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Opinión: De Norte a Sur

Familias de Yucatán denunciaron el despojo de sus tierras y represión del gobierno. Foto: Cortesía.

Por Abigail Correa Cisneros.

El gobierno de Yucatán busca mejorar la calidad de vida de sus pobladores. Pero no de los indígenas mayas, ni de ciudadanos de zonas marginadas.

Es indignante cómo en varias ocasiones la policía ha reprimido a pobladores que se manifiestan en contra de construcciones que sólo afectan al medio ambiente, acaparan el agua y contaminan los cenotes, su única fuente de agua potable.

Este mes, habitantes del municipio Ixil, denunciaron que el gobierno intenta despojarlos de sus tierras. Los pobladores acusaron que la policía intentó dispersarlos con gas lacrimógeno y armas.

Afirman que esos terrenos son ejidales y se utilizan para cultivos y apicultura, por lo que defenderán el espacio que el gobierno pretende ocupar, para construir un fraccionamiento de lujo, obteniendo los terrenos mediante fraudes, denunciaron los habitantes de Ixil.

Mientras tanto, el ayuntamiento no se ha manifestado. Pero la tensión sigue con la presencia de uniformados que custodian más de 300 hectáreas, en las que hasta hace unos días los campesinos cultivaban alimentos y donde ahora se construirán departamentos exclusivos para extranjeros, según denuncian los pobladores.

Los yucatecos temen que se expanda más la gentrificación en el estado, porque prácticamente serán corridos de sus tierras.

Algo similar pasó en febrero, en la localidad maya Sitilpech. Policías llegaron de madrugada para reprimir a los pobladores, que se oponían a una mega granja que estaba contaminando los cenotes. Vivir ahí ya era insoportable. Rodeados de moscas y respirando un aire pestilente, debido al excremento de la granja que desde 2013 se instaló, afectando a mil 400 habitantes. La empresa Kekén, junto con el gobierno, según narran los pobladores, encarceló a ocho activistas mayas. La policía estatal reprimió un campamento conformado por mujeres y donde agentes sin uniforme detuvieron a cuatro jóvenes.

Los activistas del colectivo Esperanza para Sitilpech, siete hombres y una mujer, fueron procesados por “daños a las vías de comunicación cometidos en pandilla”, acusados directamente por el gobierno de Yucatán, que encabeza el panista Mauricio Vila.

La Constitución Mexicana reconoce los símbolos distintivos de los estados y hace dos días el gobernador de Yucatán izó la bandera del estado por primera vez desde hace 182 años. En 1841 se creó la bandera de Yucatán como símbolo de rompimiento con el gobierno central de México.

Las acciones violentas a manos de elementos de seguridad del estado exponen que el gobierno de Mauricio Vila sólo toma en cuenta a los pueblos originarios para la foto.

El portal ZonaDocs publicó que en Mérida “proliferan los proyectos de privadas y fraccionamientos que se construyen sobre tierras arrebatadas a pueblos y ejidos –en más de un caso, mediante la adulteración de títulos y permisos, y haciendo gala de un blindaje político que no se disimula–. Y las superficies de selva arrasada se han vuelto una constante a la sombra de avisos de comercializadores, que publicitan las bondades de sembrar con ladrillos y concreto los ecosistemas aún de pie, del sureste del país”.

Las comunidades de Ixil y Kinchil denuncian los atropellos al derecho sobre sus territorios y que hay mafia inmobiliaria que, en complicidad con las autoridades, opera apropiándose ilegalmente de terrenos de uso común. Supuestamente la alcaldesa Sandra Raquel Pech Chi otorgó documentos que avalan la venta de estos terrenos.

En este presunto despojo están relacionadas las familias Abimerhi y Millet, dueñas de gasolineras y de empresas de transporte y construcción de Yucatán y a quienes se señala por “importantes” contribuciones a la campaña de elección del gobernador Mauricio Vila.

En febrero de este año, y previa denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), las y los vecinos de Ixil lograron la suspensión de un megaproyecto de lotes que la inmobiliaria Aludra pretendía llevar a cabo, sin ningún permiso o aval, sobre más de 700 hectáreas de tierras ejidales cubiertas de monte. Pese a carecer de cualquier tipo de autorización, Aludra incluso llegó a comercializar cerca de 16 hectáreas de esa misma superficie, por un valor de 65 millones de pesos.

Los pobladores solicitaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), la apertura de una investigación sobre las violaciones a derechos humanos cometidas en contra de los pobladores de Ixil, por la Fiscalía General del Estado de Yucatán y la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán (SSP) y la intervención de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y el Registro Agrario Nacional (RAN).

Otros municipios están en la misma situación, Kinchil, Seyé, Tetiz, entre otros, en los que prevalece el fraude para despojar de sus tierras a las comunidades.

Se reconoce el crecimiento del Sur de México, para fin de año se inaugurará el proyecto más ambicioso del gobierno federal en este territorio y se presume que beneficie a las comunidades originarias. Sin embargo, las comunidades cercanas parecen ser las más afectadas.

Crearán protocolo para combatir fraudes laborales para quienes buscan trabajo en el extranjero 

La creación del protocolo se dio a conocer en el marco de la Conferencia Interinstitucional para la prevención de fraudes en materia de movilidad laboral internacional se llevó a cabo en el ex recinto legislativo de Palacio de Gobierno. Foto: Cortesía.

Redacción.- Con el propósito de que los buscadores de empleo que quieran una oportunidad en el extranjero y cubran el perfil, el Servicio Nacional del Empleo (SNE), la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STyPS) y los consulados de Canadá y Estados Unidos trabajan en la elaboración de un protocolo para combatir fraudes en movilidad laboral, lo cual; fue dado a conocer en la Conferencia Interinstitucional para la prevención de fraudes en materia de movilidad laboral internacional.

En el marco de esta conferencia, que se llevó a cabo en el ex recinto legislativo de Palacio de Gobierno, Marco Valerio Pérez Gollaz, titular de la STyPS, advirtió que habrá tolerancia cero a delincuentes quienes como pseudo promotores laborales, quieren engañar a los trabajadores interesados en migrar al extranjero.

Por su parte, Enrique Evangelista Cortés, director de Movilidad Laboral del SNE, dijo que: “Es un tema muy delicado, la prevención de fraudes y como ustedes se habrán dado cuenta, el objetivo de esta reunión es que vayamos gradualmente creando una red de información y que los presidentes municipales y el público en general que está interesado en migrar al extranjero tenga información de primera mano”.

Mayra Alejandra Bocanegra Bayardo, Analista de la Unidad de Evaluación de Riesgos en la Embajada de Canadá, comentó que: “A la Embajada de Canadá le interesa que la gente tenga la información correcta para buscar oportunidades de trabajo, sí hay oportunidades laborales en Canadá, pero nosotros les diremos la forma correcta de hacerlo”.

Autoridades y expertos en materia laboral concluyeron que, por ningún motivo, se contrata a trabajadores vía redes sociales o WhatsApp; tampoco se aplica ningún cobro por la vinculación laboral; las oficinas gubernamentales y consulares no utilizan direcciones de correo electrónicas comerciales o personales. Advierten que quienes buscan postularse fuera del país deben aclarar todas las condiciones de trabajo para evitar caer en fraudes de movilidad laboral.

Por su parte Mónica Ornelas, Analista de Prevención de Fraudes de Estados Unidos, informó que la metodología de contratación legal de mexicanos para laborar en su país es que las empresas solicitan a la embajada la autorización para la contratación de personal y después de un análisis y después de que se otorga la autorización a la empresa se realiza un procedimiento detallado para autorizar la Visa H2.

Cabe señalar que en nuestro país la vinculación laboral para trabajadores del campo se realiza a través de dos políticas públicas: la interna que conecta a jornaleros agrícolas de los estados como Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Veracruz, entre otros; con empresas agrícolas de exportación ubicadas en Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora, con empresas ubicadas en todo el territorio nacional.

La segunda es la movilidad externa que atiende las opciones de empleo en el extranjero: Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT) que vincula a trabajadores agrícolas de todo el país con más de 2 mil empleadores de nueve provincias de Canadá.

Además, el programa de Mecanismo de Movilidad Laboral (MML) que permite posicionar a trabajadores en distintos sectores económicos de Canadá, Estados Unidos y Alemania. 

Las conclusiones y acciones se darán a conocer en los 125 municipios del Estado Jalisco, debido a que toda la población está en riesgo porque los pseudo promotores de vacantes en el extranjero tienen un gran alcance, incluyendo la Zona Metropolitana de Guadalajara, explicó el Secretario de Trabajo Jalisco.

Para saber: 

Las instituciones participantes coincidieron en señalar que se debe comunicar la recomendación de que para lograr un empleo legal en el extranjero se utilicen los medios institucionales correspondientes y en México el organismo es el Servicio Nacional de Empleo, en Jalisco se ubica en Plaza Tapatía en Paseo Degollado No. 54 colonia Centro.  

 

Telephone extortion calls continue in Chapala

The calls are made by people dedicated to scamming.

Several people from Jocotepec and Chapala have received calls demanding that they make a cash deposit in exchange for not harming them.  The threats are false;  the callers are scammers with n o ability or plan to harm anyone and some calls are even made from penitentiaries. 

Both the Government of Jocotepec and the Government of Chapala have alerted citizens not to be being fooled by people who take advantage of the fear  generated by violence in  the news like the multiple homicide in Jocotepec and the disappearances in Chapala.

The scammers make the calls using some basic personal information often available publicly or on social media,  deceiving  people into believing they can be targeted. Some people  «play along» with the extortionists,  curse them and even make fun of them,  but authorities advise people who receive calls to hang up and report them to the authorities.     Translated  by Patrick O’Heffernan