no fueron colocadas por la Fiscalía de Jalisco, sino por personal de la constructora que busca privatizar la zona y construir en una superficie de cinco mil 104 metros cuadrados frente al lago.
En enero, las autoridades derribaron un muro de piedra y clausuraron la zona, pero los trabajos continuaron de manera clandestina, por lo que en abril, la ciudadanía tomó el terreno. El excandidato a diputado local por el PAN, José de Jesús Arambul Solorio, dice ser el dueño, sin embargo, una copia de la escritura mostrada a este medio demostró que la escrituración fue realizada por un notario que no está avalado para actuar en la zona y que además se encontraba suspendido de sus funciones en el momento de la realización del documento, lo que lo hace nulo, situación que fue confirmada hace un mes por Jaime Natera López, presidente del Colegio de Notarios de Jalisco.
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