Otto Morán tuvo que usar collarín luego de las agresiones que denunció sufrir por parte de la policía de Jocotepec. Foto: Armando Esquivel.
Armando Esquivel.- Entre golpes y sometimientos de la policía de Jocotepec y escuchando agresiones verbales como “te voy a chingar”, “te voy a tablear”, entre otras, fue como Otto Morán Flores, activista de San Cristóbal Zapotitlán, narró su detención.
El joven de 32 años fue detenido después de una protesta contra un desarrollo inmobiliario, que se construye en el margen del lago y de que una patrulla de Movilidad municipal se le atravesara para dar preferencia a la inmobiliaria, quedando grabado el sometimiento, pero no fue todo, durante el trayecto a la celda, Otto asegura fue amedrentado.
“Mírame bien, hijo de tu puta madre, ya te agarramos, tú fuiste, tú vas a pagar, te crees muy verga, te crees muy muy, no importa que tengas influencias, conmigo te la vas a pelar, te voy a partir tu madre. Y me golpeaban, me cacheteaban y la verdad fue un trato muy, muy fuerte”, contó Otto a Semanario Laguna.
Luego del traslado, las agresiones no cesaron, por el contrario, el activista aseguró que le siguieron atacando e inclusive recibió maltratos por parte del director de la corporación.
“Ya una vez llegando a la comandancia, a la parte de afuera, se arrimó el director de Seguridad Pública, el ciudadano Néstor Humberto, tiene una estatura media, chaparro y gordito, me levanta de las greñas y le dice a un elemento, al comandante que me sujetó del cuello, de nombre Antonio le dice «Jefe, aquí tenemos un cabroncito que debe»”.
Luego de ser insultado, Morán comentó que el director lo comenzó a amedrentar. “‘Mírame bien, hijo de tu puta madre’, me dice el director de seguridad pública, me dice que lo vea a la cara, me levanta de las greñas, me dice que lo vea bien, que porque me iba acordar mucho de él, que no me iba a salvar de esa, que él se iba a encargar de que pague”, recordó Otto.
Seguido de las agresiones, lo trasladaron a los servicios médicos municipales para después ingresarlo a la comandancia, donde aseguró, lo siguieron golpeando. Según un parte médico, Otto contaba con esguinces, lesiones en tórax y condiciones en ambas muñecas, así como lesiones en el cuello.
“Posteriormente llego a las instalaciones de la comandancia, me golpean, me dejan en una celda separado y pues temo que me continúen golpeando, por lo cual ellos mirándome que ya traía el collarín y algunas lesiones, sobre todo en las manos, del dedo anular traía un sangrado, mucha sangre, se contuvieron, traía el cuello morado, las manos. Sí me dolía, me dieron dos, tres golpes, me golpearon ahí adentro en la celda, posteriormente pues ahí me dejan, me dejan y en la noche me cambian de celda, a una celda, uy, muy asquerosa, muy fea y ahí permanecí el resto de las 36 horas”, dijo el activista que se manifestó triste y furioso por la situación.
“Pues mi traslado fue muy crítico porque me iban tirando, humillando, golpeando, desde el momento de mi detención, me dieron un mal trato estos policías municipales, un trato inhumano. Que estoy triste, furioso, por el sistema judicial y la falta de capacitación de los elementos”.
Ante lo que señala como un claro caso de abuso y represión, Otto Morán acudió a presentar una denuncia contra algunos funcionarios públicos de Jocotepec.
“Presenté una denuncia por abuso de autoridad en contra de funcionarios del ayuntamiento, el síndico municipal, el director de movilidad y el director de seguridad pública, también de uno de los elementos de la policía municipal, presenté una denuncia en la cual narro la forma de la detención, que fue una detención ilegal, un abuso de autoridad”.
Morán dijo que en un inicio, el Ministerio Público no les quería recibir la denuncia, percibiendo un trato hostil por el personal de la Fiscalía de Jalisco.
Además, fue presentada una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dependencia que enviará el asunto a la misma dependencia, pero en su rama estatal.
“Hice la queja ante la Comisión de Derechos Humanos, de la cual aún no me han dado fecha para la ratificación, en donde estoy haciendo responsables a las autoridades por daños a mi patrimonio, mi vehículo y a mi persona”.
Morán Flores lamentó el actuar policiaco, comentando que uno de los involucrados en su caso, ya cuenta con antecedentes de mal actuar policiaco.
“Ya lo han hecho, alguno de ellos tiene un antecedente donde le dispara con un arma de fuego a un menor de edad, causándole una amputación de dedo. Es por lo cual sí tengo un poquito de temor en virtud de esa situación, de este elemento de la policía municipal que ya cometió un delito, una falta gravísima que debería estar en la cárcel y no andar trabajando en esta dependencia”, aseguró el entrevistado.
Respecto a las declaraciones del síndico municipal, el activista se dijo decepcionado de la respuesta oficial emitida por el Gobierno de Jocotepec.
“Muy mal, es evidente y es notorio que él está aceptado la responsabilidad, al hacer esas declaraciones en su página oficial, donde dice que yo estoy ofendiendo y que no van a dejar, incluso él acepta la culpabilidad de abuso de autoridad, que él fue el que dio órdenes a la policía municipal, tanto como la policía vial que viniera a entorpecer la manifestación que pacíficamente estábamos haciendo mis compañeros y yo”, consideró el activista.
En lo que concierne a su vehículo, le dicen que está en el depósito de Grúas Aguirre Jocotepec, en donde no le saben decir el motivo por el que el vehículo está ahí, mientras que en Movilidad no cuentan con ningún expediente. “La camioneta fue quien me invade la circulación, yo alcanzo a frenar y roza mi vehículo a la camioneta de movilidad”, aseguró Morán.
Luego de lo sucedido, el activista de San Cristóbal Zapotitlán, consideró que el pueblo, en lugar de intimidarse se enfureció, asegurando que más gente se está sumando al movimiento contra el desarrollo inmobiliario y el actuar de las autoridades.
El tercer visitador general de la CEDHJ, Aldo Iván Reynoso Cervantes, informó que el ayuntamiento de Jocotepec ha sido omiso en las comunicaciones que se le han dirigido. Foto: Cortesía.
Héctor Ruiz Mejía.- El Ayuntamiento de Jocotepec aún no esclarece si ha dado seguimiento a las propuestas emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), tras la agresión armada ocurrida el pasado 10 de marzo.
A más de un mes del ataque que dejó como saldo dos policías municipales muertos y dos elementos de Protección Civil y Bomberos lesionados, Aldo Iván Reynoso Cervantes, tercer visitador general de la CEDHJ, aseguró que se emitieron distintas propuestas de las cuales no se ha tenido respuesta de parte del municipio.
En las que, adjuntas a la carpeta de investigación emitidas por el mismo órgano defensor con número de folio 115/2022, se hicieron las siguientes propuestas: apoyar a las víctimas indirectas, quienes sufrieron un perjuicio al perder a sus seres queridos.
Esto quiere decir, el apoyo en gastos funerales, finiquito correspondiente, compensación que se les deba, así como la atención a través de las instituciones de salud, para brindar ayuda psicológica e ir conduciendo el proceso de duelo.
También, en caso de haber dejado viudas en situación precaria económica, incluirlas en programas sociales del Ayuntamiento enfocados a personas con necesidades básicas o, en su defecto, al carecer de estos, tratar de canalizarlas a DIF estatal, para ayudar a las afectadas.
En el caso de las víctimas directas, quienes sufrieron lesiones graves en el cumplimiento de su labor, brindar por completo la ayuda médica asistencial, así como la asesoría jurídica.
Aunque no se especificó el plazo exacto, Reynoso Cervantes aseguró que el gobierno municipal hasta el momento ha hecho caso omiso de las comunicaciones para esclarecer si las propuestas se han llevado a cabo y que están a días de emitir el segundo apercibimiento.
“En próximos días se vence el término, ahí veremos si la llevamos a queja o si se cumplieron los requisitos para terminar a este expediente de investigación”, aseguró el tercer visitador de la CEDHJ, quien agregó que, en caso de ser omiso por segunda ocasión, se emitirá como recomendación.
Alfonso Hernández Barrón, titular de la Comisión de Derechos Humanos Jalisco, durante el acto conmemorativo, en el municipio de Jocotepec, el 14 de diciembre.
Héctor Ruiz Mejía (Jocotepec, Jal.- La falta de protocolos que eviten la desaparición forzada de personas y la escasas políticas públicas que garanticen los derechos de personas con discapacidad, son parte de la agenda que durante los últimos tres años observó la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) en el municipio de Jocotepec.
Según el documento entregado a Semanario Laguna por la CEDHJ, de las 283 recomendaciones emitidas a nivel estatal, tres de ellas han sido para Jocotepec.
La primera, que se mantiene activa desde el 2019 y con número de folio 4930/2019/IV, señaló que autoridades municipales (quienes tienen a su cargo brindar seguridad a la ciudadanía), no implementaron acciones razonables para garantizar este derecho a las 31 personas cuyas desapariciones forzadas están señaladas en este documento.
La segunda recomendación, emitida en el 2020 y con número de folio 6431/2020-IV, indicó el incumplimiento de políticas públicas para la prevención de delitos de desaparición forzada de personas cometidas por particulares, las garantías suficientes para la búsqueda y localización de estas, así como la atención y asistencia de sus familiares.
Por último, la recomendación emitida bajo el número de folio 1817/2021-I, señaló el incumplimiento integral de los deberes y obligación del gobierno municipal en la elaboración de políticas públicas en materia de discapacidad.
Esto, se refiere a la carencia de acciones afirmativas a prevenir, disminuir y erradicar las brechas de accesibilidad, desigualdad y discriminación en el ejercicio de los derechos de personas con alguna discapacidad.
Así, bajo el panorama en materia de inseguridad y discriminación en el municipio de Jocotepec, Alfonso Hernández Barrón, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), se presentó el pasado 14 de diciembre a la plaza principal de Jocotepec.
El titular de la CEDHJ lamentó la situación en el cumplimiento de los Derechos Humanos en el municipio ribereño y recalcó la importancia de garantizar los mismos a todos los ciudadanos para una vida plena.
“En toda la región Ciénega, tenemos grandes retos en materia de Derechos Humanos y Jocotepec no es la excepción; por una parte, en medio de múltiples violencias, que termina impactando la vida de todos, aparecen las debilidades institucionales y la falta de conciencia colectiva para construir un mundo donde se respete la dignidad de las personas”, aseguró Hernández Barrón.
Por último, Barrón aseguró que, «el fenómeno de la seguridad pública y uno de sus rostros más fieros; la desaparición de personas, así como la violencia hacía la mujer y la discriminación” son los temas más urgentes, entre otros, y que la Comisión permanece en constante vigilancia.
Acto conmemorativo con motivo de la proclamación de Derechos Humanos, el 14 de diciembre en Chapala.
Redacción. – Erradicar la discriminación para que prevalezca la integridad y la convivencia sana entre los seres humanos, fue parte del mensaje de la presidenta de la comisión edilicia de Derechos Humanos en Chapala, María Isabel Mendoza Rodríguez, quien encabezó el acto conmemorativo con motivo de la proclamación de Derechos Humanos, el 14 de diciembre en Chapala.
“Necesitamos aprender y desaprender nuevos conceptos, dejar el egocentrismo para forjar la empatía y dejar la otredad como algo lejano y ajeno a nosotros, verlo como un individuo semejante para lograr una identidad individual, de esta manera ver que, lo que hago por el otro me lo hago a mí mismo”, ha dicho Mendoza Rodríguez, durante el acontecimiento realizado en el malecón de Chapala.
En su discurso, la edil fue más allá, invitando a dejar los prejuicios y hacer juicios basados en las apariencias. “Respeto a las personas por sus diferencias, por la variedad de formar de vestir, de pensar, de actuar de creer de ser y de vivir y con esto es un punto crucial para erradicar la discriminación…dejando a un lado los prejuicios sólo porque aquella persona es diferente”.
En el acontecimiento, Alfonso Hernández Barrón, titular de la Comisión de Derechos Humanos Jalisco, recordó la importancia de los derechos humanos y recalcó, la importancia del amor al prójimo.
Por su parte, el alcalde de Chapala, Alejandro de Jesús Aguirre Curiel refrendó su compromiso de su gobierno para garantizar los derechos humanos de los ciudadanos chapalenses.
Manifestación de padres de familia afuera del preescolar de San Nicolás cuyos hijos fueron abusados en el 2017: Foto: Archivo.
Arturo Ortega.- De acuerdo con la recomendación 40VG/2020 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las denuncias de violación y abuso sexual podrían alcanzar, además de las 17 víctimas, a otros 43 menores del jardín de niños “Fray Ruiz Cabañas y Crespo”, de la delegación de San Nicolás de Ibarra, en el municipio de Chapala.
La maestra implicada de estos abusos se encuentra en prisión y la directora del preescolar -sobre la que pesa una orden de aprehensión- ha interpuesto varios amparos que se le han negado, por lo que hoy se encuentra prófuga de la justicia, según señaló Gustavo Pimienta Ruiz, asesor jurídico de “Por Nuestros Niños A.C”.
Sin embargo, aunque el Gobierno del Estado de Jalisco aceptó -el 23 de febrero- la recomendación de la CNDH, donde se instruye a la Secretaría de Educación Jalisco para que se lleve a cabo la reparación integral de acuerdo al marco normativo -estipulado por la Ley General y la Ley Estatal de Víctimas-, el Gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, dijo desconocer del abuso en contra de los niños de San Nicolás, así como la recomendación emitida por la CNDH respecto al caso.
“No me pregunten cosas que no tengo preparado. Cuando quieran hablar de un asunto nomás avísame y yo con mucho gusto me preparo porque si me preguntas y no sé, mejor. Es que no lo tengo claro déjame preparar”, contestó el mandatario a los medios de comunicación, según la información publicada por Tele Diario, en su edición tapatía.
Las declaraciones del gobernador se dan pese a que el caso -dado a conocer en un principio por Laguna- fue difundido a nivel nacional y a que la recomendación está dirigida tanto al Gobernador del Estado, como al Fiscal General de Justicia de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, y al Director del Instituto de Ciencias Forenses, Gustavo Estrada.
Y es que el abogado de las madres de los niños, Gustavo Pimienta Ruiz, desde abril de 2017, advirtió que los 17 casos conocidos públicamente eran solo el principio de dónde tenía que partir la investigación; de esta cifra solo cuatro acreditaron abuso sexual pero, a su ver, la determinación quedó corta “debido a los malos peritajes del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF)”.
“¡Los niños dijeron la verdad, los padres tenían razón! Se ha demostrado que, por desgracia, no estaban equivocados. La historia ocurrida en el centro escolar: Juan Ruiz Cabañas y Crespo, del poblado de San Nicolás de Ibarra, del municipio de Chapala, Jalisco, y que salió a la luz, en marzo del año 2017, donde al menos 60 niños, de cuatro y cinco años, fueron víctimas de abuso sexual en manos del personal de ese espacio educativo, demuestra ampliamente el adulto centrismo de nuestro sistema”, publicó en un comunicado, Por Nuestros Niños, A.C, quien desde hace más de tres años han dado seguimeinto al caso.
En el comunicado de prensa, se indica que “los funcionarios no se ajustaron a los principios que marca la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, particularmente, en su Artículo 2, inciso II, que dicta: “Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez”.
En su momento, Semanario Laguna dio a conocer el tema -en el mes de mayo, del 2017-, cuando el testimonio de una madre, quien se mostró angustiada y preocupada por la situación, reveló detalles de lo que le hacían a su hijo “(…) le bajaba sus pantalones, le tocaba sus partes íntimas y le decía que si contaba [algo] nos iba a matar a su papá y a mí.(…) Mi hijo por las noches se levantaba llorando. Empezó a orinarse en la cama”, señaló la madre, quien al notar estos cambios decidió llevarlo con un especialista a quien le contó lo que la maestra de inglés le hacía. Días después se realizaron otras entrevistas con las mamás que llegaron a manifestarse afuera del plantel.
Es por ello que la CNDH, solicita a las autoridades jaliscienses la reparación integral del daño, mediante el pago de una indemnización justa -tanto a los niños, como a los progenitores-; que sean, además, inscritos en el Registro Nacional de Víctimas y se les brinde atención psicológica y rehabilitación periódica.
Para saber: La recomendación de la CNDH fue entregada a las autoridades estatales, luego de la conferencia de prensa ofrecida por Nuestros Niños A. C. en Guadalajara -el 23 de febrero-, según lo compartido en redes sociales por la presidente de la asociación, María Antonieta Flores. No obstante, aunque ya se recibió una respuesta oficial por parte del estado, ésta no se ha dado a conocer a medios de comunicación.
Foto: Archivo.
Redacción.- Podrían ser 57 las víctimas de abuso sexual en el kínder de San Nicolás de Ibarra, Fray Ruiz Cabañas y Crespo en el municipio de Chapala según la Recomendación 40VG/2020 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Gustavo Pimienta Ruiz, como uno de los representantes legales, desde abril de 2017, advirtió que los 17 casos conocidos públicamente eran solo el principio de dónde tenía que partir la investigación; de esta cifra solo cuatro acreditaron abuso sexual, pero a su ver, la determinación quedó corta “debido a los malos peritajes del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF)”.
La maestra responsable de estos abusos está en prisión y la directora del preescolar sobre la que pesa una orden de aprehensión, ha interpuesto varios amparos que se le han negado y hoy se encuentra prófuga de la justicia.
Foto: Cortesía.
Redacción.- El Gobierno de Jalisco rechazó la medida cautelar emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), respecto a la restricción de acceso a tiendas de autoservicio a personas mayores de 60 años.
El Gobierno de Jalisco reiteró que la vigencia de esta medida preventiva para proteger a los adultos mayores, considerando en todo momento que se trata de una restricción de carácter extraordinario, temporal y transitorio, esto es, sólo estará vigente por un corto periodo: hasta el 12 de febrero de 2021 y en tanto se pueda controlar la emergencia sanitaria en el Estado. El 68.47 por ciento de las defunciones por COVID-19 en Jalisco representan a adultos mayores.
En cuanto a los adultos mayores, el órgano reitera que son el grupo de población más vulnerable ante la pandemia por COVID-19, por lo que esta medida preventiva debe mantenerse. Al corte del 5 de febrero de 2021, de los 203 mil 784 casos activos notificados mediante el Sistema Radar Jalisco, el 16.38 por ciento corresponden a personas de 60 y más años de edad.
Los adultos mayores representan el 68.47 por ciento de las 8 mil 857 defunciones ocurridas en Jalisco por COVID-19. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros de Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, consideran a las personas mayores de 60 años como un grupo vulnerable a la infección por SARS-COV-2 debido a su alto riesgo de hospitalización y muerte; en este sentido, la mortalidad en este grupo de la población es cinco veces mayor que el promedio mundial.
En el Estado de Jalisco, la población mayor de 60 años representa el 11.26 por ciento de la población total, es decir, 956 mil 578 personas. A pesar de esto, al corte del 5 de febrero de 2021, de los 203 mil 784 casos notificados mediante el Sistema Radar Jalisco, el 16.38 por ciento, es decir, 33 mil 391 contagios corresponden a personas de 60 y más años de edad; de éstos, 6 mil 065 han fallecido a causa de dicha enfermedad, lo que representa el 68.47 por ciento de las 8 mil 857 defunciones ocurridas en el Estado, con una tasa de letalidad de 18.6 por ciento.
Filtro Sanitario donde el Director de la Preparatoria de Chapala fue detenido.
Redacción.- Luego del uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de la Policía Municipal en contra del director de la Preparatoria Regional de Chapala, Juan Ramón Álvarez López en un filtro sanitario, el primero de mayo; la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió una recomendación dirigida al Gobierno Municipal de Chapala para que se le repare el daño de manera integral de acuerdo con los daños materiales que hubiese padecido, así como la reparación del daño moral y social dentro del municipio, para tal efecto, se deberá publicar la presente resolución en la Gaceta Municipal y otorgar una disculpa pública la cual podrá ser publicada y reproducida en los medios de difusión.ministerial que corresponda.
Sobre la resolución del Órgano de Control Interno, la CEDHJ advirtió un proceso viciado por parte de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, quienes determinaron en la audiencia que se realizó el 25 de mayo de 2020, exonerar de cualquier responsabilidad a los agentes involucrados.
Es por ello que la CEDHJ pidió al Pleno del Ayuntamiento Municipal de Chapala:
Incluir en el orden del día de la próxima sesión de cabildo la presente Recomendación y tomar los acuerdos correspondientes para que en el futuro las medidas que se adopten en el Ayuntamiento se ajusten a la Constitución, las leyes y el respeto a los derechos humanos.
También piden se garantice el goce del derecho al libre tránsito de todas las personas que viven y transitan en el municipio y que se instruya a todo el personal adscrito a la Comisaría de Seguridad Pública de Chapala, en particular a los servidores públicos involucrados, realicen un cambio de práctica administrativa para que en situaciones similares, actúen siempre apegados a la normatividad existente en el uso de la fuerza.
Además, se pide que se brinde capacitación y actualización a los elementos, tanto policiales como viales, de ese municipio, sobre el conocimiento de los derechos humanos y en especial, sobre el principio de legalidad, a efecto de prevenir violaciones a los derechos humanos.
De acuerdo a su denuncia pública, el director de la Preparatoria Regional de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Juan Ramón Álvarez López fue forcejeado, golpeado, asfixiado hasta quedar inconsciente por parte de elementos de la Policía de Chapala, en complicidad con un elemento de Movilidad, al intentar pasar el filtro sanitario de la carretera Chapala-Guadalajara, al ingreso de la cabecera municipal.
Después de recuperar el conocimiento fue llevado a los separos para ser liberado el mismo día sin cargo alguno, relató a Canal 44, el director quien en mayo tenía ocho meses viviendo en el municipio ribereño
Tras el altercado que se presentó entre elementos viales y policía de Chapala, contra el director de la Preparatoria Regional de Chapala, los elementos acusados de perpetrar la supuesta agresión contra el académico, fueron suspendidos.
Tuvieron que pasar 22 días para resolver el proceso administrativo. Con un voto en contra y tras considerar incongruencias y sin sustento las pruebas presentadas por el quejoso, la Comisión de Honor y Justicia, absolvió a los dos policías de los cargos de abuso de autoridad presentados por el directivo de la Preparatoria Regional de Chapala.
Sobre el veredicto de la Comisión de Honor y Justicia del Cabildo de Chapala, que absolvió a los dos policías acusados de abuso de autoridad, Juan Ramón Álvarez, manifestó su desacuerdo por la resolución, ya que ve conflicto de interés.
Como parte de la investigación por la presunta agresión y detención arbitraria del director de quien presumiblemente no atendió los protocolos implementados en el Estado con motivo de la pandemia por Covid-19, se reunieron, Personal de la CEDHJ, el Presidente municipal, Moisés Anaya Aguilar, además del síndico, director de seguridad pública e integrantes del cuerpo policial.
De acuerdo al comunicado enviado por la CEDHJ entre los acuerdos tomados destacan que se iniciará un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los policías que resulten involucrados. Además, se ofrecerá una disculpa a la víctima, la cual se dará una vez que el ciudadano manifieste su aceptación.
Filtro Sanitario en acceso a Chapala.
Manuel Jacobo (Chapala, Jal).- El Síndico Municipal de Chapala, Isaac Alberto Trejo Gracián, acusó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) de incumplir con el acuerdo generado el cuatro de mayo, donde se comprometieron a que personal de esa institución acudiría a los filtros sanitarios, pero hasta el momento no se han hecho presentes.
“Por ahí hubo un exhorto por parte de su servidor y de los demás elementos que se encontraban ahí en el uso de la voz, de que también Derechos Humanos acudiera a estos filtros, que también fueran testigos de qué es lo que realmente sucede ahí. Se comprometieron a asistir y hasta el momento, no han ido” señaló Trejo Gracián.
La invitación se realizó para que el personal de la CEDHJ conociera de primera mano el trato que reciben los vehículos que llegan a los límites del municipio de Chapala y, así, asegurarse de que no se están realizando malas prácticas, pues desde el pasado primero de mayo, los filtros ha generado polémica, tras la detención de un directivo de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
Así mismo, se lanzó una convocatoria para los ciudadanos que quieran ser partícipes de estas actividades “ya que no estamos haciendo nada debajo de lo oscurito, todo es bastante claro, lo hacemos al final para contener el tema del coronavirus, que ha sido un éxito”, exclamó el entrevistado.
De igual forma, Trejo informó que el procedimiento administrativo de parte del Órgano de Control Interno sigue su curso, pues el pasado 13 de mayo concluyó el plazo para declarar y dar sus versiones, a las cuales se agregaron los testigos presenciales que estaban en el filtro, es decir que también los elementos de Protección Civil y Bomberos y vialidad se sumarán a declarar.
Por el momento, los policías siguen suspendidos sin goce de sueldo, lo que significa que sus familias dejaron de percibir los 5 mil pesos quincenales que ganaba cada uno de estos elementos, pues son policías de línea y tienen un bajo sueldo comparado con otros mandos.
Por tales hechos, sus homólogos de la policía, vialidad, Protección civil y Bomberos trabajan bajo protesta para que sus compañeros sean reintegrados a sus áreas laborales, pues aseguran que ellos solo estaban cumpliendo con su trabajo, motivo por el que hicieron llegar una carta al Gobernador Enrique Alfaro Ramírez
Según los registros de los elementos, uno de ellos había ingresado en la pasada administración, mientras que el segundo inició en la actual para brindar cursos de defensa personal, por lo que aseguran que las técnicas empleadas con el director fueron solo de sometimiento.
Por otra parte, según las autoridades locales, el procedimiento administrativo será transparente y no se polarizará, pues se vigilará por parte de la Comisión de Honor y Justicia y no se permitirá favoritismo, ni influyentismo, por lo que sugieren que los vínculos del director con la UdeG y el Ayuntamiento de Tlaquepaque no tendrán presencia en el caso.
Además, aseguran que no habrá repercusiones de parte de la máxima casa de estudios, pues su reputación no puede verse afectada por un tercero; en cuanto a la duda sobre posibles represalias y la no realización del módulo universitario, aseguran que el proceso “fortalecerá los lazos con la UdeG y se dará celeridad a la obra” pues aseguran que ya se cumplió con la cesión de terrenos y ahora el “balón está en su campo”.
© 2016. Todos los derechos reservados. Semanario de la Ribera de Chapala