Parte de acceso al Lago de Chapala que intentó ser bloqueada por particulares. Foto: Armando Esquivel.
Armando Esquivel.- Defienden lo suyo. Pobladores de San Juan Cosalá evitaron que un particular intentara cerrar una de las entradas al Lago de Chapala, organizándose para quitar postes y dejar en claro que sus accesos no se privatizan.
En la zona que da al vaso lacustre, en la calle Guadalupe Victoria (también conocida como Rotario), al cruce con la Paz, fueron instalados dos postes desde la primera semana de noviembre, con el fin de instalar una cadena y tener controlado el acceso de vehículos, pero fue el sábado 11 de noviembre cuando los vecinos se organizaron para protestar y actuar contra el bloqueo.
“Quisieron privatizarnos la calle que baja hacia la laguna. Según pretextos que era tirar escombro, pero realmente no era eso, simplemente tienen pensado hacer algo. Construyeron como una rampa y lo que pasó es que se juntó la gente del pueblo para hacer el cambio, eso fue lo que pasó ahí. Yo digo que eso es contra nuestros derechos porque es libre, la verdad”, dijo Álvaro Rivera Vázquez, vecino de la zona.
En la orilla del lago se instaló una rampa de cemento que llega hasta la parte donde ya hay agua, sin saber si se solicitó permiso a alguna autoridad y aparentemente para ser usado como botadero de embarcaciones pequeñas.
Según una de las vecinas, la persona que quiso privatizar el acceso ni siquiera es de la población o del municipio, siendo un avecindado de Guadalajara el que buscaba cerrar el paso, mientras que otros le atribuyen el acto a una inmobiliaria que construye una torre de departamentos de lujo a metros del lugar.
“Ya estaba todo listo para poner la cadena. Ya tenían una semana. Nos pusimos de acuerdo y pues es zona federal, no puede poner cadena. El que iba a poner las cadenas no era ni de aquí”, dijo la señora Alicia, asegurando que la autoridad delegacional poco caso les hizo. “El delegado pues no, ni caso hace, ya después dijeron que había llegado al último ya, ya que habían quitado todo”, señaló la vecina.
El grupo de cosalenses hizo el llamado a la policía municipal para ser apoyados por alguna autoridad, haciendo presencia para constatar la obstrucción a una zona pública, y a decir de vecinos, mostrando buena actitud en favor de los pobladores.
No es la primera vez. Hace tres meses los vecinos habían mencionado a este medio que en el acceso al lago sobre la calle Matamoros y La Paz, a una cuadra del lugar que se intentó bloquear, ya se habían realizado excavaciones para la instalación de postes, pero luego de una fuerte lluvia, quedaron tapados.
“¿Usted cree? Antes no había mucho de esto, unas que otras casas grandes pero había modo de caminar para ir viendo la laguna y ahorita ya no, ya nos quitaron todo y no está bien, no está bien que nos quiten eso”, comentó otra persona inconforme.
Por lo pronto los vecinos dicen estarán atentos para que no los intenten sorprender y que de un día a otro les arrebaten las entradas a zonas pegadas al lago, y evitar que los espacios públicos sean sólo en beneficio de un pequeño grupo de personas con poder adquisitivo y externas a la localidad.
Activistas recuperando terreno federal. Foto: Sofía Medeles.
Sofía Medeles.- Pasan la bolita. La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) dejó la responsabilidad de vigilar y denunciar las invasiones a la ciudadanía, mientras que a los ayuntamientos de la zona el actuar en cuanto a construcciones irregulares, según dos oficios de respuesta a activistas en pro de la protección del terreno federal del Lago de Chapala.
Estos dos oficios son respuestas a peticiones realizadas. En una de ellas se le pidió a la CONAGUA que actúe contra las diferentes invasiones que ya han sido denunciadas en múltiples ocasiones y ejecuten sus responsabilidades de inspeccionar para mantener libre de apropiación. La segunda petición consiste en que el organismo suspenda todo tipo de permisos y licencias otorgadas en los límites del Lago de Chapala.
En resumen, la contestación al primer oficio petitorio fue que para intervenir, se requiere un escrito de denuncia que cumpla con ciertos requisitos, los cuales son nombre, teléfono, domicilio y correo electrónico del denunciante, en caso de ser anónimo, solo pide el correo electrónico para hacer las notificaciones, y que en el correo se escriba que se acepta recibir tales notificaciones, domicilio completo y nombre con el que se le conoce al predio denunciado y demás datos que faciliten la localización del terreno invadido, como nomenclatura de calles, domicilio, e incluso imágenes de referencia, nombre del propietario, posesionario y/o encargado del predio denunciado, descripción del problema y documentación de pruebas que se puedan ofrecer como sustento de la denuncia.
«Creo que se perdió el sentido, y en efecto, a ellos no les corresponde suspender ni dar permisos, ni autorizaciones, ni licencias y mucho menos derribar muros. Lo que les corresponde es dejar sin efecto las concesiones si las hubiera, y aplicar procedimientos administrativos sancionatorios en los casos de las violaciones a las leyes de jurisdicción federal», comentó el licenciado en Biología y ex funcionario de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), José de Jesús Amaya, quien ha apoyado a los grupos activistas de la zona del Lago de Chapala.
En cuanto a la petición de dejar de otorgar permisos, y actuar en construcciones invasoras, se respondió: «es menester recordar que en el artículo 115 fracción V incisos a) y f) de nuestra Carta Magna, se establece la división territorial y organización política y administrativa, en la cual se señalan funciones y atribuciones que le corresponden a los municipios, por considerarse con autonomía para obrar según su criterio […] resulta responsabilidad del Municipio de Chapala la debida formulación y administración de la zonificación del desarrollo urbano municipal, por lo que su petición en primera instancia deberá ser presentada ante el H. Ayuntamiento de este municipio».
«Se están pasando la bolita. Dicen, ‘no nos corresponde checar, eso le toca al ayuntamiento, ellos dan permisos’, y vas al ayuntamiento y te remiten a CONAGUA. Ahora con estas respuestas podemos presionar a que hagan algo. Luego, en el otro oficio piden nombres y direcciones y así se la pasan, entonces ¿cuál es su trabajo?¿hasta donde llega su responsabilidad? Si no nos movemos, ellos no tienen acciones, y quieren investigación, aunque ellos no van a actuar», consideró una de las activistas.
Uno de los grupos de ciudadanos que ha trabajado a favor de que se liberen los espacios federales, Pueblos Unidos de la Ribera, aseguró que se mantendrán en la lucha, y que utilizarán estas dos respuestas para exigirle a las autoridades correspondientes las acciones y ejecutar las responsabilidades que dijeron tener. Por ahora, aceptan ayuda para localizar y evidenciar las diferentes invasiones al lago. Para apoyar, se deberá enviar un correo a la dirección amigosdellago@hotmail.com, donde se deberá incluir las características que requiere CONAGUA para una denuncia formal, es decir, datos que faciliten la ubicación de la invasión, descripción de esta y fotografías.
Parte de la playa del lago en San Cristóbal, que fue cortada para beneficio de un particular. Foto: Armando Esquivel.
Armando Esquivel.- El Ayuntamiento de Jocotepec denunció ante autoridades federales, el dragado realizado por un particular en las playas del Lago de Chapala, en la delegación de San Cristóbal Zapotitlán. La denuncia se realizó por “hechos posiblemente constitutivos de delito cometido en agravio del ambiente y los habitantes de este municipio” y en contra de “quien resulte responsable de la ejecución de los trabajos de dragado en la Zona Federal del Lago de Chapala”, según lo que se lee en el documento…
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Manifestantes de los diferentes grupos y colectivos de Jalisco, mostrando su descontento en Ciudad de México. Foto: Cortesía.
Sofía Medeles.- Activistas de la Ribera de Chapala y de Jalisco que se manifestaron ante autoridades federales en la Ciudad de México (CDMX) el 11 de septiembre, lograron acuerdos medioambientales para el cuidado del Lago de Chapala y el terreno federal; temas ignorados por los organismos estatales.
El contingente que salió de Ajijic el 10 de septiembre, estuvo conformado por 21 personas de seis diferentes grupos activistas y colectivos del estado, entre ellos Pueblos Unidos de la Ribera, Amigos del Lago y Por amor a los bosques. Su recorrido por la Ciudad de México fue por las oficinas de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Cámara de Diputados.
En las tres dependencias, los manifestantes fueron recibidos y atendidos. En la CONAGUA las personas que pudieron entrar a la oficina llevaban denuncias, entre ellas algunas de dragado o remoción de suelo en el lago. Alicia Córdova López, una de las organizadoras, compartió que fueron bien recibidos por varios directores, y que fueron cuatro los acuerdos que se establecieron.
Los manifestantes deberán hacer llegar a la CONAGUA denuncias e información sobre la problemática que presenta la Cuenca del Lago de Chapala, se coordinará una reunión con el Organismo de la Cuenca Lerma-Santiago, se propondrá invitar a sectores estatales y demás involucrados, y CONAGUA enviará a los manifestantes estudios sobre la calidad del agua del lago.
“Nos recibieron bien y nos atendieron rápido, a diferencia de CONAGUA Jalisco. Entre los acuerdos, nos ofrecieron espacio a la sociedad civil para ser partícipes del Consejo de Cuenca, con el fin de poder inspeccionar zonas y tener rápida respuesta de las denuncias que puede haber”, mencionó Alicia, agregando que las autoridades les comentaron que para permisos de dragado, se tiene que autorizar por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), tras un estudio de impacto ambiental, y que hace tiempo que no se ha aprobado ninguno en la zona.
El grupo se dividió y una parte se fue a la PROFEPA, donde igual los atendieron, y con los manifestantes que se presentaron, se realizó el acuerdo de que las denuncias ahora se meterían a nivel federal, ya que señalaron que a nivel estatal fueron archivadas e ignoradas.
Finalmente, la última parada fue en la Cámara de Diputados, donde lograron hablar con la diputada de Morena, Luz Adriana Candelario Figueroa, a quien le expresaron que su cometido era que se aplicara la ley. La diputada ofreció su ayuda, incluso para que pudieran asistir a las conferencias presidenciales conocidas como “La Mañanera”, que podría ayudar a hacer mediático el problema, para que los organismos se fijen en él.
“No estamos inventando nada, está muy claro en la ley lo que es invasión, lo que es terreno federal, que si un bien se encuentra sobre zonas federales, pasa a ser de la nación. Pedimos que se aplique la ley, o que si dicen que no hay presupuesto para CONAGUA, que se legisle la figura de concesión, y no se otorguen estas”, reiteró Córdova López.
Finalmente Alicia comentó que fue un viaje productivo, donde no solo hubo respuesta por parte de las autoridades, sino que aprendieron varias cuestiones, como que los municipios no están exentos de responsabilidad en el proceso de petición de un dragado, sobre todo, aprendieron de otros colectivos que se sumaron. “Dos chicos del Valle de Guadalupe, en los Altos de Jalisco, fueron a exponer su problema de qué es la contaminación de mantos freáticos. A sus grifos les llega agua de drenaje”.
Aprovechó para decir que los pueblos que están en la causa, como San Antonio Tlayacapan, Ajijic, San Cristóbal, entre otros, agradecen a todos los que apoyan con donativos y asistiendo, ya que se dio un paso en cuanto a las luchas que llevan años, y que volverán a ir a la CDMX para seguir con la causa.
Por otro lado, reafirmó que no se trata de un movimiento político, sino, uno interesado en la protección del Lago, y extendió una invitación a los pueblos que no se han sumado a la lucha, tales como Chapala, Santa Cruz de la Soledad, San Nicolás de Ibarra, y varias comunidades con la misma problemática. Los pueden contactar mediante el grupo en Facebook “Pueblos Unidos de la Ribera (Denuncia Ciudadana)”.
Dragado al Lago de Chapala realizado por particulares en San Cristóbal Zapotitlán. Foto: Armando Esquivel.
Armando Esquivel.- En Jocotepec se sigue dañando al medio ambiente. Un pedazo de la orilla del Lago de Chapala, en San Cristóbal Zapotitlán, ha sido removido con maquinaria pesada, cortando el paso por la playa y molestando a los habitantes, quienes desconocen quién otorgó un permiso de ese tipo o si cuenta con alguna concesión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), mientras que el Gobierno de Jocotepec ha optado por guardar silencio.
La parte que fue dragada, aparentemente para uso de embarcadero de un particular, se encuentra al final de la calle Allende, donde se observó el raspado de la maquinaría sobre la tierra y en donde se corta el paso para las personas que caminan por la orilla del lago.
Ante el tema, hubo quienes se dijeron disgustados, considerando que el espacio federal y de uso público se ha privatizado.
“Está mal todo eso, se supone que es para que la gente venga, esté con su familia. Mucha gente que viene en las tardes a tratar de descansar, pero en vez de dejar los arbolitos para que esté fresco, los están tumbando, los están secando. Ya mucho pedazo de aquel lado se ve que ya tumbaron varios metros de donde podía pasar la gente a caminar para aquel lado”, dijo Manuel, habitante de San Cristóbal, quien recordó que anteriormente la gente podía transitar libremente por las orillas del lago.
“Antes podías caminar hasta allá, hay un pedazo que le dicen el arroyo, donde baja un arroyo, podías caminar por todo eso y pues andaba la gente para allá y para acá, pero ya tumbaron eso con las máquinas y pues quedó ahí, ya no puede pasar la gente, quedó tapado. Es como si hubieran circulado para ellos nada más”, añadió.
A decir de algunos ciudadanos, ya sostuvieron una reunión vecinal para saber cómo responder ante tal situación, que consideran como un atentado al espacio público y al medio ambiente.
“Por aquí pasábamos nosotros hace mucho, pero ahorita qué hacer, pasar nadando. Quién vendió, no sé, pero muy mal”, dijo Gustavo, que acostumbra pasear a la orilla del vaso lacustre, junto con su esposa e hijos.
Por ahora se desconoce si la Conagua otorgó alguna autorización, mientras que se espera información del gobierno de Jocotepec para saber si hubo algún permiso municipal, o sí ya han atendido la denuncia de la población, pero no hubo respuesta por parte de la dirección de comunicación social del municipio.
En una búsqueda digital en el mapa localizador REPDA de aguas nacionales, zonas federales y descargas de aguas residuales, no se encontró alguna concesión en el predio intervenido, mientras que las concesiones aledañas, sólo cuentan con el uso agrícola.
Torre habitacional en San Cristóbal Zapotitlán, Jocotepec. Foto: Armando Esquivel.
Armando Esquivel.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), ya aceptó la denuncia que interpusieron habitantes de San Cristóbal Zapotitlán, en Jocotepec, ante la presunta invasión a zona federal del Lago de Chapala.
Desde el arranque de la construcción del complejo habitacional, algunos de los habitantes se mostraron molestos debido a que argumentaban que el espacio se encontraba en zona federal, sin contar con el aval de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para realizar una construcción de ese tipo.
La zona, según datos de la misma Conagua, sí está marcada como zona federal, con una concesión vencida para uso agrícola, es decir, que sólo se podría utilizar para sembrar, pero no para construir.
Los habitantes quisieron entablar pláticas con el Gobierno de Jocotepec, pero no hubieron resultados, pues la postura del municipio siempre fue en favor de la constructora, lo que los orilló a radicalizar acciones, como impedir el paso de camiones de grandes dimensiones al colocar sus vehículos en la calle de acceso, sin obstruir totalmente el tránsito.
La situación se salió de control. En marzo de este año, un elemento de Vialidad con la orden de favorecer los camiones de la constructora, cerró el paso a un ciudadano, generando un pequeño choque, por lo que fue detenido por policías municipales, siendo sometido a maltratos; mientras que la respuesta de las autoridades, fue el defender a la constructora. Al respecto, el presidente de Jocotepec, José Miguel Gómez López, replicó la idea de que era un tema político y que no se hizo nada incorrecto.
Tiempo después, una marcha llegó a la cabecera jocotepense para exigir respeto a los espacios públicos y que el municipio dejara de consentir a los constructores de fraccionamientos. Otra de las quejas ha sido los horarios en los que trabajan las maquinarias, pues aseguran que llegan camiones con material de construcción a altas horas de la noche, sin que nadie les ponga un alto.
Por ahora la notoria construcción continúa su curso, mientras que los quejosos esperan que se realicen las diligencias por las autoridades federales y la revisión de los límites de zonas en jurisdicción de la Conagua.
Se solicitó un posicionamiento respecto al tema al ayuntamiento, sin embargo, el gobierno de Jocotepec no otorgó respuesta.
Inicios de la construcción del desarrollo inmobiliario frente al malecón de San Cristóbal. Foto: Archivo Laguna.
Armando Esquivel.- No ha podido responder la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a una solicitud de información para conocer el estatus del predio en el que se construye un desarrollo habitacional cercano al malecón de San Cristóbal Zapotitlán, Jocotepec, y que ha generado roces entre gobierno y habitantes.
A la dependencia federal se le cuestionó respecto a la condición que guarda el predio y conocer si está o no en zona federal, ya que el terreno en el que ya se edifica, está marcado como zona federal en el mapa de localización de aguas nacionales, zonas federales y descargas de aguas residuales, aunque con una concesión para uso agrícola y no de construcción con concreto, y con fecha de vencimiento del año 2008.
La Conagua no dio respuesta en el tiempo límite ante el Sistema Nacional de Transparencia, por lo que este medio interpuso una queja ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), pero la Conagua respondió con un convenio en el que el INAI les otorga una prórroga de tiempo ilimitado para responder ante una incapacidad técnica, en la que aseguran contar con un “incidente de seguridad en la infraestructura tecnológica”.
“Que debido a la contingencia derivada del incidente de seguridad en la infraestructura tecnológica que se presentó en la Comisión Nacional del Agua, el pasado día 13 de abril del presente año, los equipos de cómputo, la información en ellos almacenados y los sistemas informáticos institucionales, se encuentran comprometidos, situación que impide su acceso y funcionamiento, por lo que de manera preventiva, se realizó el aislamiento de las redes y servidores, tanto en Oficinas Centrales, como en Organismos de Cuenca y Direcciones Locales, correspondientes a su nivel Regional Hidrológico Administrativo, situación por la cual, la Unidad de Transparencia se encuentra materialmente imposibilitada para dar atención a las solicitudes de acceso a la información y de datos personales, ingresadas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, así como para solicitar a las unidades administrativas competentes realizar la búsqueda de lo peticionado”, es parte de la respuesta en los alegatos de la dependencia en el recurso de revisión RRA 5356/23, solicitado por Semanario Laguna.
Mientras que algunos pobladores denuncian una invasión, el Gobierno de Jocotepec ha mostrado un documento emitido por la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA), en el que se da fe de una inspección en materia de impacto ambiental. El documento tiene la orden de inspección: PFPA / 21.9 / 2C.27.5 /002 (23) 00196.
Al respecto, José Miguel Gómez López, alcalde de Jocotepec, dijo que el tema es cuestión de conflictos políticos, asegurando que si un tribunal decide que hay irregularidades, se tendrá que demoler la construcción inmobiliaria.
“Procedan a los tribunales. Si algo está mal háganlo, y que nos diga el tribunal, sabes qué, estás mal, y el desarrollador va a pagar también el boleto de la demolición, si es que está mal, pero es grilla”, dijo el presidente de Jocotepec en entrevista para este medio.
Con la respuesta de incapacidad técnica de la dependencia federal, se desconoce una fecha en la que se pueda conocer si el polémico predio se encuentra o no en zona federal.
Predio cercano al Lago de Chapala, en San Cristóbal, Jocotepec, donde una constructora pretende construir departamentos. Foto: Armando Esquivel.
Armando Esquivel.- La construcción de departamentos frente al Lago de Chapala, en San Cristóbal Zapotitlán, Jocotepec, ha molestado a los habitantes, quienes denuncian la falta de socialización con la comunidad, problemas generados por el constante paso de camiones pesados y hasta invasión a la vía pública y zona federal por parte de la constructora.
Fue durante la tarde del 3 de diciembre cuando los ciudadanos se reunieron al fondo de la calle Morelos, la bocina local anunciaba de la reunión en la que esperaban a funcionarios de los tres niveles de gobierno, aunque sólo llegó personal del municipio.
Al predio colindante con el lago, llegaron alrededor de 30 habitantes inconformes con la obra, para leer una serie de peticiones, mientras que por parte del Gobierno de Jocotepec asistieron José de Jesús Gaytan Cuevas, director de Desarrollo Urbano; Francisco Montaño, también de Desarrollo Urbano; el director de Ecología, Daniel Alejandro Garavito Espinoza; el regidor, Hugo David García Vargas y Rogelio Rámos Pérez, Secretario general, en representación del presidente, José Miguel Gómez López.
“Información sobre los permisos de construcción de los desarrollos que se encuentran en los linderos de la zona federal, como todos sabemos, el principal y que nos tiene aquí es este desarrollo”, dijo uno de los habitantes como un punto petitorio.
Al respecto, las autoridades mencionaron que el desarrollo habitacional que contará con 44 departamentos, cuenta con todos los requisitos, asegurando que el desarrollo contará con una planta tratadora de agua y que no se encuentra invadiendo zona federal, por lo que no necesitan alguna concesión por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), cosa que llamó la atención de los pobladores, pues los vecinos de la zona de la construcción, sí cuentan con una concesión federal.
“Ya no podemos cruzar para acá, ya nos quitaron el cerro, ya nos quitaron todo”, gritó una mujer durante la reunión.
El director de Ecología, Daniel Alejandro Garavito, aseguró que en su dependencia no tienen ninguna denuncia de afectación en la zona, mientras que la Dirección de Desarrollo Urbano dijo que la constructora instalará una planta tratadora, que será sustentable y que dará beneficios a las zonas aledañas, y reafirmando que no hay una invasión federal.
“Para dar cumplimiento con lo que compete a la zona federal y el respeto que se le tiene a los niveles de gobierno, se les pide ese delineamiento y efectivamente lo aportaron. Hay una zona de la propiedad privada que se ve diezmada en metros cuadrados, en 375 metros, marcan ellos un poquito más de 400 pero una parte queda fuera, entonces, bajo esa circunstancia, la autorización viene sobre la parte que queda sin esa área afectada. La empresa solicita, la concesión para poder utilizar la zona como un área de amenidades, pero nada más, la zona que queda como propiedad privada es la que va a tener o albergar los módulos de departamentos, pero sí se cuenta con el documento”, dijo Francisco Montaño Asencio, coordinador de Desarrollo Urbano.
Otra de las quejas es que la constructora tomó parte de la calle, quedando muy reducida para ampliar el desarrollo, cosa que confirmaron las autoridades presentes con dar una mirada a la vialidad. Además los habitantes dicen que el constante paso de camiones pesados ha dañado las calles y que hasta algunas casas ya han sido afectadas con cuarteaduras.
Los manifestantes llevaron firmas de la ciudadanía, con todo y huella digital, para comprobar que son varios los habitantes inconformes, mientras que el compromiso de las autoridades fue el realizar una reunión, que aunque los pobladores buscaron que fuera pública, al final quedó en lo privado.
Mientras tanto, los inconformes se dijeron decepcionados y lamentaron la falta de información por parte de las autoridades y la socialización para ponerles en su pueblo departamentos de lujo.
“Realmente me he dado cuenta de varias obras que nunca he tenido la información, al menos no se han hecho públicas, yo que soy muy activo en las redes sociales no tengo esa información, yo que soy jóven; el resto de mis compañeros tampoco tienen esa información por los medios que les tiene que llegar, menos las personas adultas que están más inconformes todavía. Es muy triste y doloroso, da coraje y da rabia”, opinó Aarón Reynoso, de 28 años, al ser entrevistado.
Otros consideran que la zona poco a poco se irá privatizando y ya no podrá ser utilizada por los habitantes de San Cristóbal. “Es nuestra área recreativa, aquí bajan niños a jugar, ahora ya no veo que jueguen, por la obra, también eso están perjudicando, al rato ya va a ser privado para los del fraccionamiento y los del pueblo nos van haciendo a un lado”, dijo una de las pobladoras.
Aunque las autoridades aseguraron que no había ninguna invasión a zona federal, se llevaron el compromiso de hacer las revisiones pertinentes, mientras que los pobladores mantienen la idea de que se está invadiendo el espacio público, amenazando con radicalizar las acciones en caso de no ser atendidos.
“Nos han comentado, si no nos hacen caso, estamos dispuestos a hacer lo que ha sucedido en otras delegaciones, inconformarnos, parar la obra y que el pueblo sea escuchado”, compartió uno de los organizadores.
Desalojo del predio, el cual ocurrió durante la primera semana de noviembre. Foto: Facebook.
Sofía Medeles.- Luego de que en redes sociales se difundiera un supuesto desalojo injustificado en terreno federal, de la delegación de San Antonio Tlayacapan, se aclaró que se debió a un incumplimiento de contrato.
Este desalojo fue el resultado de una resolución de un juicio de demanda de desocupación o desahucio, que estaba en curso sobre ese predio, el cual es terreno federal y era aprovechado con fines agrícolas y ganaderos.
El espacio donde estaba situado el ganado, cuenta con una concesión otorgada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a un poblador vecino del predio en cuestión, y fue recientemente renovada en el 2018.
La esposa del propietario de la concesión comentó que nunca han puesto objeción para prestar el predio a usos de siembra y, en este caso de ganado, siempre con un contrato de renta de por medio y viendo por la conservación de esa playa para evitar cualquier tipo de invasión.
No obstante, el arrendatario incumplió en el contrato construyendo dentro de la concesión, usando material para hacer caballerizas y bebederos para los caballos, y negándose a salir del lugar, por lo que se interpuso una denuncia en su contra.
El proceso inició y finalizó durante el 2022. Este se presentó en el Juzgado Segundo de lo Civil en Chapala, donde se indicó que el hombre que se encontraba junto a su ganado, debía salir por su voluntad, o ser desalojados por la resolución. Para cumplir la sentencia, además del representante del juzgado, hubo un acompañamiento por parte de la policía municipal como se establece en el protocolo.
Se le notificó conforme a la ley, se le dio la oportunidad de presentar pruebas o argumentos a su favor ante las autoridades y al seguir el juicio su curso, se le dio aviso para desocupar el bien inmueble. Al no hacer caso, se procedió a hacer el desalojo.
Finalmente la señora comentó que si en un momento se propusiera un proyecto que beneficie al pueblo sin cemento, rellenos, y con el fin de proteger la playa, el dueño de la concesión, lo considerarían para ejecutar tal plan.
Marcha de Pueblos Unidos de la Ribera, que se realizó ante CONAGUA en el centro de Guadalajara, en agosto del 2021. Foto: Sofía Medeles.
Sofía Medeles.– Para manifestarse por las invasiones al lago, las montañas y la apropiación ilegal de tierras, se convocó a una marcha en la Ciudad de México (CDMX), para visibilizar ante las autoridades federales, la situación que se vive en la Ribera de Chapala.
Esta manifestación se está organizando entre pobladores de varias delegaciones, como: San Juan Cosalá, Ajijic, San Antonio Tlayacapan, la cabecera municipal y demás poblaciones que sufren la problemática.
La marcha se realizará a principios de septiembre y el plan es visitar el Palacio Nacional para tratar de tener un acercamiento con el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como el Congreso de la Unión, y dependiendo del tiempo del contingente, tentativamente también se visitarán las oficinas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Los activistas buscan participantes que puedan llevar denuncias, peticiones e incluso, evidencias de lo que se vive día a día con las invasiones a terreno federal, tanto en la zona litoral, como en las montañas; además de despojos de tierras particulares en el área y la contaminación del Lago de Chapala.
Asimismo, solicitan patrocinadores para financiar el viaje, ya que se pretende que el grupo de manifestantes se trasladen juntos, en camiones alquilados.
Para apoyar o asistir, es necesario contactarse por medio de la página de Facebook: “Ajijic Observatorio Ciudadano”, enviando un mensaje con un número de teléfono o correo electrónico, para que los organizadores se comuniquen con los interesados.
En contexto, en el año 2021 se realizó una marcha ante Conagua, en la ciudad de Guadalajara. Esta estuvo a cargo del grupo Pueblos Unidos de La Ribera, o “los tumba-rejas”, que procuran el libre acceso al terreno federal. Aunque la marcha se efectuó, las autoridades aludidas no hicieron más que felicitarlos, asegurarles que no estaban incurriendo en ningún delito y prometer que estarían más al tanto de la zona federal.
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