México

La consulta se realiza a nivel nacional. 

Redacción. – En Ajijic, municipio de Chapala, se podrá votar para llevar a juicio a los ex presidentes de México acusados de dañar a la nación, este próximo domingo cuando se instale la mesa de votación en la plaza de Ajijic, en horario de 10 de la mañana a tres de la tarde. La mesa de votación es ajena a algún partido político, esto al ser una propuesta ciudadana financiada por personas que viven en la población. 

Los requisitos para votar son solamente el contar con credencial de elector (sin importar la entidad federativa del país) y llevar cubrebocas, con este par de requisitos, cualquier ciudadano puede participar en la consulta.   

“¿Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país, realizados por los ex presidentes de México y, en su caso, se inicie un procedimiento judicial que garantice el debido proceso?” Esta será la pregunta que responderán las personas que acudan a la consulta. 

Para más información puede consultar: https://www.juicioexpresidentes.mx/ 

El INIFAP a la fecha ha desarrollado más de 1400 variedades mejoradas

Ernesto Perea.- A cumplir sus 35 años Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)  es un ejemplo de resistencia o resiliencia institucional, la cual pasa por enfrentar la drástica reducción de sus presupuestos hasta en siete veces en este lapso; con una planta de investigadores que disminuyó a menos de la mitad y cuya edad promedio es superior a los 50 años, sin renovación generacional; Fox lo intentó desaparecer; pero hoy sigue en pie y realizando investigación para apoyar a los productores, incluso, los investigadores muchas veces aportan dinero de sus bolsillos para continuar su tarea.

El doctor Alejandro Espinosa Calderón, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias e investigador reconocido del INIFAP considera que esta institución tiene que reinventarse, fortalecerse e ir a un escenario donde sus investigadores de excelencia, quienes tienen una capacidad creativa relevante, asuman el rol que les corresponde en la Cuarta Transformación, la cual necesita un organismo sólido con directrices claras.

El investigador del Sistema Nacional de Investigadores (SNI-Nivel III) considera que hoy lo fundamental son los recursos que se asignan al instituto, porque en 1985 recibía 9 mil 320 mdp, en 1989 bajó a 4 mil mdp, en 2003 a 938 mdp y ahí se mantuvo hasta el 2020 con unos mil 500 mdp. Los presupuestos se han ido reduciendo, pero además una parte significativa es para su operación y sólo alrededor del 12% es propiamente para investigación; incluso los investigadores ponen de sus bolsillos para solventar gastos inmediatos, “sino lo hicieren así, el INIFAP ya hubiera desaparecido”.

Alejandro Espinosa recuerda que cuando se fusionaron el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), el Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias (INIP) y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales (INIF) para crear el INIFAP (23 de agosto de 1985), había 2,600 investigadores y hoy no llegan a 1000, con un promedio de edad de más de 50 años, ya que no se ha renovado la planta de investigadores, como sí sucede con Embrapa de Brasil, un caso exitoso de investigación pública, que antes siguió el ejemplo de INIFAP y ahora, paradójicamente, es al revés.

Sin embargo se mueve

Para el secretario general del Sindicato Independiente de Investigadores del INIFAP (SIIINIFAP), Ramón Garza García, aun con las limitaciones injustificadas y las  agresiones para extinguir a está institución de investigación pública nacional, ésta “continúa firme y sirviendo a México, gracias a la decidida y gallarda defensa de sus investigadores, quienes incluso aportan recursos personales, para cumplir con las tareas institucionales”.

El INIFAP a la fecha ha entregado más de 1400 variedades mejoradas de cultivos de importancia para México, más de 300 variedades de maíz, más de 160 de frijol, 250 de trigo, 60 arroz, 50 de papa, 30 de cebada, 45 de soya. En el área pecuaria ha desarrollado vacunas de relevancia y en el área forestal cuenta con tecnología para optimizar la explotación maderable, así como la tecnologías que requieren los productores en las diversas zonas del país.

Los integrantes del SIIINIFAP consideran que el material genético desarrollado en la dependencia, con el apoyo de programas gubernamentales permitiría lograr la suficiencia y soberanía alimentaria de México, la cual es urgente ante la situación grave de importaciones de alimentos básicos que cada año se hacen: 17 millones de toneladas (t) de maíz, 5 millones de t de trigo y 400 mil t de frijol, además del 85% del arroz que se consume y 97% de la soya que requerimos.

Alejandro Espinosa considera que la dependencia debe tener recursos para establecer estrategias de gran visión a 10 o 15 años, lo cual en este momento los investigadores no pueden hacer, porque lo que se les pide resultados a un año. Su limitante, recalca, es el presupuesto; solo con que hubiese crecido de manera proporcional como sucedió con el Colegio de Postgraduados o la Universidad Autónoma Chapingo, pero INIFAP perdió su vigencia, cuando era el “brazo técnico” de la Secretaría de Agricultura, que hoy ya no requiere a esta institución de investigación pública y prefiere asesorarse por organismos internacionales.

El fracaso de las fundacione

Los investigadores del organismo refieren que la crisis de apoyo a la investigación al INIFAP ocurrió cuando entonces director Jorge Kondo López, después del año 1997, se sumó a la propuesta del doctor Jesús Moncada y otros para formalizar las fundaciones Produce, que funcionarían con recursos del instituto más otro tanto aportado por los estados y se contemplaba que 50% de los proyectos que se convocarán serían asignados al propio INIFAP, lo que ocurrió sólo unos años.

“Al final el INIFAP se quedó sin recursos y las fundaciones se convirtieron en algo muy grave, encareciendo administrativamente el poco recurso que había, algunos estados caso no aportaron, las gerencias estatales de las fundaciones fueron asumidas por aspectos políticos, asignando proyectos con conflicto de interés y poca transparencia, con honrosas excepciones”.

Para Alejandro Espinosa “la 4T en algún momento va a poner el orden que merece esta institución, luego de la noche oscura neoliberal de 36 años, que en los últimos 20 años intentó desaparecer al instituto; Vicente Fox lo intento borrar en 2003, y como no lo lograron han intentado que muera por inanición al no otorgarle recursos; sin embargo, con todo y eso los investigadores del INIFAP son suficientemente creativos para ofrecer resultados sorprendentes a la vista de quienes quieren que desaparezca”.

En una carta dirigida al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el SIIINIFAP señalaba que “en el momento actual, para la 4T, el país necesita un INIFAP fuerte y pujante, que responda a las necesidades del campo mexicano y apoye el objetivo de lograr la suficiencia y soberanía alimentaria que usted ha señalado”.

Afirman ser el movimiento de los pobres, pero líderes se trasladan en 14 vehículos de lujo que alcanzan un valor de 11.2 millones de pesos.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda detectó movimientos irregulares de dinero de las cuentas de líderes de Antorcha Campesina, por lo que fueron congeladas.

Se bloquearon las cuentas bancarias del dirigente de Antorcha Campesina en Puebla, Juan Manuel Celis Aguirre, de su esposa y tres empresas que habría utilizado para dispersar recursos ilícitos; así como de integrantes de la misma organización en el Estado de México.

El monto es de más de 2 mil 800 millones de pesos. Entre 2010 y 2020, la directiva recibió 658 mdp en efectivo. Además, entre 2014 y 2019 recibió transferencias interbancarias por 128 mdp, principalmente de sujetos relacionados al sector de la construcción. Y simultáneamente se enviaron transferencias bancarias por 18 millones de pesos, de ellos 3.6 millones llegaron a tres empresas fachada.

Este organismo priista siempre ha estado relacionado con la invasión de terrenos. Apenas ayer, colonos del Fraccionamiento Misiones de San Francisco, en Puebla, denunciaron ante la Secretaría de Gobernación del estado (Segob) que integrantes de esta organización invadieron decenas de viviendas deshabitadas, lo que provocó un conato de violencia la semana pasada. Desde 2016, en esta zona, al menos 700 inmuebles están invadidos.

En Tlaxcala, el representante de Antorcha Campesina, José Orlando Isidro Ramos, aseguró que el gobierno federal ha emprendido una persecución política imparable. Por lo pronto, la UIF detalló que en Puebla se bloquearon las cuentas del líder de la organización política, de su esposa y tres empresas que eran utilizadas para distribuir los recursos obtenidos de manera ilícita por la organización. También se retuvieron las cuentas de integrantes en el Estado de México, se bloquearon los saldos de la dirigencia y de personas físicas y empresas vinculadas con la organización.

Según la UIF, la dirigencia cuenta con 14 vehículos de lujo por un monto de 11.2 millones de pesos. Agrega que la organización sostuvo su estructura financiera mediante una red de

empresas constructoras, gasolineras, hoteles, farmacias, tiendas de conveniencia y agroindustria. El movimiento se autodenomina “la organización de los pobres en México”.

A finales del año pasado exigían 3800 millones de pesos del presupuesto de este año para 1500 obras de infraestructura que se harían en los territorios de Puebla y Estado de México, donde mantienen un auge entre simpatizantes. Sin embargo, las obras que llevan a cabo, supuestamente para apoyar a comunidades de escasos recursos, son deficientes o nunca se llevaron a cabo. En los inmuebles que construyen para supuesta ayuda a las comunidades necesitadas, cobran por su uso a las personas de escasos recursos.

Aseguran que son acusados de realizar ellos mismos las obras, pero lo niegan categóricamente, como varias veces se ha escuchado en los discursos del vocero del movimiento, Homero Aguirre. Sin embargo, alcaldes de los municipios de Chimalhuacán e Ixtapaluca, en el Estado de México, así como Xicotepec, San Martín Texmelucan y Tecomatlán, en Puebla, gobernados por Antorcha Campesina, con todo y que se les negó el registro como partido político, entregaron casi 500 millones de pesos a la empresa Acabados Arquitectónicos Frank, propiedad de la misma organización, para obras de uso exclusivo de los militantes.

Algunas obras no se llevaron a cabo o se hicieron con materiales deficientes. En Tecomatlán, Puebla, construyeron la casa de Cultura con Auditorio, una villa estudiantil, una escuela de Teatro y Música que beneficiaron al Instituto Tecnológico, propiedad de Antorcha Campesina, que cobra una mensualidad a estudiantes provenientes de la Mixteca poblana, en su mayoría se trata de hijos de campesinos.

El líder de Antorcha Campesina, Aquiles Córdova Morán y su familia, se desplazan en camionetas de lujo, Land Rover blindadas, valuadas en 5 millones de pesos cada una, para hacerse presentes en plantones donde “apoyan” a los miembros más pobres para exigir recursos al gobierno.

El organismo ya es investigado por lavado de dinero y robo de combustible o “huachicoleo”. ¿Le extrañará a alguien que pretendan sumarse al PRI o al PAN para contender a elecciones de Puebla, el próximo año?

En junio de 2017 Petróleos Mexicanos (Pemex) canceló definitivamente sus contratos con al menos cuatro gasolineras de Antorcha Campesina ubicadas en Tepexi, Libres y la capital de Puebla, debido a que la organización no pudo acreditar la procedencia del combustible que vendían, lo cual hace sospechar que procedía del huachicol.

El diputado federal poblano, Luis Eleusis Leonidas Córdova Morán, sería uno de los líderes de Antorcha Campesina a quienes la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluyó en la cancelación de 10 cuentas bancarias. El representante popular que ingresó a la Cámara Baja del Congreso de la Unión por la vía plurinominal, es hermano del líder máximo del Movimiento Antorchista Nacional, Aquiles Córdova Morán.

Otro diputado federal de la organización que tiene sus finanzas bajo indagatoria es Brasil Alberto Acosta Peña, quien dijo que “sin aviso ni notificación alguna”, la UIF congeló sus cuentas bancarias.

Desde hace 44 años, Antorcha Campesina sólo se ha beneficiado de los más pobres, a través de la vivienda. Lo hizo con el apoyo de gobernantes como Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila Villegas.

El expresidente Peña Nieto facilitó a la organización varios asentamientos irregulares. Como el caso del Rancho Pimiango, en el Estado de México, 38 hectáreas que se adquirieron con una inversión de 250 millones de pesos, dinero en su mayor parte proveniente de recursos del Fondo Metropolitano del Valle de México. Se destinó a la reubicación de familias afectadas en la zona de Hidalgo y Carrizo que a cambio llenaron mítines en la campaña presidencial.

Sin embargo, el terreno fue lotificado en 2 mil 200 pedazos sin autorización alguna y vendido cada uno entre 125 mil y 150 mil pesos por Antorcha Campesina, cuando el propósito del rancho era la reubicación. Las ganancias que obtuvieron se dice que fueron entre 275 millones y 330 millones de pesos.

A los terrenos no llegaron agua ni luz, no hay caminos, los pobladores andan entre la polvareda. Eso sí, no faltan las pipas de agua, negocio de los líderes Antorchistas. Entre los requisitos para poder acceder a una vivienda está el de apoyar en mítines, pero incluso les cobran por su participación, el transporte más una cooperación.

Así sucedió el domingo 21 de junio de 2009, cuando Enrique Peña Nieto llenó el Estadio Azteca, se veía repleto de playeras rojas. Pero más que priistas, eran antorchistas desbordando el primer evento público y masivo del mexiquense hacia la Presidencia de México.

Hoy se relaciona al exmandatario con actos de corrupción investigados por el actual gobierno. Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, detenido por el caso Odebrecht, acusó a Enrique Peña Nieto en complicidad con el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, de ser los responsables directos de recibir y gestionar parte de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Por ahí dicen que a todo marrano le llega su Nochebuena.

DESDE EL CENTRO

Las estimaciones más recientes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señalan que en México se cometen 10.5 asesinatos de mujeres al día, es decir, cada 2 horas y 29 minutos una de ellas es asesinada. Los feminicidios han aumentado en lo que va del año. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó 549 hasta julio, mientras que en los primeros siete meses del 219 fueron 519… Aunque la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de León, Guanajuato, diga que las detenciones durante una manifestación pacífica de

colectivos feministas se realizaron por “actos vandálicos y agresiones a la autoridad”, no se justifican las agresiones cometidas por agentes de seguridad pública. Las detenidas fueron liberadas sin cargos, y señalaron que durante la detención fueron víctimas de amenazas, así como de violencia física, consistente en golpes y ahorcamientos. También se reportaron hechos constitutivos de violencia sexual en contra de al menos dos mujeres menores de edad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CN

Comienza el periodo escolar sin poder asistir a las aulas debido a la pandemia. Miles de niños tendrán acceso a las clases televisadas. Pero en comunidades originarias la falta de luz y de caminos sigue dificultando el acceso a la educación.

Abigail Angélica Correa Cisneros (Ciudad de México) . – El sistema educativo atraviesa en el mundo un cambio drástico a causa del coronavirus. En México mostró los huecos que la enseñanza tiene en zonas marginadas, aunque tampoco eran desconocidas. Es difícil seguir el ritmo de los programas de estudio para niños y jóvenes que viven en lugares donde desde hace décadas el acceso a la educación es limitado. Para la era en que vivimos estas necesidades deberían estar cubiertas tanto en ciudades como en zonas rurales.

Con las escuelas cerradas la educación a distancia es la solución que se dio para no perder los ciclos escolares. Resulta complicado para muchos estudiantes ponerse al día por medio de una laptop y la Internet. Es imposible, si además la infraestructura necesaria no llega a zonas de escasos recursos, donde ni siquiera hay red eléctrica, simplemente no hay manera de sumarse a la iniciativa que, aunque es positiva, no ayuda a todos.

Por otra parte, los encargados de la enseñanza se quedan también a la deriva por la falta de acceso a redes o no cuentan con la preparación adecuada para impartir estas clases a distancia. Al pensar en el futuro, nos damos cuenta de que muchos países se enfrentarán a una crisis no solamente financiera o de salud; también hay que resolver los retos que implican regresar a una normalidad que dejó de ser y que no podrá recuperarse, tampoco en el tema educativo.

La educación en México es un derecho constitucional. El desarrollo de herramientas modernas es urgente para no rezagarnos en comparación a otras naciones. En medio de la pandemia de coronavirus, la solución de las autoridades es la educación televisada. A partir del 24 de agosto se transmitirán clases desde preescolar hasta secundaria a través de los canales de Televisa, TV Azteca, Canal Once, entre otros.

De esta manera la educación gratuita seguirá garantizada. De acuerdo con el titular de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, al regresar a las aulas se medirá el avance o rezago de cada alumno en una atención personalizada. Se establecerá un periodo de tres semanas cuando se restablezcan las clases presenciales para que maestras

y maestros hagan una evaluación diagnóstica y conozcan los casos de retraso, pero también de avances superiores a los esperados.

Sin embargo, hay un atraso latente desde hace décadas en México que tiene que ver con la educación indígena. En estas zonas, donde la población sigue marginada, el derecho a la educación sigue siendo inalcanzable. A falta de escuelas y maestros se toman clases televisadas desde hace años, lo cual es una broma porque en muchos de estos lugares, los gobiernos anteriores donaron televisiones para cubrir esta demanda, pero no hay luz ni llega la transmisión.

En estas zonas, desde que comenzó la pandemia se respondió con clases por medio de la radio. El secretario de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, está consciente de que los infantes no cuentan con computadoras, tablets o celulares en sus comunidades, con los que puedan acceder a Internet para unirse a grupos de clases en línea o por televisión.

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Red de Radiodifusoras Comunitarias e Indígenas se sumaron desde abril a esta tarea. La duda es cómo lo hacían antes de la pandemia si en muchas zonas rurales no hay salones ni profesores. Es un avance que en este sexenio se cuente con programas radiofónicos donde se incluyen contenidos propios de las comunidades y se haga en lenguas indígenas.

Este año el Programa de Apoyo a la Educación Indígena tiene un presupuesto de poco más de un millón 590 mil pesos. Este Programa contempla cinco modalidades de apoyo a estudiantes indígenas de distintos niveles: hospedaje (Casas de la Niñez Indígena); alimentación balanceada y culturalmente adecuada; becas para nivel superior y apoyo a titulación; seguro contra accidentes, y; actividades complementarias social, lingüística y culturalmente pertinentes. Según reportan, durante la actual contingencia sanitaria se ha apoyado a 73,732 niños, niñas y adolescentes.

Pero para el acceso a la educación no solamente es necesaria una escuela, salones, material educativo. También se requiere de acceso a la salud, a la buena alimentación, a carreteras.

En un artículo de Pie de Página, abordaron la visión de algunos profesores que impartían clases en estas zonas. “Lo primero es arreglar la carretera. Si no la arreglan no se puede llegar. Si se va la luz en toda la comunidad, tampoco se puede llegar para arreglarlo. Les escribí (a la SEP) que son necesarios cubrebocas, gel antibacterial, asistencia de médicos en la clínica de la comunidad, porque la atención la dan dos enfermeras. También creo que es importante explicar a fondo lo que pasa con la enfermedad, pero en lengua, en audios y carteles, para que lo sepa toda la comunidad. Perifoneo para avisar los días de clases”, contó una maestra.

La enseñanza en los pueblos indígenas mexicanos es catalogada como intercultural, comunitaria, respetuosa de la diversidad e incluyente, pero la realidad es que está

limitada, tiene contrastes y rezagos. Desde el siglo pasado se pretende incluir a estas comunidades en los programas educativos. Sin embargo, los resultados son el desinterés y la deserción, el analfabetismo sigue en índices muy altos.

Desde el mismo punto de vista de los pueblos indígenas, durante décadas el proyecto de educación es “etnocida”, pretendieron “castellanizarlos”. A partir de la década de los 70 se pensó en una educación diferenciada, mediante lengua y cultura, promovida e impulsada por la Alianza Nacional de Profesionistas Indígenas Bilingües, A.C. (ANPIBAC), una organización indígena que cuestionó a la educación escolarizada en estas regiones y logró sentar las bases de la educación bilingüe y bicultural, la primera política pública educativa para indígenas.

Faltó interés de parte de las autoridades y la propuesta no rindió frutos, aunque hoy se siga hablando de que existe esta integración de las comunidades a la educación. Todavía hacen falta profesores que enseñen el español como segunda lengua y no como la única que se hable en México. Es prácticamente inexistente un sistema educativo bilingüe intercultural, en el que se capacite a los docentes. Todavía hacen falta materiales bilingües y textos pedagógicos con este enfoque.

En este sentido, pareciera que el gobierno sigue marginando a estas comunidades. Por otra parte, problemas como la migración debido a la falta de oportunidades hacen que estos grupos pierdan interés en asistir a escuelas y por lo mismo, estos programas bilingües no pueden tener éxito porque no hay quien se beneficie.

Al contrario, hay comunidades que se aferran a su identidad. Bruno Baronnet, autor de una investigación realizada en territorio zapatista, habla de una educación autónoma, distanciada de los programas oficiales, en la que estos pueblos se organizan y sostienen la educación con sus propios recursos.

Por lo pronto, la siguiente semana comenzará en nuestro país el ciclo escolar 2020-2021. Es cierto que la mayoría de las familias mexicanas cuenta con un televisor. Estará cubierto ese requisito para aprender. Pero hay huecos que se irán llenando conforme avance este programa nombrado Aprende en casa II, que producirá y transmitirá 4,550 programas de televisión y 640 de radio en 20 lenguas indígenas.

DESDE EL CENTRO

Grupos armados mantienen sitiados a por lo menos siete comunidades tzotziles de Aldama, Chiapas. El presidente municipal, Adolfo López Gómez, envió un mensaje desesperado al gobierno federal para que intervenga ante las agresiones de las que son víctimas desde hace más de 72 horas, sin que La Guardia Nacional, Ejército Mexicano y policías estatales logren todavía restablecer la paz y el estado de derecho… Incrementan hasta 35 por ciento productos de la canasta básica: limón (35.71 por ciento), jitomate (20.78), frijol (20.26), naranja (19.8), tomate (17.82), lentejas (10.92), café soluble (3.08),

arroz (2.24), avena (1.32 por ciento), entre otros, reporta la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec)… El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pretende cobrar una tarifa a los automovilistas que crucen desde México hacia su país. Así pagarían los mexicanos la construcción del muro fronterizo, dice. abicorrea79@hotmail.com

Modelo de producción agrícola actual es insostenible desde la perspectiva económica y ambiental.

Ernesto Perea (CDMX) – La polémica en torno al glifosato en México abre la oportunidad de plantear la urgente necesidad de cambiar el modelo de producción agrícola actual, basado en el uso de agroquímicos, que ya es insostenible, por una agricultura más eficiente, rentable y sustentable, recurriendo a prácticas como la reutilización de residuos de cosecha enriquecidos con bioinsumos e incursionar en procesos de desarrollo que plantea la economía circular.

En nuestro país cada año se generan alrededor de 45 millones de toneladas (mt) de esquilmos en los diez principales cultivos, maíz, sorgo, trigo, frijol, arroz, cebada, soya, algodón, cártamo y ajonjolí; el rastrojo y olote de maíz aportan 25 mil 500 mt, las pajas de sorgo, 6 mil 600 mt y de trigo, 4 mil 500 mt, lo cual representa poco más del 81% de los residuos de cultivos, según datos del Colegio de Postgraduados.

De estos esquilmos 20% se destina a alimento animal, en promedio, y el resto no tiene un uso adecuado y se convierte en un problema. Diversos estudios han validado que de la producción de maíz que se obtiene en una hectárea 46% es grano y 54% rastrojo; en pajas de sorgo, trigo y cebada, el porcentaje de grano representa 47% y 53% de materia seca. De los derivados de la caña de azúcar sólo alrededor del 20% de las puntas de caña y 10% del bagazo se usan para alimento pecuario y el resto es una alternativa viable para aprovecharlos con la adición de bioinsumos.

El director de la empresa de base biotecnológica Biofábrica Siglo XXI, Marcel Morales Ibarra, expone que en el contexto actual la “economía circular” está siendo revalorada en el mundo, el reúso de materiales en diversos sectores y de desechos agropecuarios para el campo y su combinación con otros bioinsumos, como el caso de los biofertilizantes, puede convertirse en una opción rentable y sustentable para la producción agrícola, que permita incrementar rendimientos, disminuir el uso de agroquímicos y bajar costos, respetando los recursos naturales y el medio ambiente.

Una tendencia que se está fortaleciendo en el ámbito global es el reciclaje de residuos agrícolas en los cultivos, como es el caso de la caña de azúcar, café o maíz; así como desechos pecuarios de la producción ganadera. Estos materiales pueden ser reutilizados en la agricultura, como aportación de materia orgánica a los suelos, pero, además, se les puede dar un valor agregado si se le incorporan bioinsumos que ya han probado su eficacia en campo.

Morales Ibarra subraya que en México miles de toneladas de residuos orgánicos de distintas industrias como la agrícola o la ganadera podrían ser reincorporadas al suelo adicionándoles biofertilizantes, lo que generaría un círculo virtuoso: primero, al disminuir el uso de agroquímicos altamente contaminantes por bioinsumos amigables con el medio ambiente; segundo, al aprovechar desechos orgánicos que hoy no tienen un tratamiento útil; y tercero, propiciaría la recuperación de la diversidad y actividad microbiológica de los suelos agrícolas, regresando la fertilidad a los mismos.

Para el experto en temas agrícolas, uno de los principales retos que representa el aprovechamiento de estos residuos, es el alto volumen que demanda su uso. Las compostas en general requieren aplicar de 15 a 20 toneladas por hectárea, lo que eleva mucho los costos y complica su manejo. En cambio, si se enriquecen con productos biológicos como los biofertilizantes microbianos (productos hechos a base de bacterias y hongos benéficos para las plagas), su nivel de eficiencia se multiplica, logrando disminuir significativamente los volúmenes requeridos de aplicación e incrementando la producción, lo que se traduce en aumento de rentabilidad.

Alto potencial en compostas enriquecidas con microorganismos

En algunos ingenios del país, se utiliza la práctica del composteo de la cachaza para su aplicación en el cultivo de la caña de azúcar, sin embargo, la aplicación requerida de esta composta es del orden de 20 toneladas por hectárea, lo que significa altos costos de transporte y aplicación, por lo que dicha práctica no se ha extendido entre los productores de este cultivo.

La cachaza es un residuo que se produce durante el proceso de producción del azúcar de caña, particularmente del proceso de clarificación del jugo. Durante la zafra se producen miles de toneladas de cachaza, las cuales frecuentemente se consideran un desecho y una fuente de contaminación. Empero, la cachaza tiene un alto contenido de carbono (fuente de energía), fósforo, nitrógeno y calcio (nutrientes esenciales para las plantas), por lo que, procesada adecuadamente, se convierte en un valioso recurso para la fertilización de cultivos y mejoramiento de suelos.

Tenemos experiencias que ya tienen un proceso de evaluación y validación, por ejemplo, “cuando enriquecemos la composta con los biofertilizantes, su volumen de aplicación disminuye a máximo cuatro toneladas por hectárea, teniendo rendimientos muy superiores que con la aplicación de las 20 toneladas de la composta únicamente. Esto se traduce en una disminución de los costos de aplicación, haciendo más sencillo su manejo por parte del agricultor”, subraya el especialista.

Con esta combinación, además, se reduce la aplicación del fertilizante químico de 30% a 50%, con respuestas en la producción superiores a las obtenidas con la aplicación del 100% del fertilizante químico. En este sentido, en diversas regiones cañeras en las que se ha trabajado con este bioinsumo se han incrementado los rendimientos hasta en un 40%, disminuyendo la fertilización química hasta en un 50%, puntualiza Morales Ibarra.

Opinión por Abigail A. Correa Cisneros.

Las sequías de las últimas décadas deberían impulsar proyectos para mitigar los estragos provocados por el cambio climático. ¿Es posible combatir este problema? Por ejemplo, estudios proponen la adecuación de cultivos a especies que necesiten el mínimo de agua y adecuar el sistema de riego. 

Este problema se agrava en el Norte del país, donde agricultores de los estados fronterizos están molestos por el pago de agua que Estados Unidos demanda al gobierno mexicano tras el Tratado de Aguas de 1994 y que en 2017 se actualizó mediante el Acta 323, que deja en desventaja a los mexicanos. 

Ambas naciones se enfrentan a una escasez de agua, pero Estados Unidos tendrá que superar su peor sequía en 20 años. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo que hay agua para todos, y que quienes protestan son políticos de la oposición que quieren llevar agua a su molino. Pero en el Norte del país no están de acuerdo con este punto de vista y reclaman apoyo de su gobierno. 

Bajo el tratado de 1944, México le debe a Estados Unidos cerca de 500 millones de metros cúbicos de agua que debe pagar antes del 24 de octubre. Además, está atrasado con los pagos de años anteriores y le piden cumplir cuanto antes. 

El Tratado Internacional de Aguas firmado en 1944 entre ambas naciones, estipulaba un intercambio de este líquido. México daría a Estados Unidos agua de la cuenca del Río Bravo, mientras que Washington le cedería agua del Río Colorado, el cual fluye por Colorado, Utah, Arizona, Nevada y California.

La actualización de 2017 consiste en el pago que México hará con agua a cambio de infraestructura hidráulica por cuenta de su vecino del Norte. En opinión de muchos, esto es ilegal porque el agua no debe estar en venta, es un derecho universal. La deuda se saldará hasta 2026.

El tratado binacional afecta desde entonces a habitantes de Baja California que de por sí se enfrenta a la escasez de agua desde hace varios años. Los ciudadanos no fueron consultados y resistían también a una cervecera que buscaba acaparar el 44 por ciento de agua de Mexicali. Finalmente rechazaron el proyecto en una votación masiva.

Según el acuerdo, México cedió 283 millones de metros cúbicos de agua a cambio de 31.5 millones de dólares. Esta cantidad se destinaría al Revestimiento de canales, Conservación a nivel parcelario, Conservación de vasos reguladores, Pago por el descanso de tierras de cultivo, Modernización y tecnificación de riegos, Mejoras en la operación del sistema, Creación de humedales, todo en la parte Norte de Baja California. 

Por otra parte, el Acta 323 se firmó sin haber sido aceptada por el Senado, es decir, nunca llegó a la Cámara Alta pese a que tenía que ser revisada por legisladores antes de ser firmada; pero el entonces Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, ignoró la solicitud de rechazo que pidió el senador Marco Antonio Blásquez.

Al parecer, no hay salida del Tratado firmado en 1994. Sin embargo, nuestro gobierno debe resolver la disponibilidad de agua para los estados fronterizos. El presidente López Obrador dijo que las versiones sobre la escasez se deben en gran medida al oportunismo político, ante las elecciones en Chihuahua del siguiente año. Sostuvo que el acuerdo es equitativo y que los agricultores contarán con agua para sus cosechas. 

El Congreso de Chihuahua emitió un exhorto para pedir al Gobierno federal que antes de cumplir con los compromisos que tiene con EU debe permitir que el ciclo de lluvias beneficie primero a los campesinos y después, en octubre, se proceda con el Tratado de Aguas de 1944.

Como sea se debe cumplir con la deuda y será hasta dentro de seis años. Mientras tanto, campesinos se enfrentaron hace unos días con la Guardia nacional cuando protestaron y a cambio les llovieron balas de goma y gas lacrimógeno, reportaron medios de comunicación. 

Por otra parte, estos campesinos argumentan que el agua que se pretende sacar de la Presa conocida como Las Vírgenes, es para riegos de Tamaulipas. La Conagua aseguró que tiene capacidad tanto para el pago a Estados Unidos como para los cultivos de nogal, sandía, melón, chile, cebolla y alfalfa, y la continuidad de todas las actividades productivas en la región.

Preocupa bastante la escasez de agua que desde hace varios años se vive en el Norte. De acuerdo con el Monitor de Sequía de México de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), 21 municipios de Chihuahua están en condiciones de anormalmente seco, los cuales se verían afectados por la ausencia de lluvia.

Los más afectados en el presente año, por la ausencia de lluvia y que están en el catálogo de sequía son los ubicados en el centro de la entidad como Aldama, Aquiles Serdán, Chihuahua, Meoqui, Delicias, Rosales, Julimes, Saucillo, Camargo y San Francisco de Conchos, además de Valle de Zaragoza y La Cruz. En los últimos cuatro años se ha mantenido entre sequía severa en algunas regiones, sequía moderada en otras, pero en la gran parte del estado se ha encontrado anormalmente seco. El estado cuenta con el 77.4 por ciento de superficie afectada por la sequía, según el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La Comisión Nacional del Agua informó que al corte del mes de junio existen un total de 633 municipios en sequía en el país, de los cuales 35 de ellos corresponden al estado de Chihuahua con niveles de sequía moderada y sequía severa, que están afectando a los productores de Ojinaga, Jiménez, Delicias, Coyame y otros más.

En el estado hay 10 presas que almacenan 3 mil 915 hectómetros cúbicos, pero a la fecha, según el informe de la Conagua, hay un nivel concentrado de mil 754 hectómetros cúbicos, es decir que falta más de 64 por ciento del nivel en las presas en toda la entidad.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), advirtió el aumento de las sequías. En este contexto y cualquier otro, el agua es un recurso valioso. La disponibilidad del líquido para este año 2020 ha bajado en 6 por ciento con relación al 2000, y la demanda seguirá creciendo, incluso se prevé para el año 2050 incremente en 300 por ciento.

En una década la producción de alimentos para abastecer a 10 mil millones de personas requerirá de 300 millones de hectáreas más de tierra cultivable.

DESDE EL CENTRO

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y Cargill Nutrición Animal México establecieron una alianza con la que se apoyará con mil toneladas de alimento para animales a los productores pecuarios de pequeña escala, que han visto afectadas sus capacidades para alimentar a sus hatos o aves de corral a causa de la problemática derivada del COVID-19, así como a centros de investigación pecuaria. Por otra parte, la Sader trabaja en un plan de diversificación de mercados agroalimentarios en aprovechamiento de la modernización del Acuerdo Comercial con la Unión Europea y la generación de acercamientos con países de Asia, Medio Oriente, África, Centro y Sudamérica, así como el incremento de los flujos comerciales con otras regiones. El sector agropecuario y pesquero es el principal beneficiario. Entre los productos que reducirán su arancel o tendrán preferencias a la entrada en vigor de este acuerdo destacan plátano, jugo de naranja, jarabe de agave, espárrago, tomate, chícharo, cítricos, uva de mesa, limón, trigo duro, maíz blanco, miel, carne y despojos de res, carne de aves, azúcar cruda, alcohol etílico, trigo, flores, ovoproductos, piloncillo, jugo de cítricos, jugo de piña, dulces y artículos de confitería y levaduras, entre otros… Oaxaca combatirá la obesidad infantil con una ley que prohíba la publicidad de comida chatarra en las escuelas. 73 organizaciones firmaron un pronunciamiento donde piden a los legisladores ponderar la salud y la vida de la infancia oaxaqueña por encima de los intereses económicos de la industria alimentaria, y votar a favor del dictamen.

Joaquín llegó hace 40 años acompañado de sus familiares a Chapala, lugar al que acogió como su segundo hogar. Foto: cortesía. 

Manuel Jacobo (Chapala, Jal).- La comunidad Triqui en Chapala pierde un líder. Se trata de Joaquín Calixto Pérez Guzmán, quien fuera dirigente de los “Triquis Unificados en Chapala”.  

El pasado 21 de julio un infarto cardiaco le arrebató la vida a Joaquín, pero a la comunidad Triqui radicada en el municipio ribereño desde hace más de 40 años también le arrebataron un líder.

Cuando llegó a Chapala, Calixto, tenía entre sus sueños darle “una mejor vida a su familia, porque en el pueblo no tenía ni para comer, porque ellos siempre fueron una familia muy pobre pero humilde y sobre todo muy trabajadora” tal como lo recuerda su hija Inés Pérez.

A pesar de que al salir de San Juan Copala, Juxtlahuaca, en Oaxaca, no había concluido su primaria, eso no fue impedimento y aprendió a leer, sumar, pero sobre todo a relacionarse para ofrecer mejores condiciones a los suyos.

Busca la nota completa en nuestra edición de Semanario Laguna 435 (8 al 14 de agosto). En tiendas y supermercados de los municipios de Chapala y Jocotepec. 

El 20 por ciento de la población mexicana tendrá más de 65 años en el 2030. Es necesaria una reforma que además incentive el ahorro para el retiro.

Abigail Angélica Correa Cisneros |

Acceder a una pensión digna será complicado en el futuro si la seguridad social no se actualiza. La proyección en América Latina se inclina al aumento del envejecimiento poblacional. Sumado a esto, el ahorro y las aportaciones actuales son insuficientes en nuestro país, además de que son pocos los que tienen acceso a una pensión.

La Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) indicó que más del 72 por ciento de las personas no han ideado un plan para su jubilación.

 Desde 1997, cuando la Ley del Seguro Social cambió, cada trabajador es responsable de ahorrar un porcentaje de su salario, cercano a cinco por ciento. Sin embargo, gran parte de la población, más del 60 por ciento, no contará con este ahorro porque están en la informalidad y la cultura del ahorro para el retiro sigue vaga en la consciencia de los mexicanos. Para 2030 se calcula que casi el 20 por ciento de la población mexicana tendrá más de 65 años. Comenzaremos a ver los problemas del sistema de pensiones de 1997.

 Hasta hace un par de años, 71 millones 700 mil mexicanos no contaban con seguridad social, es decir, seis de cada 10 personas, de las cuales aproximadamente 48 millones viven en zonas urbanas.

 El gobierno actual propuso la semana pasada una reforma al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) con la finalidad de que los trabajadores puedan elevar el monto que reciben de pensión y se reduzcan los requisitos mínimos para acceder a esta.

 De acuerdo con el INEGI, la población mayor de 60 años en México es de 15.4 millones de personas. En 2017 se reportó que del total de los pensionados 55.1 por ciento son hombres y las mujeres el 44.9 por ciento. La institución que concentró el mayor porcentaje de pensionados en el país es el IMSS con 72.9 por ciento en dicho año, le sigue el ISSSTE con 19.7 por ciento y otras instituciones con el 7.4 por ciento.

 Lo que propone el gobierno es que más personas puedan acceder a este beneficio que corresponde hoy a 34 por ciento de los trabajadores y de aprobarse la reforma subiría a alrededor de 82 por ciento. También pretende reducir el requisito mínimo para acceder a una pensión garantizada. Bajará de las 1,250 semanas de cotización actuales, que representan unos 25 años, a 750 semanas, que equivalen a 15 años, para después subir paulatinamente.

 Esta pensión garantizada se refiere a un complemento otorgado a las personas que cumplan con los requisitos de edad y 1250 semanas cotizadas pero que los recursos de su cuenta Afore no le alcancen para contratar una Renta Vitalicia o un Retiro Programado.

 Además, contempla el aumento de las cuotas patronales para lograr una pensión que se acerque más al salario percibido, porque con la reforma actual los trabajadores recibirían menos de la mitad de su salario.

 El mayor problema al que se enfrenta México es la pobreza, significa un obstáculo para un envejecimiento decente y seguro. El promedio de las personas adultas mayores que viven así en nuestro país representa el 27 por ciento. Aquellos que no cuenten con ahorro para el retiro serán vulnerables ante enfermedades, porque tampoco cuentan con seguridad social, que entre otras cosas ofrece atención médica. Esto implica gastos severos que recaen en familiares que estarían asumiendo los riegos sociales de la población en vejez, mismos que le corresponderían al Estado.

 Por lo mismo, muchos adultos mayores siguen trabajando, a pesar de que para los 65 años ya deberían estar gozando de una pensión digna. Según los datos de la Encuesta Intercensal 2015, 20.8 por ciento de la población de 65 años o más es económicamente activa, y de esta 1.7 millones se encuentran todavía trabajando, principalmente en actividades en la informalidad, como trabajos por cuenta propia, trabajo doméstico, agricultura o elaboración de artesanías.

 Se estima que 85 por ciento de las personas mayores que aún trabajan no cuentan con ningún tipo de pensión ni con asistencias mediante programas de ayudas estatales y federales destinados a personas de edad avanzada.

 Las mujeres siguen siendo las más afectadas debido a que el mercado laboral les cierra las puertas. Estudios determinaron en años recientes que 78 por ciento no recibe pensión por parte de algún instituto de seguridad social, 53 por ciento no recibe pensión ni beneficios de programas de asistencia social. El 58 por ciento de esa población dependiente son del sexo femenino.

 La reforma que propone el presidente López Obrador es necesaria. Sin embargo, como señaló la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, es insuficiente, pues no incluye a los trabajadores que carecen de seguridad social. Como ejemplo, los jornaleros agrícolas, de los que sólo 13 de cada cien cuentan con cobertura de seguridad social por el trabajo en el campo.

 El sexto reporte del Observatorio de Trabajo Digno basado en datos del primer trimestre de 2020 indicó que el 99.9 por ciento (12.4 millones) de quienes trabajan “por su cuenta” carecen de seguridad social; de estos, el 74 por ciento (8.2 millones) no puede adquirir dos canastas básicas (para mantenerse a sí mismos y a una persona más).

 El Estado de México lidera desde hace una década la lista de estados con el mayor número de población sin acceso a la seguridad social. Siguen Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla las que presentan los mayores índices y están muy por arriba de la media nacional, ubicada entre 60 y 55 por ciento. En esas regiones hasta el 85 por ciento de la población no tiene asegurado ese derecho.

 La OCDE señala que hay tres elementos básicos para garantizar que la población de adultos mayores de un país tenga una vejez o una pensión dignas: acceso a un empleo formal con ingresos superiores al costo de vida mensual, control de ingresos y gastos, así como un plan de jubilación o de retiro (ahorro).

 Los datos preocupan, solamente el 4 por ciento de la población mexicana que cotizó a partir de 1997, logrará cumplir con el total de semanas para alcanzar una pensión mínima garantizada, de acuerdo con estimaciones de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

 DESDE EL CENTRO

 El exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, fue vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso de Agro Nitrogenados, luego de que la defensa declarara que pedirá un acercamiento de oportunidad con la Fiscalía General de la República (FGR)… La crisis económica que dejará la pandemia de Covid-19 alcanzará a varias regiones. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya analiza con empresarios la estrategia a seguir para que el golpe a la economía nacional no sea tan grave… En las tiendas de autoservicio ya comienza a verse el etiquetado en productos, alertando de exceso de grasas o azúcar. Hay que recordar que siete por ciento del total de las muertes en México durante 2018, aproximadamente 40 mil, estaban relacionadas al consumo de refrescos, causantes de enfermedades cardio-metabólicas, obesidad y diabetes, entre otras… El presidente estadunidense, Donald Trump, recurre a estrategias sucias para posicionarse en las próximas elecciones, pero ya pocos creen en él. Continúa reprimiendo y desacreditando a los manifestantes que buscan el respeto a los derechos humanos en su país y siguió con las mentiras respecto a la enfermedad que aqueja hoy al mundo, minimizando la relevancia en estrategias de salud pública y asegurando que gran parte del país ya está libre de coronavirus. Prometió nuevamente que eliminará el programa de legalización temporal (DACA) para inmigrantes que llegaron como menores de edad, conocidos como Dreamers. Se preguntó por qué nadie lo quiere… En el Partido Revolucionario Institucional, se dice de Eduardo “bebé Orihuela” Estefan, que es un diputado producto de la imposición, gris y sin liderazgo.

Por: Abigail Angélica Correa Cisneros

• El 20 por ciento de la población mexicana tendrá más de 65 años en el 2030. Es necesaria una reforma que además incentive el ahorro para el retiro.
• 82 por ciento podrían contar con una pensión a diferencia del 34 por ciento de los trabajadores que la recibe hoy.

Acceder a una pensión digna será complicado en el futuro si la seguridad social no se actualiza. La proyección en América Latina se inclina al aumento del envejecimiento poblacional. Sumado a esto, el ahorro y las aportaciones actuales son insuficientes en nuestro país, además de que son pocos los que tienen acceso a una pensión.

La Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) indicó que más del 72 por ciento de las personas no han ideado un plan para su jubilación.

Desde 1997, cuando la Ley del Seguro Social cambió, cada trabajador es responsable de ahorrar un porcentaje de su salario, cercano a cinco por ciento. Sin embargo, gran parte de la población, más del 60 por ciento, no contará con este ahorro porque están en la informalidad y la cultura del ahorro para el retiro sigue vaga en la consciencia de los mexicanos. Para 2030 se calcula que casi el 20 por ciento de la población mexicana tendrá más de 65 años. Comenzaremos a ver los problemas del sistema de pensiones de 1997.

Hasta hace un par de años, 71 millones 700 mil mexicanos no contaban con seguridad social, es decir, seis de cada 10 personas, de las cuales aproximadamente 48 millones viven en zonas urbanas.

El gobierno actual propuso la semana pasada una reforma al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) con la finalidad de que los trabajadores puedan elevar el monto que reciben de pensión y se reduzcan los requisitos mínimos para acceder a esta.

De acuerdo con el INEGI, la población mayor de 60 años en México es de 15.4 millones de personas. En 2017 se reportó que del total de los pensionados 55.1 por ciento son hombres y las mujeres el 44.9 por ciento. La institución que concentró el mayor porcentaje de pensionados en el país es el IMSS con 72.9 por ciento en dicho año, le sigue el ISSSTE con 19.7 por ciento y otras instituciones con el 7.4 por ciento.

Lo que propone el gobierno es que más personas puedan acceder a este beneficio que corresponde hoy a 34 por ciento de los trabajadores y de aprobarse la reforma subiría a alrededor de 82 por ciento. También pretende reducir el requisito mínimo para acceder a una pensión garantizada. Bajará de las 1,250 semanas de cotización actuales, que representan unos 25 años, a 750 semanas, que equivalen a 15 años, para después subir paulatinamente.

Esta pensión garantizada se refiere a un complemento otorgado a las personas que cumplan con los requisitos de edad y 1250 semanas cotizadas pero que los recursos de su cuenta Afore no le alcancen para contratar una Renta Vitalicia o un Retiro Programado.

Además, contempla el aumento de las cuotas patronales para lograr una pensión que se acerque más al salario percibido, porque con la reforma actual los trabajadores recibirían menos de la mitad de su salario.

El mayor problema al que se enfrenta México es la pobreza, significa un obstáculo para un envejecimiento decente y seguro. El promedio de las personas adultas mayores que viven así en nuestro país representa el 27 por ciento. Aquellos que no cuenten con ahorro para el retiro serán vulnerables ante enfermedades, porque tampoco cuentan con seguridad social, que entre otras cosas ofrece atención médica. Esto implica gastos severos que recaen en familiares que estarían asumiendo los riegos sociales de la población en vejez, mismos que le corresponderían al Estado.

Por lo mismo, muchos adultos mayores siguen trabajando, a pesar de que para los 65 años ya deberían estar gozando de una pensión digna. Según los datos de la Encuesta Intercensal 2015, 20.8 por ciento de la población de 65 años o más es económicamente activa, y de esta 1.7 millones se encuentran todavía trabajando, principalmente en actividades en la informalidad, como trabajos por cuenta propia, trabajo doméstico, agricultura o elaboración de artesanías.

Se estima que 85 por ciento de las personas mayores que aún trabajan no cuentan con ningún tipo de pensión ni con asistencias mediante programas de ayudas estatales y federales destinados a personas de edad avanzada.

Las mujeres siguen siendo las más afectadas debido a que el mercado laboral les cierra las puertas. Estudios determinaron en años recientes que 78 por ciento no recibe pensión por parte de algún instituto de seguridad social, 53 por ciento no recibe pensión ni beneficios de programas de asistencia social. El 58 por ciento de esa población dependiente son del sexo femenino.

La reforma que propone el presidente López Obrador es necesaria. Sin embargo, como señaló la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, es insuficiente, pues no incluye a los trabajadores que carecen de seguridad social. Como ejemplo, los jornaleros agrícolas, de los que sólo 13 de cada cien cuentan con cobertura de seguridad social por el trabajo en el campo.

El sexto reporte del Observatorio de Trabajo Digno basado en datos del primer trimestre de 2020 indicó que el 99.9 por ciento (12.4 millones) de quienes trabajan “por su cuenta” carecen de seguridad social; de estos, el 74 por ciento (8.2 millones) no puede adquirir dos canastas básicas (para mantenerse a sí mismos y a una persona más).

El Estado de México lidera desde hace una década la lista de estados con el mayor número de población sin acceso a la seguridad social. Siguen Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla las que presentan los mayores índices y están muy por arriba de la media nacional, ubicada entre 60 y 55 por ciento. En esas regiones hasta el 85 por ciento de la población no tiene asegurado ese derecho.

La OCDE señala que hay tres elementos básicos para garantizar que la población de adultos mayores de un país tenga una vejez o una pensión dignas: acceso a un empleo formal con ingresos superiores al costo de vida mensual, control de ingresos y gastos, así como un plan de jubilación o de retiro (ahorro).

Los datos preocupan, solamente el 4 por ciento de la población mexicana que cotizó a partir de 1997, logrará cumplir con el total de semanas para alcanzar una pensión mínima garantizada, de acuerdo con estimaciones de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

DESDE EL CENTRO

El exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, fue vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso de Agro Nitrogenados, luego de que la defensa declarara que pedirá un acercamiento de oportunidad con la Fiscalía General de la República (FGR)… La crisis económica que dejará la pandemia de Covid-19 alcanzará a varias regiones. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya analiza con empresarios la estrategia a seguir para que el golpe a la economía nacional no sea tan grave… En las tiendas de autoservicio ya comienza a verse el etiquetado en productos, alertando de exceso de grasas o azúcar. Hay que recordar que siete por ciento del total de las muertes en México durante 2018, aproximadamente 40 mil, estaban relacionadas al consumo de refrescos, causantes de enfermedades cardio-metabólicas, obesidad y diabetes, entre otras… El presidente estadunidense, Donald Trump, recurre a estrategias sucias para posicionarse en las próximas elecciones, pero ya pocos creen en él. Continúa reprimiendo y desacreditando a los manifestantes que buscan el respeto a los derechos humanos en su país y siguió con las mentiras respecto a la enfermedad que aqueja hoy al mundo, minimizando la relevancia en estrategias de salud pública y asegurando que gran parte del país ya está libre de coronavirus. Prometió nuevamente que eliminará el programa de legalización temporal (DACA) para inmigrantes que llegaron como menores de edad, conocidos como Dreamers. Se preguntó por qué nadie lo quiere.

abicorrea79@hotmail.com

Empresas como Monsanto son un peligro para la humanidad, uno de sus plaguicidas más utilizados se relaciona con cáncer y otras enfermedades crónicas.

Abigail Angélica Correa Cisneros. – (Ciudad de México) La soberanía alimentaria del país depende de acciones contra grandes empresas que se aferran como Monsanto (recién fusionada a la alemana Bayer), a seguir afectando al campo y a los trabajadores agrícolas del mundo. A pesar de diversas demandas, esta empresa pretende seguir envenenando a la población mundial.

Nuestro gobierno comienza a frenar las acciones que atentan contra la salud de los mexicanos. Por fin se comienza a bloquear a uno de los plaguicidas más peligrosos para los humanos y la naturaleza, el glifosato. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) prohibirá totalmente su uso para 2024.

Muchos estudios han demostrado cómo se degradó la salud de la gente que estuvo expuesta a este agrotóxico. No sólo en nuestro país, en diversas partes del mundo incluso se ganaron demandas contra Monsanto-Bayer; pues se demostró que provoca cáncer, malformaciones, encefalopatía, autismo y párkinson.

Estudios comprobaron que la tortilla, alimento primordial de las familias mexicanas, que se preparaba con harina de maíz blanco y amarillo de la marca Maseca, contenía maíz transgénico, así como altos niveles de glifosato. La empresa defendió su producto, obviamente, bajo las regulaciones existentes y aseguró que su harina de maíz cumplía con todas las normas.

Falta mucho por avanzar en contra de este agroquímico, clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como potencial cancerígeno. Pero vale la pena decir que desde 2019 la Semarnat tomó medidas precautorias para que este y otros 40 plaguicidas dejen de usarse en nuestro país. Organismos como el Consejo Nacional Agropecuario respondieron en contra y pretenden que se dé marcha atrás a la eventual transformación del sistema agroalimentario, basado en un modelo agroecológico, respetuoso de la naturaleza y de la salud humana.

El campo mexicano ha sido afectado desde hace décadas con el uso de este agrotóxico y transgénicos de maíz, soya y algodón, que también serán prohibidos eventualmente.

La pandemia de covid-19 nos recordó, entre otras cosas, la importancia de una buena alimentación. Repetiré que nuestro país tiene el número más alto en casos de obesidad,

seguido de diabetes, padecimientos que se relacionan con el alto consumo de comida chatarra y bebidas azucaradas, que son las responsables de más de 24 mil muertes cada año en México, de acuerdo con el Instituto Nacional De Salud Pública.

Hace diez años 7 de cada 10 adultos tenían diabetes y 3 de cada 10 niños sobrepeso u obesidad. El costo de estas enfermedades era de más de 85 mil millones de pesos al año en tratamiento y más de 400 millones de horas laborales perdidas por diabetes asociadas al sobrepeso y obesidad.

En octubre entra en vigor el etiquetado de alimentos, para que la gente se informe de manera sencilla qué es lo que consume. La industria dedicada a estos alimentos buscará estrategias para que sus pérdidas no sean grandes, como lo hicieron las empresas refresqueras luego del incremento de 1 peso por litro en 2014, que intensificaron promociones de venta y estrategias publicitarias para conservar sus números a pesar de la medida recaudatoria.

La población mexicana sigue desinformada, el gran reto es romper con la cadena de alimentos con los que la publicidad nos bombardea. Para dar el paso al consumo de comida sana, derivada de una producción con sistemas agroecológicos, es decir, una agricultura, ganadería y pesca ecológicamente adecuados, para empezar el gobierno tiene que incentivar esta revolución agrícola con la que se pueda dar batalla a las enfermedades derivadas de la mala alimentación.

Víctor M. Toledo, titular de la Semarnat refiere que para esto ya se trabaja en una estrategia nacional con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que deberá implementarse en los próximos meses. “Los alimentos, además, deben circular por medio de mercados justos, orgánicos, solidarios y de corta distancia, multiplicando los tianguis y las ferias de semillas y productos diversos. Finalmente, se deben de crear miles de cooperativas que conecten la producción agroecológica con los amplios sectores de consumidores de las ciudades: edificios, barrios, escuelas, sindicatos, universidades, fábricas, hospitales, etcétera. Sólo así el gobierno de la 4T logrará purificar la sangre de los mexicanos hoy todavía contaminada por refrescos, plaguicidas, hormonas, antibióticos y otros tóxicos, luego de tres décadas de gobiernos neoliberales”, escribió recientemente.

El año pasado, esta dependencia autorizó la importación de 86 mil 449 toneladas de glifosato. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), informó que sólo se importaron 21 mil 147 toneladas del herbicida. Gradualmente se ha impedido la entrada de este veneno, pero las empresas interesadas en su uso siguen presionando al gobierno mexicano para que se retracte.

Estas compañías han lastimado a la humanidad en una gran medida. Monsanto-Bayer son responsables de que miles de humanos padezcan de encefalopatía, autismo, parkinsonismo, linfoma No Hodgkin, teratogénesis, estrés oxidativo, mutagenicidad,

genotoxicidad, trastornos en el sistema endocrino, toxicidad en el sistema reproductivo, sistema inmunológico (de suma importancia en tiempos de la pandemia del COVID-19), sistema nervioso y sistema renal, entre otras enfermedades. Además, el uso del glifosato tiene que ver con toxicidad en peces, anfibios, tortugas, crustáceos, moluscos, fitoplancton, zooplancton, organismos polinizadores y otros insectos benéficos, y en aves y reptiles.

La multinacional alemana Bayer compró Monsanto en 2018 por 66.000 millones de dólares. Se transformó así en la mayor empresa de semillas transgénicas y agrotóxicos del mundo. Esta semana se hizo público el acuerdo extrajudicial de Bayer-Monsanto con casi 100 mil denunciantes de Estados Unidos. La multinacional almena ofertó casi 11.000 millones de dólares para frenar demandas por las consecuencias en la salud del agrotóxico.

El glifosato una vez que llega a la tierra pasa al aire al agua, se expande como una plaga. Estudios recientes realizados por la Universidad de Guadalajara (UDG) y Ciesas Occidente, encontraron el agrotóxico en orina de niños y niñas de comunidades cercanas a cultivos de Jalisco, “gigante agroalimentario”. Todos mostraron síntomas como dolores de cabeza, vómitos y náuseas.

Para corroborar los resultados acudió una supuesta asociación civil, Proccyt, que en realidad resultó una fachada de las empresas que envenenaron a los niños, (sus miembros son Syngenta, Bayer-Monsanto, Corteva, FMC, Basf y otras). Dieron talleres y determinaron que solamente bebiendo el glifosato antes de tomar la muestra a los niños, podrían aparecer residuos en la orina. Aunque las autoridades fueron parte del engaño durante mucho tiempo, la gente ya no cree estás mentiras y se frenará el uso de estos agrotóxicos en los siguientes años.

Además de Estados Unidos, Argentina también sufre las consecuencias del uso de este herbicida que hoy alcanza 28 millones de hectáreas en aquel país. Nada que no sea soja, maíz y algodón transgénicos puede crecer en esos campos. También se utiliza en cítricos, frutales de pepita (manzana, pera, membrillo), vid, yerba mate, girasol, pasturas, pinos y trigo. A partir del avance transgénico, aumentó geométricamente el uso del glifosato, desarrollado y comercializado inicialmente por Monsanto desde la década del 70.

En nuestro país, comunidades mayas luchan desde 2012 contra varias empresas multinacionales que obtuvieron licencia para plantar soya transgénica en sus territorios, afectando principalmente a los apicultores, debido a la deforestación y al uso de pesticidas y plaguicidas a cargo de los grandes productores de soya.

DESDE EL CENTRO

El 1 de julio entra en vigor el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC o USMCA por sus siglas en inglés), tras varios meses de negociaciones con el fin de mejorar

el TLCAN, acuerdo que duró 26 años. Se añadieron 10 capítulos y mejoraron 24, entre los principales cambios se habla de derechos laborales y salarios. Los nuevos capítulos tienen que ver con comercio digital, medio ambiente, competitividad, anticorrupción, buenas prácticas regulatorias, y pequeñas y medianas empresas… Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), aceptó ser entregado de manera voluntaria a las autoridades mexicanas y dio su consentimiento de ser trasladado a territorio nacional. Colaborará en el esclarecimiento de los hechos que se investigan por actos corrupción en la petrolera… abicorrea79@hotmail.com