Modelo de producción agrícola actual es insostenible desde la perspectiva económica y ambiental.
Ernesto Perea (CDMX) – La polémica en torno al glifosato en México abre la oportunidad de plantear la urgente necesidad de cambiar el modelo de producción agrícola actual, basado en el uso de agroquímicos, que ya es insostenible, por una agricultura más eficiente, rentable y sustentable, recurriendo a prácticas como la reutilización de residuos de cosecha enriquecidos con bioinsumos e incursionar en procesos de desarrollo que plantea la economía circular.
En nuestro país cada año se generan alrededor de 45 millones de toneladas (mt) de esquilmos en los diez principales cultivos, maíz, sorgo, trigo, frijol, arroz, cebada, soya, algodón, cártamo y ajonjolí; el rastrojo y olote de maíz aportan 25 mil 500 mt, las pajas de sorgo, 6 mil 600 mt y de trigo, 4 mil 500 mt, lo cual representa poco más del 81% de los residuos de cultivos, según datos del Colegio de Postgraduados.
De estos esquilmos 20% se destina a alimento animal, en promedio, y el resto no tiene un uso adecuado y se convierte en un problema. Diversos estudios han validado que de la producción de maíz que se obtiene en una hectárea 46% es grano y 54% rastrojo; en pajas de sorgo, trigo y cebada, el porcentaje de grano representa 47% y 53% de materia seca. De los derivados de la caña de azúcar sólo alrededor del 20% de las puntas de caña y 10% del bagazo se usan para alimento pecuario y el resto es una alternativa viable para aprovecharlos con la adición de bioinsumos.
El director de la empresa de base biotecnológica Biofábrica Siglo XXI, Marcel Morales Ibarra, expone que en el contexto actual la “economía circular” está siendo revalorada en el mundo, el reúso de materiales en diversos sectores y de desechos agropecuarios para el campo y su combinación con otros bioinsumos, como el caso de los biofertilizantes, puede convertirse en una opción rentable y sustentable para la producción agrícola, que permita incrementar rendimientos, disminuir el uso de agroquímicos y bajar costos, respetando los recursos naturales y el medio ambiente.
Una tendencia que se está fortaleciendo en el ámbito global es el reciclaje de residuos agrícolas en los cultivos, como es el caso de la caña de azúcar, café o maíz; así como desechos pecuarios de la producción ganadera. Estos materiales pueden ser reutilizados en la agricultura, como aportación de materia orgánica a los suelos, pero, además, se les puede dar un valor agregado si se le incorporan bioinsumos que ya han probado su eficacia en campo.
Morales Ibarra subraya que en México miles de toneladas de residuos orgánicos de distintas industrias como la agrícola o la ganadera podrían ser reincorporadas al suelo adicionándoles biofertilizantes, lo que generaría un círculo virtuoso: primero, al disminuir el uso de agroquímicos altamente contaminantes por bioinsumos amigables con el medio ambiente; segundo, al aprovechar desechos orgánicos que hoy no tienen un tratamiento útil; y tercero, propiciaría la recuperación de la diversidad y actividad microbiológica de los suelos agrícolas, regresando la fertilidad a los mismos.
Para el experto en temas agrícolas, uno de los principales retos que representa el aprovechamiento de estos residuos, es el alto volumen que demanda su uso. Las compostas en general requieren aplicar de 15 a 20 toneladas por hectárea, lo que eleva mucho los costos y complica su manejo. En cambio, si se enriquecen con productos biológicos como los biofertilizantes microbianos (productos hechos a base de bacterias y hongos benéficos para las plagas), su nivel de eficiencia se multiplica, logrando disminuir significativamente los volúmenes requeridos de aplicación e incrementando la producción, lo que se traduce en aumento de rentabilidad.
Alto potencial en compostas enriquecidas con microorganismos
En algunos ingenios del país, se utiliza la práctica del composteo de la cachaza para su aplicación en el cultivo de la caña de azúcar, sin embargo, la aplicación requerida de esta composta es del orden de 20 toneladas por hectárea, lo que significa altos costos de transporte y aplicación, por lo que dicha práctica no se ha extendido entre los productores de este cultivo.
La cachaza es un residuo que se produce durante el proceso de producción del azúcar de caña, particularmente del proceso de clarificación del jugo. Durante la zafra se producen miles de toneladas de cachaza, las cuales frecuentemente se consideran un desecho y una fuente de contaminación. Empero, la cachaza tiene un alto contenido de carbono (fuente de energía), fósforo, nitrógeno y calcio (nutrientes esenciales para las plantas), por lo que, procesada adecuadamente, se convierte en un valioso recurso para la fertilización de cultivos y mejoramiento de suelos.
Tenemos experiencias que ya tienen un proceso de evaluación y validación, por ejemplo, “cuando enriquecemos la composta con los biofertilizantes, su volumen de aplicación disminuye a máximo cuatro toneladas por hectárea, teniendo rendimientos muy superiores que con la aplicación de las 20 toneladas de la composta únicamente. Esto se traduce en una disminución de los costos de aplicación, haciendo más sencillo su manejo por parte del agricultor”, subraya el especialista.
Con esta combinación, además, se reduce la aplicación del fertilizante químico de 30% a 50%, con respuestas en la producción superiores a las obtenidas con la aplicación del 100% del fertilizante químico. En este sentido, en diversas regiones cañeras en las que se ha trabajado con este bioinsumo se han incrementado los rendimientos hasta en un 40%, disminuyendo la fertilización química hasta en un 50%, puntualiza Morales Ibarra.
Opinión por Abigail A. Correa Cisneros.
Las sequías de las últimas décadas deberían impulsar proyectos para mitigar los estragos provocados por el cambio climático. ¿Es posible combatir este problema? Por ejemplo, estudios proponen la adecuación de cultivos a especies que necesiten el mínimo de agua y adecuar el sistema de riego.
Este problema se agrava en el Norte del país, donde agricultores de los estados fronterizos están molestos por el pago de agua que Estados Unidos demanda al gobierno mexicano tras el Tratado de Aguas de 1994 y que en 2017 se actualizó mediante el Acta 323, que deja en desventaja a los mexicanos.
Ambas naciones se enfrentan a una escasez de agua, pero Estados Unidos tendrá que superar su peor sequía en 20 años. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo que hay agua para todos, y que quienes protestan son políticos de la oposición que quieren llevar agua a su molino. Pero en el Norte del país no están de acuerdo con este punto de vista y reclaman apoyo de su gobierno.
Bajo el tratado de 1944, México le debe a Estados Unidos cerca de 500 millones de metros cúbicos de agua que debe pagar antes del 24 de octubre. Además, está atrasado con los pagos de años anteriores y le piden cumplir cuanto antes.
El Tratado Internacional de Aguas firmado en 1944 entre ambas naciones, estipulaba un intercambio de este líquido. México daría a Estados Unidos agua de la cuenca del Río Bravo, mientras que Washington le cedería agua del Río Colorado, el cual fluye por Colorado, Utah, Arizona, Nevada y California.
La actualización de 2017 consiste en el pago que México hará con agua a cambio de infraestructura hidráulica por cuenta de su vecino del Norte. En opinión de muchos, esto es ilegal porque el agua no debe estar en venta, es un derecho universal. La deuda se saldará hasta 2026.
El tratado binacional afecta desde entonces a habitantes de Baja California que de por sí se enfrenta a la escasez de agua desde hace varios años. Los ciudadanos no fueron consultados y resistían también a una cervecera que buscaba acaparar el 44 por ciento de agua de Mexicali. Finalmente rechazaron el proyecto en una votación masiva.
Según el acuerdo, México cedió 283 millones de metros cúbicos de agua a cambio de 31.5 millones de dólares. Esta cantidad se destinaría al Revestimiento de canales, Conservación a nivel parcelario, Conservación de vasos reguladores, Pago por el descanso de tierras de cultivo, Modernización y tecnificación de riegos, Mejoras en la operación del sistema, Creación de humedales, todo en la parte Norte de Baja California.
Por otra parte, el Acta 323 se firmó sin haber sido aceptada por el Senado, es decir, nunca llegó a la Cámara Alta pese a que tenía que ser revisada por legisladores antes de ser firmada; pero el entonces Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, ignoró la solicitud de rechazo que pidió el senador Marco Antonio Blásquez.
Al parecer, no hay salida del Tratado firmado en 1994. Sin embargo, nuestro gobierno debe resolver la disponibilidad de agua para los estados fronterizos. El presidente López Obrador dijo que las versiones sobre la escasez se deben en gran medida al oportunismo político, ante las elecciones en Chihuahua del siguiente año. Sostuvo que el acuerdo es equitativo y que los agricultores contarán con agua para sus cosechas.
El Congreso de Chihuahua emitió un exhorto para pedir al Gobierno federal que antes de cumplir con los compromisos que tiene con EU debe permitir que el ciclo de lluvias beneficie primero a los campesinos y después, en octubre, se proceda con el Tratado de Aguas de 1944.
Como sea se debe cumplir con la deuda y será hasta dentro de seis años. Mientras tanto, campesinos se enfrentaron hace unos días con la Guardia nacional cuando protestaron y a cambio les llovieron balas de goma y gas lacrimógeno, reportaron medios de comunicación.
Por otra parte, estos campesinos argumentan que el agua que se pretende sacar de la Presa conocida como Las Vírgenes, es para riegos de Tamaulipas. La Conagua aseguró que tiene capacidad tanto para el pago a Estados Unidos como para los cultivos de nogal, sandía, melón, chile, cebolla y alfalfa, y la continuidad de todas las actividades productivas en la región.
Preocupa bastante la escasez de agua que desde hace varios años se vive en el Norte. De acuerdo con el Monitor de Sequía de México de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), 21 municipios de Chihuahua están en condiciones de anormalmente seco, los cuales se verían afectados por la ausencia de lluvia.
Los más afectados en el presente año, por la ausencia de lluvia y que están en el catálogo de sequía son los ubicados en el centro de la entidad como Aldama, Aquiles Serdán, Chihuahua, Meoqui, Delicias, Rosales, Julimes, Saucillo, Camargo y San Francisco de Conchos, además de Valle de Zaragoza y La Cruz. En los últimos cuatro años se ha mantenido entre sequía severa en algunas regiones, sequía moderada en otras, pero en la gran parte del estado se ha encontrado anormalmente seco. El estado cuenta con el 77.4 por ciento de superficie afectada por la sequía, según el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
La Comisión Nacional del Agua informó que al corte del mes de junio existen un total de 633 municipios en sequía en el país, de los cuales 35 de ellos corresponden al estado de Chihuahua con niveles de sequía moderada y sequía severa, que están afectando a los productores de Ojinaga, Jiménez, Delicias, Coyame y otros más.
En el estado hay 10 presas que almacenan 3 mil 915 hectómetros cúbicos, pero a la fecha, según el informe de la Conagua, hay un nivel concentrado de mil 754 hectómetros cúbicos, es decir que falta más de 64 por ciento del nivel en las presas en toda la entidad.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), advirtió el aumento de las sequías. En este contexto y cualquier otro, el agua es un recurso valioso. La disponibilidad del líquido para este año 2020 ha bajado en 6 por ciento con relación al 2000, y la demanda seguirá creciendo, incluso se prevé para el año 2050 incremente en 300 por ciento.
En una década la producción de alimentos para abastecer a 10 mil millones de personas requerirá de 300 millones de hectáreas más de tierra cultivable.
DESDE EL CENTRO
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y Cargill Nutrición Animal México establecieron una alianza con la que se apoyará con mil toneladas de alimento para animales a los productores pecuarios de pequeña escala, que han visto afectadas sus capacidades para alimentar a sus hatos o aves de corral a causa de la problemática derivada del COVID-19, así como a centros de investigación pecuaria. Por otra parte, la Sader trabaja en un plan de diversificación de mercados agroalimentarios en aprovechamiento de la modernización del Acuerdo Comercial con la Unión Europea y la generación de acercamientos con países de Asia, Medio Oriente, África, Centro y Sudamérica, así como el incremento de los flujos comerciales con otras regiones. El sector agropecuario y pesquero es el principal beneficiario. Entre los productos que reducirán su arancel o tendrán preferencias a la entrada en vigor de este acuerdo destacan plátano, jugo de naranja, jarabe de agave, espárrago, tomate, chícharo, cítricos, uva de mesa, limón, trigo duro, maíz blanco, miel, carne y despojos de res, carne de aves, azúcar cruda, alcohol etílico, trigo, flores, ovoproductos, piloncillo, jugo de cítricos, jugo de piña, dulces y artículos de confitería y levaduras, entre otros… Oaxaca combatirá la obesidad infantil con una ley que prohíba la publicidad de comida chatarra en las escuelas. 73 organizaciones firmaron un pronunciamiento donde piden a los legisladores ponderar la salud y la vida de la infancia oaxaqueña por encima de los intereses económicos de la industria alimentaria, y votar a favor del dictamen.
Joaquín llegó hace 40 años acompañado de sus familiares a Chapala, lugar al que acogió como su segundo hogar. Foto: cortesía.
Manuel Jacobo (Chapala, Jal).- La comunidad Triqui en Chapala pierde un líder. Se trata de Joaquín Calixto Pérez Guzmán, quien fuera dirigente de los “Triquis Unificados en Chapala”.
El pasado 21 de julio un infarto cardiaco le arrebató la vida a Joaquín, pero a la comunidad Triqui radicada en el municipio ribereño desde hace más de 40 años también le arrebataron un líder.
Cuando llegó a Chapala, Calixto, tenía entre sus sueños darle “una mejor vida a su familia, porque en el pueblo no tenía ni para comer, porque ellos siempre fueron una familia muy pobre pero humilde y sobre todo muy trabajadora” tal como lo recuerda su hija Inés Pérez.
A pesar de que al salir de San Juan Copala, Juxtlahuaca, en Oaxaca, no había concluido su primaria, eso no fue impedimento y aprendió a leer, sumar, pero sobre todo a relacionarse para ofrecer mejores condiciones a los suyos.
Busca la nota completa en nuestra edición de Semanario Laguna 435 (8 al 14 de agosto). En tiendas y supermercados de los municipios de Chapala y Jocotepec.
El 20 por ciento de la población mexicana tendrá más de 65 años en el 2030. Es necesaria una reforma que además incentive el ahorro para el retiro.
Abigail Angélica Correa Cisneros |
Acceder a una pensión digna será complicado en el futuro si la seguridad social no se actualiza. La proyección en América Latina se inclina al aumento del envejecimiento poblacional. Sumado a esto, el ahorro y las aportaciones actuales son insuficientes en nuestro país, además de que son pocos los que tienen acceso a una pensión.
La Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) indicó que más del 72 por ciento de las personas no han ideado un plan para su jubilación.
Desde 1997, cuando la Ley del Seguro Social cambió, cada trabajador es responsable de ahorrar un porcentaje de su salario, cercano a cinco por ciento. Sin embargo, gran parte de la población, más del 60 por ciento, no contará con este ahorro porque están en la informalidad y la cultura del ahorro para el retiro sigue vaga en la consciencia de los mexicanos. Para 2030 se calcula que casi el 20 por ciento de la población mexicana tendrá más de 65 años. Comenzaremos a ver los problemas del sistema de pensiones de 1997.
Hasta hace un par de años, 71 millones 700 mil mexicanos no contaban con seguridad social, es decir, seis de cada 10 personas, de las cuales aproximadamente 48 millones viven en zonas urbanas.
El gobierno actual propuso la semana pasada una reforma al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) con la finalidad de que los trabajadores puedan elevar el monto que reciben de pensión y se reduzcan los requisitos mínimos para acceder a esta.
De acuerdo con el INEGI, la población mayor de 60 años en México es de 15.4 millones de personas. En 2017 se reportó que del total de los pensionados 55.1 por ciento son hombres y las mujeres el 44.9 por ciento. La institución que concentró el mayor porcentaje de pensionados en el país es el IMSS con 72.9 por ciento en dicho año, le sigue el ISSSTE con 19.7 por ciento y otras instituciones con el 7.4 por ciento.
Lo que propone el gobierno es que más personas puedan acceder a este beneficio que corresponde hoy a 34 por ciento de los trabajadores y de aprobarse la reforma subiría a alrededor de 82 por ciento. También pretende reducir el requisito mínimo para acceder a una pensión garantizada. Bajará de las 1,250 semanas de cotización actuales, que representan unos 25 años, a 750 semanas, que equivalen a 15 años, para después subir paulatinamente.
Esta pensión garantizada se refiere a un complemento otorgado a las personas que cumplan con los requisitos de edad y 1250 semanas cotizadas pero que los recursos de su cuenta Afore no le alcancen para contratar una Renta Vitalicia o un Retiro Programado.
Además, contempla el aumento de las cuotas patronales para lograr una pensión que se acerque más al salario percibido, porque con la reforma actual los trabajadores recibirían menos de la mitad de su salario.
El mayor problema al que se enfrenta México es la pobreza, significa un obstáculo para un envejecimiento decente y seguro. El promedio de las personas adultas mayores que viven así en nuestro país representa el 27 por ciento. Aquellos que no cuenten con ahorro para el retiro serán vulnerables ante enfermedades, porque tampoco cuentan con seguridad social, que entre otras cosas ofrece atención médica. Esto implica gastos severos que recaen en familiares que estarían asumiendo los riegos sociales de la población en vejez, mismos que le corresponderían al Estado.
Por lo mismo, muchos adultos mayores siguen trabajando, a pesar de que para los 65 años ya deberían estar gozando de una pensión digna. Según los datos de la Encuesta Intercensal 2015, 20.8 por ciento de la población de 65 años o más es económicamente activa, y de esta 1.7 millones se encuentran todavía trabajando, principalmente en actividades en la informalidad, como trabajos por cuenta propia, trabajo doméstico, agricultura o elaboración de artesanías.
Se estima que 85 por ciento de las personas mayores que aún trabajan no cuentan con ningún tipo de pensión ni con asistencias mediante programas de ayudas estatales y federales destinados a personas de edad avanzada.
Las mujeres siguen siendo las más afectadas debido a que el mercado laboral les cierra las puertas. Estudios determinaron en años recientes que 78 por ciento no recibe pensión por parte de algún instituto de seguridad social, 53 por ciento no recibe pensión ni beneficios de programas de asistencia social. El 58 por ciento de esa población dependiente son del sexo femenino.
La reforma que propone el presidente López Obrador es necesaria. Sin embargo, como señaló la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, es insuficiente, pues no incluye a los trabajadores que carecen de seguridad social. Como ejemplo, los jornaleros agrícolas, de los que sólo 13 de cada cien cuentan con cobertura de seguridad social por el trabajo en el campo.
El sexto reporte del Observatorio de Trabajo Digno basado en datos del primer trimestre de 2020 indicó que el 99.9 por ciento (12.4 millones) de quienes trabajan “por su cuenta” carecen de seguridad social; de estos, el 74 por ciento (8.2 millones) no puede adquirir dos canastas básicas (para mantenerse a sí mismos y a una persona más).
El Estado de México lidera desde hace una década la lista de estados con el mayor número de población sin acceso a la seguridad social. Siguen Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla las que presentan los mayores índices y están muy por arriba de la media nacional, ubicada entre 60 y 55 por ciento. En esas regiones hasta el 85 por ciento de la población no tiene asegurado ese derecho.
La OCDE señala que hay tres elementos básicos para garantizar que la población de adultos mayores de un país tenga una vejez o una pensión dignas: acceso a un empleo formal con ingresos superiores al costo de vida mensual, control de ingresos y gastos, así como un plan de jubilación o de retiro (ahorro).
Los datos preocupan, solamente el 4 por ciento de la población mexicana que cotizó a partir de 1997, logrará cumplir con el total de semanas para alcanzar una pensión mínima garantizada, de acuerdo con estimaciones de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
DESDE EL CENTRO
El exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, fue vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso de Agro Nitrogenados, luego de que la defensa declarara que pedirá un acercamiento de oportunidad con la Fiscalía General de la República (FGR)… La crisis económica que dejará la pandemia de Covid-19 alcanzará a varias regiones. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya analiza con empresarios la estrategia a seguir para que el golpe a la economía nacional no sea tan grave… En las tiendas de autoservicio ya comienza a verse el etiquetado en productos, alertando de exceso de grasas o azúcar. Hay que recordar que siete por ciento del total de las muertes en México durante 2018, aproximadamente 40 mil, estaban relacionadas al consumo de refrescos, causantes de enfermedades cardio-metabólicas, obesidad y diabetes, entre otras… El presidente estadunidense, Donald Trump, recurre a estrategias sucias para posicionarse en las próximas elecciones, pero ya pocos creen en él. Continúa reprimiendo y desacreditando a los manifestantes que buscan el respeto a los derechos humanos en su país y siguió con las mentiras respecto a la enfermedad que aqueja hoy al mundo, minimizando la relevancia en estrategias de salud pública y asegurando que gran parte del país ya está libre de coronavirus. Prometió nuevamente que eliminará el programa de legalización temporal (DACA) para inmigrantes que llegaron como menores de edad, conocidos como Dreamers. Se preguntó por qué nadie lo quiere… En el Partido Revolucionario Institucional, se dice de Eduardo “bebé Orihuela” Estefan, que es un diputado producto de la imposición, gris y sin liderazgo.
Por: Abigail Angélica Correa Cisneros
Acceder a una pensión digna será complicado en el futuro si la seguridad social no se actualiza. La proyección en América Latina se inclina al aumento del envejecimiento poblacional. Sumado a esto, el ahorro y las aportaciones actuales son insuficientes en nuestro país, además de que son pocos los que tienen acceso a una pensión.
La Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) indicó que más del 72 por ciento de las personas no han ideado un plan para su jubilación.
Desde 1997, cuando la Ley del Seguro Social cambió, cada trabajador es responsable de ahorrar un porcentaje de su salario, cercano a cinco por ciento. Sin embargo, gran parte de la población, más del 60 por ciento, no contará con este ahorro porque están en la informalidad y la cultura del ahorro para el retiro sigue vaga en la consciencia de los mexicanos. Para 2030 se calcula que casi el 20 por ciento de la población mexicana tendrá más de 65 años. Comenzaremos a ver los problemas del sistema de pensiones de 1997.
Hasta hace un par de años, 71 millones 700 mil mexicanos no contaban con seguridad social, es decir, seis de cada 10 personas, de las cuales aproximadamente 48 millones viven en zonas urbanas.
El gobierno actual propuso la semana pasada una reforma al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) con la finalidad de que los trabajadores puedan elevar el monto que reciben de pensión y se reduzcan los requisitos mínimos para acceder a esta.
De acuerdo con el INEGI, la población mayor de 60 años en México es de 15.4 millones de personas. En 2017 se reportó que del total de los pensionados 55.1 por ciento son hombres y las mujeres el 44.9 por ciento. La institución que concentró el mayor porcentaje de pensionados en el país es el IMSS con 72.9 por ciento en dicho año, le sigue el ISSSTE con 19.7 por ciento y otras instituciones con el 7.4 por ciento.
Lo que propone el gobierno es que más personas puedan acceder a este beneficio que corresponde hoy a 34 por ciento de los trabajadores y de aprobarse la reforma subiría a alrededor de 82 por ciento. También pretende reducir el requisito mínimo para acceder a una pensión garantizada. Bajará de las 1,250 semanas de cotización actuales, que representan unos 25 años, a 750 semanas, que equivalen a 15 años, para después subir paulatinamente.
Esta pensión garantizada se refiere a un complemento otorgado a las personas que cumplan con los requisitos de edad y 1250 semanas cotizadas pero que los recursos de su cuenta Afore no le alcancen para contratar una Renta Vitalicia o un Retiro Programado.
Además, contempla el aumento de las cuotas patronales para lograr una pensión que se acerque más al salario percibido, porque con la reforma actual los trabajadores recibirían menos de la mitad de su salario.
El mayor problema al que se enfrenta México es la pobreza, significa un obstáculo para un envejecimiento decente y seguro. El promedio de las personas adultas mayores que viven así en nuestro país representa el 27 por ciento. Aquellos que no cuenten con ahorro para el retiro serán vulnerables ante enfermedades, porque tampoco cuentan con seguridad social, que entre otras cosas ofrece atención médica. Esto implica gastos severos que recaen en familiares que estarían asumiendo los riegos sociales de la población en vejez, mismos que le corresponderían al Estado.
Por lo mismo, muchos adultos mayores siguen trabajando, a pesar de que para los 65 años ya deberían estar gozando de una pensión digna. Según los datos de la Encuesta Intercensal 2015, 20.8 por ciento de la población de 65 años o más es económicamente activa, y de esta 1.7 millones se encuentran todavía trabajando, principalmente en actividades en la informalidad, como trabajos por cuenta propia, trabajo doméstico, agricultura o elaboración de artesanías.
Se estima que 85 por ciento de las personas mayores que aún trabajan no cuentan con ningún tipo de pensión ni con asistencias mediante programas de ayudas estatales y federales destinados a personas de edad avanzada.
Las mujeres siguen siendo las más afectadas debido a que el mercado laboral les cierra las puertas. Estudios determinaron en años recientes que 78 por ciento no recibe pensión por parte de algún instituto de seguridad social, 53 por ciento no recibe pensión ni beneficios de programas de asistencia social. El 58 por ciento de esa población dependiente son del sexo femenino.
La reforma que propone el presidente López Obrador es necesaria. Sin embargo, como señaló la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, es insuficiente, pues no incluye a los trabajadores que carecen de seguridad social. Como ejemplo, los jornaleros agrícolas, de los que sólo 13 de cada cien cuentan con cobertura de seguridad social por el trabajo en el campo.
El sexto reporte del Observatorio de Trabajo Digno basado en datos del primer trimestre de 2020 indicó que el 99.9 por ciento (12.4 millones) de quienes trabajan “por su cuenta” carecen de seguridad social; de estos, el 74 por ciento (8.2 millones) no puede adquirir dos canastas básicas (para mantenerse a sí mismos y a una persona más).
El Estado de México lidera desde hace una década la lista de estados con el mayor número de población sin acceso a la seguridad social. Siguen Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla las que presentan los mayores índices y están muy por arriba de la media nacional, ubicada entre 60 y 55 por ciento. En esas regiones hasta el 85 por ciento de la población no tiene asegurado ese derecho.
La OCDE señala que hay tres elementos básicos para garantizar que la población de adultos mayores de un país tenga una vejez o una pensión dignas: acceso a un empleo formal con ingresos superiores al costo de vida mensual, control de ingresos y gastos, así como un plan de jubilación o de retiro (ahorro).
Los datos preocupan, solamente el 4 por ciento de la población mexicana que cotizó a partir de 1997, logrará cumplir con el total de semanas para alcanzar una pensión mínima garantizada, de acuerdo con estimaciones de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
DESDE EL CENTRO
El exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, fue vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso de Agro Nitrogenados, luego de que la defensa declarara que pedirá un acercamiento de oportunidad con la Fiscalía General de la República (FGR)… La crisis económica que dejará la pandemia de Covid-19 alcanzará a varias regiones. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya analiza con empresarios la estrategia a seguir para que el golpe a la economía nacional no sea tan grave… En las tiendas de autoservicio ya comienza a verse el etiquetado en productos, alertando de exceso de grasas o azúcar. Hay que recordar que siete por ciento del total de las muertes en México durante 2018, aproximadamente 40 mil, estaban relacionadas al consumo de refrescos, causantes de enfermedades cardio-metabólicas, obesidad y diabetes, entre otras… El presidente estadunidense, Donald Trump, recurre a estrategias sucias para posicionarse en las próximas elecciones, pero ya pocos creen en él. Continúa reprimiendo y desacreditando a los manifestantes que buscan el respeto a los derechos humanos en su país y siguió con las mentiras respecto a la enfermedad que aqueja hoy al mundo, minimizando la relevancia en estrategias de salud pública y asegurando que gran parte del país ya está libre de coronavirus. Prometió nuevamente que eliminará el programa de legalización temporal (DACA) para inmigrantes que llegaron como menores de edad, conocidos como Dreamers. Se preguntó por qué nadie lo quiere.
abicorrea79@hotmail.com
Empresas como Monsanto son un peligro para la humanidad, uno de sus plaguicidas más utilizados se relaciona con cáncer y otras enfermedades crónicas.
Abigail Angélica Correa Cisneros. – (Ciudad de México) La soberanía alimentaria del país depende de acciones contra grandes empresas que se aferran como Monsanto (recién fusionada a la alemana Bayer), a seguir afectando al campo y a los trabajadores agrícolas del mundo. A pesar de diversas demandas, esta empresa pretende seguir envenenando a la población mundial.
Nuestro gobierno comienza a frenar las acciones que atentan contra la salud de los mexicanos. Por fin se comienza a bloquear a uno de los plaguicidas más peligrosos para los humanos y la naturaleza, el glifosato. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) prohibirá totalmente su uso para 2024.
Muchos estudios han demostrado cómo se degradó la salud de la gente que estuvo expuesta a este agrotóxico. No sólo en nuestro país, en diversas partes del mundo incluso se ganaron demandas contra Monsanto-Bayer; pues se demostró que provoca cáncer, malformaciones, encefalopatía, autismo y párkinson.
Estudios comprobaron que la tortilla, alimento primordial de las familias mexicanas, que se preparaba con harina de maíz blanco y amarillo de la marca Maseca, contenía maíz transgénico, así como altos niveles de glifosato. La empresa defendió su producto, obviamente, bajo las regulaciones existentes y aseguró que su harina de maíz cumplía con todas las normas.
Falta mucho por avanzar en contra de este agroquímico, clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como potencial cancerígeno. Pero vale la pena decir que desde 2019 la Semarnat tomó medidas precautorias para que este y otros 40 plaguicidas dejen de usarse en nuestro país. Organismos como el Consejo Nacional Agropecuario respondieron en contra y pretenden que se dé marcha atrás a la eventual transformación del sistema agroalimentario, basado en un modelo agroecológico, respetuoso de la naturaleza y de la salud humana.
El campo mexicano ha sido afectado desde hace décadas con el uso de este agrotóxico y transgénicos de maíz, soya y algodón, que también serán prohibidos eventualmente.
La pandemia de covid-19 nos recordó, entre otras cosas, la importancia de una buena alimentación. Repetiré que nuestro país tiene el número más alto en casos de obesidad,
seguido de diabetes, padecimientos que se relacionan con el alto consumo de comida chatarra y bebidas azucaradas, que son las responsables de más de 24 mil muertes cada año en México, de acuerdo con el Instituto Nacional De Salud Pública.
Hace diez años 7 de cada 10 adultos tenían diabetes y 3 de cada 10 niños sobrepeso u obesidad. El costo de estas enfermedades era de más de 85 mil millones de pesos al año en tratamiento y más de 400 millones de horas laborales perdidas por diabetes asociadas al sobrepeso y obesidad.
En octubre entra en vigor el etiquetado de alimentos, para que la gente se informe de manera sencilla qué es lo que consume. La industria dedicada a estos alimentos buscará estrategias para que sus pérdidas no sean grandes, como lo hicieron las empresas refresqueras luego del incremento de 1 peso por litro en 2014, que intensificaron promociones de venta y estrategias publicitarias para conservar sus números a pesar de la medida recaudatoria.
La población mexicana sigue desinformada, el gran reto es romper con la cadena de alimentos con los que la publicidad nos bombardea. Para dar el paso al consumo de comida sana, derivada de una producción con sistemas agroecológicos, es decir, una agricultura, ganadería y pesca ecológicamente adecuados, para empezar el gobierno tiene que incentivar esta revolución agrícola con la que se pueda dar batalla a las enfermedades derivadas de la mala alimentación.
Víctor M. Toledo, titular de la Semarnat refiere que para esto ya se trabaja en una estrategia nacional con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que deberá implementarse en los próximos meses. “Los alimentos, además, deben circular por medio de mercados justos, orgánicos, solidarios y de corta distancia, multiplicando los tianguis y las ferias de semillas y productos diversos. Finalmente, se deben de crear miles de cooperativas que conecten la producción agroecológica con los amplios sectores de consumidores de las ciudades: edificios, barrios, escuelas, sindicatos, universidades, fábricas, hospitales, etcétera. Sólo así el gobierno de la 4T logrará purificar la sangre de los mexicanos hoy todavía contaminada por refrescos, plaguicidas, hormonas, antibióticos y otros tóxicos, luego de tres décadas de gobiernos neoliberales”, escribió recientemente.
El año pasado, esta dependencia autorizó la importación de 86 mil 449 toneladas de glifosato. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), informó que sólo se importaron 21 mil 147 toneladas del herbicida. Gradualmente se ha impedido la entrada de este veneno, pero las empresas interesadas en su uso siguen presionando al gobierno mexicano para que se retracte.
Estas compañías han lastimado a la humanidad en una gran medida. Monsanto-Bayer son responsables de que miles de humanos padezcan de encefalopatía, autismo, parkinsonismo, linfoma No Hodgkin, teratogénesis, estrés oxidativo, mutagenicidad,
genotoxicidad, trastornos en el sistema endocrino, toxicidad en el sistema reproductivo, sistema inmunológico (de suma importancia en tiempos de la pandemia del COVID-19), sistema nervioso y sistema renal, entre otras enfermedades. Además, el uso del glifosato tiene que ver con toxicidad en peces, anfibios, tortugas, crustáceos, moluscos, fitoplancton, zooplancton, organismos polinizadores y otros insectos benéficos, y en aves y reptiles.
La multinacional alemana Bayer compró Monsanto en 2018 por 66.000 millones de dólares. Se transformó así en la mayor empresa de semillas transgénicas y agrotóxicos del mundo. Esta semana se hizo público el acuerdo extrajudicial de Bayer-Monsanto con casi 100 mil denunciantes de Estados Unidos. La multinacional almena ofertó casi 11.000 millones de dólares para frenar demandas por las consecuencias en la salud del agrotóxico.
El glifosato una vez que llega a la tierra pasa al aire al agua, se expande como una plaga. Estudios recientes realizados por la Universidad de Guadalajara (UDG) y Ciesas Occidente, encontraron el agrotóxico en orina de niños y niñas de comunidades cercanas a cultivos de Jalisco, “gigante agroalimentario”. Todos mostraron síntomas como dolores de cabeza, vómitos y náuseas.
Para corroborar los resultados acudió una supuesta asociación civil, Proccyt, que en realidad resultó una fachada de las empresas que envenenaron a los niños, (sus miembros son Syngenta, Bayer-Monsanto, Corteva, FMC, Basf y otras). Dieron talleres y determinaron que solamente bebiendo el glifosato antes de tomar la muestra a los niños, podrían aparecer residuos en la orina. Aunque las autoridades fueron parte del engaño durante mucho tiempo, la gente ya no cree estás mentiras y se frenará el uso de estos agrotóxicos en los siguientes años.
Además de Estados Unidos, Argentina también sufre las consecuencias del uso de este herbicida que hoy alcanza 28 millones de hectáreas en aquel país. Nada que no sea soja, maíz y algodón transgénicos puede crecer en esos campos. También se utiliza en cítricos, frutales de pepita (manzana, pera, membrillo), vid, yerba mate, girasol, pasturas, pinos y trigo. A partir del avance transgénico, aumentó geométricamente el uso del glifosato, desarrollado y comercializado inicialmente por Monsanto desde la década del 70.
En nuestro país, comunidades mayas luchan desde 2012 contra varias empresas multinacionales que obtuvieron licencia para plantar soya transgénica en sus territorios, afectando principalmente a los apicultores, debido a la deforestación y al uso de pesticidas y plaguicidas a cargo de los grandes productores de soya.
DESDE EL CENTRO
El 1 de julio entra en vigor el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC o USMCA por sus siglas en inglés), tras varios meses de negociaciones con el fin de mejorar
el TLCAN, acuerdo que duró 26 años. Se añadieron 10 capítulos y mejoraron 24, entre los principales cambios se habla de derechos laborales y salarios. Los nuevos capítulos tienen que ver con comercio digital, medio ambiente, competitividad, anticorrupción, buenas prácticas regulatorias, y pequeñas y medianas empresas… Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), aceptó ser entregado de manera voluntaria a las autoridades mexicanas y dio su consentimiento de ser trasladado a territorio nacional. Colaborará en el esclarecimiento de los hechos que se investigan por actos corrupción en la petrolera… abicorrea79@hotmail.com
Foto: Cortesía.
Ernesto Perea (Ciudad de México) . – Investigadores del INIFAP documentaron el registro de 42 variedades de arroz y frijol, que como institución han desarrollado, con lo que refutaron los dichos del diputado federal Eraclio Rodríguez, quien para justificar la iniciativa de Ley Federal de Variedades Vegetales, -que él promueve- ha señalado que en México se tiene de 15 a 30 años de no generar estas tecnologías.
De acuerdo con el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales 2019, del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), el INIFAP cuenta con 35 variedades de frijol registradas ante este organismo, de las cuales 18 tienen Títulos de Obtentor, cuya vigencia va desde los años 2010 o 2019 hasta 2027 o 2033.
El documento indica que de 2011 al 2016, el INIFAP (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias) también ha registrado siete variedades de arroz, de las cuales seis tienen Título de Obtentor, con vigencias que van desde 2011 o 2016 hasta el 2031 o 2033.
Entre las variedades de frijol están Albicampo, Sangre Maya, Mayomex, Bayo Azteca, Negro Comapa, Pinto Bravo, Pinto Libertad, Flor De Mayo Dolores, Azufrasin, Primavera 28, Rarámuri, Negro Tacaná, Frailescano y Altiplanomex. En las variedades de arroz están Morelos A- 2016 , Choca A05Aztecas, Iniflar, Pacifico Fl15 y Golfo Fl16. Todas cuentan con su número de inscripción y cumplen los requisitos del SNICS, además que están adaptadas a diferentes condiciones de clima, suelo y temperatura para diversas regiones del país.
Cabe recordar que el legislador por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) defendió la iniciativa de Ley Federal de Variedades Vegetales y señaló, el 22 de junio pasado en Aristegui Noticias, que: “en el caso del arroz tenemos 30 años que no se genera ninguna semilla, según estudios que ha hecho, incluso, el Estado mexicano tenemos un disminución del 46% en la capacidad productiva de las semilla de arroz; en el caso del frijol tenemos más de 15 años que no se genera ninguna nueva variedad, lo cual nos hace totalmente inviables y nos posiciona ante el mercado internacional en una total desventaja, porque tenemos tecnologías mucho más atrasadas”.
El secretario general del SIIINIFAP, Ramón Garza García, refutó lo dicho por el diputado, ya que los datos del SNICS ahí están, son públicos y refieren lo contrario.
Hizo hincapié en que a pesar del desmantelamiento institucional que se vino haciendo por los gobiernos neoliberales, las bajas presupuestales, el escaso apoyo a la investigación y las limitaciones tecnológicas, “es un gran mérito que los investigadores del INIFAP sigan desarrollando semillas para los agricultores mexicanos, las cuales no se han multiplicado y desarrollado aún más debido a los factores mencionados”.
Los investigadores nacionales –subrayó– requerimos el apoyo de los diputados y senadores para promover mayor presupuesto para la investigación agropecuaria y forestal, con miras a hacer un país autosuficiente en alimentos y otras tecnologías e insumos para el campo.
Diversos sectores, productores, investigadores, legisladores y hasta funcionarios públicos han criticado severamente a Eraclio Rodríguez porque argumentan que la iniciativa del diputado responde a los intereses de las grandes corporaciones, a lo establecido en la firma del T-MEC y, además, “criminaliza” a los campesinos, que tienen prácticas ancestrales con el intercambio de semillas, lo cual el legislador rechaza.
Foto: Cortesía.
En el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, se dicen preocupados por el impacto del Covid-19 en el mundo laboral, dicen será difícil recuperar la estabilidad ante el número de empleos que se perderán en esta emergencia sanitaria.
El senador Gómez Urrutia, puntualizó que, en el caso de México, de acuerdo al último informe del Instituto Mexicano del Seguro Social, el desempleo alcanzó poco más de 800 mil personas de enero a mayo, pero se prevé que de prolongarse la epidemia se pierdan dos millones de empleos formales y más de 10 millones informales. A nivel mundial, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha mencionado que se llegará a los 300 millones de personas desempleadas formales y 300 millones más informales, y eso, sin duda, pondrá a prueba la capacidad de respuesta de los gobiernos.
En un encuentro virtual entre los titulares de la organización, de la que el dirigente sindical, Napoleón Gómez Urrutia es miembro propietario, expuso que el reto es recuperar las plazas de trabajo en el menor tiempo posible y promover políticas públicas para fortalecer la creación de empleos, así como proteger a los trabajadores en situaciones de emergencia sanitaria, medidas que acertadamente está implementando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero es necesario considerar la creación de un seguro de desempleo, que aún no se contempla en la legislación.
Refirió que en el próximo periodo ordinario de sesiones del Senado de la República, propondrá en su calidad de presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social considerar mecanismos de ayuda ante situaciones de este tipo; apoya otras propuestas como la renta básica universal presentada por legisladores del grupo parlamentario de Morena y la urgencia de frenar la subcontratación ilegal y regular esta práctica, lo cual significará mayores ingresos y prestaciones para los trabajadores.
En abril, la Sader registró 28,033 fuentes de empleo más que en el mismo periodo del año anterior.
Abigail Correa. – El aumento de desempleo a nivel mundial alcanza puntos críticos. Debido a la pandemia de coronavirus, en México se perdieron más de un millón de plazas. Las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) muestran que en mayo quedaron sin empleo 344,526 personas, además de 130,593 en marzo y 555,247 en abril.
Hablamos sólo de empleo formal, pero la covid-19 también afectó el trabajo informal. Las Naciones Unidas advirtieron sobre el aumento de la pobreza, la cifra podría alcanzar hasta 400 millones de personas en el mundo las que subsistan con menos de 1.90 dólares al día.
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) indicó que la subocupación fue en el primer trimestre de 2020 de 8.5 por ciento, el trabajo informal fue de 56.1 por ciento mientras que la ocupación en sector informal fue de 27.6 por ciento.
Uno de los grupos más vulnerables ante la pérdida de empleos son los adultos mayores. El Inegi informó que, durante 2019, 23 por ciento de esta población dijo tener un empleo y recibir un salario por dicha actividad, se trata de alrededor de un millón 700 mil ciudadanos. Otro 79 por ciento lo hace en la informalidad y un 21 por ciento cuenta con trabajo formal.
Se augura un panorama desalentador para los mexicanos. Según análisis de expertos, el país no podrá recuperarse del golpe este año y difícilmente lo hará el siguiente. Las entidades del Sur son las más afectadas en México. Un estudio realizado por Banxico registró que en abril pasado la inflación de la región Sur fue de 2.8 por ciento, frente al 1.4 por ciento de las entidades del Norte. En mayo fue 2.5 y 2.4, respectivamente.
Sin empleo la sociedad corre más riesgo ante la delincuencia organizada. Aumentan los asaltos, las extorsiones y demás delitos. Sin embargo, hay otras proyecciones positivas
como las del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos Arámbula. El sector agricultura y pesca muestra un ritmo de contratación con tendencia positiva de 1 por ciento para el tercer trimestre del 2020, comentó Villalobos en entrevista con medios.
Además, recalca que en su administración se impulsa el mejoramiento de la productividad agrícola en la superficie destinada para ello –sin ampliar la frontera agrícola–, echando mano de la tecnología; promover la sustentabilidad, con el uso responsable de los recursos naturales, como agua y suelo, y establecer la inclusión como un componente fundamental de justicia social.
Este sector no ha parado pues es una actividad esencial que, hasta abril de este año, tiene un registro de 697,914 trabajadores; cifra que es superior en 4.18 por ciento en su comparación anual; es decir, reportó 28,033 fuentes de empleo más con registro en el IMSS. Villalobos Arámbula estimó que en 10 años serán 137 millones de personas que alimentar en el país, y una alternativa viable para atender esta demanda es voltear la atención hacia el sur del país.
En este sentido también los programas que impulsa el gobierno han logrado resultados positivos, como Canasta Básica, que beneficia a cerca de 25 millones de mexicanos en situación vulnerable, 5.5 millones de familias, la mayoría del sector rural. La alimentación de los mexicanos no es la ideal pues sabemos que predominan enfermedades como diabetes y obesidad, derivadas de una escasa educación alimentaria.
Las viejas políticas en el sector agroalimentario provocaron estas epidemias de sobrepeso y malnutrición en México, incluso dañaron el medio ambiente, afectaron a los pequeños productores y el resultado fue una dependencia alimentaria, entre otras cosas.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), advirtieron que los 21.7 millones de personas en pobreza extrema en México corren riesgo de sufrir una crisis alimentaria.
El apoyo a los pequeños productores y dirigir los recursos públicos hacia la apertura de mercados de comercio justo y medios de distribución de producción local, son el primer paso para dejar de depender de las importaciones, que actualmente son el 43 por ciento de nuestros alimentos y según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), un país que importa más del 25 por ciento de los alimentos que consume está en grandes problemas.
Por otra parte, dirigirnos hacia una agricultura ecológica, podría reducir la contaminación y preservar la biodiversidad, con lo que también estaríamos cumpliendo el Acuerdo de París, cuyo objetivo es reducir el calentamiento global.
DESDE EL CENTRO
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), informó que este mes llegará a nuestro país el primer embarque de ganado bovino certificado proveniente de territorio guatemalteco, el cual está conformado por 272 cabezas. Por su parte, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) se encargó de constatar —a través de los modelos de certificado enviados por la parte guatemalteca— que existen las condiciones sanitarias, técnicas y operativas para dar inicio al intercambio comercial… El sábado 20 de junio se celebrará el Día Mundial de los Refugiados. Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en 2019 había más de 70 millones de personas que habían tenido que huir para sobrevivir. Era el número más alto de personas desplazadas registrado por ACNUR hasta la fecha. De ellos, más de 25 millones son personas refugiadas… Entre 2001 y 2018, la deforestación en México fue de 280 mil hectáreas en promedio al año, 34 por ciento ocurrió en selvas cálido-húmedas; 25 por ciento en selvas cálido secas y 17 por ciento en sierras templadas, indicó el director general de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), León Jorge Castaños Martínez… Cientos de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia marcharon este fin de semana para exigir aumento salarial y la libertad de sus compañeros recluidos por presuntamente agredir a una adolescente en Polanco.
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La reducción del presupuesto para la Comisión Nacional de Áreas Protegidas hasta 75 por ciento, es un retroceso en la defensa del ecosistema nacional.
Abigail Correa (CDMX). –A unos cuantos días de que se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio) diversos grupos proambientales recordaron que los gobiernos mexicanos desde hace varios sexenios han descuidado el medioambiente. Los recortes presupuestales siguen. Más de 17 mil personas firmaron una petición en change.org para que el dinero destinado a la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp) deje de disminuir.
En cambio, los megaproyectos, como el del Tren Maya, son los que más presupuesto reciben. Incluso con todo y que grupos no gubernamentales advierten que tendrá un impacto negativo en la flora y fauna del lugar. Recientemente, El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) dio a conocer que los primeros tres tramos del plan carecen de revisión de impacto ambiental. Sin embargo, el tren va porque las vías están desde antes que existiera la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que obliga a realizar las evaluaciones ambientales para los proyectos de infraestructura.
Encargada de proteger sitios arqueológicos y áreas naturales, desde hace 20 años la Conanp ha intentado frenar la depredación de estas zonas. Hace poco se dio a conocer la invasión de un millonario cerca de las ruinas arqueológicas de Tulum, donde construyó sin preocupación una mansión en territorio donde anidan tortugas marinas. Hasta el momento estas violaciones a la naturaleza de México siguen impunes.
Los incendios forestales son cada vez más extensos y duraderos, cómo se pretende combatirlos si el presupuesto que estaba destinado a este fin disminuyó drásticamente hasta el 75 por ciento. De las especies protegidas ni hablemos porque con los ecocidios de los últimos años, especialmente en el sur del país, los estan extinguiendo.
Es verdad que los negocios turbios en dos décadas de la Conanp no estuvieron ausentes. El secretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo ya dijo que quienes critican estos recortes son políticos que se han beneficiado con negocios verdes.
Ninguna secretaría se salva de actos de corrupción en los sexenios prianistas. En este sentido, la Conanp tampoco fue la excepción. Dentro de sus tareas le corresponde velar por los intereses de comunidades que desde hace siglos están asentadas en territorios asediados por empresas que pretenden adueñarse de estos. El año pasado, ejidatarios de Álamo, Sonora, denunciaron actos ilícitos de funcionarios pertenecientes al organismo,
especialmente de la ecóloga Elvira Rojero Díaz, a quien señalaron por frenar todo tipo de actividad productiva sustentable que permita vivir a los ejidatarios del producto de sus tierras; asimismo, por no transparentar el uso de recursos públicos que ejerce la ANP de Álamos-Río Cuchujaqui.
La biodiversidad de México es de la más importantes en el mundo. Se puede decir que nuestro país ocupa el primer lugar mundial en cuanto al número de especies de reptiles (717), el cuarto lugar en anfibios (295), el segundo lugar en mamíferos (500), el undécimo en aves (1 150) y posiblemente el cuarto lugar en angiospermas (plantas con flores), ya que se calcula que tiene 25 000 especies. Además de ser una de las mayores del mundo, la biodiversidad de México cobra también importancia mundial, ya que muchas de las plantas cultivadas por el hombre son de origen mexicano.
De acuerdo con la Conanp, en México existen 38 reservas de la biósfera, 68 parques nacionales, 4 monumentos naturales, 7 áreas de protección de recursos naturales, 29 áreas de protección de flora y fauna, y 17 santuarios. Todas amenazadas por distintos factores; el narco, la tala ilegal, los megaproyectos. Un reportaje de Contralínea dio cuenta de esto en 2017. El Corredor Biológico Ajusco Chichinautzin se vio dañada por la ampliación de la autopista La Pera-Cuautla, en el municipio de Tepoztlán, Morelos.
Menciona también otras ocho áreas afectadas: La Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna, ubicada en Baja California Sur y perjudicada por cuatro megaminas: Paredones Amarillos, Concordia y las otras dos denominadas de la misma forma, Los Cardones.
La Reserva de la Biósfera Los Tuxtlas, en Veracruz, depredada no sólo por la minera La Morelense (explotación de oro y plata), reabierta en 2014 pese al movimiento ciudadano de oposición; sino también por cazadores furtivos y crimen organizado, en su modalidad de traficantes de especies en peligro de extinción.
La Reserva de la Biósfera Marismas Nacionales, localizada en Nayarit, principalmente amenazada por el megaproyecto de la Hidroeléctrica Las Cruces, que impulsa la Comisión Federal de Electricidad.
La Región Terrestre Prioritaria del Bosque Mesófilo de Montaña en Puebla, donde estará el gasoducto Tuxpan-Tula, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió en enero de este año, desviar la obra para no afectar “los cerros sagrados”.
La Reserva Ecológica Ciénaga Grande de Xochimilco, en Ciudad de México, afectada desde octubre de 2016 por una obra del Sistema de Aguas capitalino. De acuerdo con la organización Greenpeace, en el área se ha constatado, además, la existencia de descargas de aguas negras y el retiro de vegetación.
El Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca y Parque Natural Gran Bosque Otomí-Mexica (Xochicuautla), violentados por la construcción de la carretera Toluca-Naucalpan (promovida por la SCT como parte de la infraestructura relacionada con el
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México), a cargo de una filial del Grupo Higa.
Y Parque Nacional Arrecifes, en Quintana Roo, perjudicado por un proyecto hotelero propiedad del expresidente municipal de Benito Juárez, Greg Sánchez, cuya construcción se ubica en el área del arrecife Palancar.
Además de estas, el Parque Nacional Cabo Pulmo, en Baja California Sur; las Reservas de la Biósfera Isla Guadalupe, en Baja California; El Pinacate, en Sonora; Montes Azules y Selva Lacandona, en Chiapas; y el Área de Protección de Flora y Fauna Holbox, en Quintana Roo, también se encuentran en grave riesgo. Todas afectadas por la Reforma energética que permite priorizar esta industria sobre la biodiversidad.
Y el ecocidio no sólo afecta la flora y fauna de los lugares, también a las comunidades que desde hace años están asentadas y que constantemente pierden a luchadores en favor del medio ambiente. En estas zonas hay alrededor de 420 conflictos socioambientales.
Los gobiernos anteriores permitieron que mineras arrasaran con estos territorios. En Sonora las comunidades ven cómo se contamina el ambiente con ácido sulfúrico y otras sustancias altamente tóxicas que se absorben en los suelos y afectan los ecosistemas. Las ruidosas máquinas que ahuyentan a los animales y la contaminación del agua son otro motivo para no permitir más concesiones a estas empresas.
Con la reducción del presupuesto para salvaguardar estas áreas naturales se dejan a la deriva los trabajos que pudieran tener éxito. Quedan desprotegidas las comunidades con las que se trabaja en conjunto para la conservación y además se abandona la lucha en contra de proyectos de muerte.
DESDE EL CENTRO
El programa de Fertilizantes para el Bienestar en el estado de Guerrero registra un avance del 75.29 por ciento. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) informó que se entregaron 52 mil 634 toneladas del químico a 110 mil 661 agricultores… México y Francia evaluaron fortalecer la cooperación científica y técnica en materia agropecuaria y pesquera, con un enfoque territorial en el impacto de proyectos productivos y sistemas de desarrollo agrícola y rural en el sur sureste del país. En reunión virtual, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, y la embajadora de Francia en México, Anne Grillo, abordaron los proyectos prioritarios de México en el rubro de la agricultura, en el contexto de la contingencia sanitaria, a fin de fortalecer la cooperación entre ambos países adaptada a la cooperación científica, técnica y flujos de exportaciones e importaciones agropecuarias y pesqueras, protocolos fito y zoosanitarios e inversión en el sector, con el acompañamiento a las agroempresas francesas y mexicanas… abicorrea79@hotmail.com
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