Terreno ubicado a un costado del malecón de San Antonio Tlayacapan. Foto: Armando Esquivel.
Armando Esquivel.- Un excandidato a diputado local es señalado de corrupción al tratar de fraccionar en zona federal, justo en las playas del Lago de Chapala, a un costado del malecón de San Antonio Tlayacapan.
Ante la acusación de escrituras falsas y un notario corrompido, la ciudadanía acudió a reclamar el espacio público la tarde del primer viernes de abril, lugar en el que también estaba el acusado; se trata del panista José de Jesús Arambul Solorio, quien se acompañó de otros sujetos para esperar a los inconformes.
Fueron alrededor de 50 las personas que se concentraron en el malecón de San Antonio Tlayacapan; mujeres y hombres, infantes, jóvenes y adultos mayores, se presentaron con ganas de defender lo que consideran son espacios públicos. Los postes metálicos comenzaron a caer, mientras que los subordinados de Jesús Arambul quisieron enfrentar a los manifestantes, pero una voz les dijo “déjenlos”, que tiren los postes, mientras grababan la acción.
Ante los gritos de “rateros” e “invasores” y el ingreso de los ciudadanos, muchos de ellos más que enojados con el fin de recuperar los espacios que consideran de uso público, el excandidato a diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN) optó por esconderse dentro de un remolque ubicado en la propiedad señalada de invadida.
Afuera, una de las personas que acompañaba al político alegaba que contaban con una escritura, que no era justo que los vecinos los tacharan de paracaidistas y que actuaban en total legalidad. Una copia de una escritura era lo que los acusados de invasores presentaban para intentar dialogar. “¿Quién es el líder?”, preguntó el sujeto, a lo que le respondieron que nadie era líder y todos actuaban bajo el mismo rango.
Las fotocopias de la escritura presentada señalan a Álvaro Guzmán Merino, notario público No. 126 de Guadalajara, como la persona que expidió el documento, avalando la compra-venta de casi cinco mil 104 metros cuadrados frente al lago, encontrándose como vendedor Gerardo Ponce Gómez, persona de la cual nadie en la población tiene referencia de él, mientras que como Arambul Solorio aparece como comprador.
El título de propiedad mostrado cuenta con fecha de emisión de febrero del 2021, tiempo en el que el notario no podía ejercer por estar suspendido, información que puede ser corroborada en la publicación del Periódico Oficial del Estado de Jalisco fechada el 24 de julio del 2020. Por si fuera poco, para la compra-venta nunca se presentaron las escrituras anteriores, sólo el argumento de que la propiedad la tenía el vendedor desde 1994 y que contaba con una concesión de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
La intención es fraccionar. Aunque los vecinos dicen que ese espacio es del pueblo, el político acusado de invasor ya está poniendo a la venta once terrenos, ofreciendo por seis mil 500 pesos el metro cuadrado, con escrituras y supuestamente con todos los servicios, al pie de lago y con coto bardeado.
De la CONAGUA no hay presencia, mostrando un poco del olvido en el que tiene los temas referentes a la defensa del Lago de Chapala; en tanto, en el municipio dicen que no han descuidado el tema y que han mandado informes a la dependencia federal.
“Nos han dicho que no es tema del municipio, sin embargo, a ustedes les consta que le hemos entrado, hemos recuperado espacios y seguiremos trabajando en la recuperación de espacios públicos, yo creo que la participación de los habitantes es muy importante”, dijo durante entrevista a medios el presidente de Chapala, Alejandro de Jesús Aguirre Curiel, añadiendo que los manifestantes deberán tener sus cuidados para no caer en responsabilidades.
El día de la manifestación, dos patrullas de la policía municipal estaban en el punto, pero antes de arrancar la protesta decidieron retirarse.
José de Jesús Arambul Solorio compitió por la diputación local del distrito 11 en Zapopan, usando a su partido político, Acción Nacional (PAN) y perdiendo la contienda. Arambul también se desempeñó como coordinador dentro de la Secretaría de Movilidad Jalisco, en donde llevó a cabo un proceso administrativo al ser omiso respecto a la presentación de su declaración patrimonial después de abandonar el cargo. El político, también Licenciado en Derecho, es el propietario de “Grupo AS Bienes Raíces”, misma que en redes sociales anuncia la compra de grandes terrenos en Chapala.
En este predio se había construido una barda, misma que fue derribada por las autoridades, pero los trabajos han continuado pese a que se colocaron sellos de clausura. Los acusados de invasión prometieron no hacer movimientos hasta que se resuelva legalmente la situación, pero los vecinos de San Antonio Tlayacapan, que también fueron acompañados por un grupo de personas de Ajijic, dijeron no creer en la palabra de los llamados invasores y temen que la influencia política pueda acabar en un puñado de casas de lujo y la exclusión de los ciudadanos a los espacios que consideran son de todos.
Fueron aproximadamente 25 personas las que apoyaron en la remoción de las mallas ciclónicas. Foto: Sofía Medeles.
Sofía Medeles.- Después de poco más de seis meses de inactividad, el grupo Pueblos Unidos de la Ribera retomó su causa retirando mallas, en esta ocasión al oriente de la delegación de Ajijic.
La concentración se realizó el pasado 28 de marzo con la participación de alrededor de 25 personas para retirar dos cercas que obstruían el paso por el margen del Lago de Chapala.
La primera estaba situada en dirección de la calle Donato Guerra y, aunque se mantuvo un diálogo por medio de llamada telefónica con la presunta responsable, quien aseguró tener concesión de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y mantener ese cercado por seguridad de su hogar, no se llegó a un acuerdo con ella.
En un inicio, la mujer se mostró de acuerdo en mostrar sus documentos que avalan el aprovechamiento del terreno federal, para minutos más tarde, decirles que no debía mostrar nada a nadie que no fuese una autoridad, por lo que el grupo procedió a remover la malla ciclónica.
Durante el primer derribo, acudieron elementos de la policía de Chapala, quienes informaron que se levantaría un reporte de los hechos, no obstante, varios activistas señalaron que se les pidió que se identificaran, además de fotografiarles los rostros. Asimismo, denunciaron sentirse intimidados por los oficiales debido a que portaban armas; sin embargo, éstas no fueron desenfundadas en ningún momento.
Posteriormente, los inconformes se movieron más al oriente de la población, a la altura de la calle Revolución, donde una finca que se encuentra en obras de construcción había cercado casi hasta la orilla del lago. La malla fue removida rápidamente, sin embargo, al día siguiente la volvieron a colocar.
Al terminar de retirar las invasiones federales, los congregados hablaron de otros puntos de Ajijic que registran la misma situación, acordando monitorear y recuperar los lugares que ya habían sido liberados al poniente de la delegación, así como ayudar a las personas de otras poblaciones para replicar el movimiento “anti-rejas”.
“Se extrañan los tiempos donde se podía caminar desde Chapala hasta Jocotepec por la orilla del lago. Esos tiempos volverán, si todos nos unimos por esta causa, para que nuestra descendencia disfrute de las playas libres, que son derecho de todos”, afirmó un miembro de Pueblos Unidos de la Ribera.
El pasado primero de abril los activistas se volvieron a reunir para apoyar a los habitantes de la delegación de San Antonio Tlayacapan, para después continuar en el Pueblo Mágico.
Pueblos Unidos de la Ribera es un movimiento que se conformó en los primeros días de agosto del 2021, tras tres reuniones en las que se derribaron todo tipo de cercados en las playas del oriente, entre la zona de Tío Domingo y Villa Lucerna, decidieron manifestarse en las oficinas de la CONAGUA en Guadalajara.
Aunque la dependencia “dio su brazo a torcer” y les prometió estar más al pendiente de las invasiones al desplegar más inspectores, además de que se les indicó que no estaban incurriendo en un delito al quitar las obstrucciones, a la fecha, la CONAGUA ha hecho caso omiso de los acuerdos.
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