invasiones

Desalojo del predio, el cual ocurrió durante la primera semana de noviembre. Foto: Facebook.

Sofía Medeles.- Luego de que en redes sociales se difundiera un supuesto desalojo injustificado en terreno federal, de la delegación de San Antonio Tlayacapan, se aclaró que se debió a un incumplimiento de contrato. 

Este desalojo fue el resultado de una resolución de un juicio de demanda de desocupación o desahucio, que estaba en curso sobre ese predio, el cual es terreno federal y era aprovechado con fines agrícolas y ganaderos. 

Predio . Foto: Sofía Medeles.

El espacio donde estaba situado el ganado, cuenta con una concesión otorgada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a un poblador vecino del predio en cuestión, y fue recientemente renovada en el 2018. 

La esposa del propietario de la concesión comentó que nunca han puesto objeción para prestar el predio a usos de siembra y, en este caso de ganado, siempre con un contrato de renta de por medio y viendo por la conservación de esa playa para evitar cualquier tipo de invasión.

No obstante, el arrendatario incumplió en el contrato construyendo dentro de la concesión, usando material para hacer caballerizas y bebederos para los caballos, y negándose a salir del lugar, por lo que se interpuso una denuncia en su contra. 

El proceso inició y finalizó durante el 2022. Este se presentó en el Juzgado Segundo de lo Civil en Chapala, donde se indicó que el hombre que se encontraba junto a su ganado, debía salir por su voluntad, o ser desalojados por la resolución. Para cumplir la sentencia, además del representante del juzgado, hubo un acompañamiento por parte de la policía municipal como se establece en el protocolo. 

Se le notificó conforme a la ley, se le dio la oportunidad de presentar pruebas o argumentos a su favor ante las autoridades y al seguir el juicio su curso, se le dio aviso para desocupar el bien inmueble. Al no hacer caso, se procedió a hacer el desalojo. 

Finalmente la señora comentó que si en un momento se propusiera un proyecto que beneficie al pueblo sin cemento, rellenos, y con el fin de proteger la playa, el dueño de la concesión, lo considerarían para ejecutar tal plan.

Tras 23 años de lucha, miembros de la comunidad indígena de Mezcala recuperaron su territorio invadido en el cerro de El Pandillo. Foto: Mario Marlo.

Redacción.- Después de 23 años de lucha, el 4 de octubre la comunidad indígena coca de Mezcala de la Asunción, en Poncitlán, recuperó 10 hectáreas del cerro de El Pandillo invadidas desde 1999 por el empresario tapatio Guillermo Moreno Ibarra.

En un ambiente festivo un centenar de ciudadanos, entre niños y adultos, se congregaron a las nueve de la mañana en la oficina de Bienes Comunales de la localidad para emprender en conjunto el recorrido hacia las tierras que les fueron despojadas desde hace más de dos décadas.

Un centenar de personas, entre comuneros, niños y sociedad civil, arribaron al predio para ejecutar la histórica sentencia. Foto: Desinformémonos.

Esta invasión derivó en un juicio de restitución de tierras (475/2013 último número de expediente asignado al juicio) impulsado por los comuneros desde el año de 1999. En el mes de octubre del 2021, se dio la última sentencia que determinó tajantemente que el invasor Guillermo Moreno quien, manipulando las leyes del gobierno comunitario y del propio Estado mexicano, se asentó ilegalmente en la parte más alta del Cerro de El Pandillo, ordenando la restitución de las tierras.

En cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Agrario del distrito 15, lo comuneros de Mezcala, acompañados de elementos de la Guardia Nacional, del Tribunal, Colectivos y Organizaciones, acudieron el 4 de octubre al predio señalado para efectuar la ejecución legal de la restitución de parte de su territorio.

“Como hijo de la comunidad, nunca me imaginé vivir este momento, nos desanimábamos porque muchas personas, muchos comuneros que han apoyado esta lucha ya fallecieron y quedaron con el sueño de ver este día, y yo sé que desde el cielo ellos están también con nosotros”, declaró José Luis Rosales al diario NTR.

Colocando lonas con el símbolo de la comunidad indígena de Mezcala y con pancartas con leyendas como “La tierra no se vende; se trabaja y se defiende”, “Fuera Guillermo Ibarra, eres un invasor” y “23 años de lucha ante la soberbia del dinero y del poder”, el centenar de personas celebraron la sentencia histórica.

Con pancartas, miembros de la comunidad indígena de Mezcala celebraron la restitución de tierras. Foto: Mario Marlo.

En predio invadido el empresario tapatío construyó una vivienda de dos plantas con vista privilegiada al Lago de Chapala, además de establos y represas, causando la deforestación de algunas áreas y el desvío de arroyos.

Tras la visita, el Tribunal Agrario del distrito 15, alrededor de las tres de la tarde entregó a los comuneros un acta de restitución de las 10 hectáreas ocupadas de forma ilegal por más de 20 años, regresandoles todos sus derechos sobre las mismas, por lo que a partir del 4 de octubre de 2022 la comunidad de Mezcala es la responsable de cuidar y preservar este paraje del territorio, lo cual hará valer a través de una guardia comunal que resguardará estas tierras.

Según informaron mediante un boletín de prensa, las instalaciones recuperadas serán utilizadas en beneficio de todo el pueblo de Mezcala y la región, a través de
un proyecto educativo que planea recuperar los saberes y conocimientos tradicionales.

La lucha por la justicia sigue

La comunidad indígena coca de Mezcala mantiene otro litigio contra Guillermo Moreno Ibarra por la invasión de otras 10 hectáreas ubicadas en la planicie de El Comal, que también forman parte de las tierras comunales y que no fueron incluidas en la sentencia del Tribunal Agrario del distrito 15.

Hoy en día, esa playa sigue despejada, y la maleza ha crecido bastante. El terreno es difícil de caminar, ya que el nivel del lago ha subido. Foto: Sofía Medeles.

Sofía Medeles.- Poco más de un año ha pasado desde que se formó Pueblos Unidos de la Ribera, movimiento que se ha encargado de retirar las obstrucciones de la zona federal del Lago de Chapala, mayormente en las playas de Ajijic. Durante este tiempo, el vaso lacustre ha recuperado lo que es suyo, y se ha encargado de volver a incorporar las invasiones a su origen.

Primer retiro de malla ciclónica del movimiento Pueblos Unidos de la Ribera el 10 de agosto del 2021, al poniente de Ajijic. Foto: Sofía Medeles.

Aun así, en diferentes partes de la delegación -y otras delegaciones aledañas- se siguen viendo mallas ciclónicas y bardas para apropiarse de la zona litoral del cuerpo lacustre. 

“De que les sirve todo ese terreno, si cuando sube el lago se inunda”, mencionó Daniel, uno de los jóvenes que participó en el movimiento.

Por otro lado, una de las fundadoras de Pueblos Unidos de la Ribera, comentó que ha pasado ya un año y las autoridades no han tomado cartas en el asunto, ni a nivel federal, estatal o municipal, pese a estar al tanto de las situaciones y aun así, poco o nada han hecho.

El primer terreno que fue liberado de la invasión se encuentra al poniente de Ajijic, se le conoce como playa de “Tío Domingo”. Este terreno fue presuntamente apropiado por la familia Urrea, dueña de una empresa de herramientas. Tras quitar la malla ciclónica, semanas después colocaron de nuevo un cercado, que ellos mismos retiraron.

Una pequeña malla ciclónica que cercaba un espacio frente a un muro de piedra. Este se encontraba cerca de la Nueva Posada, y fue retirado el pasado 28 de marzo. Foto: Sofía Medeles.

Uno de los últimos terrenos liberados fue uno pequeño de aproximadamente 1.50 metros por 10. Según comentó la dueña de la casa, era para resguardar la seguridad de la casa y contaba con una concesión. Esta tampoco se ha vuelto a colocar.

La última malla fue otra de las que se volvieron a colocar. La primera vez que se retiró fue el 28 de marzo. La siguiente semana se volvió a poner, y el movimiento rápidamente se organizó para quitarla de nuevo. En esa siguiente reunión, no solo quitaron la malla, si no que deformaron los postes y golpearon las bases de estos, para que no fuera fácil volverlas a poner.

Actualmente el vaso lacustre se encuentra al 72.29 por ciento de su capacidad en lo que va del temporal, de acuerdo a datos de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco.

Predio presuntamente invadido por “El torero”, donde se pretendía realizar rellenos con escombro y ya hay unas caballerizas construidas. Foto: Cortesía.

Redacción.- Aunque el Ayuntamiento de Chapala habría sostenido que los sellos retirados en un predio en zona federal en Riberas del Pilar serían colocados por cuarta vez, a casi un mes de la última clausura, no se han recolocado.

Se trata del predio presuntamente invadido por Alfredo Ríos Becerra “El Torero”, quien fue señalado por vecinos de la zona, de apropiarse del terreno perteneciente al Lago de Chapala, e iniciar trabajos de relleno con escombro; la propiedad se encuentra en la calle Paseo del Lago, entre las calles San Pablo y San Mateo.

La tercera clausura, pero primera impuesta por esta administración, se hizo el pasado 11 de julio, tras una denuncia por trabajos, donde se estaba moviendo escombro dentro del predio, el cual se supuso, era para realizar rellenos al lago.

Según testigos, los sellos de clausura que colocó el gobierno municipal fueron removidos días después. Al respecto, el departamento de Comunicación Social informó que esta acción no fue bajo su autorización, y que aún no han colocado los sellos, debido a que, hasta la fecha, no se ha presentado el propietario, por lo que no existe persona a quien multar.

La ausencia de quien habría sido señalado por los trabajos en terreno federal, fue confirmada por vecinos, quienes aseguran no haber visto al hombre en cuestión, ni haber presenciado trabajos dentro del predio, solo gente entrando, para atender a un caballo.

Las sanciones por corromper un sello y reanudación de actividades en establecimientos clausurados, van de una multa a nivel municipal  desde los 5 mil 250 a los 59 mil 800 pesos mexicanos. Por otro lado, en cuanto a la sanción penal, según el artículo 132 de Código Penal del Estado de Jalisco, se interpondrían de tres meses a tres años de prisión, y de cuarenta a trescientos días de salario mínimo, a quien quebrante indebidamente sellos colocados por la orden de la autoridad competente.

Las denuncias de invasiones y trabajos irregulares en zonas federales se pueden denunciar de manera inmediata al número 33 3446 4362, en caso de tener pruebas fotográficas, se pide facilitarlas. 

El predio se encuentra al final de la calle Privada Cerro Colorado, justo a pie de cerro. Foto: Laguna.

Redacción.- Otro más. Con un modus operandi similar al aplicado en otros casos de presunto despojo, personas intentaron apropiarse de un predio a pie del Cerro Colorado, al poniente de Ajijic; sin embargo, tras la intervención del Ayuntamiento de Chapala, los trabajos fueron clausurados y los involucrados sometidos a un proceso legal. 

Los hechos ocurrieron el pasado 11 de julio, poco antes del mediodía, cuando una máquina excavadora entró al terreno ubicado en la calle Privada Cerro Colorado. Al percatarse del movimiento, rápidamente la gente encargada de la propiedad intervino para frenar los trabajos y llamaron a las autoridades municipales. 

Momento en el que arribaron las autoridades municipales. Foto: Facebook.

Los afectados y vecinos de la zona comentaron en entrevista que los presuntos invasores se mostraron agresivos, llegando incluso a mostrar que portaban armas de fuego.

Según contaron los testigos, las personas que ingresaron a la fuerza con maquinaria pesada, les insistieron que ese terreno era de su propiedad, porque las coordenadas que tenían los dirigían a ese lugar. Tras una revisión de sus documentos, se confirmó que el predio que ellos buscaban se encontraba del otro lado del Cerro Colorado, aun así, insistieron que ese era el suyo.

“Nosotros tenemos 36 años cuidando este predio, tiene todo en orden y tiene todo pagado, está al corriente. Se paró el desorden cuando se estaba abriendo la brecha. Fueron muy prepotentes y llegaron a amenazar con arma en mano”, mencionó uno de los testigos.

A la delegación de Ajijic llegó el reporte y se pidió el apoyo de Seguridad Pública, quienes asistieron principalmente a resguardar el orden y la integridad de las personas. Poco después, intervinieron las autoridades municipales para clausurar los trabajos, por no contar con el permiso municipal para ejecutar el “movimiento de tierras”.

Aunque los afectados no pudieron identificar a los presuntos invasores, para poder confirmar o descartar que estuviesen envueltos en otros casos similares ocurridos anteriormente en Ajijic y sus alrededores, aseguraron que arreglarán la situación en los juzgados. 

Durante el último año han ocurrido al menos tres intentos de despojo en Ajijic. Uno de estos casos, con una estrategia similar a la del Cerro Colorado, ocurrió en un predio denominado Los Tepetates, al oriente de la delegación, en el que se involucró a exfuncionarios públicos que presuntamente habrían cometido despojos también en Santa Cruz de la Soledad, en Chapala, con fraudes y escrituras de propiedad falsas. 

Entrada a Tahawi, ubicado en Riberas del Pilar, sobre la calle Paseo del Lago. Foto: Google. 

Redacción.- Otro más. El hotel y salón de eventos “Tahawi”, ubicado en la agencia de Riberas del Pilar, sobre la calle Paseo del Lago, fue denunciado en redes sociales debido a que presuntamente la construcción se encuentra sobre zona federal.

En una publicación de Ajijic Observatorio Ciudadano, un vecino denunció que no hace mucho tiempo que un hombre, inició trabajos para construir lo que ahora es un hotel y salón de eventos. 

Por su cercanía con el Lago de Chapala, parte del restaurante del complejo llega a inundarse. Foto: Cortesía.

De igual manera, el denunciante comentó que antes de que iniciaran con la edificación, esa zona era uno de los pocos sitios en Riberas del Pilar que los vecinos utilizaban como parque y punto de acceso al Lago de Chapala, para actividades acuáticas como el uso de kayak y lancha.

Tres vecinos entrevistados -que optaron por mantenerse anónimos- confirmaron esta información, agregando que no solo se desarrolló en terreno federal, sino que también se realizaron trabajos de rellenos, o terraplenes con escombro.

“Si bien, sí hay invasión en varias residencias que colindan con las playas, que ya han colocado malla ciclónica, no es común que salgan del lindero. Este hotel, además de haber invadido completamente el terreno federal, sale unos metros sobre un relleno”, añadió uno de los consultados.

Por su parte, el síndico municipal, Gamaliel Soto Pérez, compartió que en estos casos donde ya existe una construcción, la responsabilidad recae en que actúen las instancias federales correspondientes, por ejemplo, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), o la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), recibiendo la queja y, posteriormente, haciendo los trabajos de remoción de lo que se haya construído en terreno federal o fuera de las normas que implica una concesión. 

Mientras que el municipio lo único que puede hacer es recibir la denuncia y remitirla a las autoridades correspondientes.

Portón del predio sin los tres sellos de clausura que había colocado el ayuntamiento de Chapala. Foto: Cortesía.

Redacción.– De nueva cuenta, se reportó el retiro de sellos municipales de clausura en un predio considerado como terreno federal, presuntamente invadido por Alfredo Ríos Becerra, conocido como “El Torero”, en Riberas del Pilar.

Aunque se desconoce quién fue la persona encargada de retirarlos, el ayuntamiento de Chapala, por medio del departamento de Comunicación Social, declaró que no fue bajo su autorización, por lo que serán recolocados. 

Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se ha efectuado lo que sería la cuarta clausura de los trabajos en el terreno ubicado en la calle Paseo del Lago. 

Ante la persistencia de intentos de invasión en el territorio federal del Lago de Chapala, el ayuntamiento de Chapala compartió el número 33 3446 4362 para denunciar de manera inmediata las invasiones y trabajos irregulares. 

Manta de advertencia para abandonar el predio invadido por el político José de Jesús Arambul Solorio. Foto: Facebook.

Sofía Medeles.- Durante la ratificación del exhorto que se le hizo al ayuntamiento de Chapala por parte del Congreso de Jalisco, misma que se dialogó en la última sesión de cabildo el pasado 28 de junio, se habló de la necesidad de tener más autoridad en cuestiones de zona federal, más allá de la petición que se les impuso de mantener la vigilancia, sobre todo en el predio presuntamente trató de invadir Jesús Arambul Solorio.

El presidente municipal, Alejandro de Jesús Aguirre Curiel, declaró que la situación se tornó como “andar al gato y al ratón”, aunque aseguró que se sumarán a la petición, pidió la intervención de la diputada local Erika Lizbeth Ramírez Pérez, quien promovió el exhorto, para que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) realice sus inspecciones y sanciones correspondientes, o en caso contrario, que la comisión realice un convenio para que el municipio tenga las facultades necesarias para resolver estas cuestiones.

Tras exponer el punto, los regidores discutieron sobre las acciones que ya han tomado en cuestiones de invasión, las cuales han sido mínimas por las limitantes territoriales que tienen en estos casos, por ejemplo, las clausuras que se han realizado cuando existe construcción, y la denuncia a instancias como la CONAGUA, y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

Por su parte, el síndico municipal, Gamaliel De Jesús Soto Pérez agregó: “Ya hemos hecho denuncias de ese y otros inmuebles a la orilla del lago. Lo que propuso en su momento CONAGUA, fue realizar un convenio donde responsabilizan al municipio con la inspección, mientras ellos siguen con las atribuciones legales para actuar sancionando, por lo que no se ha aceptado […] el exhorto a lo mejor ya llego tarde a las acciones que hemos implementado”.

El exhorto fue propuesto por la diputada Erika Ramírez y tras ser aprobada por 37 votos a favor en el Congreso local, se corrió la petición al Gobierno de Chapala para implementar mecanismos de vigilancia y coordinación para promover juicios correspondientes a invasiones en zonas federales -especialmente en el predio invadido por Arambul, ubicado en la calle Colón de San Antonio Tlayacapan-, donde estarían involucradas las dependencias de Jurídico, Reglamentos, Desarrollo y Planeación Urbana y Seguridad Pública.

Predio cercado y con muro; este se encuentra dentro del Lago, en Riberas del Pilar. Foto: Cortesía.

Redacción.- Tanto vecinos de la zona, como grupos activistas en pro de la liberación del terreno federal, han denunciado la falta de atención de las autoridades hacía una de las invasiones al lago en la población de Riberas del Pilar.

Este predio se encuentra en la calle Paseo del Lago, entre San Pablo y San Mateo y, según testigos, planea construir una casa. Las medidas del espacio invadido son 75 metros de frente, y de 20 a 25 metros de largo hacia el Lago.

Cuando el Lago sube su nivel, este terreno se inunda, debido a que se encuentra dentro del cuerpo lacustre. Foto: Cortesía.

En este caso en particular, no solo se encuentra en terreno federal, sino que el supuesto propietario está realizando rellenos con material ahora que bajó el nivel del Lago, para poder construir, es decir, este predio está dentro del territorio del Lago de Chapala, por lo que, cuando sube el nivel, el espacio es cubierto por agua.

Algunos testigos entrevistados, quienes prefieren mantenerse en el anonimato, aseguraron que ya existen denuncias tanto en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), como en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), en las cuales, las autoridades competentes no han actuado. 

Por otro lado, según estos testimonios, han clausurado por parte del Gobierno de Chapala al menos en dos ocasiones; sin embargo, los sellos han sido removidos, además de que se le ha brindado servicios como agua potable y electricidad.

Aspecto del relleno y lo que se ha construido hasta el momento. El área terraplenada se encuentra en la calle Paseo del Lago, entre San Pablo y San Mateo. Foto: Cortesía.

El hombre señalado es conocido entre los denunciantes como “El Torero”, los cuales señalan que se trata de una persona muy agresiva, y que poco le importan las cuestiones de invasión. Actualmente, en el terreno se encuentra una caballeriza. Uno de los activistas fue a hablar con la mujer que le cuida los establos, quien afirmó que el acusado si está en planes de construir una finca ahí, de la cual, hasta ahora, tiene construido el muro de la fachada.

Tanto es así la molestia, que la Comunidad Indígena de San Antonio Tlayacapan se vio envuelta en el caso, actuando para reducir el terreno que se estaba apropiando, cercando al menos un tercio de este y colocando señalamientos que avisan que pertenece al polígono de la comunidad.

Actualmente, el terreno que contiene el relleno se encuentra sin ningún tipo de clausura. Por su parte, el presidente municipal, Alejandro Aguirre Curiel, comentó que recientemente se reunió con el secretario general del Gobierno de Jalisco, Enrique Ibarra Pedroza, para pedirle apoyo para poder intervenir y actuar en zonas federales, ya que, al ser cuestión federal, “no depende de ellos”.

“Ha habido varias reuniones con el director de la Conagua, que mandó una propuesta, pero está muy lejos de lo que necesitamos; entonces buscamos replantearla […] ofrecieron acercamiento, asesoría y disposición de venir, pero buscamos autoridad y facultad para intervenir y accionar”, aseguró el edil.

En el lugar se colocó cinta preventiva, misma que fue removida. Foto: Armando Esquivel.

Armando Esquivel.- El caso del terreno a un costado del malecón de San Antonio Tlayacapan, en el que un particular busca construir un coto privado, ha llegado al Congreso de Jalisco, donde se aprobó un exhorto a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y al Gobierno de Chapala, mientras que los señalados de invasores ya retiraron el remolque, pero también han dejado una advertencia de proceso legal.

La iniciativa de acuerdo legislativo generó un exhorto, tanto a la dependencia federal como al municipio, para que informen respecto a la situación que guarda el terreno ubicado al fondo de calle Colón en la delegación de San Antonio Tlayacapan y fue propuesta por la diputada Erika Lizbeth Ramírez Pérez, de la fracción del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aprobándose por 37 votos a favor, sin abstenciones o negativas, durante el 12 de mayo. Habitantes de la delegación, fueron quienes se acercaron a la legisladora para pedir su intervención ante lo que consideran una invasión federal, según se lee en su exposición de motivos.

Una lona con logos de la Fiscalía, aparentemente apócrifa, fue dejada en el polémico terreno. Foto: Armando Esquivel.

Mientras tanto, la tarde del 20 de mayo, pobladores de San Antonio Tlayacapan llegaron al punto ubicado al fondo de calle Colón, a las orillas del Lago, con el fin de remover un remolque que servía de oficina para los constructores, pero para su sorpresa, la unidad ya había sido removida, además, el lugar se encontraba rodeado de cinta preventiva y una lona con logotipos de la Fiscalía de Jalisco, advirtiendo que el lugar se encontraba proceso judicial, bajo el expediente 155/2022, con una camioneta de modelo atrasado en el interior del predio.

“Llévatela para que tapes a tus gallinas”, dijo un hombre a otro que quitaba la lona de advertencia, mientras que otro removía la cinta preventiva dando paso nuevamente a la población. Según vendedores del malecón, el remolque fue sacado por la madrugada y la cinta y la lona no fueron colocadas por la Fiscalía de Jalisco, sino por personal de la constructora que busca privatizar la zona y construir en una superficie de cinco mil 104 metros cuadrados frente al lago.

En enero, las autoridades derribaron un muro de piedra y clausuraron la zona, pero los trabajos continuaron de manera clandestina, por lo que en abril, la ciudadanía tomó el terreno. El excandidato a diputado local por el PAN, José de Jesús Arambul Solorio, dice ser el dueño, sin embargo, una copia de la escritura mostrada a este medio demostró que la escrituración fue realizada por un notario que no está avalado para actuar en la zona y que además se encontraba suspendido de sus funciones en el momento de la realización del documento, lo que lo hace nulo, situación que fue confirmada hace un mes por Jaime Natera López, presidente del Colegio de Notarios de Jalisco.